Dentro de todas las gestiones de rescate de los extraviados Orlando Pastrana, Segundo Tacure y Aleida Dávila en las estribaciones de Cerro Negro (Ayabaca), el coronel a cargo del contingente en esta zona, Luis Quiñones, señaló que la hipótesis “de mayor caldero” es que los equipos GPS y el teléfono satelital de los dos geólogos que hacían tareas topográficas sufrieran fallas técnicas.

“Es muy probable que la fuerte humedad y lluvias de estos páramos, tal como lo comprobamos ayer, estropearon sus instrumentales de geolocalización en algún momento, dado que en un día determinado –el viernes 10 de julio- enviaron sus últimas coordenadas”, sostuvo. Pidió verificar qué tipos de GPS llevaban y qué medios de protección ante el agua tenían los profesionales.

Para muchos de los rescatistas –quienes no quisieron identificarse-, “es muy curioso” que solamente el GPS de Manuel Herrera no se haya malogrado, si es que utilizaban dos. Asimismo, el comandante de la comisaría de Ayabaca, Miguel Orozco, aseguró que la temperatura en la zona alta puede llegar hasta los 5 grados.

EN LA ZONA

El Tiempo, que acompaña a los rescatistas en esta zona agreste, llegó desde Ayabaca ayer por la mañana, luego de pasar Socchabamba, Pacainillo, Hualcuy, la quebrada Palcochaco y el caserío Portachuelos, el sector en que, según un reporte de Río Blanco Copper, los otros seis miembros de la expedición habrían sido “capturados y castigados”.

Ania, un caserío de unas 80 familias en la Comunidad Campesina de Yanta, es ahora la base para los trece rescatistas desde el lunes 20 de julio. Ellos duermen y se asean en la I.E. 14207, facilitada por la ronda del sector. A esto, los comuneros siguen brindando información sobre los caminos a seguir en las montañas cercanas así como los vientos, la lluvia y la densa neblina en los páramos del bosque de Cerro Negro, donde todavía se encuentran extraviados tres trabajadores de la minera Río Blanco Copper desde el 11 de julio.

“Ania es una zona estratégica y de enlace para las incursiones por tierra, desde Cabuyal, y para el abordaje de los rescatistas por los helicópteros”, agregó Orozco.

Mientras tanto, los 6 rescatistas en los páramos de Cerro Negro no enviaron informen positivos cerca de las coordenadas facilitadas por el rescatado Manuel Herrera.

VICEPRESIDENTA

“No es justo que se quiera responsabilizar de la desaparición y muerte de los trabajadores de la empresa minera Río Blanco a las Rondas Campesinas de Ayabaca” señaló la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, en un comunicado tras haber recibido  información por parte de las rondas campesinas de Ayabaca y Huancambamba.

Sus representantes le manifestaron su preocupación por haber sido acusados por la empresa minera de secuestrar a su personal. Señaló que más de 150 miembros de estos vigilantes salieron a buscar a los extraviados.

Fuente: El Tiempo

En el evento organizado por la Agencia Católica para el Desarrollo Internacional CAFOD,  el Grupo de Apoyo para Perú (Peru Support Group) y la Baronesa Jean Coussins del Parlamento Británico en las instalaciones del parlamento, se discutió como el Reino Unido puede asegurar que su plan de acción para empresas y derechos humanos garantice el acceso a la justicia a partir de la exposición del caso peruano presentado por Jaime Borda de la organización Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco – Perú.

Jaime Borda dió a conocer la situación social, ambiental y política del Perú en este momento, resaltando además los resultados y desafíos del proceso de la mesa de dialogo en Espinar luego del conflicto social en mayo del 2012. Este evento sirvió además para actualizar la situación de las investigaciones, denuncias y procesos judiciales abiertos en contra de los dirigentes de Espinar, así como de los defensores de derechos humanos en general de todo el país, particularmente el hostigamiento a las que están siendo sujetas varias Organizaciones No Gubernamentales  (ONG) de derechos humanos por parte del gobierno peruano.

En el evento el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno Británico John Fox informó que el gobierno está discutiendo la revisión del Plan de Acción para Empresas y Derechos Humanos. Esto podría significar que se incluiría de manera más precisa la protección de defensores de derechos humanos vinculados a actividades extractivas. Además, señaló que ya se han establecido las fechas para estas discusiones, se espera que por octubre de este año se debe tener una propuesta borrador para ser presentada al Parlamento Británico y que a fin de año se debería tener una versión aprobada por el parlamento.

De otro lado, el representante de CAFOD, Graham Gordon manifestó que el acceso a la justicia debe tener un papel central dentro de la revisión del plan de acción del Reino Unido; y de manera mucho más específica Gordon señalo que por ejemplo esto permitiría mejorar el acceso a la justicia para comunidades de bajos recursos que están siendo procesadas judicialmente en otras sedes judiciales como es el caso de Espinar y también para las comunidades afectadas negativamente por las empresas.

Al finalizar el evento, la Baronesa Jean Coussins del Parlamento Británico agradeció a todos los participantes y se comprometió hacer seguimiento de estas discusiones del nuevo Plan de Acciones de Empresas y Derechos Humanos que próximamente empezará. Finalmente el representante de la organización Derechos Humanos sin Fronteras Jaime Borda pidió al Gobierno Británico estar atento a estas discusiones, particularmente a la situación de los defensores de derechos humanos en el Perú.

Derechos Humanos Sin Fronteras

En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Ánc

Ancash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.

 

*Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación

Fuente: Ojo Público

Fotos:  Miguel Mejía. Sus trabajos han sido reconocidos por varios premios nacionales internacionales. Actualmente trabaja como editor gráfico principal del diario La República, en Perú.

Para hoy martes 21 de julio se había programado la audiencia de juicio oral contra 16 dirigentes ambientales que son juzgados por delitos de secuestro agravado en contra de los Gobernadores del distrito de Sorochuco y de la provincia de Celendín. La audiencia fue programada en el Juzgado Colegiado de Cajamarca que despacha el abogado Domingo Alvarado Luis.

Lamentablemente y por tercera vez consecutiva, esta diligencia se frustró debido a que el representante del Ministerio Público se justificó que no había leído el expediente, lo cual ocasionó preocupación en los denunciados, personas humildes que tienen que dejar sus actividades cotidianas para acudir a las diligencias solicitadas por la autoridad judicial, y sobretodo dirigirse desde la provincia de Celendín a Cajamarca, lo cual acarrea costos y pérdida de tiempo.

Los ¨supuestos agredidos¨ y denunciantes en este proceso son: Luis Castañeda Pisco, Gobernador del distrito de Sorochuco y Pedro Zamora Rojas, Gobernador de la provincia de Celendín, a quienes los líderes ambientales sindican como ¨Aliados de la Empresa Minera Yanacocha¨ en su afán por llevar a cabo el Proyecto Conga.

La Abogada Mirtha Vásquez Chuquilín, defensora de los dirigentes ambientales, dijo que no hay medios probatorios suficientes para que estas personas sean denunciadas por delitos tan graves. ¨Lo que están haciendo es amedrentando, criminalizando y persiguiéndolos por delitos de defensa del agua y del medio ambiente. ¨Nadie es procesado por una situación tan absurda como ésta, sólo por participar en una reunión púbica en defensa del agua¨, expresó la abogada.

Los denunciados son 16 personas: 8 hombres y 8 mujeres, algunas son madres que tienen niños pequeños y otras son madres lactantes que tienen que desprenderse de sus hijos para ir a la audiencia desde tan lejos.

La fiscalía ha hecho la acusación pidiendo 35 años de prisión, lo cual es gravísimo y sumamente exagerado.

ALIANZA ESTADO – MINERA YANACOCHA

Este problema judicial llama la atención porque no se trata de la persecución judicial contra los líderes ambientales por parte de los denunciantes que son representantes del Estado (Gobernador de Celendín y Sorochuco), a ello se ha sumado la alianza con la empresa Minera Yanacocha que ha dispuesto a un abogado para defenderlos, de apellido Cumpa Flores.

Alianza Minera – Estado: abogado de Minera Yanacocha defiende a los gobernadores de Celendin y Sorochuco.

 

CUANDO DENUNCIAN LOS CAMPESINOS DENUNCIAN ABUSO MINERO¨NADIE LOS HACE CASO¨

Por su parte Milton Sánchez Cubas, uno de los denunciados, dijo que cuando los campesinos hacen denuncias por abusos de la Minera Yanacocha y por la colocación de tranqueras que impide el desplazamiento por los caminos ancestrales, la fiscalía inmediatamente archiva los casos, mientras que a los campesinos pretenden encarcelarlos hasta por 35 años, lo cual es totalmente injusto por un delito que no han cometido.

A los dirigentes los denuncian porque ¨supuestamente¨entraron a la municipalidad de Sorochuco cuando las autoridades hacían una reunión, con palos y piedras, secuestrando a las autoridades, hecho que nunca ocurrió; siendo totalmente falso esta denuncia¨, indicó Sánchez Cubas.La audiencia se postergó hasta el próximo 03 de setiembre.

LÍDERES AMBIENTALES DENUNCIADOS

Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya, por los delitos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios.

VIDEOS

Declaraciones de Mirtha Vásquez

El día de hoy la  ronda campesina y la policía encontraron con vida  a Manuel Herrera uno de los cuatro trabajadores desaparecidos de la empresa minera Río Blanco Cooper el 11 de julio, quién manifestó que la periodista Aleida Dávila aun se encuentra desaparecida y que Segundo Tocure con el topógrafo Orlando Pastranas han fallecido producto de las inclemencias del ecosistema de Ayabaca, luego de su ingreso al ex campamento minero Rio Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba.

Este encuentro, es fruto del esfuerzo de 150 miembros de la ronda campesina de Ayabaca, en coordinación conjunta suscrita en un acta con la policía de Sullana y de Ayabaca, ambas al mando del comisario comandante PNP Miguel Orozco, y del jefe de la División Policial de Sullana, Santiago Quiñonez saliendo así en la búsqueda de los desaparecidos el pasado 11 de julio. La hipótesis de los ronderos era que los cuatro trabajadores no se habían quedado en Huancabamba, sino que habían avanzado a la zona fronteriza de la provincia hacia Ayabaca, en la comunidad de Yanta, en la zona de Cerro Negro.

Se conoce que el acceso a la zona y las inclemencias propias de ese ecosistema no han permitido una búsqueda eficaz. Tratándose de un ambiente montañoso donde la temperatura desciende hasta por debajo de los -4 grados centígrados. Los ronderos quienes habían peinado la zona, se encontraban al mando del presidente de la comunidad, Samuel Albán han brindado en todo momento su apoyo para el rescate de los aquel entonces desaparecidos.

Aunque la empresa minera, ha mencionado a un diario que no se encuentra realizando labores de exploración, Los trabajadores se dirigian a realizar trabajos topográficos de actualización de las zonas mineras sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, ni de la comunidad.

Es por ello, que el vicepresidente de las comunidades campesinas de Ayabaca, Bartolo Tomapasca, comentó que no entiende por qué la minera Río Blanco sigue empeñada en desarrollar su proyecto allí, pues las comunidades ya han dicho que no. “A qué entran a nuestras comunidades, sin autorización. Nosotros no queremos minería, sino agricultura. Eso que lo entiendan por favor”.

El Papa Francisco ha enviado un mensaje al cardenal Peter Appiah Kodwo Turkson, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, para que lo haga extensivo a los representantes de las comunidades interesadas por las actividades mineras que participan en el encuentro »Unidos a Dios escuchamos un grito” organizado por ese dicasterio en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería.

»Venís de situaciones diferentes y experimentáis de diversos modos las repercusiones de la minería, ya sea la de las grandes empresas industriales, o la de los artesanos y operadores informales -escribe el Papa- Os habéis querido reunir en Roma, en esta jornada de reflexión que está vinculada a un paso de la Exhortación apostólica »Evangelii Gaudium», para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común».

»Los minerales y, en general, la riqueza del suelo y el subsuelo constituyen un don precioso de Dios, que la humanidad ha utilizado durante miles de años Los minerales, de hecho, son fundamentales para numerosos sectores de la vida y la actividad humana. En la encíclica »Laudato Si»’ he querido lanzar un llamamiento urgente a colaborar en el cuidado de nuestra casa común, para contrastar las dramáticas consecuencias de la degradación ambiental en la vida de los pobres y excluidos, y avanzar hacia el desarrollo integral, incluyente y sostenible . Todo el sector minero está indudablamente llamado a efectuar un cambio radical de paradigma para mejorar la situación en muchos países. Los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y los de aquellos en los que operan puedaen contribuir a ello, así como los emprendedores e inversores, las autoridades locales que supervisan la ejecución de las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, las cadenas de suministro internacional con sus varios intermediarios y los que trabajan en los mercados de estas materias, los consumidores de productos en los que se han utlizado minerales. Todas estas personas están llamadas a adoptar un comportamiento inspirado en el hecho de que constituimos una sola familia humana, »que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás «.

»Animo a las comunidades representadas en este encuentro a considerar cómo pueden interactuar constructivamente con todos los demás actores involucrados, en un diálogo sincero y respetuoso -concluye Francisco- Espero que esta ocasión contribuya a una mayor conciencia y responsabilidad en estos temas: partiendo de la dignidad humana es como se crea la cultura necesaria para hacer frente a la crisis actual. Le pido al Señor que su trabajo en estos días sea rico de frutos, y que esos frutos puedan compartirse con todos aquellos que lo necesitan. Os pido por favor que recéis por mí y con afecto os bendigo, así como a vuestras comunidades de pertenencia y a vuestras familias».

 

News Va

Miembros de la Comunidad del Centro Poblado El Carmen,  nos informaron que aproximadamente a las 8 de esta mañana, cuatro camionetas de la Policía Nacional trataron de ingresar al Centro Poblado, ubicado en la provincia de Huancabamba en la ciudad de Piura, por una supuesta denuncia presentada por el jefe de contratos de la empresa Rio Blanco Cooper, en donde se indicaba la desaparición de seis técnicos pertenecientes a esta empresa que ingresaron a hacer mediciones topográficas a la zona.

Las fuerzas policiales al pretender ingresar al caserío, fueron detenidas por los ronderos de la zona, quienes se mostraron sorprendidos por la denuncia y negaron las acusaciones. Luego de conversar cerca de una hora, la policía se retiró.

Nos preocupa, desde la RED MUQUI que las empresas mineras levanten falsas denuncias para justificar una intervención policial arbitraria. Debido a que si existe violencia contra la comunidad están protegidos por la ley 30151que los exime de toda responsabilidad penal por lesiones o muerte a terceros mientras estén en servicio.

Cabe mencionar que el proyecto Río Blanco no cuenta con un permiso para ejecución de obras del Ministerio de Energía y Minas, ni la licencia social de la comunidad.

La gobernadora de la región Arequipa, Yamila Osorio, dijo que no entiende la campaña iniciada por la empresa Southern a través de varios spots publicitarios emitidos por los medios de comunicación a nivel nacional sobre los beneficios del proyecto minero Tía María, tras el conflicto en Islay.

«Honestamente, yo todavía no entiendo la estrategia de Southern, porque creo que esta estrategia publicitaria a nivel nacional no trae resultados efectivos sobre la población», dijo en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Indicó, que lo apropiado es hacer un trabajo de campo en las zonas directamente afectadas y que deberían establecerse límites para el diálogo.

«Acá se requiere un trabajo de campo, esto es un proceso, más aún que (sic) se ha salido de un conflicto donde hay muchas heridas que no han cerrado y esto va a requerir tiempo», añadió.

Osorio advirtió que en su región se comenta un eventual reinicio de las protestas. Explicó que ese escenario es posible porque el mensaje de la Southern, de que está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para retomar el proyecto, no ha llegado con claridad a la población.

Informó que el Gobierno regional viene trabajando para recuperar la confianza de los pobladores de la zona sobre la necesidad de los espacios de diálogo y que, en ese esfuerzo, se ha coordinado el apoyo de la comunidad europea a través de una ONG, para un estudio sobre la percepción actual que tienen los pobladores del valle del Tambo sobre el proyecto Tía María.

Adelantó, que el resultado de ese estudio, basado en encuestas, entrevistas y “focus group”, será entregado el próximo lunes 20 de julio.

 

Fuente: RPP

Ayer, martes 14, en la madrugada (3:00 am) pobladores del sector de Araypampa denunciaron haber escuchado disparos y dieron aviso a las autoridades  pertinentes, que al llegar encontraron una camioneta, propiedad de la Municipalidad Provincial de Paruro, con tres personas amordazadas en el interior y el cuerpo sin vida de Ronald Núñez Valdez, alcalde provincial de Paruro y aproximadamente a 300 metros el del chofer de la camioneta Kevin Suarez Vargas.

Las personas encontradas en la camioneta eran José Antonio Arteaga Palomino asistente de la Sub Gerencia Municipal, Eber Segura Echegaray  Y  Jesús Callasi Baca asistente Legal, quienes mostraban signos de ebriedad.

En sus testimonios indicaron que el vehículo fue interceptado por 5 o 6 desconocidos quienes asesinaron a Ronald Núñez Valdez y a Kevin Suarez Vargas, los mismos que los habrían golpeado y maniatado en el asiento trasero del vehículo. Posteriormente dejaron la camioneta abandonada en una trocha carrozable del sector de Pascana Pampa, perteneciente a la comunidad de Araypallpa, distrito de Colcha, Paruro.

Tras las investigaciones, el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Publico del Cusco, Dr. Manuel Mayorga, confirmo que el alcalde Provincial de Paruro habría sido asesinado en una emboscada, añadió que tanto la fiscalía como la Policía Nacional del Perú, especializada en homicidios, se encuentran en la zona recabando las evidencias pertinentes.

El padre de Ronald Núñez Valdez, visiblemente afectado, solicito que en el caso participaran los mejores profesionales de la Policía Nacional y del Ministerio Publico, pues aseguro que el móvil de este asesinato era por venganza política, ya que su hijo había estado siendo vigilado desde la última audiencia pública que habría presidido. Así mismo, el alcalde de Chumbivilcas, mostro su indignación y  señalo que no podría haber otra motivación, más que la venganza  política,  para este tipo de crímenes.

Es, además, necesario señalar que este no es un caso aislados pues en marzo de este año, el alcalde de Mara en Cotabambas, Apurímac, también fue ultimado a tiros.

Finalmente, cabe señalar que el tema de fondo tiene relacion no solo con el tema politico, sino pricipalmente con la inseguridad que empieza a manifestarse en mayor medida en el sur del pais, llegando al punto que ni siquera las autoridades elegidas por el pueblo pueden tener seguridad.

Derechos Humanos Sin Fronteras

La Escuela Mayor en Ciencias Sociales, Medio Ambiente y Humanidades – Cusco/ E-SMAH, en coordinación con el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, organizará el 17 y 18 de julio, en la Casa de la Cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco, la conferencia internacional: Las luchas sociales por la tierra en América Latina. Un análisis histórico, comparativo y global.

Este evento pretende dar continuidad a la conferencia realizada el 24 y 25 de junio en Lima, por el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante de Bélgica, la Red Muqui y el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular.

La conferencia abordará tres temáticas: Tierra y movimientos sociales, tierra y recursos naturales, tierra e iniciativas sociales. Las exposiciones estarán a cargo de representantes de organizaciones y movimientos sociales como la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, el Consejo de Naciones Peregrinas al Señor de Qoyllurrity, el Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria de Canchis, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba, el Frente Interprovincial por la Defensa del Territorio y el Ambiente – Provincias Altas Cusco – Apurímac. Así como de investigadores locales que presentarán sus reflexiones en las diferentes temáticas de la conferencia.

Descargue aquí el programa

Derechos Humanos Sin Fronteras