ASEVERA RED MUQUI

  • Bancada fujimorista retrocedió en presentar modificatoria de Ley de Consulta Previa
  • Según Úrsula Letona, Fuerza Popular convocará a comunidades indígenas para replantear proyecto

La RED MUQUI aseveró que antes de proponer normas que promueven un supuesto “equilibrio” entre la inversión y el respeto a las comunidades donde estas se llevan a cabo, el Ejecutivo y los congresistas deben entender a la Consulta Previa como un derecho y no como un “mero trámite” que da luz verde a la realización de proyectos extractivos.

Es por ello, que la RED MUQUI cuestiona que la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, haya anunciado que convocará a comunidades indígenas para evaluar más a fondo como modificar la Ley de Consulta Previa, para obviar este derecho y colocarlo por debajo de acuerdos económicos y contratos privados que se celebren entre las empresas y las comunidades.

Este miércoles (8 de setiembre), Letona retrocedió en su decisión de presentar su proyecto de Ley, tras la indignación que causó entre las organizaciones indígenas y de Sociedad Civil, quienes rechazaron esta iniciativa por vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados ante cualquier proyecto de inversión que se realice dentro de sus territorios.

“Vamos a postergarlo para que, con mis compañeros de bancada, se pueda convocar a las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas para abrir la discusión, perfeccionar el proyecto y presentar un texto sustitutorio” aseguró la legisladora de Fuerza Popular, quien de esta manera impidió que su propuesta sea discutida en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Para RED MUQUI, dicho proyecto –revisado o no– busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, y que al igual que la propuesta del gobierno del «adelanto social», no se aborda la voluntad de tener un diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, sino seguir imponiendo decisiones sobre los proyectos, lo que podría generar mayor conflictividad.

Es así que RED MUQUI, le recordó a la legisladora fujimorista que hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado cuatro procesos de consulta previa (en proyectos de menor envergadura) donde no hubo información adecuada, ni tiempo suficiente para que las comunidades discutan en sus propios espacios de decisión, ni asesoramiento suficiente. En algunos casos estas “consultas” se terminaron convirtiendo en “convenios” entre la empresa minera, el Estado y las comunidades, tal como evidenció la Defensoría del Pueblo en el 2014 en un total de 16 proyectos, en los cuales se desconoció la condición de pueblos indígenas de las poblaciones, y hasta, en algunos casos, se les exigió que renuncien a ella.

Mucho por revisar…

Por su parte la congresista del Frente Amplio, Tania Pariona, insistió en que la propuesta pretende someter los derechos de los pueblos indígenas a la libertad contractual entre privados (viola el artículo 43 de la Constitución que señala que el Perú es una República social), lo cual implica el debilitamiento de este derecho colectivo por parte de los pueblos indígenas del Perú, vigente y exigible desde 1995 cuando se ratificó el Convenio169 de la OIT; por tanto, tiene implicancias de orden internacional, constitucional (art 2.19) y legal.

“La Consulta Previa no es sujeto de acuerdos entre partes, porque no se trata de un derecho real normal (común), sino de tipo colectivo con implicancias culturales, religiosas, sociales” indicó la presidenta del Grupo de Pueblos Indígenas del Congreso.

Otro punto a considerar para la congresista Pariona, es que propuesta no toma en cuenta que de acuerdo a la Constitución, ni los derechos, ni su ejercicio son renunciables (artículo 26.2) y corresponde al Estado peruano garantizar su efectivo respeto y cumplimiento, como lo refiere el Tribunal Constitucional (STC N° 00858-2003).

Foto: Comuncamapu.blogspot.com

AFIRMA MARÍA ELENA FORONDA

  • Acuerdos previos privados que propone Úrsula Letona, anula derecho a la Consulta Previa
  • Iniciativa de ley del fujimorismo aun no pasa a comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos

Para María Elena Foronda, presidenta de la comisión de comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso; el proyecto de modificatoria de la Ley de Consulta Previa solo promovería la desigualdad de diálogo entre las empresas extractivas y las comunidades, al colocar “acuerdos privados” por encima del derecho a la consulta, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

“Se trataría de un diálogo desigual. Cuando ingresa alguna industria extractiva, lo hace con equipo de abogados y técnicos. La población a veces no tiene acceso a esa información. ¿De qué acuerdos entonces vamos a hablar? ¿Bajo qué igualdad de condiciones?, y ¿los EIA van a quedar de lado?”, cuestionó Foronda.

Ello fue en respuesta, al proyecto de ley (N° 213/2016) presentado este martes por la congresista de la bancada fujimorista, María Úrsula Letona, iniciativa que busca modificar el artículo 2 de la Ley N° 29785, y dejar sin efecto alguno la realización de la consulta previa, en caso exista una autorización previa para la realización de cualquier actividad económica, a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, firmado con alguna comunidad indígena u originaria.

Letona, justifica que su iniciativa legislativa se basa en la promoción de la inversión privada, la estabilidad jurídica y el bloqueo de surgimiento de conflictos sociales.

“Este proyecto, somete a la negociación y al libre mercado entre partes que son asimétricas (empresa/comunidad), cuando es el Estado quien debe garantizar su respeto y cumplimiento. Representa una amenaza de imposición que somete un derecho a cuantificación económica.”, agregó la congresista que preside el grupo parlamentario de Pueblos Indígenas.

La legisladora, María Elena Foronda indicó que la iniciativa de su colega parlamentaria es inconstitucional, y que ni siquiera debería entrar a debate. A su parecer, y al de la bancada del Frente Amplio, de aprobarse una modificatoria en la Ley de Consulta Previa, se generaría un conjunto de conflictos socioambientales.

“Lo que me corresponde como presidenta de la comisión es pedirle a la congresista Letona, una exposición de su propuesta, queremos conocer los argumentos técnicos, porque el sustento legal no permite una modificatoria de ley, y mucho menos la de un convenio internacional como es el convenio 169 de la OIT”, recomendó en diálogo con RED MUQUI.

Para Ketty Marcelo, presidenta del Pacto de Unidad, es necesario aprobar con urgencia la consulta previa legislativa que lleva esperando cinco años en el Congreso. Se espera que los Pueblos Indígenas también puedan ser consultados sobre iniciativas de ley que puedan afectar sus derechos.

A través de un pronunciamiento, RED MUQUI rechazó este Proyecto de Ley que -de ser aprobado- desconoce un derecho colectivo, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011. RED MUQUI recordó que en el sector minero, apenas se han realizado cuatro procesos de consultas previas, en torno a proyectos de menor envergadura, y en los que no hubo información adecuada, ni tiempo suficiente para que estos se discutan en asambleas comunales, ni decisión colectiva, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico.

Es por ello, que RED MUQUI demanda el archivamiento de esta inciativa en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, pues se estima que un cambio de normativa como este, solo generaría mayor conflictividad social en el país. Asimismo, RED MUQUI exige que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como considera ha sido hasta la fecha en el sector minero.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

El comité nacional de la VIII edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se realizará los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2017, en la ciudad de Tarapoto (San Martín, Perú), decidieron incorporar al mundo andino dentro de sus ejes temáticos, ya que también formar parte de la agenda pendiente de los pueblos indígenas.

Al formar parte de las 14 instituciones que llevan a cabo el FOSPA, RED MUQUI, impulsó la presencia de lo andino en este gran evento, que busca abordar propuestas e incidir en los gobiernos (de países amazónicos) acerca del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la protección de sus territorios, tanto en la Amazonía, como en la zona andina. Esta decisión, se tomó bajo la concepción de que la Amazonía genera sus principales ríos en los Andes.

Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) también recordó que el Perú fue designado sede del VIII FOSPA en Macapá, Brasil, en la última versión, por las luchas en defensa de sus derechos en la Amazonía y zona andina, como Bagua y Conga. Es un reconocimiento a la resistencia que han generado los pueblos frente a la imposición.

Por su parte, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria (CNA), indicó que la problemática que mantiene la inversión privada, es el beneficio de unos pocos, y a ciertos intereses particulares y económicos, pero no a las comunidades campesinas y nativas que son afectadas por estas actividades extractivas.

“Buscamos abordar el incremento de las industrias extractivas que afectan nuestras actividades económicas. Nuestros derechos no se negocian, más bien deben ser tomados en cuenta respetando el Convenio 169, la ley de comunidades campesinas y nativas, al igual que la ley de consulta previa que, hoy en día, es manipulada para facilitar la entrega de nuestros recursos naturales a otros intereses”, aseveró.

A su turno, Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), dijo que era necesario  relanzar la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en la vida del país.

“Si se van a entregar derechos sobre agua y tierras, que los pueblos participen de las decisiones y de las riquezas que se generan. Que el Estado priorice inversiones en los pueblos, no solo programas de asistencia”, remarcó.

Presentación oficial

Este miércoles 31 de agosto, representantes de organizaciones indígenas, sociedad civil, movimientos sociales, grupos ambientalistas, ciudadanos, entre otros, presentaron oficialmente el FOSPA 2017, en conferencia de prensa, tanto en Lima como en Tarapoto, sede oficial de esta octava edición.

Es así que en el sitio web del VIII FOSPA (www.forosocialpanamazonico.com) ya se encuentran disponibles los formularios para inscribirse y llenar sus datos, en los idiomas español y portugués.

Se espera que el próximo año se congreguen poco más de 1,500 personas en la Universidad de San Martín (sede oficila del FOSPA), para analizar, debatir y plantear salidas a los graves problemas que afronta la Panamazonía debido al modelo de desarrollo que impera en gran parte del mundo.

El FOSPA 2017 responde al llamado de los pueblos en resistencia ante el avance del actual modelo que prioriza la actividad extractiva en menoscabo de los derechos de la naturaleza y de los hombres y mujeres que habitan la Amazonía. Se trata de un espacio para la elaboración de propuestas y visiones alternativas para sobreponerse al proceso de destrucción de la selva y construir una Panamazonía que promueva la vida.

EL VIII FOSPA, que tiene por lema “vamos al llamado del bosque”, constituye un evento internacional espera recibir a más de 1500 personas de los nueve países de la región amazónica. El objetivo es abordar diversos ejes de su problemática actual como territorio, cambio climático, participación de las mujeres, uso de los bienes de la naturaleza y procesos de resistencia.

DATO:

  • Los FOSPA (que forman parte de la estructura del Foro Social Mundial) se vienen realizando desde el año 2002 en Brasil, Bolivia y Venezuela.
  • Como antesala, este 28 y 29 de octubre se realizará en Tarapoto un preforo nacional de Perú, como evento preparativo para el VIII FOSPA. Otros países del área amazónica harán lo propio el mismo mes y en noviembre.

Fotos: CAAAP.org

LUEGO DE SEGUNDA REUNIÓN DE DIÁLOGO

  • En reunión de mesa de diálogo, y ante pedido de presencia de los titulares de los sectores, viceministro de Agricultura sugirió que primero se busque reunión con los ministros en Lima
  • Frentes de defensa desean entregar directamente su informe sobre la mesa de diálogo a los ministros de Estado

Las organizaciones sociales de base de Cotabambas (Apurímac) acordaron viajar a Lima para ser recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y los ministros de los sectores involucrados en la mesa de diálogo para el desarrollo de dicha provincia, con el fin de entregar directamente un informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso en torno al proyecto minero Las Bambas.

Los representantes y líderes de los frentes de defensa provinciales y distritales, decidieron llegar a la capital los días 12, 13 y 14 de setiembre, una vez que se desarrolle la segunda reunión de la mesa de diálogo (7 y 8 de setiembre) y se apruebe el reglamento que sobre el que se regirá el proceso; acuerdo que fue tomado en la reanudación de la mesa de diálogo que se realizó el lunes 22 último en Tambobamba.

En el transcurso de estos días, los dirigentes sociales enviarán documentos solicitando una cita con cada uno de los ministros, incluso con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el premier Zavala.

Ausencia de ministros
Esta decisión por parte de los dirigentes de los frentes de defensa, responde al descontento de no haber contado con la presencia de ningún ministro de Estado del gobierno de PPK. Pese a que enviaron invitaciones formales con anticipación.
“Nosotros vamos a hacer nuestro propio resumen de cuánto se ha avanzado, y lo vamos a entregar a los titulares de los ministerios”, intervino Rodolfo Abarca, presidente del frente de defensa de Cotabambas.

“Así como el presidente está llegando a otros sitios, debe llegar aquí y mandar funcionarios que realmente evalúen esta situación. Comencemos con nuevos ánimos, que se vea un verdadero compromiso”, convocó Virginia Pinares del comité de lucha del frente de defensa cotabambino.

El 22 de agosto último, tres viceministros participaron y representaron al Ejecutivo, uno de ellos, fue Guillermo Shinno, quien ya ha ocupado cargo de viceministro de Minas en el gobierno anterior. Mientras que, los otros dos, nuevos en la gestión, fueron Jorge Montenegro, el viceministro de Agricultura, y Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo.

En la reunión los dirigentes manifestaron cierto descontento por la permanencia en el cargo de algunos funcionarios del gobierno anterior, ya que ello podría significar el “continuismo” de un desarrollo lento en la conducción de la mesa.

Al respecto el viceministro de Agricultura manifestó que muchos de los funcionarios son valiosos; no obstante, se encuentran en evaluación. Asimismo, sugirió a los dirigentes viajar a Lima y buscar un acercamiento con los ministros para que ellos puedan “devolver” la visita más adelante.

“En caso no haya resultados, o existieran motivos que no permitan que esto (la mesa) se pueda seguir manejando, o no se permita que existan obras que beneficien a las comunidades; los ministros, que ostentan el cargo político, junto con el premier y el presidente, tomarán la mejor decisión”, comentó.

Legislativo en la mesa
Por su parte el congresista representante de Apurímac, Richard Arce, consideró que los ministros deberían tener un gesto político con la población de Cotabambas y acudir a la reunión del 7 de setiembre. “Es decirle al país que el gobierno actual tiene la disposición a dialogar, la iniciativa debería partir del premier Zavala, de ahí el proceso técnico se realizará con los funcionarios de mando medio”, recomendó.

«Tenemos que mejorar»
Por su parte, el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila, reconoció que el Ejecutivo –en el gobierno anterior– cometió errores en la conducción de la mesa de diálogo, especialmente en el tiempo demorado (6 meses) para tramitar –mediante resolución– la denominación correcta de la mesa de «desarrollo» a «mesa de diálogo».

Para este nuevo periodo, Ávila –ratificado en su cargo por este gobierno– recalcó que falta mejorar la metodología del proceso de diálogo, así como la participación de cada uno de los sectores. No obstante, indicó que sí existe voluntad por parte de este gobierno de que el diálogo sea eficaz y que las comunidades logren su desarrollo social.

“Tenemos que mejorar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los acuerdos”, declaró al término de la reunión en Tambobamba.

En cuanto a las mesas de desarrollo que se establecieron en la provincia de Grau y el distrito de Challhuahuacho, y que siguen pendientes, aseguró que están en proceso de seguimiento, hasta que este gobierno pueda hacer un balance de cada una, tal como lo está haciendo en Cotabambas.

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS – PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

TRAS REACTIVACIÓN EN EL CONGRESO

  • Grupo multipartidario será presidido por la congresista del FA, Tania Pariona
  • Grupo promoverá espacios de diálogo con organizaciones indígenas
  • Trabajo será coodinado con la Comisión de Pueblos, presidida por María Elena Foronda del FA

Esta semana se instaló nuevamente el Grupo Parlamentario Indígena (GPI), para el periodo legislativo 2016-2021 del Congreso de la República, a fin de retomar el trabajo iniciado en el año 2007, y tener un espacio con capacidad de ejercer control político frente a instancias del Estado cuyas decisiones y políticas públicas afecten a los pueblos indígenas.

Al ser de carácter especial, este será un espacio multipartidario de diálogo, concertación y construcción de consensos que promueva iniciativas legislativas, emita opinión, y sobre todo, contribuya a la labor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, así como a las comisiones que trabajen temas que involucren transversalmente a los pueblos indígenas.

Asimismo, el GPI promoverá un diálogo permanente con las organizaciones indígenas e instituciones que trabajan por los derechos de estas poblaciones, al ser quienes manejan a fondo las demandas más urgentes.

En la sesión de instalación, se presentaron los congresistas Alberto de Belaunde (Peruanos por el Kambio – PPK), Jorge Meléndez (PPK), César Villanueva (Alianza Para el Progreso), Nelly Cuadros (Fuerza Popular), Oracio Pacori (Frente Amplio – FA) y Richard Arce (FA), quienes por unanimidad, eligieron a la congresista Tania Pariona Tarqui (FA) como coordinadora del GPI.

Cabe recordar que el pasado martes 9 de agosto, día en que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la congresista por la región Ayacucho, Tania Pariona presentó en el Congreso su agenda legislativa para el periodo 2016 -2021 en materia de Pueblos Indígenas (PPII).

Comisión PPII

A la par, se instaló la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que a partir de ahora será presidida por la congresista María Elena Foronda Farro (FA), exdirectora del Instituto Natura de Chimbote, institución miembro de la RED MUQUI.

Durante su presentación, la legisladora manifestó que los pueblos del interior han sido marginados durante décadas, pese a ser motores principales de la economía nacional en los diferentes campos del territorio nacional, principalmente en la sierra y selva. Además sostuvo que asumirá el reto de impulsar leyes inclusivas a favor de las poblaciones indígenas, tanto campesinas, como nativas.

“Miles de pobladores indígenas del país están a la espera que legislemos leyes que propongan su inclusión en la toma de decisiones para el bienestar del futuro del Perú”, señaló al instalarse el grupo de trabajo parlamentario.

Agregó que es necesario que los miembros de la comisión sean conscientes de que tienen la obligación de defender los recursos ambientales de las regiones y también los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“El desafío es grande, porque el recurso económico no se puede someter al factor ambiental, que debemos protegerlo”, subrayó.

Como vicepresidente de la comisión fue elegido el congresista Wilmer Aguilar (FP) y como secretaria, Tamar Arimborgo (FP).

Fuente / Fotos: Despacho congresista Pariona / Andina