La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.
El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.
Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.
Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.
En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.
Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.
Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.
