Red Muqui organiza el Foro nacional sobre la situación de las comunidades frente a la expansión minera en el actual contexto de crisis política en el país

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Representantes de la sociedad civil, de comunidades y organizaciones sociales afectadas por la minería y reconocidos políticos nacionales participarán en el Foro Nacional “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, que organiza la Red Muqui en el marco de sus 20 años de vida institucional.

En este espacio se presentará la síntesis y las conclusiones de los foros macrorregionales del sur, norte y centro realizados en los meses de septiembre y octubre en Cusco, Piura y Huancayo, respectivamente. Allí dirigentes/as y defensoras/es ambientales analizaron sus luchas y procesos de resistencia, formulando propuestas de reformas en el régimen minero y político para lograr la protección efectiva de los derechos humanos, así como de sus derechos
ambientales y colectivos.

La primera mesa temática abordará un balance de la defensa de los derechos, agenda y desafíos de las comunidades en contextos mineros. El panel estará integrado por el exdirigente del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, Luis Enrique Riofrio Crisanto; exvocera coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, Yolanda Zurita Trujillo; y la defensora ambiental Elsa Merma Ccahua, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana – Cusco.

La segunda mesa planteará los principales cambios y reformas que se deben realizar en el sector minero. Los panelistas serán: la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín; el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave Cáceres; el exviceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Paulo Vilca Arpasi; el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda Pari.

Al finalizar con el desarrollo de las dos mesas, se leerán las conclusiones a partir del diálogo y análisis de las y los participantes. Además, por la tarde, a las 3:00 p. m. se proyectará el documental “Valle de Condebamba, donde nace la vida”, producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone.

DETALLES:
Fecha: Miércoles 25 de octubre
Hora: 9:00 a 1:00 pm
Lugar: Hotel Carrera (Jirón León Velarde 123, Lince)
Link de inscripción: https://forms.gle/rqsayxxL6sSUguv29

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Red Muqui presentará estreno del documental “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

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Estreno de documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida”

Red Muqui invita a la proyección del documental audiovisual “El Valle de Condebamba, donde crece la vida” (30 minutos), producido por Red Muqui y Grufides bajo la dirección de Eliana Lafone, que revela la resistencia y defensa comunitaria del agua ante la amenaza del proyecto minero Michiquillay.

El documental se proyectará en el Hotel Carrera (Jr. León Velarde 123, Lince), el miércoles 25 a las 3 p. m. y cierra el Foro Nacional, organizado por Red Muqui por sus 20 años de existencia, titulado “Las comunidades frente a la expansión minera: balance y perspectivas”, donde se realizarán mesas de trabajo con diálogo posterior entre participantes y panelistas.

Lo que revela el documental
El departamento de Cajamarca se retrata muchas veces en los medios, como una región pobre, debido a los altos índices de pobreza que en 2018 afectó al 13,9 por ciento de la población. Si se tiene en cuenta que es la principal región extractora de oro que aporta casi una cuarta parte de la producción peruana, con megaproyectos tan conocidos como Yanacocha, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué tanta pobreza en medio de montañas de oro que atraviesan literalmente su geogratia? A cualquier visitante de su ciudad capital, llaman la atención lo verde de sus paisajes y la cantidad de productos lácteos que se venden en sus antiguas y atiborradas calles.

Aquí hay dos claves que revelan los verdaderos tesoros de un departamento rico en recursos imprescindibles para la supervivencia humana: agua y su rica biodiversidad que han transformado a Cajamarca en la principal cuenca lechera del país.
De hecho, más de la mitad de su población trabaja en la agricultura, ganadería y pesca. Gente de comunidades y poblados que generan autoempleo en sus numerosos y fértiles valles y activan una compleja cadena de actividades económicas intensivamente vinculadas a la agricultura y ganadería.

En tanto, la contribución de la minería al empleo es muy baja ya que solo representa el 0,8 por ciento de la población económicamente activa. Pese a esta realidad los gobiernos y el gremio minero presionan por nuevos proyectos de extracción de minerales. Uno de ellos, Michiquillay de la empresa Southern Copper Perú está a punto de iniciar su fase de explotación en la cabecera de cuenca del río Crisnejas.

Con ello está generando preocupación entre los habitantes de las zonas indirectamente impactadas por encontrarse río abajo del Crisnejas y del Valle de Condebamba que sufren desde hace años el impacto de la extracción formal a gran escala como la minera Shahuindo, pero también de numerosos proyectos de la minería informal localizados en la zona. Percepciones basadas en la observación de la pérdida de la fauna acuáticas de los ríos, coloración extraña de las aguas de manantiales, lento crecimiento de cultivos, frutales afectados, pérdida de fertilidad natural de las tierras, desaparición de animales silvestres, batracios y mariposas de las riberas de los ríos, afecciones dérmicas en los niños que se bañan en los ríos. De otra parte, las familias agricultoras del entorno de las operaciones mineras de Condebamba, que aún no sufren efectos severos de contaminación, como las familias de la Encañada expresan su preocupación y temor por el inminente daño que se avecina.

La amenaza para un espacio ecológico biodiverso y con especies endémicas del Perú
El documental audiovisual, “Valle de Condebamba: Donde nace la vida”, realizado por la documentalista Eliana Lafone con el auspicio de Pan para el Mundo muestra la vida y esperanzas de la gente del valle y sus formas de organizarse frente a este y otros proyectos mineros que amenazan con acabar con este espacio ecológico único, el segundo valle interandino más biodiverso del planeta.

La película de una duración de aproximadamente 30 minutos también presenta algunas de la conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental de las Actividades Mineras en el Valle de Condebamba realizado por el botánico y doctor en bioquímica Fidel Torres que realizó detallados estudios químicos y biológicos de la calidad de agua en diferentes puntos del Río Crisnejas en octubre de 2022. El propio Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera “Michiquillay”, presentado por Southern Perú, a desarrollarse en el distrito de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca señala impactos inmediatos en el ambiente del área de ejecución de la explotación que afectarán notablemente factores importantes de esta zona que pertenece a la naciente de la cuenca Crisnejas.

El estudio concluye que se afectarán las zonas de vida de páramos, bosques de neblina, lagunas y bofedales y 169 especies que habitan esas zonas quedarían expuestas a ser exterminadas, de las cuales tres son endémicas del Perú, es decir no existen en ninguna otra parte del planeta.

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Comunidad campesina de Accomarca cuida memoria por los crímenes cometidos por el Estado y enfrenta burocracia por minería informal

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Por: Mayra Zambrano – Área Legal – Red Muqui

Masacre de Accomarca durante el conflicto armado interno

Uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces cometidos por el Estado peruano, y que despertó el repudio nacional e internacional, ocurrió el 14 de agosto de 1985 (Vilcashuamán, Ayacucho), cuando el ejército peruano, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a aproximadamente 69 comuneras y comuneros desarmados, entre ellos ancianos y 28 niños. Según APRODEH (1), en octubre de 1985, la comunidad denunció a Hurtado por el delito de homicidio; sin embargo, el Fuero Militar inició una contienda de competencia frente a la Corte Suprema para poder encubrir sus crímenes. Dicha instancia aplicó en 1995 las leyes de amnistía promulgadas por el dictador Alberto Fujimori. No obstante, debido a la incansable lucha de los familiares once años después, en agosto de 2016, la Sala Penal Nacional condenó a la línea de mando militar que estuvo involucrada en la ejecución extrajudicial de los comuneros de Accomarca a 25 años de prisión. Un fallo que fue calificado como histórico ya que no dejó impune el crimen de lesa humanidad del Estado en contra de su propia población (2).

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, se integraron en la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca (AHIDA), así como en la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del distrito de Accomarca (AFVPDA) (3), quienes mediante actos culturales, han recreado la dolorosa experiencia de la matanza a través de una actuación anual presentada durante el carnaval ayacuchano, con coreografías y canciones testimoniales para seguir exigiendo justicia para las víctimas de la masacre, evidenciando así la desgarradora violencia política y la discriminación sufridas, con la finalidad que las futuras generaciones no las olviden.

Actividad minera sin consulta ni consentimiento previo

Actualmente la histórica comunidad campesina de Accomarca, productora de cultivos de palta, viene afrontando otra problemática: actividades de pequeña minería realizadas por el empresario Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417, en la concesión Huacachina 2016 III, cuyo titular es Edgardo Rojas Anayaipoma. De acuerdo con el expediente de la concesión minera (4), se encontró con las siguientes limitaciones: la existencia del sitio arqueológico “Quilquikucho”, y una zona agrícola parcial. La concesión minera sin embargo, no tomó en cuenta el área restringida del área urbana ni expansión urbana, es decir la existencia de las comunidades superpuestas, tal como la comunidad campesina de Accomarca.


Fuente: Red Muqui

Tal como se puede apreciar en el mapa realizado por la Red Muqui, el territorio de la comunidad se encuentra superpuesto no solo por la concesión en referencia, sino también por ocho más que se encuentran tituladas y tres, aún en trámite (5). Es decir, se incumple el artículo 3 del Reglamento de la Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana – D. S. Nº 008-2002-EM, la cual expresa que una de las limitaciones para los petitorios mineros es la existencia de zonas urbanas o expansión urbana, como es el caso del territorio de la comunidad campesina.

La problemática recae en las actividades informales del operador minero Ismael Medina, quien explota sulfuro de cobre, cuenta con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y que, sin embargo, de acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública presentado por el área legal de Red Muqui (6), no entregó el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). Aquí, la indicación textual del INGEMMET: “[..] respecto de los requisitos presentados por los mineros antes citados para la culminación del proceso de formalización minera (entre ellos el IGAFOM) ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, advirtiendo que no se encuentra sistematizado ningún IGAFOM. En tal sentido, no se cuenta con información respecto de los instrumentos ambientales, así como de las opiniones técnicas favorables del SERNANP, ANA, o SERFOR, respecto de la evaluación del IGAFOM”. (subrayado agregado)


Fuente: REINFO
De esta forma, aparentemente la empresa no cuenta con el instrumento de gestión ambiental necesario para el inicio de la explotación minera. Según el punto N° 3 del Informe Técnico N° 35-2023-GRA/GG-DRDE-DREMA-MRJH de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA), el IGAFOM estaba en estado de evaluación por la Ventanilla Única de la Dirección.
Instrumento que fue desaprobado por la DREMA posteriormente y, pese a ello, el operador minero continuó sus actividades de extracción de mineral en el lugar denominado Chamana, zona que no fue incluida en ningún instrumento de gestión ambiental (IGA), el cual solo mencionaba al área de Pichuscucho que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. En otras palabras, mediante el IGAFOM desaprobado -que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales- se pretendió engañar a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y el impacto socioambiental que genera sobre la comunidad campesina.
En ese sentido, la Junta Directiva de la comunidad campesina de Accomarca con el acompañamiento técnico – legal de la Red Muqui, decidió presentar medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del empresario. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello estuvo condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado. Posteriormente, el operador informal presentó el 10 de agosto un recurso de apelación de derecho referido a la resolución mencionada, argumentando razones insuficientes para la paralización de su campamento minero y alegando una vulneración de derechos.

Estigmatización y criminalización de dirigentes comunales de Accomarca

Mediante Acta de Asamblea General la comunidad campesina de Accomarca rechazó unánimemente la explotación minera y determinó que la harían respetar. De este modo, se acordó que el 25 de agosto se iba a realizar el desalojo de la operación minera, lo que llevaron a la práctica en la fecha mencionada. Sorpresivamente, el Ministerio Público respondió a la acción citando el mismo día al presidente y otros comuneros parte de la Junta Directiva de la C.C. Accomarca para una acción preventiva de esclarecimiento de hechos frente a la denuncia del empresario Medina. Se les acusa por el delito de daños contra el patrimonio, tipificado en el artículo 205 del Código Penal (7), porque los comuneros retuvieron temporalmente los bienes de su campamento minero.
Así empieza la estigmatización y criminalización por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Vilcashuamán (8); cuyo caso está a cargo de la Fiscal Provincial Jeny Prado, quien abrió una investigación preliminar en contra del presidente Zósimo Sulca Quispe y otros directivos de la comunidad, en agravio del operador informal. La Fiscal los ha citado en reiteradas oportunidades al despacho, a pesar de que el costo de la movilización implica un gasto adicional no previsto por los comuneros, desatendiendo así el principio de interculturalidad que debe ser parte del proceso penal.
A la par, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ayacucho exhorta a la DREMA dar cumplimiento de la Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM e iniciar investigación preliminar en contra de Ismael Medina por la presunta comisión de delito ambiental – delitos de contaminación, en la modalidad de minería ilegal en agravio del Estado, tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Así, se realizaron múltiples diligencias, entre ellas se puede resaltar un extracto de la copia del acta testimonial de Zósimo Sulca (9), quien expresa textualmente: “quiero agregar que la comunidad de Accomarca no quiere actividad minera, las zonas de Pichuscucho y Chamana son zonas de agricultura y plantaciones frutales”. De este modo, queda expresada la voluntad de la Asamblea basada en las principales actividades económicas que ejercen. Sin embargo, por parte de la explotación minera, no hubo diálogo con resultados suficientes y se siguió extrayendo los recursos minerales sin consentimiento previo ni permiso de uso de terreno superficial por parte de la comunidad campesina.
Por todo lo expuesto, se evidencia una total falta de transparencia, buen gobierno y articulación de la información entre entidades multinivel y la Ventanilla Única instalada en la DREMA. Asimismo, por distintas presiones económicas e intereses políticos del Congreso de la República, se ha venido ampliando y desnaturalizando el acceso al REINFO, ya que luego de 21 años de fracasos normativos, hasta la fecha no se cuenta con una debida formalización integral de la pequeña minería, lo que permite la ilegalidad y se avala la impunidad. Son principalmente las comunidades nativas y campesinas las afectadas por la falta de consulta previa por la entrada de actividades extractivas en sus territorios. Resaltamos la necesidad de un correcto diálogo intercultural y el respeto a la autonomía comunal, de conformidad con los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; así como la Ley N° 24656 y el Pleno 310/2023.

Fuentes bibliográficas:
(1) Más información en: https://www.aprodeh.org.pe/caso-accomarca/
(2) https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/el-caso-accomarca-y-la-judicializacion-de-violaciones-de-derechos-humanos-31-anos-despues/
(3) https://lum.cultura.pe/sites/default/files/publicaciones/PDF/lum_-_memoria_2_-_accomarca_pdf.pdf
(4) https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/sidemcat?CodDM=010104417&TipoDoc=0
(5) https://muqui.org/noticias/ayacucho-comunidad-campesina-de-accomarca-en-riesgo-por-la-presencia-de-pequena-mineria/
(6) Datos obtenidos a partir de accesos a la información: Expediente N° 3489105 del Ministerio de Energía y Minas; Expediente N° 4359528/3508851 del Gobierno Regional de Ayacucho; y, Expediente N° 3490475 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(7) Información recaída en la carpeta fiscal N° 2023-313
(8) https://muqui.org/noticias/alerta-comuneros-de-accomarca-de-ayacucho-son-denunciados-por-productor-minero/
(9) Solicitada a Miguel Angel Guerrero Moscoso, Fiscal Adjunto Provincial de la FEMA de Ayacucho

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Nueve meses para que Fiscalía inicie diligencias para esclarecer asesinatos en Juliaca y en Cusco el cambio de fiscal atrasaría investigaciones

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Después de nueve meses, el equipo fiscal a cargo de Nancy Chávez, ha llegado a Juliaca y recorrido parte de los lugares donde las fuerzas del orden asesinaron a 18 personas. El presidente de la Asociación de Víctimas de Juliaca, Raúl Samillán, lamentó que el lunes solo avanzaron con cuatro casos y el martes, el equipo fiscal culminó a la medianoche, tomando las declaraciones de todos los familiares de las personas asesinadas.

“Los peritos no querían que se les diga nada. No cumplieron con las expectativas que teníamos. La diligencia solo era para verificar los hechos donde ocurrieron las muertes y culminó con un acta. Mañana viernes los fiscales continuarán constatando el lugar donde varias personas fueron heridas”.

El abogado de las personas asesinadas y heridas el 9 de enero en Juliaca, César Quispe explicó que con ayuda de los deudos se está realizando hasta la próxima semana la verificación en el lugar de los hechos, que permite la ubicación exacta de las víctimas al momento de recibir los disparos fatales y relacionar esos lugares con la posición de las escuadras de la Policía Nacional de Perú (PNP) que se encontraban en las inmediaciones. Eso permitirá “ubicar en el tiempo y en el espacio, no sólo a aquellos que efectuaron los disparos, sino también las cadenas de mando hasta llegar a los responsables de dar las órdenes”, expresó el abogado.

Quispe valoró la oportunidad que les abre estas diligencias, ya que es una posibilidad para la defensa de recolectar las pruebas que puedan ser usadas para enjuiciar a los responsables, pese a las adversidades relacionadas con un equipo fiscal constituido en Lima por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Máxima autoridad del Ministerio Público que, como se ha develado en numerosos reportajes de medios de investigación periodística, está blindando a la actual gobernante de facto y a su Premier Alberto Otárola de los intentos de avanzar en las investigaciones judiciales en su contra por las masivas violaciones de los derechos humanos cometidas durante los primeros meses de su mandato y que pudiesen llevar a sus condenas.

Por otra parte, el letrado explicó que contrariamente a la lógica ventaja que brindaría contar con un equipo fiscal proveniente de la región, este equipo encabezado por Nany Chávez y conformado en Lima ni tiene noción de los lugares ni conoce a los deudos y a los abogados querellantes y por lo tanto necesita más tiempo y recursos para desentrañar los casos.

Investigación en Cusco sufre retraso

Referente a las investigaciones en curso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en Cusco, la abogada de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Yudith Conto, integrante de la defensa legal de los familiares de Rosalino Flórez y Remo Candia, asesinados durante las protestas desarrolladas en el departamento contra el régimen el 11 de enero, informó a Red Muqui que la fiscal a cargo del “Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales – EFICAVIT” en Cusco, Cynthia Gamarra, ha sido removida de sus funciones este miércoles. Un hecho que genera preocupación debido a que las investigaciones estaban avanzando diligentemente. Incluso ya se había realizado la reconstrucción de los hechos en el lugar donde los manifestantes recibieron los disparos y se habían tomado las declaraciones de los policías que estuvieron en los lugares de los hechos.

Recientemente, también, ha aparecido un herido que hasta ahora no había denunciado su caso, que aún tiene un proyectil alojado en su brazo desde el 11 de enero. En estos momentos se encuentra esperando junto a la defensa legal de DHSF, la fecha en la que será citado para la extracción de la munición con presencia del equipo fiscal, debido a que la policía quería extraerle el proyectil en el hospital de Sicuani en enero pasado sin la presencia del Ministerio Público. Según la abogada Conto, la ahora removida fiscal, estaba a punto de programar esa fecha. Otro hecho que demuestra el avance en los trabajos que había desarrollado la funcionaria.

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Concluye Perumin y los gremios mineros insisten en más expansión minera en un contexto de crisis climática

La convención minera más importante de Latinoamérica, Perumin 36, finalizó, el viernes último, en la ciudad de Arequipa con una indudable alianza entre los gremios mineros y el régimen de Dina Boluarte. Ambas partes reafirmaron la narrativa de que, sin la minería, el Perú no puede lograr el desarrollo traducido en el crecimiento de la inversión privada.

El debate sobre la necesidad de reducir la tramitología que, para este sector empresarial, retrasa la ejecución de los proyectos mineros fue una de las propuestas, la misma que el gobierno desde hace meses intenta “solucionar”: la fallida iniciativa de fusionar las entidades ambientales como SENACE, ANA, Serfor y Sernanp es una muestra. Esta vez, el premier Alberto Otárola anunció la creación de la Ventanilla Única Digital que agilizará los permisos y autorizaciones, del mismo modo, el destrabe de nueve proyectos mineros que representan una cartera de inversión de 10,555 millones de dólares.

Diálogo de espaldas a la realidad nacional

La temática de los 5 días que duró el Perumin 36 estuvo ajena a la problemática ambiental y social en contextos de las actividades extractivas mineras. Como era de esperarse, no se abordaron los 7.668 pasivos mineros detectados al 2022 ni la exposición a metales tóxicos que alcanza a 10 millones de personas en el país. Restaron importancia a las movilizaciones pacíficas registradas en el primer día de la convención minera por agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, que rechazaron, una vez más, el proyecto Tía María y la posible presencia de Dina Boluarte. Incluso, Otárola y el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se contradijeron si está o no en la agenda el proyecto Tía María.

Tampoco se analizaron las causas de fondo de los 141 conflictos socioambientales reportados por la Defensoría del Pueblo a agosto de este año. Precisamente, sobre este punto, la mayoría de las protestas sociales se originaron por el incumplimiento de las empresas mineras con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos y la tardía respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tal como ocurrió en Llata, provincia de Huamalíes, región de Huánuco, donde la ciudadanía organizada acató un paro masivo de 24 horas contra la minera Antamina, el día en que concluyó el Perumin, 29 de septiembre.

El economista José de Echave Cáceres, investigador de Cooperacción, cuestionó el intento del gremio minero de sacar adelante proyectos seriamente cuestionados como Tía María en Valle de Tambo.

“Ha sido un evento del empresariado para hacer incidencia y lograr algunas decisiones políticas a su favor, con este discurso de la tramitología, la permisología y las regulaciones ambientales, y ya lo están logrando. Claramente se ve la influencia del empresario”, declaró.

La minería como oportunidad extraordinaria

El discurso del sector minero también se orientó en la importancia de gozar de una estabilidad política asociada a cero conflictividad social, puesto que la inversión minera cayó a pesar de la demanda mundial de cobre por la transición energética, debido -según el gremio minero- a las tensiones sociales que repercutieron en la producción de minerales e inversión privada. Frente a esta óptica del empresariado minero, José de Echave analizó los factores externos que explican con mayor detalle este asunto.

“Los conflictos sociales son lucecitas rojas que nos avisan y tratan de decirnos de que algo no funciona bien. Las inversiones van a caer, pero son producto del contexto internacional que vivimos post pandemia, con una economía global estancada, con un conflicto bélico, con una economía China que no está creciendo. Eso está teniendo un impacto en el flujo económico. Hay varios factores, no únicamente la tramitología, además, las carteras han cambiado, no hay proyectos como Las Bambas, Quellaveco, ampliación de Cerro Verde, ahora tenemos proyectos de menor envergadura. Esto explica la caída de la inversión minera”.

Antesala de lo que se viene

Un día después de la marcha masiva en Arequipa contra el proyecto Tía María, el discurso de Otárola dejó en claro que la represión policial y la violación de los derechos humanos seguirán siendo la única vía que utilizará el régimen de Boluarte para contrarrestar las protestas sociales: “No nos temblará la mano en poner orden en defensa de los derechos de los peruanos y la estabilidad del país”, “Quien diga que el Perú no es un país minero, hace demagogia”.

Por ello, los pormenores del Perumin parece marcar la antesala de lo que se viene para el país, según el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari.

“Básicamente los acuerdos del Perumin 36 es que seguirán apostando por la minería bajo la figura de donde sea y como sea, y que quienes se oponen a los proyectos mineros son ‘antimineros radicales’. Esta vez si sienten el respaldo del gobierno de Boluarte, lo que quiere decir que las amenazas de cambios o reformas en el MINAM y SENACE, en favor de la inversión minera y contra de los estándares ambientales se mantendrán, así mismo han señalado que proyectos como Tia María se deben sacar adelante, cuando la población local en más de una ocasión ha rechazado este proyecto”.

Además, para el secretario ejecutivo, la narrativa y el argumento de los gremios mineros son los mismos. “Los gremios mineros en realidad no quieren escuchar a la gente, solo se habla de aprovechar precios altos de los minerales en el mercado internacional como el cobre. Todo parece indicar que ya hemos vuelto al escenario de reactivación de los conflictos mineros en los próximos meses por lo anunciado en los acuerdos del Perumin realizado en Arequipa recientemente”.

Proyecto Tía María

El vocero de Valle de Tambo, Miguel Meza Idma, consideró que tanto las declaraciones de Otárola como la del presidente de Southern Cooper, Gonzáles Rocha, deberían ser también analizadas, sobretodo cuando Rocha afirmó a su salida de Perumin que “entonces tendremos que cambiar de gobierno”, luego de que el premier afirmara que Tía María no está en agenda del Gobierno. La versión de Alberto Otárola contrastó con lo dicho días antes por Óscar Vera.

“Las circunstancias generadas por nuestras marchas y asambleas populares, han hecho que él (Otárola) diga que el proyecto no está en agenda. Los grandes grupos de poder son los que cambian al gobierno y ponen ministros”, aseveró.

Sobre la importancia del Perumin para las comunidades y población que habitan en zonas con actividad minera, el defensor mencionó que fue un encuentro de empresarios para hablar de las “bondades” de la minería que distan con la realidad.

“Si fuera así, Cerro de Pasco y Cajamarca serían las mejores regiones, pero son los lugares más pobres. Lo que hacen (las mineras) es saquear y dejar todo contaminado. Ahora vamos a fortalecer la organización y rechazar el proyecto Tía María como siempre lo hemos hecho en consultas populares, pues el 27 de septiembre de 2009, el 96 por ciento le dijo no a Tía María, La Tapada, entre otros proyectos mineros”, finalizó.

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Alerta en Madre de Dios por el retorno de la minería ilegal en La Pampa

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De acuerdo con los alarmantes datos de Monitoring of the Andean Amazon Project – MAAP, la minería aurífera ilegal ha retornado en zonas degradadas de La Pampa. Este lugar se ubica dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. Allí se ha incrementado en más del 400 % las infraestructuras mineras respecto al 2021, luego de la denominada “Operación Mercurio” (2019), cuyos resultados se vieron frustrados debido a la pandemia que imposibilitó trabajos de campo y seguimiento a la actividad minera en pozas residuales. Así, en 2021, se identificaron 148 dragas remanentes en espacios degradados, mientras que, en el 2023, se han encontrado 598. Este hallazgo demuestra el retorno peligroso de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

Por otro lado, es importante recordar que uno de los principales impactos que deja la minería ilegal, además de áreas deforestadas, es la generación de pozas residuales donde se concentran sedimentos removidos del suelo y elementos contaminantes utilizados durante la extracción del oro. En ese sentido, se aprecia que, en el año 2021, la gran mayoría de pozas se encontraban inactivas; sin embargo, en el año 2023, la mayoría de estas pasaron a ser pozas activas, incrementándose en un 320 % en tan solo dos años.

Desde Red Muqui, condenamos rotundamente la minería ilegal que, además de generar un impacto negativo sobre el ambiente, conlleva la violación de derechos humanos conexos, vulnera aún más los ecosistemas frágiles y refuerza el despojo y destrucción de los territorios, con grave daño a la vida de las comunidades y población en general.

Fuente: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Crédito de la foto principal: El Comercio

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Población de Llata acata paro contra la empresa minera Antamina por promesas incumplidas

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La población del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, en Huánuco, acató, el viernes último, un paro masivo de 24 horas contra la empresa minera Antamina, en demanda por incumplimiento de una serie de compromisos suscritos en mesa de diálogo con las comunidades.

Se trata de acuerdos pactados hace 6 años como el asfaltado de la carretera Antamina – Llata – Tingo Chico, construcción de instituciones educativas y un hospital, entre otros proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Según la ciudadanía movilizada, a la fecha no se ha cumplido con la entrega del expediente técnico de dicha obra de asfaltado de doble vía. Por el momento, la carretera es un peligro para la seguridad vial.

“No es posible que Antamina que se lleva minerales de este territorio peruano, y tiene tanta riqueza, no sea capaz de elaborar un expediente técnico, tal como se ha comprometido con Provias Nacional a través de un convenio suscrito en el año 2016”, declaró uno de los dirigentes en radio Llata.

Al no tener respuesta oportuna de la minera ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, decenas de personas llegaron hasta el campamento minero Yanacancha. Un grupo ingresó al lugar, volviéndose un momento tenso y crítico en el que se lamenta probables heridos aún no reportados. La Policía Nacional del Perú habría realizado disparos y lanzado bombas lacrimógenas. En las redes sociales circulan fotografías de dos hombres con presuntas heridas de perdigones, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado este hecho.

PERUMIN

Tras la presencia de un fuerte contingente policial, representantes de la empresa minera plantearon a la ciudadanía movilizada reunirse en noviembre próximo para abordar sus demandas; sin embargo, la población solicitó que la fecha sea entre el 10 y 15 de octubre por tratarse de temas importantes para el desarrollo y el bienestar social, no únicamente la construcción de la carretera.

Más tarde, con presencia del fiscal, ambas partes firmaron un acta, en el cual se fija para el próximo 15 de noviembre el desarrollo de una reunión de la mesa de diálogo, fecha donde Antamina deberá entregar el segundo entregable del expediente del proyecto de la carretera. También en el documento se establecen otros acuerdos. Firmaron el Frente de Defensa de los Intereses de Llata, representantes de la empresa y de la población.

Días antes de concretarse el paro preventivo, en la convención minera Perumin, el presidente y CEO de Antamina, Víctor Gobitz, declaró que posiblemente pronto tendría la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y la aceptación de las comunidades para ampliar la vida útil de sus operaciones mineras al 2036.

Crédito de la foto: Radio Llata

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Red Muqui presenta observaciones al Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala ante el Congreso

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El Proyecto de Ley N° 3634, Ley de Minería Artesanal y a Pequeña Escala, presentado por Jorge Luis Flores Ancachi del partido Acción Popular, actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas. El contenido de la propuesta legislativa demuestra claras intenciones de fomento y promoción de la minería artesanal y a pequeña escala, lo cual implicaría un grave riesgo por la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Muestra de ello son los territorios de los pueblos indígenas u originarios que se ven gravemente afectados por el avance de las actividades ilegales e informales, tal como la minería ilegal, que representa un movimiento de más de 1 millón de onzas de oro al año, sin identificación de la trazabilidad de esta. Y sin mencionar los graves daños ambientales que viene generando esta actividad en los territorios andinos y amazónicos.

Se evidencia que, desde el 2002, se ha prorrogado múltiples veces el proceso de formalización minera integral, cuya acción solo ha desatado argucias legales para enmascarar la minería ilegal a través de la informalidad, inscribiéndose en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). De esta manera, los mineros -en vías de formalización- aún tendrían plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar sus instrumentos ambientales y permisos requeridos para la extracción de minerales. Por lo tanto, desde Red Muqui consideramos que las operaciones mineras, cual sea su magnitud, no deberán colisionar con los derechos humanos, el medio ambiente y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas bajo ninguna condición.

En ese sentido, desde el Grupo de Trabajo sobre Minería Artesanal y a Pequeña Escala de la Red Muqui (Grupo MAPE) se presentaron observaciones legales a la comisión dictaminadora, con el objetivo de cuestionar y aportar recomendaciones al proyecto de ley, así como solicitar su archivo inmediato debido al incentivo de la minería ilegal que generaría su eventual aprobación.

Para leer las observaciones legales, aquí.


Crédito de la foto: Tiempo minero

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Gobierno retrocede ante protesta continua de agricultores, pero sigue criminalizando a los dirigentes del Valle de Tambo

Este lunes más de 200 agricultores de Valle de Tambo arribaron en micros y buses a la ciudad de Arequipa, a pesar del hostigamiento policial que los paró y revisó varias veces durante el viaje, para expresar su rechazo al proyecto minero Tía María en la convención empresarial minero Perumin, que iba a visitar la presidenta Dina Boluarte, lo que finalmente no hizo después que organizaciones sociales anunciaran l protestas.

Durante el desarrollo del primer día de la convención, que se extiende del 25 al 29 de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, expresó que el gobierno desea la realización del proyecto minero :“Tía María es un proyecto muy importante para el país. Los deseos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”. El desarrollo en cuestión actualmente se encuentra paralizado, a pesar de que Southern Perú, compañía propietaria de la concesión, en estos años ha instalado obstáculos viales en varias zonas del área del proyecto minero, como denunció recientemente Red Muqui en un reportaje de dos partes.

Las declaraciones del ministro Vera aumentó la indignación de agricultores y organizaciones sociales de Arequipa que se movilizaron pacíficamente por la ciudad hasta llegar cerca del lugar de la convención. Manifestación que realizaron, a pesar de la criminalización del Estado, que tiene en prisión a tres ex dirigentes: Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo y José Julio Gutierrez. El Ministerio Público incluso insiste en la denuncia por terrorismo contra el dirigente de la ciudad de Arequipa, Jorge del Carpio, que fue uno de los dirigentes que firmó la convocatoriaal paro contra Dina Boluarte en enero pasado.

Sin embargo, ayer martes, el premier Otárola declaró en la misma convención que el proyecto Tía María no está en agenda del gobierno y no se encuentra en la lista de proyectos prioritarios. Minutos antes había expresado en el mismo lugar que: “No vamos a permitir que el país caiga en el caos, desorden e inseguridad. El gobierno de Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho, y les quiero decir en esta Convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Quién diga que el Perú no es un país minero, está haciendo demagogia, la minería es esencial para el desarrollo de nuestro país”.

Para el abogado defensor de varios dirigentes criminalizados de Valle de Tambo, David Velasco, el gobierno ha retrocedido porque no quiere arriesgar abrir otro flanco frente al escenario de conflictos que ya enfrenta y debido a las legítimas protestas de los agricultores del valle.

Recuento

En los últimos días ha circulado en las redes sociales, el acta de compromiso que firmó Dina Boluarte en campaña electoral junto a Pedro Castillo, en el que se comprometían a no impulsar el proyecto Tía María. Acta que el dirigente Miguel Meza les hizo llegar en esa oportunidad en la zona, como recuerda el dirigente. Meza también califica de falso el supuesto apoyo de las autoridades locales al proyecto minero, como lo manifestó el ministro de Energía y Minas.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, por su parte expresó: “En el caso específico de Tía María, hemos sido claros. Mientras no solucionemos el problema del agua en la provincia de Islay, no se pueden abordar esos temas”.

Continúa criminalización del Estado

En fecha tan reciente como el 21 de septiembre, el actual vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, recibió una notificación del Ministerio Público para asistir a una audiencia virtual, al igual que otros dirigentes, por haber llamado a manifestarse el 25 de septiembre frente a Perumin. A la cual tanto Miguel Meza como los demás dirigentes no acudieron. Dos días más tarde recibieron una exhortación del Ministerio Público, en la que se les conmina a no protestar ni generar disturbios, ya que de lo contrario serían denunciados.

El abogado David Velasco, asesor legal de los dirigentes, señaló que el Estado continúa con su estrategia de criminalizar a los agricultores de valle de Tambo a través del Ministerio Público, pre juzgando acciones de los agricultores en su legítimo derecho a la protesta, amparado en la Constitución.

Además, agregó que respecto de los dos dirigentes detenidos este año: Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, hasta ahora el relator de la Corte Suprema no ha atendido las llamadas telefónicas para agendar una cita respecto a la queja que presentaron por la ilegal e injusta detención de ambos agricultores. Además el Ministerio Público elevó la reparación civil que deben pagar, a una suma de entre 3 y 4 millones de soles.

“La queja primero fue presentada en febrero del 2022, en abril del presente año fue elevada a la Corte Suprema; luego la corte de Arequipa envió en agosto la documentación que faltaba para que la Corte Suprema tenga mayores elementos en su decisión y hasta ahora no resuelven”.

Frente a esta situación: “presentaremos por escrito la solicitud para que el relator agende una fecha directamente con la Corte Suprema, ya que no nos contestan el teléfono desde noviembre del año pasado”, precisó Velasco de la institución de Fedepaz, miembro de la Red Muqui.

El vocero actual del valle de Tambo, Miguel Meza, declaró que a pesar de la criminalización que sufren, seguirán realizando acciones para que el proyecto minero se archive para siempre. “La visita que hicimos al campamento minero hace más de un mes en que constatamos que Southern ha puesto garitas y tranqueras, de manera ilegal al parecer, la solicitud de información al MINEM sobre el estado actual del proyecto minero y las protestas que hemos desarrollado, han generado que el gobierno retroceda ahora”. Poco después de la visita de campo realizada a fines del mes pasado, efectivamente el MINEM respondió a través del siguiente oficio:

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El proyecto minero Tía María en Valle de Tambo es inviable social y ambientalmente

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Ante los anuncios del régimen de Boluarte, su ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, el premier Alberto Otarola y, los representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation que se han pronunciado a favor de la viabilidad del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo, en el marco de la 36 edición de la convención PERUMIN en Arequipa, es importante señalar lo siguiente:

Es absolutamente irresponsable que el gobierno y la empresa minera busquen retomar el proyecto minero Tía María, conociendo que la población local del Valle de Tambo ya rechazó el proyecto a través de una consulta vecinal (donde el 97% de la población le dijo no a la minería) porque consideran que afectará, de manera irreversible, un valle fértil. Además, resulta inviable ambiental, económica y socialmente. Las declaraciones que hacen estos funcionarios en PERUMIN 2023 contribuyen a azuzar, aún más, la posible reactivación de un conflicto socioambiental en la zona.

El 14 de marzo del 2021 los candidatos a la presidencia y vicepresidencia Pedro Castillo y Dina Boluarte firmaron un acuerdo con la población del Valle de Tambo, en el cual se comprometieron a defender la agricultura y el agua en la zona, así como refrendar el retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay. Además, ambos candidatos acordaron la cancelación definitiva de todo denuncio minero (para hacerse de la concesión de proyectos mineros abandonados) en la provincia, para garantizar el desarrollo del agro, el turismo y la agroexportación, en un compromiso que declara la intangibilidad del valle.

La población de este fértil territorio se ha decidido por el desarrollo de la actividad agrícola, principal actividad económica en la zona, que genera trabajo a miles de personas de manera permanente. Es importante, también, recordar que, durante la pandemia, este valle sostuvo la vida de millones de peruanos y peruanas a través de la producción de la cebolla, ajo, arroz, papa entre otros productos.

Finalmente, la situación de los heridos, criminalizados, detenidos y encarcelados injustamente, así como de los familiares de los fallecidos, en las sucesivas protestas sociales, ha generado la sensación de impunidad, ya que muchos casos no cuentan con ninguna investigación, ni mucho menos sanción a los responsables. Por tanto, pretender revivir un proyecto que tanto dolor ha generado al pueblo del Valle de Tambo, reiteramos, no solo es irresponsable, sino una afrenta a los agricultores y a la población local.

Lima, 26 de setiembre del 2023

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