Pleno del Congreso debatirá Proyecto de Ley que dejaría impune el delito de minería ilegal

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Hoy se debatirá en el Congreso de la República los Proyectos de Ley acumulados N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que proponen nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), así como la ampliación del plazo de inscripción, con la finalidad de impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Mediante la propuesta legislativa se estaría modificando, por quinta vez, el proceso de formalización minera que se inició en el 2002 y cuyo plazo ya se encontraba determinado y ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024. Por lo que, los operadores mineros podrán seguir operando sin estándares mínimos ambientales ni licencia social. Además, las fiscalías especializadas en materia ambiental se verían limitadas en denunciar el delito de minería ilegal tipificado en el Artículo 307-A del Código Penal, porque, entre otros factores, el acceso al REINFO, tal como se está llevando a cabo, es aprovechado por dicho tipo de minería para catalogarse como en “vías de formalización”.

Desde Red Muqui y su grupo de trabajo de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), rechazamos y denunciamos que se impulsen tales proyectos de ley que, lejos de ordenar un proceso de formalización con plazos establecidos firmes, lo amplia y de esta manera, se facilitan las condiciones para el avance y consolidación de la minería ilegal, colisionando con los derechos humanos y ambientales de las comunidades y pueblos.

Lima, 21 de septiembre del 2023.

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Arequipa: Perumin y régimen de Boluarte agudizan tensiones políticas y sociales en Valle de Tambo por Tía María

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El escenario social y político en Arequipa se complica por la pronta llegada de los gremios mineros a esta ciudad, sede oficial de la convención minera Perumin 36, así como la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte, responsable de más de 60 muertes registradas durante las movilizaciones pacíficas contra su régimen autoritario.

La razón de las crecientes tensiones política y social obedece a que en el Valle del Tambo, provincia arequipeña de Islay, los gremios sindicales y de agricultores han rechazado en consultas vecinales y populares el proyecto Tía Maria de la compañía minera Southern Perú. Por ello, la elección de Arequipa como ciudad central de esta convención minera y la eventual visita de Dina Boluarte es interpretada como una provocación para las organizaciones sociales, que anunciaron protestas a partir del 25 de este mes, fecha de inicio del Perumin.

En conversación con Red Muqui, la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín ha evaluado esta situación no como una coincidencia, sino, por el contrario, una estrategia de Perumin y del gobierno para “dar a entender que habrá más trabajo si es que se autoriza el proyecto Tía María”.

“Es claro que los mineros le están preparando el terreno para que diga si Tía María va o no. Nosotros vamos a marchar. La población ya se ha dado cuenta de la forma en la que actúa el gobierno para encarcelar dirigentes, asesinar y criminalizar la protesta”, expresó.

También el Ejecutivo, a través del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, ha admitido la intención de reactivar el proyecto Tía María, durante una entrevista brindada a un medio nacional en mayo de este año. Para el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari, es el mismo gobierno que viene azuzando la movilización, más aún con la posible llegada de Dina Boluarte.

“Decir ahora que se va sacar adelante este proyecto es simplemente una provocación y un llamado a la reactivación del conflicto social en el Valle de Tambo. Recordemos que, en todo el proceso de lucha, muchos hermanos han sido asesinados, heridos, estigmatizados, criminalizados y encarcelados por el solo hecho de protestar, como es el caso de los dirigentes Jaime de la Cruz y Jesus Cornejo”, declaró.

De esta manera, el régimen de Dina Boluarte prueba, una vez más, que existe una alianza con los gremios mineros, continúa Borda. “Buscan imponer por la fuerza y la violencia un proyecto minero cuestionado en la región de Arequipa”.

La postura de la hoy presidenta Dina Boluarte fue diferente en campaña, según Marilú Marroquín, quien precisó que Dina Boluarte firmó un acta con la sociedad civil organizada de Arequipa para el retiro inmediato de la empresa Southern Perú de la provincia de Islay y la cancelación definitiva de los proyectos Tía María y La Tapada.

“Pedimos que diga públicamente si Tía María va o no va. Tenemos un documento que ella firmó en campaña. Ahora está cambiando de posición”, puntualizó.

La importancia del Valle del Tambo

El Valle del Tambo tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur. El principal destino de la producción es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Los alimentos que produce son cebolla, ajo, arroz, papa, caña de azúcar, entre otros productos. Además, genera empleo permanente para más de 10 mil personas en la zona.

La resistencia al proyecto Tía María, ubicado en el Valle del Tambo, se debe a la importancia de la agricultura en el territorio, donde preexisten dinámicas culturales, sociales y económicas. Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de Red Muqui recalcó que se ha mostrado en reiteradas ocasiones de que el proyecto Tía María es inviable técnica y socialmente.

“La empresa minera Southern Perú no ha logrado demostrar que no se contaminarán las aguas del río Tambo, y mucho menos que se garantizará agua para las actividades agrícolas del Valle de Tambo”, finalizó Jaime Borda.

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Relator Especial de la ONU para el derecho al agua destaca en informe alarmante vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático

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La semana pasada el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° período de sesiones el informe final de su visita al Perú.

En su recorrido por el país, que se extendió del 1 al 15 de diciembre del año pasado, Pedro Arrojo, economista de formación y experto en gestión de agua, visitó los departamentos de Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Durante su estadía se reunió con una extensa representación de la sociedad organizada que compartió con él sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Allí el Relator Especial pudo conocer de primera mano la alarmante vulnerabilidad hídrica del Perú ante el cambio climático, acrecentada por el modelo de desarrollo extractivista imperante, y las consecuencias devastadoras que la contaminación tóxica de las aguas genera sobre la población.

La destrucción de acuíferos, humedales, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la gran minería, así como las graves afecciones que esta les provoca agrava el impacto sobre la regulación de caudales fluviales que supone la desaparición de los glaciares, lo que dispara la vulnerabilidad de la mayor parte de la población que vive en la franja costera del Pacífico, frente a los crecientes riesgos de sequía y de inundación.

Respecto a la contaminación tóxica, el Relator destaca los datos del propio Ministerio de Salud, según los cuales más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31 % de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84 % son niños y niñas.

El relator en su informe también nombra los responsables de tan graves perjuicios para la salud pública, pues destaca que la contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales activas y de frecuentes vertidos petroleros, pero también de 7.668 pasivos ambientales mineros, y de los 3.231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Concluye el relator: “ Estamos, en suma, ante un proceso de envenenamiento sistemático de gran parte de la población, especialmente en comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que el cambio climático proyecta un futuro hidrológico sombrío para el país”.

Es especialmente preocupante la situación hidrológica del Perú, ya que más del 97 por ciento de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos discurren por la vertiente del Amazonas hacia el océano atlántico y menos del 2 % del total del agua disponible se genera en la vertiente pacífica, con la paradoja que es en la Región Hidrográfica del Pacífico donde se concentra el 65 % de la población y se produce la mayor actividad económica.

En esta tensa situación hídrica que presenta el país, la acción humana agrava la indefensión frente al cambio climático, constata el informe: “El desarrollo de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, además de generar graves problemas de contaminación, deseca y amenaza lagunas, humedales y bofedales en las cabeceras, como ocurrió con la laguna de Yanacocha y las nacientes del Río Grande junto a la ciudad de Cajamarca”.

En efecto, en la región de Cajamarca, el Relator Especial visitó las lagunas y manantiales de Alto Perú de los que dependen varias cuencas hidrográficas. Inquietan al enviado de la ONU las concesiones mineras solicitadas en la zona y la falta de medidas legales para proteger estos ecosistemas. Además, recibió información preocupante sobre el proyecto minero Río Blanco, que afectaría a los bosques de neblina, importantes para regular las aguas de Piura, como reconoce la Autoridad Nacional del Agua y denuncian las comunidades campesinas.

Entre las principales recomendaciones que debería abordar el país para alcanzar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, destacan las siguientes:

– Transitar a modelos de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que garantice la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas.

– Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades y organizaciones sociales.

– En contexto de escasez o de competencia entre usos del agua, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano.

– Activar la Ley 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas.

– Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

– Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación.

– Fortalecer la gestión comunitaria del agua poniendo en valor la agro ganadería y las actividades económicas tradicionales respetando los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los Pueblos Indígenas.

– Acabar con la criminalización de las personas defensoras del agua, por ello el Gobierno debe reconocer el papel de las personas defensoras del agua.

Puede leer el Informe completo del Relator Especial, dando clic AQUÍ

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Ejecutivo y SNMPE buscan acelerar procedimientos para extraer más minerales desprotegiendo el ambiente y el agua

El actual modelo extractivista que, en beneficio económico y social de las élites, rige el país desde la colonia, se profundizó en los años noventa del siglo XX con la dictadura de Fujimori y durante 30 años se ha perfeccionado con los diversos gobiernos que han ido quitando obstáculos a la inversión minera. Lo que observamos ahora es un contexto mucho más complejo, en el cual nos gobierna un régimen autoritario muy cercano a los intereses de los grupos empresariales mineros que controlan especialmente el Ministerio de Energía y Minas.

Es así que los gremios mineros ya vienen influyendo en el Ejecutivo y han retomado su agenda para plantear modificaciones normativas, para acelerar y simplificar procedimientos administrativos, y así poder prescindir de garantías para la protección del ambiente, el agua y los derechos de comunidades campesinas.

Al realizar un recuento de las normas antiderechos promovidas en este período, estas se inician el 30 de mayo de 2023, a través del Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, con el que se suspendió el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM. El PUPCA era una herramienta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuya creación fue fruto de un proceso de varios años de evaluación y gestión participativa para integrar la certificación ambiental en un solo ente del Estado, y así poder fomentar la transparencia y el acceso a la información ambiental en los proyectos de inversión. Sin embargo, fue suspendido porque los grupos empresariales no están dispuestos a transparentar su gestión y la información ambiental que manejan. En vez de ser suspendido, el PUPCA debió ser reforzado como instrumento legal, y evidencia la negligencia en la gestión ambiental en el contexto de expansión extractiva y de los conflictos socioambientales en territorios originarios.

Al mes siguiente, el 27 de junio, a través de la Resolución Ministerial N° 256-2023-MINEM/DM, se publica el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2017-EM. El objetivo principal de la modificación es insertar artículos a fin de acelerar los procedimientos administrativos para la obtención inmediata del título habilitante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso marco de la certificación ambiental de la actividad minera. Red Muqui presentó observaciones a este proyecto de norma, porque lo considera una grave amenaza a las potestades de la ANA frente a la crisis climática, cuyas consecuencias inmediatas y visibles están sufriendo especialmente las comunidades, que deben hacer frente a la escasez hídrica y la merma en la producción agrícola.

Hace poco más de un mes, en tanto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expuso en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Ante la alerta y la denuncia de la sociedad civil sobre esta amenazante propuesta de los grupos empresariales, la titular del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, salió a desmentir que el gobierno estuviese considerando la fusión de los entes mencionados. No obstante, ello no imposibilita que el mismo Ejecutivo pueda proponerlo más adelante a través de una posible delegación de facultades.

Las amenazas para el medio ambiente, el agua y las comunidades continúan, ya que se evidencia una política permanente de intentar flexibilizar los actos administrativos para alinearlos a los intereses privados, dejando de lado, con ello, el deber de prevención y el principio precautorio, ambos anclados en el derecho ambiental. Además, mediante las propuestas normativas previstas, que implican prescindir de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos, existe una gran probabilidad que aumenten los conflictos socioambientales. Queda patente así, que los intereses económicos de las empresas, hegemónicos en la sociedad peruana, son los priorizados por las políticas de Estado.

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Ayabaca y Huancabamba: comunidades defienden por 16 años territorio, páramos y bosques de neblina amenazados por Río Blanco

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Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

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Alerta: Comuneros de Accomarca de Ayacucho son denunciados por productor minero

En una nota anterior sobre la situación que enfrenta actualmente la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán, Ayacucho) desde Red Muqui se resaltó que dicha comunidad campesina fue escenario de una de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno. Una parte de su población (ancianos, mujeres y niños) fue aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por tropas del Ejército, que ejecutaron órdenes de la cadena de mando, en tanto funcionarios públicos justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona.

A razón de la experiencia sufrida, la comunidad aprendió a organizarse para protegerse y salvaguardar su territorio frente a cualquier riesgo social, político y ambiental. Actualmente, cerca al río Pampa, dentro de los límites de la comunidad está operando el empresario minero Ismael Medina en laconcesión Huacachina 2016 III(1), quien pese a no contar con un Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) correctamente aprobado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, continúa con la extracción de sulfuro de cobre y otros minerales en las zonas de Chamana y Pichuscucho. Por lo demás, no cuenta tampoco con el debido consentimiento de la comunidad campesina.

Debido a lo señalado, el presidente de la comunidad de Accomarca, Zosimo Sulca Quispe, en coordinación con su Junta Directiva cursaron distintas comunicaciones a las instancias de la Administración Pública para entablar un diálogo adecuado para llegar a un acuerdo que les permita vivir sin extracción minera y contaminación en su zona; sin embargo, no hubo respuesta alguna. El pasado 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREMA) ordenó la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana debido al incumplimiento de sus compromisos ambientales. Asimismo, se informó a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huamanga la posible actividad de minería ilegal (2) en la que estaría incurriendo el empresario Medina, lo que derivó en una investigación preliminar en su contra.

En días recientes, debido a la ininterrumpida operación minera, pese a la paralización temporal ordenada por la DREMA, y luego de varias Asambleas Generales, la comunidad campesina, determinó el decomiso de las herramientas y el desalojo del campamento minero. A lo que el operador minero respondió, de manera inmediata, con una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Vilcashuamán aludiendo la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños(3).

En ese sentido, Red Muqui advierte del riesgo en el que se encuentra la comunidad campesina de Accomarca frente a la pequeña minería que no cumple estándares mínimos ambientales, ni respeta las disposiciones de las autoridades regionales. De esta manera, se estaría generando un escenario de conflicto socioambiental por la actividad extractiva y un posible escenario de estigmatización y criminalización de la Junta Directiva de la histórica comunidad campesina.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí.

(1) La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma.
(2) Artículo 307-A del Código Penal.
(3) Artículo 205 del Código Penal.

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Realidades mineras: Southern intenta crear hechos consumados para su proyecto Tía María sin contar con licencia social (Parte II)

En la primera entrega del reportaje, realizado por el equipo de investigación de Red Muqui, se constataron trabajos de remoción de tierras y la instalación de barreras ubicadas en los caminos que llevan a lugares concesionados por la compañía minera Southern. En esta segunda parte nos referimos a sus intentos fallidos para conseguir a toda costa la licencia social del proyecto Tía María, en territorios donde preexisten dinámicas sociales, económicas y culturales.

Para los campesinos, el responsable de la obstaculización con piedras del camino principal sería la propia Southern Perú. Tal vez, el motivo de estas medidas sean la respuesta al anuncio que hicieran los pobladores organizados sobre la visita de inspección. Los campesinos descartan que estas rocas cayeran por deslizamiento producto de alguna lluvia, sismo u otros eventos no registrados en días anteriores. Los únicos presentes en la zona son equipos de la empresa, señalaron los dirigentes. ¿Quién más podría ser responsable de colocar piedras en el camino?

El contingente de la Policía Nacional que estuvo supervisando la concentración de los agricultores desde que se reunieron en Cocachacra y acompañó a la delegación en su trayecto, constató el hecho del camino bloqueado y señaló que la carretera “es una vía carrozable, de penetración que es usada para vías de emergencia”, afirmando que cualquier carro puede pasar por allí. Ante la pregunta respecto a si la zona le pertenece a la compañía, la policía respondió que no tenía información al respecto.

Indignación

Los agricultores manifestaron a Red Muqui que la empresa habría avanzado durante la pandemia sin que nadie se diera cuenta, y así tener listo el inicio de la construcción del proyecto minero. “Las tranqueras sobre caminos y la remoción de tierras son prueba de ello. El vocero Rocha de Southern decía que no harían nada hasta tener la licencia social”, señaló uno de los agricultores.

Southern no cumplió su compromiso

Desde julio 2019, momento cuando el Minem aprobó la licencia de construcción de Tía María, y luego en octubre, cuando el Consejo de Minería ratificó su resolución frente a la apelación del Gobierno Regional de Arequipa; la empresa minera, a través de su directivo principal, Óscar Gonzales Rocha, se comprometió públicamente a no iniciar ninguna acción hasta obtener la licencia social, presionado por las fuertes protestas que se dieron en esos meses y en años anteriores. Los gobiernos de turno también señalaron que Tía María no se iniciaría si no cuenta con licencia social. En junio de este año, durante la XV edición del Congreso Nacional de Minería – CONAMIN 2024, Gonzales Rocha, manifestó que “(Southern) espera concretar lo antes posible los proyectos mineros Tía María, Los Chancas y Michiquillay”, en declaraciones recogidas por ProActivo.

Buscan anular licencia de construcción de Tía María

Además del compromiso social asumido por la empresa, actualmente enfrenta un proceso judicial. En octubre de 2022, la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló en contra de la resolución que otorgó la licencia de construcción al proyecto Tía María. En la sentencia el tribunal argumenta que la empresa minera no demostró los cuidados ambientales necesarios en su EIA de no afectar considerablemente el medio ambiente del valle de Tambo, y porque no había considerado al Frente de Trabajadores de Chucarapi como demandantes en las audiencias del Consejo de Minería en 2019. Actualmente, el juicio se encuentra en segunda instancia debido a la apelación de la empresa minera.

Compañía perdió concesión donde iba a instalar planta de beneficio

El 2020, el Consejo de Minería revocó, mediante la resolución N° 491-2020, la concesión que la empresa Vania había cedido a Southern (a través una transferencia económica), a causa de que la empresa no pagó las penalidades durante el 2017 y 2018, multa que se le impusó por no iniciar ningún tipo de actividad durante 10 años, de acuerdo a la ley. En ese lugar, Southern iba a construir su planta de beneficio para procesar el cobre.

Frente a esta resolución del Consejo de Minería, Southern acudió al Poder Judicial, pero el Décimo Segundo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia declaró infundada la demanda interpuesta por Southern en octubre del 2022.

Actualmente Southern no puede construir su Planta de Tratamiento de Minerales en el lugar indicado por su Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

Empresa presentó ITS el 2018 para mover Planta de Beneficio

Son hechos que la empresa no puede desconocer, ya que les afectan directamente. De hecho, ante algunos de ellos, la compañía minera ha reaccionado como en el caso de la superposición de la futura planta de beneficio de Tía María (tratamiento y refinado del cobre) con la concesión de la empresa Vania; Southern presentó un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) al SENACE para obtener la autorización para desplazar su planta de beneficio 500 metros al suroeste. El Senace lo aprobó en febrero del 2018. No obstante, en la resolución del SENACE señala que eso no implica autorización o licencia para que la empresa opere con el instrumento aprobado.

Para la especialista Ana Leyva de CooperAcción, la única salida legal que tiene la compañía, uno de los mayores productores de cobre del país, es volver a solicitar su licencia de construcción con el ITS aprobado en 2018. Además, explicó que el cambio de lugar de las plantas de beneficio de las empresas mineras son modificaciones significativas que deben contar con una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) y no un ITS, que es un instrumento técnico que se solicita para cambios menores en el desarrollo de los proyectos mineros.

Recordemos que la licencia de construcción de Tía María, aprobada por el Consejo de Minería el 2019, tomó en cuenta el EIA aprobado por el MINEM el 2014. El Consejo de Minería autorizó la licencia de construcción de Tía María, 3 semanas antes de que se venza el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental.

En los distritos del Valle de Tambo, de acuerdo a la versión de los dirigentes, Southern continúa regalando algunas maquinarias e insumos a los agricultores, para así lograr la licencia social del pueblo de todo el valle, a pesar de que su licencia de construcción aprobada está en problemas, judicializada y cuestionada, una realidad que develamos desde la campaña ¿Minería para tod@s? mitos y realidades.

Fotografía: Movilización del año 2019

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Lima: Inician monitoreo de agua, sedimentos y análisis de riesgos de relaves en la cuenca del Río Rímac

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Desde hace décadas, la cuenca alta del río Rímac viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros provenientes de la gran cantidad de actividades extractivas en la zona.

Estos residuos mineros e industriales provenientes de sus operaciones, representan un grave riesgo de contaminación ambiental que, aunado al peligro inminente por el riesgo de desborde de los relaves con alto contenido de material tóxico, ponen en peligro no solo la salud y la vida de las poblaciones ubicadas en la margen del río Rímac, sino también a todos los habitantes de Lima.

Frente a este grave problema, una delegación multidisciplinaria inició el trabajo de monitoreo especializado de agua, sedimentos y estabilidad física de relaves en las microcuencas del Aruri, la quebrada Chinchán y el río Rímac. La delegación estuvo conformada por pobladores de la Plataforma de Defensa Ambiental de la cuenca alta del río Rímac, representantes de la Junta de usuarios del sector hidráulico Rímac – JUSHR, la Policia Nacional del Perú (PNP), la parroquia de San Mateo y de la Municipalidad de Huarochirí. Además, se contó con el apoyo técnico del Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y la Red Muqui.

Cabe resaltar, que se decidió trabajar en las zonas mencionadas anteriormente debido a que estas representan un alto riesgo ya que concentran un alto número de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) sin tratamiento y que tienen evidentes signos de erosión hídrica y eólica que trasladan sus materiales tóxicos a ríos aledaños, para luego desembocar en el río Rímac.

Lamentablemente, a la fecha, ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de estos PAM, por lo que su nivel de riesgo aumenta cada día, pudiendo impactar negativamente en la calidad del agua para consumo humano de Lima. Una situación que requiere de especial atención en este contexto de crisis climática Por ello, hacemos un llamado a la población en general para actuar en la defensa del agua, la vida, la salud y el ambiente.

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Realidades mineras: Southern intenta crear hechos consumados para su proyecto Tía María sin contar con licencia social (Parte I)

Mientras la campaña para fomentar la expansión minera sigue su curso en los medios de comunicación, en los territorios comunales y en espacios de toma de decisiones del ámbito nacional, en el Valle de Tambo, provincia de Islay, región Arequipa, los caminos de uso comunal en zonas concesionadas por la compañía minera Southern se encuentran obstaculizados, una realidad que hoy Red Muqui devela en la primera parte del siguiente reportaje de la campaña ¿Minería para tod@? mitos y realidades.

El domingo 13 de agosto, una delegación, integrada por agricultores del Valle de Tambo, el congresista Pasión Dávila y un equipo de periodistas y observadores, visitó la zona de concesiones y los exteriores del campamento del proyecto minero Tía María , ubicado entre el distrito de Cocachacra y las pampas de Cachendo.

La delegación se vió sorprendida por una primera tranquera con una garita de control de la compañía Southern Perú, propietaria de la concesión del mencionado proyecto, al costado de la antigua carretera de la Panamericana Sur, no muy lejos de las chacras y del canal de agua que abastece a varios distritos de Islay, tal como se muestra en la siguiente imagen satelital.

Las tranqueras de Southern

Los miembros de seguridad de la empresa explicaron que colocaron esa tranquera y garita para “controlar el ingreso de la población que entra a sacar piedra laja de las canteras”; y que el tramo continúa “un poco más allá, hasta que el cerro mismo cierra el camino”, como se escucha en el video. La piedra laja sirve para el uso de construcciones de diverso tipo. Los agricultores de la delegación reconocieron que existen canteras en la zona y que personas de la localidad van a sacar piedras, pero que el camino siempre ha sido de libre uso.

Sin embargo, revisando las imágenes satelitales, con el asesoramiento del ingeniero Bladimir Martínez, equipo técnico del Área Socioambiental de Red Muqui, el camino obstruido por esa barrera instalada por la minera, conduce no sólo a una de las canteras, sino también a la zona donde la empresa pretende abrir un tajo abierto denominado La Tapada, donde se han removido tierras y se hicieron cortes a desnivel desde antes del 2003 (No existen imágenes satelitales previas a 2003). Cabe recordar que, desde 1994 hasta 2010, Southern realizó labores de exploración para su proyecto Tía María que contempla el desarrollo de dos áreas de faenas: La Tapada y Tía María. La zona delimitada por la tranquera, en un futuro se convertirá en la zona de depósito de desmonte del tajo La Tapada, como se observa en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero.


Cortes a nivel del futuro tajo La Tapada. El camino de la primera tranquera conduce a esta zona.


Primera valla de Southern se ubica sobre concesión de otra empresa

De acuerdo al sistema de información geográfica Geocatmin del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el lugar donde se encuentran las mencionadas garitas y la barrera es zona de concesión de la empresa Roca Zeta. ¿Por qué Southern coloca una tranquera en una zona que no es parte de su concesión? ¿La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) cedió esta parte del terreno a Southern?

En la siguiente imagen, el punto negro corresponde al lugar de la caseta y primer portón que le pertenece a la empresa BOMBON CTA, cuyo titular es Roca Zeta.

Según las imágenes de Google Earth, la caseta de control, fue instalada a inicios de enero 2019, y las barreras en momentos posteriores. Esto coincide con la afirmación del dirigente Miguel Meza, quien señala que antes de la pandemia no existían esas tranqueras, cuando él recorrió la zona a inicios del 2020.

Tras realizar la primera constatación de la presencia de la empresa minera, la delegación continuó en las movilidades por la trocha de la antigua Panamericana Sur y observó a menos de 100 metros otra barrera para impedir el paso a otro camino ubicado a mano izquierda de la carretera. Continuando por el trayecto, la delegación se encontró con grandes piedras en la carretera, que bloqueaba el acceso a escasos metros del cual se ubicaría el futuro tajo del proyecto minero y su campamento.

Siguiendo el camino, la delegación observó inesperados cortes en los cerros aledaños y registraron también remoción de tierras al costado de la carretera, tal como se ve en el siguiente video:

Al sobreponer los planos de la zona del Estudio de Impacto Ambiental con las imágenes satelitales, se evidencia que ese lugar corresponde a lo que sería el futuro depósito de desmonte del tajo de Tía María.

Al continuar por la carretera, el grupo constató la presencia de otra tranquera con un camino que, al revisar las imágenes satelitales, cruza el cerro, y llevan hacia la antigua mina Rosa María de Imsa.

La mina Rosa María de IMSA se ubica ahora dentro de la concesión Tía María 5 de Southern y, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en este lugar se emplazaría la tubería para conducir el agua desalinizada del proyecto minero. Surgen las preguntas: ¿Por qué han colocado las barreras al inicio de ese camino? ¿Estarían acondicionando el inicio de las obras en esta zona?


El camino bloqueado con la tercera tranquera conduce a este lugar, la ex mina Rosa María de IMSA

Al proseguir por el trayecto, la delegación registró un número significativo de cortes, a nivel del futuro tajo Tía María, en los cerros aledaños, de acuerdo con el cruce de información con el EIA de Tía María y las imágenes satelitales. También se observó una garita y una nueva tranquera a mano derecha de la antigua carretera, que obstaculiza uno de los caminos a la posible faena minera de Tía María.

Continuará…

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Organizaciones de mujeres de Cajamarca impulsan la actualización de la Agenda Regional de Género

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La desigualdad de género en el país es uno de los principales problemas que afectan de forma desproporcionada el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y niñas, más aún en contextos extractivos. Por ello, las organizaciones sociales de mujeres de la región de Cajamarca iniciaron la actualización de la Agenda Regional de Género a fin de implementarla.

Esta agenda fue elaborada de manera participativa, inclusiva y concertada con las 13 provincias de la región, antes de la pandemia. Frente a los nuevos desafíos para cerrar las brechas de género, el 25 de agosto, se realizó el primer taller de actualización de los seis ejes que contiene dicho documento: educación con igualdad, salud integral e intercultural, violencia de género, empleo con igualdad, participación política y social y, por último, medio ambiente y vivienda segura.

Esta actividad fue liderada por las mujeres defensoras, dirigentes y mujeres autoridades de Cajamarca, con el acompañamiento de Red Muqui y Grufides. También participaron el Colegio de Sociólogos de Cajamarca, Centro Emergencia Mujer y jóvenes universitarios.

Durante el taller, las organizaciones sociales de mujeres decidieron considerar en la agenda el cambio climático, la sequía y el fenómeno El Niño, así como incluir la fiscalización ambiental de la minería formal e informal y priorizar la problemática del embarazo adolescente y de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

La agenda, que es un instrumento de gestión en políticas públicas, es importante para la defensa y conquista de los derechos sociales, políticos, ambientales, culturales, económicos, salud y educación de las mujeres. Por lo tanto, la participación y vigilancia ciudadana son claves para su implementación y sus resultados. De igual forma, las autoridades políticas del ámbito regional y local deben asumir un verdadero compromiso que se traduzca en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en respuesta a la Agenda Regional de Género.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2019 reflejan la problemática de desigualdad de género en la región de Cajamarca, los cuales figuran en este documento:

– La proporción de mujeres de 15 años a más con educación secundaria alcanza el 31 por ciento, mientras que, el de varones es de 39 por ciento. El porcentaje de mujeres con educación universitaria es de 10.2 por ciento, en tanto, en varones alcanza 12.1 puntos porcentuales.

– Entre el 2012 y 2016, en Cajamarca se han presentado 38 casos de feminicidios, de los cuales 13 culminaron en la muerte de mujeres y 35 fueron tentativas.

– Según el Seguro Social de Salud en 2020, el porcentaje de adolescentes, entre 15 y 19 años, que ya son madres en Cajamarca alcanza el 11.3 por ciento.

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