Pronunciamiento por el respeto a la democracia y los derechos humanos

Frente al actual escenario político, de cara a la segunda vuelta para la elección de la Presidencia de la República y la grave crisis sanitaria, económica, educativa y ambiental que enfrenta nuestro país; el colectivo de instituciones que conforman la Red Muqui se pronuncian:

1.- El recrudecimiento de la pandemia desatada por la Covid-19 hace más de un año, ha evidenciado nuestras profundas precariedades como país, no solo en el sistema de atención a la salud, sino también en la atención de la educación, cobertura de internet, apoyo al sector agrario, trabajo digno, entre otros. La defensa del modelo económico neoliberal, vigente desde los 90, ha seguido una línea de continuidad en los gobiernos durante los últimos 30 años, que ha privilegiado la explotación de materia prima y el extractivismo en los territorios, ha concentrado la riqueza en unos pocos y generado grandes desigualdades debido a la reducción de derechos sociales, laborales y sindicales. También ha afectado a la actividad agropecuaria y las posibilidades de desarrollo de otras actividades económicas de los pueblos, dejándolos con impactos negativos en el agua, suelo y aire, con un severo deterioro en la salud de los niños y niñas que tienen altos niveles de metales pesados en su organismo y sufren de desnutrición crónica y anemia infantil. Todos estos aspectos evidencian que este modelo está agotado y que no podemos seguir postergando los cambios estructurales más urgentes que demanda la población peruana.

2.- El modelo económico actual fue sellado con la Constitución de 1993, durante un régimen dictatorial. Hoy son más que evidentes los impactos del extractivismo depredador y el modelo minero actual que solo ha admitido parches sin cambios de fondo. Aún en tiempos de pandemia y de crisis económica, los gremios empresariales mineros y el gobierno insisten con presionar los territorios para sacar adelante proyectos mineros cuestionados como Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca o Río Blanco en Piura. Del mismo modo, se mantiene el despojo de territorios de los pueblos indígenas, atropellando los derechos ambientales, de consulta previa, de tierra y territorio, participación ciudadana, entre otros. Por tanto, urge un proceso participativo de cambio y mejora del pacto social que representa la Constitución Política del Estado, que incluya el ordenamiento del territorio y enfrente la problemática del uso del suelo y subsuelo, la conservación de las fuentes de agua con respeto a las actividades agropecuarias.

3.- La Defensoría del Pueblo asegura que más del 60% de los conflictos son de tipo socio ambiental y, dentro de estos, el 65% de los conflictos sociales está vinculado a la actividad minera. Las poblaciones, comunidades, pueblos originarios y sus líderes y dirigentes que rechazan la actividad minera y extractiva en sus territorios son constantemente estigmatizados, judicializados, criminalizados y privados de su libertad. Inclusive se busca militarizar zonas mineras a través de Estados de Emergencia. Como consecuencia de los conflictos existen casos de heridos y fallecidos civiles, sin ningún tipo de identificación y sanción a los responsables, la impunidad policial se mantiene intacta, debido a las normas que protegen a la PNP. Además, aún se mantienen los convenios de las empresas mineras con la PNP. Una propuesta de gobierno que pretenda mantener vigente este modelo extractivista y su profundización, no representa de ninguna manera una propuesta de cambio y de respeto a los derechos humanos.

4.- No obstante, esta situación crítica que vivimos y la crisis política en la que nos ha sumergido nuestra clase política, no hemos sido derrotados. La solidaridad y apoyo comunitario organizado en los barrios y en las comunidades han servido para ello. Frente a la escasez de alimentos se han implementado ollas comunales, ante la falta de oxígeno se ha movilizado el apoyo comunitario, así como experiencias de alimentación sostenida por la agricultura familiar y otras economías populares. Del mismo modo, frente al intento de golpe a la democracia, la población -sobre todo los jóvenes- se han movilizado masivamente el año pasado para defenderla ante intereses subalternos y de mafias organizadas que todavía se encuentran en el Congreso. Si bien nos encontramos en medio de un proceso electoral, la población continúa con la defensa de sus territorios y también es consciente que no es momento de mantenerse neutrales; que no se puede retroceder en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

5.- Por ello, frente a un escenario ciertamente complejo y altamente polarizado; desde la Red Muqui nos reafirmamos en la defensa férrea de los derechos humanos, sobre todo el de las comunidades afectadas que resisten al extractivismo minero. Sabemos que los cambios que proponemos no vendrán desde el Fujimorismo. El Fujimorismo representa un grave riesgo para nuestra democracia, no solo porque durante su dictadura en los años 90 se violaron derechos humanos, sino porque entre sus miembros se alojan personas sentenciadas por corrupción, quienes en la reciente crisis política del 2020 contribuyeron a desestabilizar el Congreso de la Republica y el Poder Ejecutivo. Tal es así, que hoy, esta “organización política”, afronta un proceso judicial por delitos como crimen organizado y lavado de activos.

Por todo lo mencionado, nos sumamos a las iniciativas de resistencia permanente en los territorios y hacemos un llamado a la población y a las organizaciones de base, a cerrarle el paso al retorno del fujimorismo. No es posible que a 200 años de nuestra vida republicana tengamos que celebrar el retorno del nefasto pasado dictatorial, represivo, altamente corrupto y sangriento. Somos conscientes de que el país necesita cambios, no solo de formas, sino en temas de fondo. Por ello nuestro voto debe ser de respeto por la democracia y los derechos humanos. Votemos sin miedo por el cambio; votemos por el cambio constitucional que abra las puertas a un modelo post extractivista que tenga como centro la dignidad de la gente.

 

Lima, 19 de mayo del 2021.