¿Qué hay detrás de la movilización realizada por pequeños mineros y mineras artesanales?

A raíz de la movilización realizada por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) en Lima, el lunes último, la problemática de la pequeña minería, minería artesanal, informal e ilegal ha vuelto a aparecer en la agenda pública y mediática del país sin un adecuado análisis de fondo.

La expansión de la minería informal e ilegal en los territorios, donde bandas delictivas actúan con impunidad, vulnera los derechos de las personas, del medio ambiente y pone en peligro la vida de la población y de las comunidades. Lo que revela la necesidad urgente de implementar políticas públicas de ordenamiento territorial y estrategias integrales que incluya los componentes ambiental, económico, político, social y cultural en el abordaje. Un ejemplo de la violencia a la que están expuestas sus habitantes es el asesinato de nueve trabajadores de la mina Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, registrado en diciembre de 2023. La minería ilegal e informal, de acuerdo a estimaciones de CooperAcción, ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional y emplea a aproximadamente 400 mil trabajadores.

Sin embargo, ciertas bancadas (Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular) han presentado al Congreso de la República una serie de proyectos de ley acumulados en los N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que -en lugar de ordenar un proceso de formalización con plazos firmes establecidos a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)- facilitan las condiciones para el avance y la consolidación de la minería ilegal.

Asimismo, el año pasado, el Consejo de Ministros del régimen de Dina Boluarte aprobó el Decreto Legislativo N° 1607 que modifica la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077, la que establece lo siguiente:

1. Incluye el artículo 307 A (delito de minería ilegal) como parte de los delitos que van a ser investigados como crimen organizado.
2. La disposición complementaria final especifica que los mineros informales que se encuentran suspendidos del Reinfo y no logren ser incluidos, pero sigan operando, serán sometidos a acciones de seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional.
3. Les da opción a los mineros informales para que presenten al Ministerio de Energía y Minas contratos de explotación o cesión. Así también les da alternativa a los mineros, suspendidos del Reinfo, tramitar este documento en un plazo de 90 días.

Estas modificaciones del decreto generaron la multitudinaria marcha del lunes 22 convocada por las bases y delegaciones de la Confemin cuyos voceros solicitaron la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1607, la ampliación del Reinfo hasta diciembre de este año, entre otros puntos.

Red Muqui y su grupo de trabajo sobre Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE) han advertido acerca de esta problemática que amerita propuestas concretas, sostenibles, participativas y normativas en un contexto de alta conflictividad socioambiental ligada a las actividades extractivas mineras. Conversamos con el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda, quien analizó el tema y los retos que enfrentamos al respecto.

1. ¿Cómo cree que ha sido el proceso de formalización integral para los pequeños productores mineros y mineros artesanales?

En principio, creo que es innegable que la problemática de la minería informal e ilegal está más presente que nunca en nuestro país. Esta semana hemos tenido una masiva movilización de mineros artesanales pidiendo que no se cierre el Reinfo y el proceso de formalización. El problema es que el Reinfo se ha ido ampliando en reiteradas oportunidades y muchas de las empresas no han cumplido totalmente con presentar todos los requisitos para su formalización y, en algunos casos, estas empresas son una especie de fachada. Por un lado, dicen que están en el Reinfo y, por otro lado, operan de forma ilegal en zonas donde está prohibido realizar esta actividad. Entonces, si realmente queremos avanzar en un proceso integral de formalización, se debe hacer un balance general y abordar la problemática desde diferentes niveles (nacional, regional y local), eso implica tener un registro actualizado de los mineros formales y velar por una adecuada gestión de capacidades económicas y de seguimiento técnico de los gobiernos regionales para los mineros que presenten todos los requisitos ambientales y sociales para su formalización.

2. ¿Cuáles son los riesgos de seguir prorrogando el Reinfo y no tener formalizados a los mineros?

Mientras no se cierre el Reinfo, que es uno de los tantos problemas que tiene este sector, no se podrá saber cuántos son y dónde están los mineros ilegales para distinguir quiénes están realmente en proceso de formalización y quiénes son los que hacen la actividad ilegal. Con esa distinción se pueden plantear las siguientes acciones integrales para el abordaje de esta problemática. Además la prórroga del Reinfo, permite muchas veces que los mineros ilegales cuenten con una fachada de estar en vías de formalización para seguir operando mientras que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental se encuentran atadas a iniciar un proceso penal sobre el delito de minería ilegal (307-A del Código Penal) por las constantes prórrogas del Reinfo.

3. ¿Qué propuestas o alternativas a la minería artesanal se podría proponer en los territorios?

Mientras el precio de los minerales siga alto en el mercado internacional, esta actividad seguirá en crecimiento, sobre todo la minería ilegal de oro. Muchos de los territorios donde se han asentado estas empresas sí tienen actividades económicas propias y alternativas como la agricultura familiar, turismo comunitario, productos locales propios, entre otras actividades, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo de las autoridades locales y regionales. Si continúa creciendo la minería ilegal se van a seguir depredando y contaminando los territorios andinos y amazónicos, y va crecer aún más el nivel de violencia y delitos conexos con las que operan. Por eso el abordaje que debe tener el Estado sobre esta problemática debe ser integral.

4. ¿Qué implica o cómo se traduce un abordaje integral por parte del Estado peruano?

Como lo hemos señalado, el problema es complejo y su abordaje integral implica una mirada intersectorial de todos los estamentos del Estado, ya sea en el mediano y largo plazo, algo que lamentablemente no están haciendo desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Por ello, hacemos un llamado a los sectores para que puedan trabajar articuladamente con las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los GORE para que se pueda viabilizar una estrategia adecuada y con pertinencia cultural, que tenga consentimiento libre e informado de las comunidades donde ejerzan su operación minera.