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EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de «adelanto social», permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa «propietario firme» para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

TRAS PROMULGACIÓN DE DECRETO SUPREMO

  • Ejecutivo no ha vuelto a fijar fecha para otro eventual diálogo

Autoridades y representantes de organizaciones sociales de Challhuahuacho (Cotabamba, Apurímac) buscarán reunirse con cada uno de los 12 ministerios y hacer seguimiento al inicio de las obras que cada sector debe ejecutar para que las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, cambien su condición de extrema pobreza; adelantó Juan Pablo Conislla, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de dicho distrito.

Esta decisión fue tomada tras la publicación del Decreto Supremo (Nº 005-2016), que fue parte del compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar “de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho”. Con esta norma se busca institucionalizar los acuerdos arribados en la mesa de diálogo distrital y asegurar la ejecución presupuestal de 700 millones de soles para los próximos años, aunque el decreto en cuestión, no especifica ninguna cifra para este fin.

“La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tal efecto, las entidades del Estado priorizarán su presupuesto a fin de atender los compromisos asumidos, sujetos a su capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, así como al cronograma de ejecución de las respectivas intervenciones”, indica claramente el artículo 2 de la norma.

En ese sentido, Conislla señaló a RED MUQUI que para las autoridades y dirigentes, este dispositivo legal es un primer paso, así como una garantía para asegurar que el próximo gobierno se encargue de cumplir con este distrito que, desde hace 3 años, espera salir de la extrema pobreza, pese a tener actividad minera.

“Somos conscientes de que las obras pendientes en Challhuahuacho no las va a hacer Ollanta Humala, sino el gobierno que entre. Es por eso que nosotros exigimos que se emita esta norma para que esto no quede en promesas y los ministerios estén comprometidos desde ahora”, comentó.

Por su parte, Allen Torres, miembro del equipo técnico de Cotabambas, considera que la emisión de esta norma es un paseo más por parte del Ejecutivo.

“Creemos que este papel es un pasea más del gobierno. Hasta ahora no hay ningún cronograma establecido y mucho menos una fecha de una próxima reunión de trabajo. El último contacto con los funcionarios de la PCM fue cuando nos trajeron el decreto antes de su publicación. Luego de ello no hay más, y hay mucho por hacer”, expresó a RED MUQUI.

El dirigente campesino, Juan Pablo Conislla, también afirmó que tras la suspensión del diálogo programado para el 19 de enero, los funcionarios de la PCM regresaron a Tambogrande el 22 para mostrarles el texto del decreto que fue publicado en el Diario El Peruano el lunes 25 de enero último.

ANTES DE ELECCIONES

No obstante, el texto del decreto indica –en su artículo 3– esta política de desarrollo se pretende llevar a cabo “en el mediano plazo que trascienda al actual Gobierno, en vista que las elecciones generales de abril próximo, determinarán el ascenso de nuevas autoridades nacionales”.

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Son 12, los ministerios que han refrendado este decreto junto con el presidente Ollanta Humala: Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

VER DECRETO 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

TRAS PARO DE 72 HORAS

Durante este tercer día de paro, los representantes de las organizaciones sociales de base, las autoridades y pobladores del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco) iniciarán un proceso de diálogo con los representantes de la empresa minera, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El arribo de funcionarios no impidió que los manifestantes tomen las vías que van hacia la sede de Hudbay y a la de Glencore. Se reportó que se ha suspendido  la salida de carros de Arequipa con destino a Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Aquira (Apurímac). La mesa de diálogo se postergó para hoy debido a que los miembros del Ejecutivo no portaban sus acreditaciones.

Desde las 10 de la mañana, los pobladores se concentraron en el sector de Maraniyoc, ubicado a 3 Km del asentamiento minero.

Hasta el momento, la paralización de 72 horas que enfrentan los pobladores de Velille, tiene masiva concurrencia de la población y respaldo de las 8 comunidades del distrito de Velille y las principales organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas. Por otro lado, existe un fuerte y numeroso resguardo policial del asentamiento minero del Proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay.

Lea también: Chumbivilcas: Pobladores de Velille inician paro y se movilizan cerca al campamento proyecto minero Constancia – Hud Bay

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policía Nacional. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

 DATO:

El proyecto Constancia se ubica en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco / Diario La República

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

OTRO CONFLICTO EN EL CUSCO

Esta mañana el  frente de Defensa de Velille, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y las ocho comunidades de Velille iniciaron  el paro preventivo de 72 horas en contra de la empresa minera HudBay Perú SAC, que promueve el proyecto Constancia en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

Los manifestantes se movilizaron por las principales vías de acceso, para concentrarse a 1 km del campamento minero, cerca de Chilloroya. Ante la Plataforma de Lucha presentado por el Frente de Defensa del distrito de Velille, los representantes de la empresa Hudbay se comprometieron en iniciar proceso de dialogo el día de mañana martes 26 a las 13 horas; en el que participaran los representantes de la empresa minera, las autoridades de Chumbivilcas, los representantes de las 8 comunidades y los representantes de los frentes de defensa. Siendo como intermediario la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ya ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policia Nacional.

La comunidad de Uchuccarco en ese entonces denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2da adenda al convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

Asimismo, vecinos del distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas;  reportaron que a través de la radio emisora local “Qorilazo”,  una persona que se auto identificó como comandante de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Espinar, habría manifestado que los efectivos policiales en torno a la unidad minera Constancia contaban con la orden de disparar a cualquier persona que intentara violentar las instalaciones de la mina. Este hecho provocó el malestar de la población y causó la adhesión de más manifestantes a la protesta.

Durante la jornada los accesos hacia la provincia de Chumbivilcas estuvieron bloqueados y los piquetes de huelguistas señalaron que mantendrán sus posiciones hasta el día 27 de enero, impidiendo el pase de los vehículos. Por otro lado, se informó que un grupo de 200 personas aproximadamente logró acercarse hacia las instalaciones de la mina Constancia; no obstante, los dirigentes del Comité de Lucha han negado cualquier tipo de coordinación con dichas personas.

Hasta el momento, el  Ministerio de Energía y Minas ha enviado un comunicado exhortando al diálogo entre la empresa y la población, así como al cese de la movilización.

Qué es lo que reclaman

– Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

– Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

– Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, asi como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

– Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Algunos antecedentes

Velille es un distrito de la provincia de Chumbivilcas, y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la Canadiense HudBay, junto a los distritos de Chamaca y Livitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Velille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio, estas discusiones estaban centrados en los aportes sociales y ambientales que la empresa deberia realizar para el distrito de Velille.

Parte de estas discuciones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que se habría brindado desde el Gobierno Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constacia.

Tanto el Alcalde de Velille Sergio Valencia Salcedo como el presidente del Frente de Defensa de Velille Guider Puma, han señalado que se ha insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuesta a sus demandas.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras / Observatorio de Conflictos Mineros/ Voces de la Tierra

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras / Voces de la Tierra

ESTA SEMANA

  • Ejecutivo volvió a postergar mesa de diálogo con autoridades y dirigentes de Cotabambas
  • PCM adujo que suspensión responde a que distritos no acreditaron representantes
  • Autoridades y dirigentes buscan audiencia con el presidente Ollanta Humala

Nuevamente se complica la situación en la zona de influencia de proyecto minero Las Bambas. Los dirigentes  de las provincias de Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac), anunciaron el reinicio de una huelga interprovincial indefinida que iniciará en el transcurso de esta semana.

Esta medida de fuerza responde a la suspensión de la mesa de trabajo –y diálogo– por parte del Ejecutivo, que en dos oportunidades (16 de noviembre y 19 de enero) dejó “en el aire” a autoridades y dirigentes, bajo la excusa de no tener acreditados a los representantes de distritos y centros poblados que se encuentran en la zona de influencia de Las Bambas. Esta suspensión les fue comunicada –el mismo día de la reunión– mediante un oficio (del 18 de enero) firmado por el Jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, José Ávila.

No obstante, los alcaldes y dirigentes sociales alegan haber remitido una carta (el 14 de diciembre) con la lista de nombres, así como otros documentos en los que solicitaron la instalación de la Mesa.

Ante este desplante, el alcalde provincial de Cotabambas, tres alcaldes distritales (Haquira, Mara, Challhuahuacho, Coyllurqui), el Gerente General del Gobierno Regional Apurímac, los Frentes de Defensa y comunidades, se reunieron el 21 de enero en la Municipalidad Provincial de Cotabambas (Tambobamba), tomaron los siguientes acuerdos:

  • Declararse en paro provincial indefinido suspendido.
  • Conformación de una Comisión Mixta integrada por autoridades políticas y dirigentes de la provincia de Cotabambas y Grau para viajar a Lima buscar una audiencia con el  Presidente de la República.
  • Terminar la reunión con una movilización pacífica por las principales arterias de la ciudad de Tambobamba, liderada por las autoridades locales y el representante del Gobierno Regional.

En cuanto a la fecha de inicio del paro interprovincial, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello, refirió que no pueden revelar la fecha exacta de inicio de la huelga, pues están temerosos que agentes de inteligencia enviados por el Gobierno, puedan identificar a los dirigentes.

«La huelga se inicia lo más pronto posible, en esta semana. Hay personas que nos graban y van a los domicilios para indagar sobre nuestras actividades por eso no podemos revelar nuestras coordinaciones», comentó al diario La República.

En la asamblea de Tambopata, autoridades y dirigentes reiteraron que el principal punto a tratar en la Mesa de Trabajo y Diálogo, son las modificaciones realizadas al EIA por parte de la empresa MMG, ya que el proyecto minero Las Bambas se ha concentrado en las provincias de Cotabambas y Grau piden que se determine adecuadamente los impactos y se adopten las medidas necesarias para que se eviten daños ambientales.

 

Fuente: Diario La República / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: RED MUQUI SUR

  • Hace 10 días el Ejecutivo se reunió con alcalde y 34 dirigentes en la PCM y garantizó emitir norma
  • Desde hace 12 años se sostiene una mesa de diálogo para cambiar situación de pobreza extrema del distrito
  • Obras de desarrollo social e infraestructura compromete a cinco ministerios

El alcalde, Antolín Chipani y dirigentes del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) decidieron suspender la reunión de diálogo con el Ejecutivo, debido a que hasta ahora no se emite la norma que autoriza la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo social e infraestructura en beneficio de los centro poblados que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Durante la reunión programada para este 19 de enero, presidentes de las comunidades indígenas, dirigentes de las organizaciones sociales y autoridades locales de Challhuahuacho estuvieron esperando en vano la presentación del decreto supremo que garantizaría la ejecución de 700 millones de soles en obras y programas para combatir la pobreza extrema en el distrito donde opera la empresa minera MMG.

Al ver que los funcionarios de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, no cumplieron el acuerdo de elaborar este decreto supremo, los dirigentes y autoridades encabezadas por el alcalde Chipani, decidieron y plantearon que no hay espacio para más ofrecimientos, ya que desde el 2004 el Estado viene incumpliendo los acuerdos tomados en conjunto con la población.

“Esta vez hemos decidido luchar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de Challhuahuacho, que nos ha costado más de medio año de trabajo. (…) damos un plazo de 48 horas para que el Dr. (José) Ávila como alto comisionado de la ONDS-PCM y los Ministros del MINEM, MINAM, MINAGRI, MVCS estén en el distrito de Challhuahuacho, y entreguen a la población el DECRETO SUPREMO que garantice la inversión de 700 Millones en nuestro distrito, para revertir la situación de pobreza extrema en la zona de influencia del mega proyecto minero MMG – las BAMBAS. Propiedad del Estado Chino”, emplazó el alcalde Chipani a través de su cuenta de Facebook.

Decreto Supremo fue un compromiso

El 8 de enero último, el Ejecutivo ser reunió en la PCM (sede Lima) con el alcalde Chipani y dirigentes comunales de Challhuahuacho, en dicho encuentro los funcionarios de la ONDS-PCM, dirigida por José Ávila, firmaron un acta de compromiso en donde se acordó la emisión de un decreto supremo -así como una serie de resoluciones ministeriales-  que garantizarían la ejecución de los proyectos en este distrito.

Hace 13 días en Lima y a su salida de la reunión con la PCM, el alcalde de Chalhuahuacho indicó que el contenido de las resoluciones incluirían los proyectos que ofreció el gobierno durante la mesa de diálogo desarrollada entre febrero y agosto del año pasado. Estos dispositivos legales tienen que ver con la construcción de puestos de salud, centros educativos, vías de comunicación, instalación de agua y desagüe, además de luz eléctrica, obras estimadas en 700 millones de soles.

En ese tiempo, Antolín Chipana indicó al Diario La República que la razón para negociar la emisión de la norma, respondía a que el gobierno de Ollanta Humala se encuentra de salida.

“Estas obras son para la provincia de Cotabambas y la región de Apurimac. Y es el resultado de la gestión del alcalde de Challhuahuacho y el resultado del compromiso de nuestro pueblo, el sacrificio de los hombres y mujeres YANA WARAS, quienes luchan por conseguir una vida digna para todos y todas”, señaló un comunicado publicado en la cuenta personal de Facebook del burgomaestre.

DATO:

Challhuahuacho pertenece a la provincia de Cotabambas, que en setiembre de 2015 estuvo inmersa en un paro interpronvincial de protesta por causa de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. Alegaron que la minera china MMG no respetó los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información.

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

  • Organismo especializado comenzará sus funciones a partir del 28 de diciembre
  • Este 2015 se espera terminar transferencia con MTC y el 2016 con MINAGRI y Vivienda
  • Jefe del SENACE informó que cuenta con presupuesto de S /. 24 millones y 130 profesionales permanentes

Esta mañana, diversas organizaciones de la sociedad civil avocadas al tema ambiental, entre ellas RED MUQUI, fueron convocadas a una reunión con el Jefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Patrick Wieland, quien informó sobre la Resolución Ministerial  Nro. 328-2015- MINAM (Publicada en el diario oficial El Peruano) con la que culmina el proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en materia de minería, hidrocarburos y electricidad.

Durante la presentación “Enfoque y Perspectivas del SENACE”, Patrick Wieland, aseguró que en esta etapa, el SENACE será mucho más estricto con los consultores que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), debido a los malos resultados en los que se ha detectado que los EIA han sido “copy y paste” de otros anteriores. Para evitar estas malas prácticas, Wieland dijo que se apunta a que las evaluadoras tengan un comportamiento ético en el campo, y para ello, indicó que se busca estandarizar los procesos de evaluación ambiental.

La norma que se ha aprobado, sube la valla de las consultoras que participan en elaboración de los EIA”, aseveró.

En cuanto a presupuesto, el jefe del SENACE reconoció que este organismo ya cuenta con una partida de S/. 24 millones – casi el doble del que se tenía antes- de los cuales, S/. 4 millones serán destinados solo a la Dirección de Certificaciones Ambientales.

¿Participación social?

En este encuentro, Wieland se refirió a la participación ciudadana y dijo esperar un diálogo permanente con la Sociedad Civil y varios aportes de este sector para mejorar los EIA. Asimismo, expresó su deseo de que las comunidades puedan hacer una evaluación y seguimiento más efectivos a los EIA.

Sin embargo, Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, le recordó que el desafío que tiene el SENACE es la flexibilización de los marcos normativos han ido dejando los “paquetazos ambientales”, incluso en lo que se refiere a los EIA.

De igual modo, desde la RED MUQUI se le recordó que hasta el momento los mecanismos de “participación ciudadana” son procedimientos meramente informativos que no inciden en la decisión final de las instancias competentes del Estado.

Otra preocupación de la RED MUQUI es, si es que el SENACE  tendrá mecanismos de verificación de los EIA. “Solo así se puede otorgar una autorización adecuada, eso implica recursos que son necesarios para ser coherentes con una política de transparencia de la gestión”, se le aseveró.

¿Consulta previa?

Otro punto cuestionado por RED MUQUI al SENACE, es cómo lograr un proceso participativo para establecer el área de influencia de un proyecto minero.

“La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 16 expedientes de aprobación de EIA debió aplicarse la consulta previa. En varios de estos estudios incluso se ´presentaron´ supuestas actas de asambleas en donde las comunidades renunciaban a sus derechos de reconocerse como pueblos indígenas, lo que sería nulo ya que los derechos son irrenunciables”. También se han presentado documentos donde se ha negado la existencia de pueblos indígenas en zonas de influencia directa de las empresas mineras sin que consten en el expediente, informes técnicos emitidos por el viceministerio de interculturalidad, o estos no tenían el sustento técnico necesario.

Capital humano del SENACE

Ante varias ONG, Wieland señaló que el personal del SENACE cuenta con profesionales que provienen, tanto del sector público como del privado, y con una experiencia no menor a los 6 años en la elaboración y evaluación de EIA.

Para comenzar son 130 profesionales técnicos en staff, entre ingenieros ambientales (26), biólogos (21), ingenieros geógrafos (8), ingenieros geólogos (7), entre otros; además de una cartera de consultores a contratar, según dijo el encargado máximo del organismo.

Durante la reunión, el Jefe del SENACE aseguró haber avanzado en tener convenios con los Gobiernos Regionales a quienes se ha capacitado sobre EIA y Certificación Ambiental Global (CAG); así como haber firmado convenios con la ANA, OEFA, OSINERGMIN.

Funciones y competencias

Wieland enfatizó a la Sociedad Civil que el SENACE no promueve inversiones, y por ello se basan en garantizar una evaluación técnica, objetiva y especializada de los EIA. Además remarcó que tampoco se encarga de crear normativa, ni de sugerirla, pero sí puede generar procedimientos y reglamentación para su aplicación.

Según la Resolución Ministerial, Este organismo tendrá como función principal la revisión y aprobación de los EIA detallados y sus respectivas actualizaciones y modificaciones.

De igual modo se encargará de la revisión y aprobación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), al igual que de las solicitudes de clasificación y aprobación de los términos de referencia de estos estudios; del plan de participación ciudadana; del acompañamiento en la elaboración de la línea de base, y de otros actos o procedimientos vinculados a las acciones señaladas.

Además, el SENACE administrará el Registro de Entidades Autorizadas a elaborar estudios ambientales y el registro de certificaciones ambientales concedidas o denegadas.

Respecto de la Certificación Ambiental Global (CAG), la llamada «ventanilla única» ´para aprobación de los «títulos habilitantes», entrará en vigencia a partir de la aprobación del Reglamento del Título II de la Ley 30327, que debe regular el procedimiento para su aprobación.

Qué dice la Defensoría

Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que la transferencia total de funciones del SENACE era un asunto pendiente. “Ahora vamos a contar con un SENACE que le permitirá el Estado generar confianza entre la población. Si había algo deficitario, era que los EIA estaban a cargo del sector encargado de desarrollar la minería, es decir, el Ministerio de Energía y Minas. Ahora lo que tenemos es una organización más plural y altamente técnica”, señaló  a RED MUQUI.

Ya que el término de transferencia de funciones, y próxima puesta en marcha del SENACE, no son retroactivas, Luque indicó que la conflictividad actual se debe seguir enfrentando por medio de los procesos de diálogo.

“Se sabe que las leyes no son retroactivas en el Perú, entonces para los conflictos que se presenten en el futuro -que esperamos no se presenten- en base a nuevos proyectos mineros, petroleros y gasíferos, ya contamos con el SENACE como la institución encargada de ver los EIA detallados”, comentó.

Precisamente la Defensoría presentó hoy el resultado de su último estudio sobre conflictos sociales referidos al recursos hídricos entre el año 2011 y 2014.