El río Moche, La Libertad, ha sido declarado en emergencia por la Autoridad Nacional del Agua. La Administración Local del Agua Moche Virú Chao ha dado cuenta de una unidad de producción de la Compañía minera Minera Quiruvilca SA la cual viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan al Río Moche. Así lo señala la Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA.

Como se sabe, el Río Moche es uno de los más importantes de la región norteña de La Libertad y sus aguas riegan cultivos de la zona. Ante el riesgo que implica su contaminación se ha declarado en emergencia por 60 días. La Autoridad Nacional del Agua señala en la Declaratoria de Emergencia que se viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan al Río Moche porque existen pasivos ambientales no remediados en la zona, sobre todo, entre los tramos comprendidos entre las Canchas de Relave Santa Catalina y San Felipe. En el documento se suscribe que las aguas del río presentan una coloración amarillenta. La situación se agrava con la presencia de mineros informales e ilegales que vienen extrayendo mineral en la unidad de producción de la Compañía Minera Quiruvilca SA. Esta compañía bandonó  pasivos y no realizó tratamiento de las aguas ácidas provenientes de las relaveras.

La propuesta de declaratoria de emergencia de recursos hídricos se ha elaborado de acuerdo a las acciones realizadas por el OEFA y la Dirección General de Minería del MINEM y cuenta con la conformidad del Ministerio del Ambiente.

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Solo el 10% de los pasivos mineros de San Mateo tiene plan de remediación aprobado

No solo es Tamboraque. El Ing Edgar García – Gerente de operaciones de Activos Mineros dio a conocer que en total son 245 pasivos ambientales los que ponen en riesgo la salud de las personas en la cuenca Alta del Río Rímac en San Mateo. Sin embargo, solo 10% de ellos tendría un instrumento técnico aprobado como lo aseveró el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. El Foro “El Rímac en peligro” que se realizó en el Congreso de la República el 25 de junio, reunió a diferentes autoridades y representantes de instituciones del Estado para discutir, con las comunidades y organizaciones miembro de la Plataforma por la la defensa y promoción del medio ambiente de la Cuenca Alta del Río Rímac, sobre la contaminación del Río Rímac y su afectación en la población.

“Sabemos que existen pasivos en la cuenca de Aruri, que son más grandes que los que se ven en Tamboraque. Cuando viene el viento, los elementos tóxicos vuelan y contaminan el ambiente” comentó la ingeniera Paula Meza Porta de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS. Por su parte, Genaro Aguilar- Representante de la Comunidad Campesina de San Mateo de Huanchor, afirmó «nuestro trabajo ha sido, de forma conjunta con otras instituciones, demostrar como el Río Rímac está contaminado, este río, además, transporta los metales tóxicos a la capital.” Los comuneros de San Mateo, preocupados por la situación ambiental y por el estado del Río Rímac, emprendieron una campaña y solicitaron información a autoridades.

Durante el evento se dio a conocer que, el Ministerio de Energía y Minas – MINEM, está otorgando derechos de reaprovechamiento de pasivos ambientales a comunidades que no tienen apoyo técnico ni presupuesto para realizarlo, como es el caso de la Comunidad Campesina de Viso, a quien se le otorgó dicho derecho, sin que sus dirigentes conozcan de la solicitud. En la práctica, el Estado opera de ésta manera, para ya no asumir responsabilidad alguna sobre la remediación de los pasivos mineros. Ante este cuestionamiento, el representante del MINEM contestó que “la norma establece que se pueden solicitar el reaprovechamiento de los pasivos, si se cumplen los requisitos, como funcionarios no podemos hacer nada al respecto”.

Por su parte, María del Carmen Quevedo Caiña, representante de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente – MINAM, cuando se le consultó sobre la remediación de pasivos, afirmó : “lo que le corresponde al MINAM es un rol rector, que da las políticas, que da las estrategias, marcos normativos, pero que no ejecuta directamente los proyectos, por eso este tipo de acciones (proyectos de atención de pasivos ambientales) no está dentro de las competencias del MINAM”.

Heydi Araujo Sifuentes, Coordinadora de Gestión Socioambiental del Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), comentó que solo el 10% de los más de 200 pasivos ambientales en la zona de la Cuenca alta del Río Rímac tiene planes de cierre o de post cierre. “Estos están siendo objeto de supervisión ambiental”, aseveró la especialista. Agregó que son dos las empresas a las que se le está haciendo seguimiento: la empresa Quenuales y Activos Mineros. Dijo que están iniciando un proceso administrativo sancionatorio en lugares donde no están cumpliendo los instrumentos de gestión ambiental.

Lorenzo Cubas P. de la Dirección de Calidad y Evaluación de la Autoridad Nacional del Agua del ANA, aseveró que “Según el ANA son casi 500 fuentes contaminantes a lo largo del río Rímac, todo ello está en los informes de monitoreo participativo que se hacen”. Por su parte, Miriam Vásquez Osorio representante de SEDAPAL aseguró que existe un problema de contaminación por arsénico en el Río Rímac que va en aumento en los últimos años, y que debería ser ANA quien investigue qué está pasando con los niveles de arsénico.

Finalmente, la congresista Marisa Glave dio a conocer un proyecto de Ley para modificar la Ley 28271 “Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minería”, de modo que se puedan emprender acciones de remediación efectivas.

Con información de portaldeturismo.pe

El presidente la presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) expresó su preocupación por la situación de Winikunka, conocida como la Montaña de siete colores, ubicada en la cordillera de Vilcanota en Cusco.

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) afirmó que “No es posible que INGEMMET esté promoviendo hace varios años los Geoparques y que, al mismo tiempo, otorgue una concesión minera en un escenario claramente identificable como Parque Geológico. En todo caso, esperamos una precisión contundente de que Winikunka permanecerá intocado y su uso turístico sostenible, garantizado”

Agregó que “al margen de que el proceso de declaración como área de conservación no esté concluido, es evidente para todos de que se trata de un espacio natural privilegiado de elevada importancia para la diversificación de nuestra oferta turística. Es absurdo prescindir de esta consideración elemental”

Según cifras de MINCETUR, solo Cusco recibe alrededor de 3 millones de turistas al año y entre sus mayores atractivos se encuentran paisajes naturales como Winikunka, donde realizan caminatas los turistas. La Montaña, también, tiene un valor cultural para las comunidades que viven alrededor.

Hace unos días se supo que la montaña, como informó la ONG CooperAcción, fue concesionada por INGEMMET el 16 de marzo pasado a favor de la empresa minera Minquest Perú, cuya propietaria es la firma canadiense Camino Minerals, según la Resolución de Presidencia N° 042-2018, en el territorio propuesto como Área de Conservación Regional Ausangate.

Finalmente, el Portal de Turismo.pe señala que “aunque es muy importante controlar los impactos negativos del turismo, es evidente que Winikunka ha permitido desarrollar una alternativa económica y de empleo para la población local. Recordemos que, a diferencia de la minería que tiene otras virtudes, el turismo es intensivo en mano de obra. La actitud de la comunidad anfitriona debería ser otro factor a considerar”.

La Organización de Naciones Unidas llama la atención sobre la consulta previa y sobre los conflictos sociales que se generan cuando las empresas que no están cumpliendo el derecho a la salud. En mayo de este año, la ONU, emitió el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, producto de la visita que realizó la comisión especial al Perú del 10 al 19 de Julio del 2017. Durante su estaría en Perú, los expertos se reunieron con diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Red Muqui estuvo presente y expuso los casos que se viene acompañando como Pasco y La Oroya, donde hay graves afectaciones a la salud por actividades extractivas mineras.

El informe afirma que en promedio de los 200 conflictos sociales que ocurren en el país al año, el 45% se encuentran en el sector minería y las principales causas de estos conflictos son los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la falta de transparencia y de acceso a la información y la limitada participación de las partes interesadas en los procesos de adopción de decisiones.

Dentro de su diagnóstico el informe señala que la mayoría de presuntas afectaciones a los derechos humanos a causa de las actividades de empresariales están relacionadas con el impacto ambiental y social de proyectos a gran escala.[1] Se señala, también, que el Estado Peruano se ha comprometido a llevar a cabo un proceso participativo e incluyente para la elaboración del plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos en 2019.[2]

A percepción de Grupo de Trabajo, los vínculos de las esferas normativas y las empresas y los derechos humanos no se están examinando suficientemente. Así, subrayan la necesidad de que las políticas de los ministerios y departamentos gubernamentales sean más coherentes, en particular las políticas de aquellos que se ocupan de temas relacionados con los derechos humanos y las de los que configuran prácticas empresariales.[3]

También, ha recalcado el carácter obligatorio de la consulta previa en territorio indígena, ya que, muchos de los conflictos se generan por la controversia con las empresas que habían adquirido tierras sin tener en cuenta los derechos territoriales de las comunidades indígenas y no indígenas.[4]

Así, dentro de las principales recomendaciones que formula el grupo de Trabajo se encuentran los temas relativos a la realización de la consulta previa de manera oportuna:

d) Adopte medidas para velar por que se celebren consultas previas e informadas con los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales y porque estas se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles, de conformidad con las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, en particular por lo que respecta a su consentimiento libre, previo e informado. Esas medidas deberían incluir una mayor orientación y apoyo para los procesos de consulta, la fijación de plazos para la celebración de las consultas y las diferentes fases de estas, la adopción de medidas adicionales para asegurar la participación informada, como la prestación de asistencia jurídica y técnica, y el pleno acceso a la información, así como la imposición de sanciones efectivas en caso de incumplimiento;

e) Cree un órgano o institución específica que se encargue de llevar a cabo las consultas con los pueblos indígenas, que sea independiente del ministerio responsable de otorgar las concesiones o de controlar las empresas estatales implicadas;

También se señala que se ejerza la vigilancia sobre las empresas en materia de derechos humanos:

h) Exija a las empresas estatales que incorporen el respeto de los derechos humanos en sus políticas y procedimientos y que ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores;

i) Asesore a las empresas estatales y privadas sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, incluida la forma en que deben hacer públicos sus esfuerzos por identificar los riesgos para los derechos humanos y las medidas que deben adoptar para prevenir esos riesgos y hacerles frente. Por lo que respecta a los sectores en los que los riesgos para los derechos humanos son especialmente considerables (minería, petróleo y gas, agroindustria), el Gobierno debería considerar la posibilidad de introducir la obligación de presentar informes y el ejercicio de la diligencia debida en materia de derechos humanos.

La realización de los EIA con enfoque de derechos humanos:

k) Integre los aspectos de derechos humanos en los sistemas y procedimientos de las evaluaciones del impacto ambiental (EIA)

 

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[1]Pág. 4

[2]Decreto Supremo N° 002-2018-JUS del 01 de febrero de 2018.

[3]Pág. 5

[4]Pág. 7

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