Los desafíos del nuevo gabinete: atención a la pandemia y reactivar la economía de la gente.

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Hemos tenido una semana muy movida en términos políticos, en realidad vivimos una crisis permanente desde hace mucho tiempo en el país. Esta semana el gabinete Cateriano presentó su propuesta de trabajo ante al Congreso de la República para lo que será el ultimo año de gobierno de Vizcarra; sin embargo, esta presentación estuvo plagada de una serie de incidentes que terminaron por rechazar el voto de confianza que había solicitado el ahora ex premier Pedro Cateriano. Varios fueron los motivos por las que el Congreso ha rechazado este pedido, entre los principales, sin duda, la ausencia de políticas claras para enfrentar la pandemia de la Covid-19; el acento exacerbado en priorizar la inversión privada minera; sobre este punto Cateriano llegó a señalar que aquellos lugares donde se rechazó la minería en el pasado, como en el valle de Tambogrande (Piura), está hoy destinado a la minería ilegal y la contaminación ambiental que genera, hecho que fue desmentido después por el mismo alcalde de ese distrito.

 

Finalmente, el otro motivo de rechazo a la confianza del gabinete Cateriano fue por la “presión” de algunos grupos de poder que están en el Congreso y que buscan traerse abajo la reforma universitaria, aunque en los medios nacionales se ha querido hablar solo sobre este último punto.

 

El nuevo gabinete recompuesto y liderado esta vez por el ex ministro de Defensa, Walter Martos, tiene varios desafíos en frente; el más importante es encarar la pandemia de la Covid-19, que en los últimos días ha tenido un crecimiento exponencial de contagiados (450,000) a nivel nacional, así como en la cifra de fallecidos (196 muertos por día). En las últimas semanas el virus se ha propagado al sur del Perú, donde la situación se torna cada día más dramática debido a la precariedad del sistema de salud. Así mismo las comunidades campesinas, siendo una población vulnerable, corren el riesgo de verse afectados por la Covid-19; por ello es urgente que el nuevo gabinete y el MINSA implementen estrategias comunitarias de atención a la salud de estas poblaciones.

 

El otro desafío que debe encarar este gabinete es la reactivación económica, pero no solo priorizando la actividad minera del gran empresariado privado. La gente necesita trabajar, es cierto, por ello hay que reactivar la economía de la gente apoyando a las pequeñas y microempresas, al agro y las iniciativas locales que están surgiendo a nivel nacional. Desde la Red Muqui esperamos que el presidente Martin Vizcarra y el nuevo gabinete presidido por Walter Martos centre su atención en estos temas.

 

Finalmente, una comisión de alto nivel se ha constituido en Espinar el día de hoy, presidido por los ministros de Energía y Minas y de Agricultura, esperemos que finalmente se instale la mesa de diálogo y se escuche y atienda al pueblo de Espinar en sus demandas, y esto para por escuchar a los actores sociales, a las organizaciones y comunidades afectadas por la actividad minera, y no solo a las autoridades locales o sectoriales, lo que suele pasar cuando se instalan estas mesas de diálogo.

 

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Organizaciones de Morococha – Junín presentan observaciones a la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Toromocho de Chinalco

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A fines de julio, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PASSDIH y Red Muqui, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, al Proceso de Elaboración de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental – MEIA que corresponde al Proyecto de Expansión de la Unidad Minera Toromocho de propiedad de la empresa Minera Chinalco Perú SA.

Estas observaciones tuvieron como finalidad poner de conocimiento de SENACE sobre algunas imprecisiones en las que incurrió la Modificación del EIA del proyecto Toromocho. Las observaciones se centran en los siguientes puntos:

  1. Se observó una grave omisión en la MEIA, respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Peru SA. Inicialmente el área de influencia directa social era la Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados. Este grupo de personas no ha sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios; más aún cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural y de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
  2. Se planteó observaciones contra la omisión y modificación de compromisos del EIA primigenio referidos a los impactos socioeconómicos, no cumplidos por minera Chinalco. En el EIA primigenio se contemplaba una serie de compromisos en materia del componente socioambiental: 1) Campamento Minero dentro de la nueva Morocha para favorecer el dinamismo económico en la zona muerta comercialmente 2) Adquisición de Bienes y Servicios con preferencia a la zona AID del distrito de Morococha y 3) Satisfacción de contratación de las cuotas de empleo con preferencia a los pobladores del distrito de Morococha; las cuales no han sido ratificadas en este MEIA.
  3. Respecto al componente de recursos hídrico, se observó qué los principales componentes de la ampliación del proyecto minero Toromocho son los depósitos de desmontes, el tajo abierto y el depósito de minerales de baja ley, con las que se busca ampliar su producción a 170,000 toneladas por dia (tpd); y, para lo cual requerirán 817 litros/segundo de agua. Es decir, necesitan 331 litros/segundo adicionales a lo estipulado en el EIA 2010, y este será obtenido de pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables impactos ambientales.
  4. Finalmente se platearon observaciones respecto a la participación ciudadana para la evaluación del MEIA. Se evidencia que existe una omisión de la aplicación de normas relativas a los Pueblos Indígenas para el proceso de participación, ya que conforme a la identificación del área de influencias directa están las comunidades campesinas San Francisco de Asís de Pucará, Yauli y Pachachaca y su Anexo el Barrio San miguel Centro poblado Manuel Montero. Al igual que la falta de idoneidad en los mecanismos de participación que se han propuesto para la evaluación del MEIA, pues la publicación y difusión de avisos, pegado de carteles, la implementación de una oficina de información virtual, entre otros no garantiza un pleno acceso a la información de los pobladores.

Con estas observaciones, el Frente Amplio de Defensa delos Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha en Junín y pobladores locales, afectados por el proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco SA, buscan que el SENACE pueda advertir las omisiones en las que ha incurrido el MEIA y que tome en cuenta estas observaciones al momento de revisar y aprobar el proyecto minero; de lo contrario se legitimará la afectación a los derechos ambientales y los derechos individuales y colectivos de los pobladores de Morococha.

 

 

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Análisis: Gobierno reduce y flexibiliza estándares de protección ambiental en exploración minera

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Análisis de los cambios y modificaciones al reglamento ambiental al D.S. Nº 019-2020-EM para exploración Minera.

Desde la Red Muqui se ha elaborado un documento de análisis del Decreto Supremo N° 019-2020-EM emitido el pasado 30 de julio del 2020, que modifica el reglamento de protección ambiental de las actividades de exploración minera, reduciendo estándares de protección ambiental y flexibilizando los procedimientos de evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental para exploración minera.  A continuación compartimos las principales conclusiones del informe:

  1. El Decreto Supremo N° 019-2020-EM ha sido emitido por el sector Energía y Minas, y suscrito por el Ministerio del Ambiente sin mayor fundamentación técnico-ambiental de la valoración de los impactos y daños ambientales que se generan en la fase de exploración. Contiene modificaciones normativas referentes a las facultades de regulación y fiscalización. Así como procesos relativos a otros derechos conexos como el de participación ciudadana ambiental.
  2. Se emite en un contexto de aguda crisis económica producto del brote de la COVID-19, donde el sector minero busca acelerar sus procesos productivos y para ello la etapa de exploración minera es clave para la reducción de costos e ingreso al territorio, esto en el marco de la promoción de la reactivación económica, donde el Estado ha priorizado al sector minero por sobre otros sectores productivos que pueden generar mayor bienestar a la población.
  3. Como antecedentes normativos se encuentran la Resolución N°276-2017-MINAM y el Decreto Supremo N° 042-2017-EM que modificaron los listados de proyectos sujetos al SEIA y el nuevo Reglamento de Exploración Minera, respectivamente. Emitidos con el objetivo de flexibilizar la regulación socio-ambiental de los procesos de exploración y sin fundamentación técnica de la clasificación de impactos ambientales que se propone.
  4. Las principales modificatorias establecidas por el Decreto Supremo N° 019-2020-EM están referidas a:
    1. Desregulación ambiental para Proyectos Vinculados.
    2. Desprotección de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
    3. Aprobación automática de la Ficha Técnica Ambiental.
    4. Debilitamiento de la Participación Ciudadana para exploración
    5. Simplificación del proceso de cierre, rehabilitación y fiscalización de impactos por actividades de exploración
    6. Modificaciones de componentes de Exploración a Cateo y Prospección.
    7. Simplificación de la comunicación previa.
  5. Las modificaciones introducidas con el objetivo de flexibilizar los procesos de regulación socio-ambiental en la fase de exploración, afectan el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho al agua, por la desprotección a los ecosistemas hídricos especialmente las ubicadas en las cabeceras de cuenca y las aguas subterráneas; así también afecta derechos como el de participación ciudadana ambiental y los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y a su desarrollo sostenible.
  6. En la práctica la desprotección de los ecosistemas hídricos ya se viene dando por afectación directa de proyectos de exploración minera. Es altamente preocupante que a través de esta norma se legalice estas afectaciones en nombre de la reactivación económica minera. Estas modificaciones nos alejan cada vez más de procesos de ordenamiento territorial que protejan los ecosistemas naturales, la salud y las actividades económicas locales de comunidades campesinas y poblaciones.
  7. La política de flexibilización ambiental aplicada entra en contradicción con el principio precautorio, el principio de prevención y el principio de responsabilidad por daño ambiental y de internalización de costos establecidos en la Ley General del Ambiente, esto debido a la reducción de las facultades de regulación ambiental del Estado en nombre de la agilización de procedimientos para que el sector minero vea más atractivo invertir en iniciativas de exploración. A largo plazo esto causará mayor conflictividad social, los daños ambientales y a la salud y los costos de la remediación de estos serán asumidos por el Estado.

Análisis del Decreto Suprem… by prensamuqui on Scribd

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Nuevo gabinete debe poner la vida, salud y el ambiente por encima de intereses empresariales privados

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“El Perú no es solo un país minero, es un país mega diverso y pluricultural”

 

Frente a la denegatoria del voto de confianza del Congreso de la República al gabinete presidido por el ahora ex premier Pedro Cateriano, y frente a la grave crisis sanitaria y económica que viene atravesando nuestro país, la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala a la opinión pública lo siguiente:

 

Primero. – El no otorgamiento del voto de confianza del Congreso de la República al premier Pedro Cateriano, su gabinete y a las propuestas presentadas ante el pleno, responde a diferentes motivos, entre ellas a la poca claridad para enfrentar la pandemia de la Covid-19, a las políticas que privilegian los intereses empresariales y mineros, la desregulación ambiental que viene impulsando el Ejecutivo, así como la presión de algunos grupos de poder que buscan frenar el avance de la reforma universitaria condicionando su voto. Desde la sociedad civil y las organizaciones sociales se ha expresado un malestar e indignación por la actuación del gobierno y la postura asumida por el ex premier Cateriano, sosteniendo que la minería moderna no contamina; lo cual es contradictorio con los más de 8 mil pasivos ambientales mineros registrados por el MINEM y los miles de casos de personas afectadas por metales pesados en nuestro país.

 

Segundo.- El ex premier Pedro Cateriano desde el primer día que asumió el cargo había señalado que entre sus prioridades estaba reactivar la economía y como eje central la actividad minera, aunque este represente solo el 12% del PBI nacional según datos del INEI; al mismo tiempo, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio anunció que el gobierno iba aprobar un “Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros” para agilizar la inversión privada en este sector y durante la última semana el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica diversos artículos del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera, que reduce aún más los estándares ambientales y sociales en nuestro país. Esta norma representa un retroceso muy peligroso en la protección de derechos, más aún en este contexto de pandemia.

 

Tercero. –  Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictividad social da cuenta que más del 60% de conflictos en el país están vinculados a la actividad minera, y en el contexto de la pandemia se han reactivado varios de ellos, como el DATEM del Marañón en Loreto y Espinar en Cusco. Sobre el caso Espinar hay que señalar que se ha puesto nuevamente en tapete los aportes reales de la minería para el desarrollo de una provincia. El pedido de un bono humanitario para enfrentar la crisis económica ha generado diferentes reacciones y posiciones, el convenio marco firmado hace 17 años entre la empresa minera y la provincia de Espinar no necesariamente ha mejorado las condiciones de vida de los pobladores y comunidades locales; asimismo, existen agendas pendientes no resueltas sobre la contaminación ambiental y la afectación a la salud de las comunidades en el entorno minero, sumado a ello esta la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco. El conflicto en Espinar no está resuelto y con la renuncia del gabinete Cateriano todo diálogo planteado puede quedar suspendido, conllevando, posiblemente, a que la situación se agrave en la zona.

 

Cuarto. – La situación de la pandemia en nuestro país avanza y se intensifica aún más. A más de 140 días de la emergencia sanitaria según datos oficiales del Ministerio de Salud, la cantidad de personas contagiadas suman más de 400 mil casos y las fallecidas llegarían a más de 43 mil, según las últimas declaraciones de la ministra de Salud. El virus se ha extendido a las regiones andinas del sur y nuevamente se evidencia la precariedad del sistema de salud para atender los casos. Urge que el gobierno central implemente medidas complementarias urgentes para apoyar a los gobiernos regionales y locales para atender los casos, y con especial consideración a las comunidades campesinas debido a su alta vulnerabilidad. Por ello, el nuevo gabinete debe poner como eje central de su trabajo la mitigación de la pandemia desatada por el Covid-19 y fortalecer el nivel de atención primario de salud con la implementación de una estrategia comunitaria, que ha sido reclamada por las organizaciones indígenas y campesinas.

 

Ante este escenario tan crítico y complejo urge que el gobierno del presidente Vizcarra recomponga un gabinete concertador y verdaderamente dialogante y que, sobre todo, escuche las demandas de la población, que ponga como agenda prioritaria la atención a la salud y vida de la población en medio de esta pandemia. El Perú ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en numero de contagiados. Que se entienda que la reactivación económica no solo debe priorizar la actividad extractiva beneficiando solo a un grupo de intereses económicos; y mucho menos poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores, como es el caso de las empresas mineras. La reactivación debe darse desde los territorios y respetando los derechos de las poblaciones locales, por ello desde Red Muqui nos hemos sumado a la campaña #ReactivaMisDerechos.

 

Lima, 05 de agosto del 2020.

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Piura: Alcalde desmiente a Cateriano. En tambogrande, pueblo agrícola, no hay minería ilegal

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En declaraciones del ahora ex premier Pedro Cateriano el día de ayer, en su locución respecto a los lineamientos de su gestión, basado principalmente en el impulso de grandes proyectos mineros, para solicitar el voto de confianza a su gabinete; señaló que los sectores que se oponen a la minería formal deben encaminar su oposición a la minería ilegal, porque esta sí es la que contamina.

Airadamente Cateriano declaró: “Contra lo que sí debemos combatir con energía, es contra la minería ilegal, eso hay que combatirlo con firmeza. El uso de microextractores  prohibidos como el  mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente y afecta la salud de miles de peruanos. Para ello voy a mostrar imágenes de Tambogrande en la región Piura, captadas por el satélite Perú Sat. Fíjense como era esta zona el 2017 y fíjense como es este año 2020”.

Cateriano prosiguió “cuando se inicio el proyecto formal de la inversión minera en Tambogrande – el 2002 la empresa minera Manhattan pretendió iniciar operaciones- , dijeron nos vamos a quedar sin ceviche sr presidente – del congreso-, se acabará el limón. Y se condujo al país a detener la minería formal. ¿Que ha traído esto como consecuencia sr presidente? – preguntó Cateriano-: que tengamos este desastre ecológico producido por la minería ilegal – respondió.

Cateriano miente

El alcalde del distrito de Tambogrante, Alfredo Rengifo,  en respuesta a estas declaraciones, señaló a través de un video en redes sociales, que en Tambogrande no hay minería ilegal.

“Esas fotos que dicen un antes y un después de la minería corresponden a un área entre Tambogrande y  la Pala. No hay ninguna exacavación de minería artesanal, por lo tando el sr Cateriano está mintiendo. No existe minería artesanal”.

Al respecto, el ex dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande, Luis Riofrío, y Hermelinda Castro, dirigenta de la Asociación de Mujeres de Tambogrande, señalaron a Red Muqui que efectivamente en la zona no hay minería ilegal. Que en esa zona, cuando los dueños de las parcelas quieren sembrar, usan camiones Caterpilar para bajar la loma y se pueda sembrar mangos. Por eso podría reflejarse en la imagen que no está todo verde. Además señalaron que antes los dueños tenían más hectáreas pero en el transcurso del tiempo, los hijos herederos lo han ido parcelando.

Gráficas desmienten a Cateriano

Al respecto, Cooperacción – institución miembro de la Red Muqui-, elaboró el siguiente gráfico:

“Al hacer un análisis espacio-temporal de las imágenes satelitales a las que hizo referencia, pudimos corroborar que éstas efectivamente corresponden a la zona central del distrito de Tambogrande y lasupuesta actividad minera ilegal está circunscrita a un predio de 10 hectáreas. Por lo tanto, resulta grotesco equiparar la magnitud del predio con el de otras zonas devastadas por minería ilegal en Madre Dios que superan las 100 mil hectáreas. Además, en la zona mencionada por Cateriano no existe minería ilegal; el predio al que hace referencia no se sobrepone a ningún área natural protegida; tampoco hay indicios de un desastre ecológico y mucho menos hay un dinamismo acelerado del cambio del uso del suelo en grandes extensiones como suele suceder en zonas impactadas por minería ilegal.

Agregaron en la nota que elaboraron, “que la imagen satelital del año 2017 que mostró el ex premier Cateriano, presenta una sospechosa combinación de bandas (filtros) que le dan un “verdor” particular a la zona, haciendo notar un contraste en el predio para el año 2020. Al analizar otras imágenes satelitales (Google Earth Pro) anteriores a este último año, se puede corroborar que ya existían intervenciones de remoción de cobertura de suelo en dicho predio. Es más, estos cambios ya eran notorios a finales del año 2012 y se acentuaron a finales del 2017 (ver imagen N° 2).

Asimismo, el ingeniero ambiental de la institución Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA-, Bladimir Martinez,  que también vio la imagen satelital de Airbus a través de Google Earths, señala: “No todas las áreas que pierden cobertura forestal son causa de la minería ilegal, sino también de factores como el cambio climático y la erosión propia del desborde de ríos, además la imagen muestra una zona agrícola a menos de 10 metros de dos lagunas, lo que hace presumir que la zona no fue erosionada por la supuesta actividad minera ilegal que señala Cateriano”.

 

 

 

 

 

 

 

Cateriano arremete contra defensores ambientales de Piura

En su discurso, Pedro Cateriano también señaló que “aquellos que se opusieron a la minería formal, no han denunciando con la misma firmeza este escándalo que afecta la vida d cientos de miles de personas, y que constituye hoy una amenaza para toda  la región Piura y el norte del país. Sí debemos unirnos en combatir la minería ilegal, y sí debemos ser transparentes, discutir abiertamente, pero lo que no podemos sr presidente, es que mediante  la demagogia se permita esta clase de latrocinios que propician la delincuencia y detengamos la inversión que si genera empleos”

Al respecto, el alcalde cuestionó por qué Cateriano quiere dar a conocer a todo el mundo que Tambogrande es una catástrofe, que primero era verde y después la minería ilegal ha generado una degradación de la zona, cuando eso es mentira.

“Ha habido algo de minería artesanal en Tambogrande, que ha sido en el Alto Tejedores, en la zona de San Pedro, pero prácticamente ya no existe. Donde sí ha habido esas prácticas  ha sido en otro distrito: Las Lomas- ¿Por qué no se ha referido a Las Lomas y dijo que era Tambogrande el problema?, porque tal vez tiene interese subalternos, de que ya es tiempo de explotar la mina que Buenaventura está persiguiendo hacerlo”.

Proyectos mineros de Buenaventura

Actualmente la empresa minera Buenaventura de Roque Benavides tiene un proyecto minero llamado el Algarrobo que aparece en la cartera de proyectos de Pro Inversión para desarrollarse en Tambogrande. Este proyecto minero ya ha sido rechazado por asambleas comunales de la zona en específico donde quiere operar: San Juan Bautista de Locuto.

El acalde también recordó en su presentación que en Tambogrande existe una consulta vecinal llevada el 2002, que arrojó como resultado un contundente 98% a favor de la agricultura y en contra de la minería. En ese entonces la empresa minera Manhattan pretendió instalarse en Tambogrande. Todos los proyectos mineros que quieren instalarse en la zona norte de Piura –Ayabaca y Huancabamba también -desean extraer oro y cobre.

Al respecto, el economista y especialista ambiental, Juan Aste Daffós, señala que la estrategia del gobierno es que a través de la denuncia de la supuesta minería ilegal en Tambogrande, se imponga  la minería formal porque supuestamente no contaminaría el territorio, pero eso es falso, como ya lo ha señalado el alcalde. Buenaventura tiene dos proyectos mineros en la zona: El Algarrobo y El Faique, que afectarían la agricultura, el agua del río Piura y las aguas subterráneas. El argumento de la empresa minera es que el proyecto minero El Algarrobo no afectará a la agricultura como lo podría haber afectado el anterior proyecto minero del 2002, Manhattan, porque la explotación será subterránea y no a tajo abierto”.

Alcalde solicita apoyo al Estado

Al finalizar su presentación, el alcalde también afirmó que en su gestión han cursado diversos oficios a la ministra del Ambiente, de Agricultura y de Energía y Minas, y al gobernador regional para que tome acciones en contra de la minería ilegal en la zona de San Pedro, que no es el lugar que señala Cateriano, y que actualmente ya no existe; para que apoyen la producción agrícola de Tambogrande, y sepan, en especial el Ministerio de Energía y Minas que no quieren ningún proyecto minero en su territorio.

Nosotros estamos interesados en preservar nuestra flora y fauna y le pedimos al Ministerio de Agricultura su apoyo, como lo hemos hecho con oficios pasados. Agregó que Tambogrande tiene muchos lugares para aprovechar el turismo ecológico y la comercialización con el sur de Ecuador. “La siembra de mango, limón y otros productos de pan llevar nos colocan como un centro ecológico que puede seguir ofreciendo productos a todo el país y también a Ecuador”.

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El ultimo mensaje a la nación y ¿la minería como única salida a la crisis?

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui

 

Finalmente ingresamos al último año de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En julio del 2021, año del bicentenario, deberá entregar la banda presidencial al nuevo/a mandatario/a en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en nuestro país y el mundo. En ese sentido, el pasado 28 de julio hemos escuchado lo que fue el último mensaje a la nación del presidente Vizcarra, que para muchos ha sido un mensaje con poco impacto en la ciudadanía y que solo ha buscado dar cuenta de las principales obras y acciones que se han realizado en medio de la crisis generada por la pandemia, así como las medidas de reactivación económica que se van a impulsar en el último año y el llamado a las fuerzas políticas para construir un nuevo acuerdo político denominado el “Pacto Perú”.

 

Dentro de las casi dos horas que habló el presidente sobre las medidas implementadas en los diferentes sectores del gobierno y los desafíos que se plantean para el último año, el referido al tema minero es el que quisiéramos comentar con más detenimiento. Al respecto el presidente ha señalado que: «La minería constituye hoy un componente esencial para el crecimiento económico del país. Necesitamos un sector minero fortalecido y competitivo, pero, a su vez, responsable con el medio ambiente y cuya actividad se desarrolle en armonía con los derechos de las comunidades y las personas». Sobre esta afirmación, que no es novedoso, ya los gremios empresariales mineros habían anunciado que la reactivación de la economía debería centrarse principalmente en la minería, entonces lo nuevo por decirlo así, es que el presidente Vizcarra, alineado con el Premier Pedro Cateriano, ha anunciado “la aprobación de un Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros para agilizar las inversiones mineras”.

 

Sobre este último punto habría que señalar que desde la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería en los últimos años ya se había alcanzado y discutido propuestas sobre la necesidad de contar con un nuevo marco normativo para la minería; sin embargo, esta discusión no se ha podido dar, y por el contrario solo se han alcanzado algunos aportes de cambios normativos desde una “Comisión de especialistas para el desarrollo de la minería sostenible y el centro RIMAY”, como lo ha señalado el mismo presidente en su mensaje. Nos parece que este anuncio en realidad no plantea cambios de fondo y mucho menos en favor de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva, si no que se busca facilitar, destrabar, agilizar y relajar los procedimientos ambientales y sociales para que salgan en tiempo record los proyectos mineros de la cartera de inversiones que ha señalado el mismo presidente.

 

Desde la Red Muqui queremos señalar que, si bien la reactivación económica es importante en medio de esta crisis, insistir en que la reactivación solo se centre en determinados sectores como la minería no siempre es la mejor decisión, ya que a la par los conflictos sociales también se van a reactivar como lo que viene pasando en la provincia de Espinar (Cusco), así mismo los costos ambientales en el futuro serán muy altos para las poblaciones locales. Por ello era importante que el presidente haga más énfasis en la reactivación del agro, por ejemplo, ya que la crisis alimentaria está a la vuelta de la esquina, y porque la pandemia de la Covid-19 se quedara un buen tiempo con nosotros.

 

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¿Por qué luchan las mujeres en Espinar? – Entrevista a Elsa Merma

Esta semana pudimos conversar con Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, y nos contó de manera breve sobre la situación actual del conflicto que se vive en Espinar , lo que ha venido siendo el comportamiento de la empresa minera durante estos años y el especial impacto que tiene en la vida de las mujeres de Espinar.   

Por: Beatriz Cortez /Red Muqui

En Espinar se sostiene un paro indefinido debido a la oposición de la empresa minera Glencore-Antapaccay frente a la decisión mayoritaria del Comité de gestión del Convenio Marco de Espinar de otorgar un bono solidario de S/.1000 soles a toda la población. Esta decisión se tomó debido a la crisis económica que se profundiza para la población a causa de la pandemia por COVID-19. Actualmente las demandas de los espinarenses también giran en torno a la reformulación del Convenio Marco[1].

Elsa nos cuenta con preocupación la injerencia que ha venido teniendo la empresa para debilitar la capacidad de organización y representación de las comunidades y población:

“Dentro del Convenio marco hay muchas cláusulas pero esto no se cumple, la empresa minera nos ha dividido usando a los politiqueros, cuando decidían a los candidatos estos ganaban cuando no los decidían estos perdían  (…) esto ha hecho que nuestras luchas sean débiles, cada vez que nos levantábamos han fracasado estas luchas”

. Este problema de debilitamiento y fragmentación de las organizaciones sociales es uno de los principales problemas para que el Convenio Marco de Espinar no se constituya como una herramienta eficaz para lograr el bienestar de la población.

Elsa agrega: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud educación no tenemos, tenemos metales tóxicos en el agua”.

Lo que señala Elsa es uno de las principales causas del malestar acumulado por la población Espinar, que tras todos estos años en su mayoría se siguen encontrando en situación de pobreza y existen graves afectaciones a la salud humana y ambiental producto de la contaminación por metales tóxicos.

El álgido conflicto que se vive en Espinar no se puede comprender buscando responsabilidades en la población y sus medidas de lucha que son producto de años de acumulación de malestar frente abusos de la empresa minera[2]. Hay que mirar en retrospectiva cómo se ha venido ejecutando los términos del Convenio Marco su utilidad para alcanzar el bienestar de la población de Espinar y por tanto cual ha venido siendo el comportamiento empresarial desplegado en el territorio. En 2017 Derechos Humanos sin Fronteras presentó el “Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica” un análisis alternativo a lo que la propia empresa venía reportando públicamente a nivel internacional sobre su comportamiento financiero y en torno a los derechos humanos en los territorios donde opera[3]. Sobre esto, es llamativo que Glencore señale en sus reportes de sostenibilidad su adhesión voluntaria a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU[4], cuando en la práctica genera impactos acumulativos en el territorio que afectan los derechos humanos y que actualmente se encuentran en situaciones de impunidad.

Durante nuestra conversación con Elsa una de sus preocupaciones permanentes es el especial impacto que genera el proyecto minero en la vida de las mujeres: la contaminación del agua por metales tóxicos implica, la contaminación de sus hijos y del entorno ambiental sobre el cual ellas sostienen sus actividades económicas como la ganadería. Este es el caso de defensoras ambientales como Melchora Surco y Carmen Chambi que por años vienen denunciando esta situación y pidiendo justicia y reparación por los daños causados a su salud y las de sus familias.

También tenemos los casos de Vilma Kalla, que en 2018 señalaba lo siguiente: “Como madre a nosotras nos afecta más la minería más por nuestros hijos, qué es lo que pasa, yo soy de la comunidad de Alto Huarca, a nosotros la minera ha reubicado nuestra escuelita, ha reubicado a la población. Pero la construcción que ha hecho la mina está mal construida, las paredes están bajándose cuando las tocamos (…) No tenemos agua en la escuelita donde nos han reubicado, lamentablemente eso es lo que nos está pasando con la minería. Encontraron bastante anemia también. Como una madre nos causa mucha preocupación».[5] Todos estos años las mujeres en Espinar han vivido una situación muy dura producto de las violencias que operan sobre ellas producto del impacto en relaciones sociales y económicas generadas por la minería en el territorio. Ahora, en la actual escalada del conflicto se visibiliza el rol activo que tienen las mujeres comuneras en las medidas de protesta que se viene desplegando, sin duda son la primera línea de la lucha en Espinar y por tanto también las más expuestas a la represión policial-militar.[6]

El conflicto en Espinar como lucha local en contexto de grave crisis económica global, demuestra la relevancia de la protección de derechos económicos sociales culturales y ambientales (DESCA), las mujeres y los pueblos luchan por agua, alimentación, salud, trabajo, educación; y la crisis económica que genera el brote de COVID-19 los ha llevado a una situación económica mucho más crítica. Los DESCA son necesidades esenciales para sostener una vida buena, necesidades que en su mayoría son sostenidas por el trabajo de las mujeres. Es clave recuperar el rol de estados para regular adecuadamente el comportamiento empresarial y el reto de dar mayor contenido operativo a marcos normativos internacionales como Principios Rectores y la debida diligencia de las empresas. Los derechos humanos no pueden ser solo declarativos y un cálculo costo beneficio para mejorar la imagen empresarial frente a sus socios comerciales y consumidores. Mientras que en la práctica la doctrina económica de la “competitividad y productividad” [7], que reduce los derechos sociales a mero costos que se pueden recortar, y se sigue arrasando con el bienestar de los pueblos del Perú, es un reto que los derechos humanos deban y puedan ser la base para la construcción de sistemas políticos democráticos, plurales, justos y ecosostenibles donde la vida se ponga en el centro del interés público.

 

 

[1] El Convenio Marco es un proceso voluntario que permite el financiamiento anual de proyectos de inversión social, a través de las utilidades generadas por la empresa. El Convenio Marco de Espinar estipula que se utilizarán el 3% de las utilidades que genera el proyecto minero.

[2] En 2012 durante el conflicto que estalló en Espinar, producto del uso de fuerza ejercido por la PNP fallecieron 3 comuneros y se iniciaron procesos penales contra dirigentes de las organizaciones sociales que se levantaron en lucha.

[3] Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica. Abril 2017. https://multiwatch.ch/content/uploads/2007/01/Informe-Sombra-de-las-Operacines-de-Glencore-en-Latinoamerica.pdf

[4] Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Naciones Unidas se emitieron en 2011 y son un instrumento internacional que establece orientaciones programáticas para que las empresas cualquiera sea su rubro y tamaño, se encuentran comprometidas al respeto de los derechos humanos. Actualmente todos los años en Ginebra se viene discutiendo el contenido de un Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos.

[5] Vilma Kalla, comunera de Alto Huarca- Espinar. Entrevista realizada para documental “La vida no vale un cobre”. 2018.

[6] Al respecto diversas instituciones de derechos humanos del Sur Andino del país, el 24 de julio han emitido una “Carta abierta a las autoridades sobre la afectación a mujeres defensoras movilizadas en Espinar”. Link: https://derechosinfronteras.pe/carta-abierta-a-las-autoridades-sobre-la-afectacion-a-mujeres-defensoras-movilizadas-en-espinar/

[7] En diciembre de 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 345-2018 que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, políticas de alto nivel de carácter intersectorial que afinan las normas de la gestión económica para profundizar las reformas estructurales de carácter neoliberal instauradas en los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

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Dirigentes pesqueros de Chimbote y Casma son detenidos en protesta de rechazo a concesiones petroleras en el mar

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Dirigentes de la pesca artesanal, del sindicato de trabajadores pesqueros de Chimbote y Casma, y vecinos y vecinas de esas localidades se encontraban realizando una cadena humana frente al mar de Chimbote, y en la plaza San Martín de Casma, en rechazo a  los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM que otorgan concesiones petroleras frente al mar de Ancash, cuando la policía irrumpió y detuvo a 3 dirigentes sindicales.

Hace una semana realizaron una marcha pacífica por la ciudad y también fueron reprimidos. Esta vez decidieron realizar una cadena humana con la distancia social; sin embargo, la policía nuevamente los reprimió y detuvo a dos personas, uno el dirigente del Sindicato de Pescadores de Chimbote: Julio Ordinola Silipu, y a Jorge chinchay Murillo. Ellos acaban de ser liberados. Sin embargo, el regidor y dirigente del Frente de Defensa de Casma, Guido Flores Luna, sigue detenido tras las protesta en la plaza San Martín de Casma.

Los alcaldes de las provincias del Santa, Casma y Huarmey, congresistas de la república de Ancash ya han señalado en un foro realizado la semana pasada, que se respete la vocación productiva pesquera de la costa peruana y el cuidado ambiental y exigen la anulación de estas concesiones a favor de la controvertida compañía Tullow Oil. En las protestas también participó la ex congresista de Ancash, María Elena Foronda -directora del Instituto Natura de Chimbote, miembro de la Red Muqui-, que en su período congresal junto al ex congresista Manuel Dammert denunció la entrega de los lotes petroleros por el ex presidente PPK en los últimos días de su mandato tras su renuncia por vínculos con la corrupción.

Video de la detención y video de la protesta por el Instituto Natura de Chimbote.

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Colectivo de abogados y abogadas del Sur rechaza uso de la fuerza y violencia por parte de la PNP en protestas de Espinar

Pronunciamiento: Rechazamos el uso de la fuerza y violencia por parte de la PNP en Espinar y exhortamos reestablecer el diálogo.

El Colectivo de abogadas y abogados de la Red Muqui Sur, conjunto de instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos a nivel del sur andino del Perú, nos pronunciamos frente a la situación de grave vulneración de sus derechos fundamentales que viene sufriendo los peruanos y peruanas de la provincia de Espinar, producto de las imposiciones y violencia ejercida por las Fuerzas Policiales y la intransigencia de la Compañía Minera Antapaccay.
Espinar es un territorio con 39 años de explotación minera que ha generado efectos negativos graves e irreversibles de contaminación ambiental y humana, dos de los principales ríos están contaminados y se registran 1,621 personas con métales tóxicos. Además, se reportan serias afectaciones a la actividad socio-económica y cultural de las comunidades campesinas que no vienen siendo atendidas. En ese marco, las acciones en curso para la expansión del proyecto de la minera Antapaccay, significarían otros 25 años de impactos irreversibles acumulados en el territorio K´ana, quienes además no se ven sostenida e integralmente favorecidas por los ingresos de la actividad minera.

El Convenio Marco firmado y vigente entre la Compañía Minera Antapaccay, los gobiernos locales y
representantes de organizaciones sociales de la provincia de Espinar, fue aprobado el 2003. En el
mismo, se acuerda que la empresa minera otorgue el aporte del 3% anual de sus utilidades con la
finalidad de financiar proyectos de desarrollo social, infraestructura y necesidades urgentes de la
provincia de Espinar. En ese marco, el grave impacto generado en la salud y la economía de los
peruanos y peruanas de Espinar producto de la pandemia por la propagación de la COVID-19, ha
impulsado a los miembros del Comité de Gestión del Convenio Marco aprueben mediante el
procedimiento legal el uso de estos recursos para la distribución de un bono humanitario de mil soles para los pobladores y pobladoras por única vez.

Ante esta decisión, la empresa minera se ha negado a cumplir con la transferencia de los recursos
para el proyecto social del “bono” y ello ha generado la reacción de la población a través de
cacerolazos y en los últimos 10 días manifestaciones públicas y una presencia masiva de efectivos
policiales que terminó en brutales acciones de represión contra los que se manifestaban ejerciendo
su legítimo derecho a la protesta social. Incluso fueron reprimidos menores de edad quienes fueron
golpeados y a quienes se les quito sus celulares y documentos personales. Hechos, todos estos, que
fueron públicamente denunciados por los dirigentes sociales como actos represivos arbitrarios y
abusivos por parte de las Fuerzas Policiales.

Frente a estos graves hechos de desatención a las legítimas demandas de la población y actos de
represión denunciados, señalamos lo siguiente:

1. Rechazamos enérgicamente el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir a pobladores y
pobladoras de Espinar mayores y menores de edad, quienes en realidad se encuentran
ejerciendo su derecho fundamental a la protesta. Así como rechazamos la estigmatización y
desprestigio contra defensores, defensoras territoriales y ambientales que lo único que viene
generando es un ambiente de temor que no ayuda a tener confianza y promover mecanismos
de diálogo con el Estado, como garante de derechos de los ciudadanos.

2. Exigimos a las fuerzas policiales presentes en el conflicto social situado en la provincia de
Espinar, que su actuación se ciña a principios básicos plasmados en instrumentos nacionales
e internacionales de legalidad, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, en aras
de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las pobladoras y pobladores
y evitar situaciones de violencia con el uso de armas de fuego.

3. Invocamos a las partes involucradas a implementar canales de diálogo idóneos para dar
cumplimiento con los acuerdos arribados en el Convenio Marco como es el pedido legítimo
del bono humanitario. Este dialogo debe permitir encausar salidas para acceder a este
derecho, y más aún para perfilar y consolidar apuestas y estrategias mayores que posibiliten
el desarrollo integral y sostenible a mediano y largo plazo de la provincia, un reto sustantivo
y mayor que de haberse atendido desde mucho antes, no llevaría a los y las espinarenses a
exigir este bono, dado la situación extraordinaria que se vive por la pandemia.

4. Finalmente, frente al brote de la pandemia de la COVID-19, que avanza en Espinar y el sur
andino, y que en el mensaje a la Nación los daños y muerte que viene generando la pandemia
apenas fue señalado por el presidente Vizcarra, exigimos al Ejecutivo a través de la PCM,
ministerios y el gobierno regional del Cusco, garanticen con la mayor celeridad posible mayor
capacidad de atención hospitalaria y se desarrollen mecanismos de atención primaria
oportuna para salvaguardar la salud y vida de los peruanos y peruanas de la población
espinarense y las comunidades del sur andino.

Cusco, 29 de julio de 2020.

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Plataforma Europea Perú manifiesta preocupación por represión contra personas defensoras de derechos en Espinar, Cusco, Perú

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Foto de Vidal Merma

La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19

Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.

De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.

En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.

Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.

Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo.

Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:

– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.

– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la  empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.

– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.

– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del  gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.

 

  1. La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
  2. Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
  3. https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
  4. El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.
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