Usted está aquí: Inicio1 / Noticias2 / Minera Chinalco y PNP bloquean vías de acceso de Morococha. Familias realizan vigilia.3 / 2020
El día de ayer 14 de noviembre y en la madrugada de hoy, hemos asistido a uno de los momentos más violentos y difíciles en nuestro país: se ha confirmado la muerte de dos jóvenes por el impacto de armas letales utilizado por los miembros de la PNP durante las protestas pacíficas. Los responsables directos de esta tragedia que enluta a las familias de los fallecidos y a todo el país, son el señor Manuel Merino y su gobierno golpista; su primer ministro, el señor Antero Flores Araoz; el Ministro del Interior, Gastón Rodríguez; y todos los demás ministros/as, estos hechos no deben quedar en la impunidad.
Del mismo modo, denunciamos lo ocurrido ante la comunidad internacional y ante los organismos garantes de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas, entre otros, e instamos a que se pronuncien sobre los graves abusos y violaciones de derechos humanos que viene efectuando el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. En este momento no hay garantías para el ejercicio del derecho a la protesta del pueblo peruano.
Exigimos la inmediata renuncia de Manuel Merino y todo su gabinete, así como el cese a la violencia por parte de la PNP; que no solo ha generado la muerte de dos jóvenes, sino más de una decena de heridos, detenidos, mujeres agredidas sexualmente, e inclusive hay personas desaparecidas. Solicitamos a la Fiscalía de la Nación y a los órganos competentes llevar adelante todas las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables por estas graves violaciones de derechos humanos.
Toda nuestra solidaridad con las familias de los dos jóvenes fallecidos y de los heridos, así como con los jóvenes y las personas que han salido a marchar y ejercer legítimamente el derecho a la protesta social. La defensa de una real democracia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio de los derechos humanos son valores y principios a los que no debemos renunciar.
Domingo 15 de noviembre del 2020.
Cerro de Pasco sufre contaminación ambiental
En Cerro de Pasco (Perú) el aire y el agua están envenenados con metales pesados por una enorme mina controlada por «Glencore». Especialmente para los niños, el envenenamiento por plomo tiene consecuencias dramáticas: Anemia, discapacidad y parálisis.
70.000 personas viven en la ciudad peruana de Cerro de Pasco. Glencore controla la compañía minera Volcan S.A, una de las mayores productoras de zinc, plomo y plata del mundo.
La mina produce al menor costo de la industria. La gente de Pasco paga ese precio con su salud. La mina conduce a una contaminación ambiental extrema en plomo, arsénico y muchos otros metales pesados. Todo está envenenado: el aire, el suelo, el agua. La esperanza de vida de los habitantes es cinco años menor y la tasa de mortalidad infantil es mayor que en otras ciudades peruanas.
Glencore niega la responsabilidad
Hasta ahora, Glencore siempre ha tratado de eludir la responsabilidad alegando que la contaminación extrema es histórica y que la mina ya no viola las normas ambientales. Pero esto es demostrablemente falso. La situación no ha mejorado. Por el contrario, un análisis de cabello de los niños muestra que las concentraciones de plomo han seguido empeorando en los últimos años.
La iniciativa de ley en Suiza
En el sistema político de Suiza, la población puede presentar iniciativas de ley sobre cualquier tema si logra juntar 100’000 firmas dentro de 18 meses. Eso ha pasado con la iniciativa de ley para más responsabilidad empresarial (KOVI), la cual se presentó a fines del 2016. Desde el principio, el gobierno suizo y las grandes asociaciones empresariales estaban en contra. Sin embargo, el 29 de noviembre de este año, el pueblo suizo votará en un referéndum popular si quieren aceptar esta iniciativa o no. Si se acepta, entra en vigor con valor de ley y es de cumplimiento obligatorio. Si se rechaza, se archiva el tema.
La iniciativa como tal tiene un objetivo claro: Quiere lograr que las empresas (mayormente las grandes multinacionales) que tengan su sede principal en Suiza deban asumir la responsabilidad para con sus sucursales, empresas afiliadas o subsidiarias que estén causando en otros países la vulneración de los Derechos Humanos y destrucción del medio ambiente. Por ello, la iniciativa de ley pretende que los afectados puedan demandar a las empresas en el sistema jurídico de Suiza y que las empresas tengan que responder y asumir las sentencias.
Por ejemplo: De aceptarse esta iniciativa de ley, los pobladores de Cerro de Pasco o de Espinar podrán demandar a la multinacional Glencore en la Corte suiza por la contaminación de su suelo, agua y aire y lograr que Glencore tenga que mejorar las circunstancias y pagarles una indemnización por los daños causados. A su vez, la población en otros países podría demandar a la multinacional Nestlé en la Corte suiza por robar su agua sin consulta previa ni otro tipo de permiso, y Nestlé estaría obligada a responder frente a esta demanda en Suiza.
Ventajas
Eso tiene básicamente tres ventajas: Primero, el sistema jurídico en Suiza es políticamente más independiente y menos propicio a la corrupción que en otros países. Segundo, se pueden hacer cumplir mejor las sentencias (lo que, por ejemplo, en el caso de las multas de la OEFA en el Perú muchas veces no se da). Y tercero, no les gusta por nada a las multinacionales que sus accionistas se enteren de las violaciones de Derechos Humanos y contaminaciones del medio ambiente cometidas en otros países, sobre todo si esto se publica en los medios de comunicación o se toca en las Asambleas Generales con los accionistas, etc.
Las multinacionales se defienden, diciendo que otros países no tienen estas reglas, que allá no tienen que responder en estos temas, que causaría una desventaja económica para ellos, que se van a ir de Suiza (lo que pondría en riesgo puestos de trabajo), o que ellos ya informaron en sus informes anuales sobre los conflictos sociales y las supuestas medidas que estén tomando para resolverlos.
Los que están a favor (muchas ONGs, iglesias, partes de la economía y una coalición bastante amplia de la política, entre otros) argumentan que la iniciativa está pidiendo algo que debería ser normal: que las empresas respeten los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente en todo el mundo y no solo en Suiza, y que si no lo hacen, tengan que responder por ello.
Según las encuestas más recientes, la tendencia que se apruebe esta iniciativa es probable. Pero aún no es nada seguro. Sobre todo, porque en estas últimas semanas antes de la votación, las campañas a favor y en contra se han intensificado aún más. La diferencia entre las posibilidades de los dos lados es muy grande: Mientras que los que están en contra de esta iniciativa de ley cuentan con presupuestos enormes por parte de las asociaciones empresariales y multinacionales, los que están a favor han venido trabajando sobre todo con crowdfunding (1) con parte de la sociedad civil e individuos. Así es como, el día 29 de noviembre sabremos si el pueblo suizo vota a favor o en contra de esta iniciativa.
(1) Crowdfunding: El crowdfunding o micromecenazgo es un mecanismo colaborativo de financiación de proyectos desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías.
Pueden encontrar más información sobre esta iniciativa se encuentra en la siguiente página: https://konzern-initiative.ch/beispiel/mine-vergiftet-kinder/
Escriben: Martín Wanner (IDECA) y Mattes Tempelmann (Red Muqui)
Todos los peruanos y peruanas hemos sido testigos de cómo el pasado lunes 09 de noviembre el Congreso de la República dio un “Golpe de Estado Parlamentario” con la fuerza de sus votos, contra el poder ejecutivo y la democracia peruana. Los 105 Congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial hicieron una interpretación tendenciosa de “la incapacidad moral permanente” (art. 113 de la Constitución). Este día sin duda sera recordado como un dia nefasto en nuestra precaria institucionalidad democratica.
Esta claro que estos sucesos ahondan más en la actual crisis política que enfrenta nuestro país, motivo por el cual en diversos lugares del país se vienen desarrollando movilizaciones y protestas sociales masivas, no necesariamente en respaldo del poder ejecutivo, sino como actos de rechazo a la clase política de nuestro país. Lamentablemente este Congreso ha preferido hacer prevalecer a través de la vacancia, sus intereses politicos particulares y mezquinos, en medio de una de las más graves crisis sanitaria y económica desatadas por la pandemia de la Covid-19.
Las protestas sociales de estos días han traído consigo también un uso arbitrario, indebido y desproporcionado de la fuerza pública por parte de los miembros de la PNP, produciéndose represiones y detenciones de diversos manifestantes. La jornada de protestas suscitadas el día martes 10 y miercoles 11 de noviembre, culmino con más de una treintena de detenidos en la ciudad de Lima y otro tanto en diferentes regiones del país. En el marco de estas represiones y detenciones, los defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado actos irregulares y graves violaciones del debido proceso, como agresiones físicas violentas, tratos humillantes, privación de comunicación, impedimento de acceso a abogados de defensa, la falta de presencia de fiscales en la toma de declaraciones, entre otros.
Todos estos hechos nos obligan a recordar que el Estado y las entidades estatales tienen el deber irrestricto de proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano y ciudadana; tal es así que incluso el ejercicio de la protesta social en el actual contexto de crisis política es fundamental para la democracia, como lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional. Pues solo a través de la protesta los ciudadanos pueden increpar a las autoridades electas o designadas, su actuar contrario a los principios y valores de nuestro Estado Constitucional de Derecho y la democracia. Los miembros de la PNP no pueden limitar o privar arbitrariamente de su labor a los defensores en medio de las protestas, tal y como ocurrió con el abogado Carlos Rodríguez miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Recordemos que el Perú a ratificado tratados internaciones que protegen la labor de los defensores de derechos humanos.
Lamentablemente en los ultimos años desde la Red Muqui nos ha tocado denunciar este tipo de abuso de derechos por parte de diversos gobiernos a poblaciones afectadas por actividades extractivas; haciendo uso de los estados de emergencia y convenios entre la PNP y empresas mineras, se ha permitido el uso desproporcionado de la fuerza de manera permanente y sistemática contra las comunidades. Para estos días diversas organizaciones y colectivos han anunciado más movilizaciones en diferentes ciudades del país en rechazo a las decisiones que viene asumiendo el actual presidente de facto del país, Manuel Merino. La población está cansada de escuchar las mismas promesas de lucha contra la corrupción y de promesas de cambios, la ciudadania hoy pide cambios de fondo, ya no es posible sostener un modelo que transgrede permanentemente sus derechos. Por ello en medio de todas las acciones movilizadoras y frente a la violencia y la represión de este gobierno de facto, la defensa de los derechos humanos y la democracia se hace imperativo y más que necesario en este momento de crisis sistemica en nuestro país.
NO AL GOLPE DE ESTADO
Las instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:
- Rechazamos el golpe de Estado y esta vacancia presidencial que distorsiona el artículo 113 de la Constitución, referido a la “incapacidad moral permanente”, y deja al país en una situación de incertidumbre, en el preciso momento que enfrentamos la mayor crisis sanitaria, económica y social.
- La decisión del Congreso pone en cuestión el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes del Estado, los avances en la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, como es la elección de las y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes autoridades judiciales y fiscales.
Ante las actuales circunstancias, exigimos:
- Al Congreso de la República respetar el Estado de Derecho y reconsiderar la votación que aprobó una vacancia inconstitucional, y que adolece de nulidad.
- Asimismo, suspenda el proceso de elección de las y los miembros del Tribunal Constitucional por no contar con las garantías de imparcialidad ni transparencia. Y se separe de las comisiones parlamentarias a las y los congresistas que tengan sentencias judiciales firmes y/o investigaciones por delitos de corrupción.
- Al Pleno del Congreso, se garantice el cumplimiento del calendario electoral de las elecciones generales del 11 de abril y el respeto de la autonomía de los organismos electorales.
- Al Tribunal Constitucional resuelva con carácter de urgencia la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, especificando los parámetros que evite el uso arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente a fin de impedir su uso en beneficio de intereses subalternos.
- A todos los poderes y autoridades del Estado, defender y garantizar el orden constitucional, el respeto a las instituciones, la democracia y la transparencia.
- Asimismo, se garantice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las movilizaciones ciudadanas en rechazo al golpe de Estado.
Recordamos al Congreso de la República y al país que la Constitución, en su artículo 46, dispone que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional…”.
Solicitamos a la OEA la aplicación de la Carta Democrática, y a la comunidad internacional a expresar su rechazo al golpe de Estado.
Finalmente, convocamos a las organizaciones sociales y gremiales, y a la ciudadanía en general, a mantenernos vigilantes y en movilización permanente a nivel nacional hasta el restablecimiento del orden democrático.
Perú, 10 de noviembre del 2020
- 13 Brujas
- Acción por los Niños
- Aldeas Infantiles SOS Perú
- Alsakuy Agroecológica
- AMAS Marianistas
- Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
- ASAP
- Asociación Ágape
- Asociación Agenda Mujeres
- Asociación Amar C
- Asociación Arariwa
- Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
- Asociación Civil Centro de Desarrollo Andino – Sisay
- Asociación Civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía
- Asociación de jóvenes indígenas amazónicos del Megantoni
- Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados – ANFADET
- Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP
- Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
- Asociación PRODEMU
- Asociación Servicios Educativos Rurales
- Asociación WAYRA
- CAPAZ PERÚ
- Casa Bagre
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
- Centro Cristo Rey
- Centro de Desarrollo Andino Amazónico
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD
- Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional- CEPRODEP
- CISMA Pukara EIRL
- Colectiva 8M
- Colectivo Por La Igualdad de Género
- Colectivo por la Igualdad Huancavelica
- Colectivo Sonqo Warmi Cusco
- Colectivo Yuyananchis
- Colegio de Sociólogos de Piura
- Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres-CLADEM Perú
- Comunidad Nativa Arizona Portillo
- Conectar para Actuar
- CooperAcción
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- CPM Micaela Bastidas
- Demus
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales
- Derecho, Interculturalidad y Ambiente
- DIACONIA
- Ecomenstruantes Perú
- Emma y Yo
- Epicentro Trujillo
- Esclavas de Corazón de Jesús
- FEDECMA
- FENUPETROL
- Foro Ecológico del Perú
- Forum Solidaridad Perú
- FOVIDA-Fomento de la vida
- GirlGov Perú
- GirlGov Perú en Acción
- GNRC-Perú
- Grupo de Justicia Fiscal
- Grupo de Seguimiento a las Esterilizaciones Forzadas
- Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-GTSM
- Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático GIMCC
- Iglesia Luterana del Perú
- Illa, Centro de Educación y Comunicación
- Industrias Creativas Tesla
- Instituto de Defensa Legal
- Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
- Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático
- Juntos Perú
- Juventud cristiana por la democracia
- Kachkaniraqmi
- Kusi Ayllu
- Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
- Madres en Acción
- Más Igualdad Perú
- Mesa de Salud Ambiental y Humana
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Movimiento Ciudadano por la Igualdad de Género
- Movimiento de Promoción Por Los Derechos Humanos de las Mujeres AMHAUTA
- Movimiento Manuela Ramos
- Movimiento Tzuk Kim-pop
- Ni Una Menos Arequipa
- Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad
- Parió Paula Percusión
- Paz y Esperanza
- Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
- Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible – RENADES
- Plataforma para el Ordenamiento Territorial
- Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra
- ProgettoMondo Mlal
- Programa Laboral de Desarrollo
- Promotoras legales de Villa el Salvador
- PsicólogaMente Perú
- Quinta Ola
- Red Muqui
- Red para la infancia y la familia – Perú
- Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
- Red Regional Agua Desarrollo y Democracia
- Renovemos
- I Girl Up
- SEDYS – Trujillo
- Smiles and Hope Peru
- Sostenibles – Colectivo Ciclista Feminista
- Sub Grupo sobre Derrames petroleros
- Tambora Resistencia
- Terre des Hommes Suisse
- Tránsito – Vías de Comunicación Escénica
- Tu y Yo activismo
- Voce en linea Perú
Tras la convocatoria al paro indefinido para este lunes 9 de noviembre por el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca en Puno, debido a que las familias afectadas por metales tóxicos- recientemente confirmadas con arsénico y mercurio 34 personas- no tienen atención médica especializada de parte del Estado y respuesta a las otras demandas tras la contaminación del río Coata; la Fiscalía provincial de San Román de la región de Puno, ha decidido iniciar un procedimiento preventivo al alcalde distrital de Cupi: Marcelino Surco Quispe, y al presidente del Frente de Defensa:Felix Suasaca, porque incurrirían en la comisión de los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad en el desarrollo del paro indefinido, tras haber señalado en medios de comunicación que el paro se justifica porque las autoridades hasta ahora no cumplen con las necesidades de los afectados y afectadas de los pueblos de los 5 distritos tras la contaminación de la cuenca del río Coata.
En la notificación, además, la fiscalía argumenta que los dirigentes y alcalde deben acatar el decreto supremo que ordena el estado de emergencia nacional (restricción del derecho de reunión) debido a la pandemia.
La convocatoria al paro se da porque el Estado no ha atendido las exigencias de los dirigentes de los 5 frentes de Defensa agrupados en el Frente de Defensa Unificado del río Coata, que está contaminado con metales pesados y desechos industriales. Producto de esta contaminación, después de que Censopas sacó muestras a 55 personas, 34 personas salieron con resultados de arsénico y mercurio en sus organismos. Los resultados recién se hicieron públicos después de 8 meses debido a la filtración de los resultados al dirigente Félix Suasaca.
Frente a estos hechos, los dirigentes convocaron a los ministerios para instalar una mesa sobre metales pesados con reconocimiento legal a la mesa multisectorial que vienen funcionando desde hace años, para que se garantice una atención integral a los afectados y afectadas; sin embargo, a las reuniones en Puno acudieron funcionarios sin poder de decisión, y hasta ahora no hay ninguna medida concreta. Además de la medida de atención especializada en salud, también exigen la remediación del río Coata, la implementación de una planta de tratamiento para que las personas puedan acceder al agua potable, y el mejoramiento de la infraestructura de salud en la provincia de San Román.
Dirigentes rechazan acción intimidatoria
Frente a esta notificación, los Frentes de Defensa emitieron un comunicado en que rechazan esta notificación: «Desde el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca RECHAZAMOS enfáticamente estas acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior, por medio de esta disposición fiscal que busca, por medio del amedrentamiento a nuestros voceros y representantes, frustrar la demanda justa de las personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en la defensa de la vida, la salud, el ambiente, el agua, el agro, el río Coata y lago Titicaca, frente a la inoperancia e desidia de las autoridades del sector salud».
Para el abogado David Velasco de Fedepaz, quien está asumiendo la defensa de agricultores y dirigentes de valle de Tambo, esta es una «típica actitud de criminalización de la protesta social, por la cual el Estado, a través de sus procuradores intenta instrumentalizar el derecho penal para perseguir a quienes, ejerciendo su derecho fundamental a la protesta social, anuncian la realización de un paro en oposición a decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales. Ya el Tribunal Constitucional acaba de decir que la protesta social es un derecho fundamental y que la responsabilidad penal es personal. Entonces, es un derecho protestar y no se puede intentar criminalizar a quienes lo hacen».
El 08 de agosto del presente año, el Sector de Energía y Minas emitió el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros mediante Decreto Supremo N° 020-2020-EM. La propuesta del Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros fue emitida en 2018, y luego de 2 años ha sido aprobada por el Ejecutivo. Desde Red Muqui hemos desarrollado un análisis sobre las implicancias de esta norma en los derechos ambientales y los derechos colectivos.
Entre las principales conclusiones a las que se arriban se encuentra que el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros tiene como objetivo la simplificación administrativa, conllevando a que se reduzcan las obligaciones ambientales y otras obligaciones del titular minero contenidas en el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, Decreto Supremo N° 040-2014-EM, especialmente en los procedimientos de autorización de funcionamiento de concesión de beneficio, de modificación de concesión de transporte minero y autorización de exploración minera mediante la aprobación automática.
Con el objetivo de dar mayor predictibilidad jurídica a los titulares mineros se están reduciendo garantías de protección de derechos colectivos, en especial las disposiciones referidas a la oposición del petitorio de concesión minera, que se contrapone al propio TUO Ley General de Minería y vulnera los principios de legalidad y jerarquía normativa, desprotegiendo el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Sobre el Sistema de Derechos Mineros y Catastro Minero (SIDEMCAT), este reafirma el sistema de concesiones mineras que ordena el territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales en función al sistema de cuadrículas, gestionado exclusivamente por INGEMMET, de manera centralista y en base a la iniciativa empresarial privada, sin dar mayores garantías para la protección de derechos comunales; por tanto, estamos ante una norma que profundiza el sistema de gestión privatista y centralizada de las concesiones mineras.
En conferencia de prensa respaldada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y DHUMA; los dirigentes del Frente de Defensa Unificado contra la contaminación de la cuenca del río Coata, expresaron las razones del inicio de la huelga indefinida a partir de este 9 de noviembre, ante el abandono del Estado. Hasta ahora hay 34 personas confirmadas con arsénico y mercurio, producto de la contaminación.
Compartimos la nota de prensa del Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca:
Los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca ingresamos a un paro indefinido desde el 9 de noviembre de 2020, para exigir al gobierno nacional y gobierno regional la atención inmediata ante la contaminación de la cuenca del río Coata y consecuente grave afectación a la salud de las personas.
Desde la publicación de los resultados de los análisis de orina a 55 personas en los distritos de Coata, Huata y Capachica, donde se confirmaron 32 personas con arsénico y 2 personas con arsénico y mercurio en su organismo.
Se convocaron a numerosas reuniones a las autoridades del Ejecutivo nacional para abordar la problemática de la afectación a la salud humana que genera la contaminación del río Coata, sin embargo, dichas autoridades no muestran interés en conformar mesas de trabajo para iniciar acciones inmediatas de atención médica a favor la población afectada, así como demás actuaciones en el corto, mediano y largo plazo.
A pesar que desde mayo de 2019 se viene dando la declaratoria de Emergencia, la misma que fue ampliándose por novena vez hasta noviembre 2020, con esta declaratoria no se obtuvieron resultados concretos para la mejora en la calidad de vida y buen vivir de los pobladores afectados con metales tóxicos, ni en la recuperación de su salud.
EXIGIMOS:
- Construcción y Saneamiento en agua potable, ampliación de dotación de agua potable de calidad y en cantidad por cisternas a todos los pobladores afectados de la cuenca Coata.
- Inmediata implementación de un plan de diagnóstico, atención y tratamiento integral para las personas afectadas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas en sus organismos.
- Presencia de médicos especializados para la atención integral especializada a personas con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas toxicas; la construcción y equipamiento de centros de salud con laboratorios especializados en metales pesados.
- Presencia del Ejecutivo nacional como la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Vivienda y Construcción, y el reconocimiento mediante un decreto supremo de la PCM, a la mesa técnica multisectorial de la cuenca del río Coata que viene funcionando desde el 2014; la instalación de una mesa de salud de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en la cuenca Coata.
- Exigimos que los órganos responsables de la fiscalización y sanción como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Dirección Regional de Energía y Minas, Autoridad Nacional del Agua y Ministerio Público sancionen e impidan la contaminación de la cuenca del río Coata.
- Exigimos la implementación inmediata del Convenio de Minamata para la prohibición del uso de mercurio en actividades mineras en la cuenca del río Coata.
- Exigimos la prohibición normativa de la dación de concesiones mineras en la cabecera del río Coata y cabeceras de cuenca a nivel local, regional y nacional.
Por estas razones realizaremos una conferencia de prensa virtual este jueves 5 de noviembre a las 11am, que será transmitida en vivo a través del facebook de la Red Muqui y la CNDDHH.
CONVOCA:
- Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca.
- Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Capachica
- Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca del Río Coata
- Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Huata
- Frente de Defensa del Distrito de Caracoto
- Frente de Defensa Contra la Contaminación del sector de Chilla del Distrito de Juliaca
Puno, 04 de noviembre de 2020
El día de ayer, martes 3 de noviembre, la policía nacional y agentes de minera Gold Fields invadieron los predios de la comunidad Pilancones, en el Tingo, Hualgayoc – Bambamarca y, según testigos, destrozaron sus camas, servicios de cocina y robaron dinero.
Como aparece en los vídeos grabados por la población, la policía y los agentes de minera Gold Fields no contaban con un orden de desalojo, lo que es imprescindible por dicha intervención. Frente al reclamo de los comuneros y comuneras del terreno comunal, un policía menciona que sería una acto de defensa posesoria. Sin embargo, por ley, se requiere una prueba posesoria para que esta intervención sea legitima. Una defensa posesoria puede ser un acto de usurpación, pero depende de los documentos y de los actos ejecutados.
En un siguiente vídeo, se acontece que la infracción se estaría realizando en los terrenos de pobladores antiguamente procesados por Minera Gold Fields.
Ver video aquí.
Nota elaborada por Grufides- Integrante de la Red Muqui
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