Pronunciamiento: Niñas, niños y pobladores en peligro por voladuras mineras en el cerro el Toro-La Libertad

,

 

  1. Niñas y niños, mujeres, mayores de 60 años y la población de Shiracmaca, Coigobamba, El Toro y Santa Cruz, están desesperados al estar siendo impactados en su salud física y mental, y por el grave peligro al que están expuestos por probables derrumbes de sus casas. Esto es debido a los temblores, la intoxicación por el polvo metálico e impurezas que afectan agua, tierra y aire que ocasionan las diarias explosiones nocturnas que realiza la empresa minera Summa Gold para extraer el oro del Cerro El Toro en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad.
  2. Las poblaciones afectadas y organizaciones de base no disponen de un informe en materia de supervisión y fiscalización ambiental y en materia de salud, que hayan entregado las autoridades competentes (OEFA, DIGESA, y CENSOPAS). Esto es necesario para saber el nivel de contaminación ambiental del aire, agua, tierra, así como el estado de la salud de las niñas, niños y los pobladores que refieren diversos tipos de afectación y que linda con una clara violación a los derechos de salud humana y ambiental. Situación que los vulnera aún más en el estado actual de la pandemia.
  3. Producto del impacto de las detonaciones hay casas resquebrajadas que pueden colapsar en cualquier momento. Además, un centro educativo ha vuelto a quedar inhabilitado. Es el caso de la IE N°80131, que presenta hondas rajaduras y, según referencia de la consejera regional por la provincia Sánchez Carrión, los niños del nivel inicial han llevado clases en un aula prefabricada, debido a que el local anterior colapsó a causa de las explosiones. Si bien las autoridades y la UGEL han acordado que la minera compre un terreno, la solución no pasa por su reubicación, sino por eliminar la causa que está en las explosiones a muy corta distancia de las poblaciones afectadas.
  4. Por lo expuesto, demandamos que:1) Se determine la paralización inmediata de las actividades mineras de la unidad operativa de la empresa Summa Gold en el Cerro El Toro; 2) El OEFA y la DIGESA realicen una evaluación ambiental a la zona donde se ha impactado agua, aire y suelo; 3) De parte del OEFA, una inmediata fiscalización ambiental especial a la unidad operativa en cuestión; 3)  El CENSOPAS efectúe una evaluación de presencia de metales pesados en sangre y orina a las niñas, niños y  poblaciones de Shiracmaca, Coigobambas, El Toro y Santa Cruz; 4) Una revisión del EIA por parte de SENACE y su respectivo informe a la población afectada y organizaciones de base.
  5. Son urgentes las evaluaciones del impacto en la salud de las personas y la supervisión ambiental porque esta compañía de capital peruano, se generó remediando pasivos ambientales, resolviendo la ilegalidad de las concesiones mineras, e incorporó algunos mineros ilegales para que trabajen en Summa Gold, tal como lo informó su gerente general, Jaime Polar, en Perumin 34 en setiembre 2019.Así, la duda sobre su comportamiento ambiental debe ser aclarada a la luz de los graves hechos que están ocurriendo con el impacto ambiental y social de esta empresa. El MINEM debe aclarar la situación legal de esta mediana minería.

Hacemos un llamado urgente a las instancias estatales respectivas, al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, (DIGESA y CENSOPAS), Ministerio de la Mujer, OEFA, DEFENSA CIVIL, OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y Gobierno Local. Es prioritario atender la demanda de estas poblaciones afectadas por la actividad minera. ¡Es la vida la que estamos defendiendo, el derecho a tener derechos!

Huamachuco, 03 Noviembre del 2020

Red Muqui-Propuesta y Acción

Red Descolonialidad y Autogobierno

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño

Movimiento Manuela Ramos

Foro Salud

Red Latinoamericana Iglesias y Minería- Nodo Perú

Asociación Proyecto Amigo-Huamachuco-La Libertad

Asociación Marianista- AMAS-Otusco-La Libertad

Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH

Asociación Servicios Educativos Rurales-SER

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Red de educadorxs populares- Argentina

Asociación Ecuménica de Cuyo- Argentina

Acción Educativa- Santa Fe

Cañi-Quimit-Sembrando comunidad

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia-COSDEJ-Chiclayo-Lambayeque

Comisión de Justicia Social -Chimbote-Ancash

Comisión de Derechos Humanos-COMISEDH

Comisión de Derechos Humanos- CODEH- ICA

CEP Alforja – Costa Rica

Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares del Perú- Lambayeque

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Colectivo de educación popular de CEAAL-Cuba

Cooper-Acción- Acción solidaria para el Desarrollo

CANOA- Santa Fe

Cátedra de Educación Popular/IAP-Argentina

CECOPAL- Córdoba

Centro de Educación Popular Felicitas Mastropaolo- Argentina

Caminos de Esperanza

El Centro De Desarrollo Agropecuario-CEDAP-Ayacucho

CEAAL-Chile

CEAAL México

Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA-Puno

Equipo de Coordinación Estratégica de CEAAL

Equipo de Trabajo e Investigación Social- Mendoza

Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH Virrey Cevallos

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz. Perú-FEDEPAZ

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible-GRUFIDES-Cajamarca

Grupo Ágape

Instituto Natura-Ancash

Mesa de salud ambiental y humana

ONG Caleta Sur

ONG entorno

ONG Canelo de Nos

Organización SAVIA

Pañuelos en Rebeldía-Argentina

Pastoral social del Vicariato de Jaén-Cajamarca

Red regional Agua, Desarrollo y Democracias- REDAD-Piura

Red Uniendo Manos Perú

Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad-Trujillo-La Libertad

 

/por

Corte decidirá sobre caso de ex trabajador minero con metales pesados y cáncer: Saúl Juarez

,

Tras la sentencia del Décimo Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo en noviembre del 2017, que desestimó la denuncia realizada por el ex trabajador minero de Antamina: Saúl Juarez, que se encuentra con cáncer linfoma Hodgkin producto de la contaminación con arsénico y otros metales pesados – de acuerdo a la interpretación médica-, y que exige justicia por daños y perjuicios a través de una reparación económica; la defensa legal presidida por el abogado Mario Ríos apeló a la decisión de la jueza debido a que no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por ellos. El día de hoy, martes 3 de noviembre a las 10am, después de un largo tiempo, la Corte Superior escuchará la fundamentación de la defensa legal de Saúl Juarez y de la empresa minera Antamina para posteriormente decidir, en el plazo máximo de un mes, si se reabre el juicio o confirma la sentencia.

Las pruebas no admitidas

“ En la sentencia del 2017 la jueza Rosmery Velásquez Cano no ha determinado si Saúl Juarez está mal. Hemos presentado la historia clínica, pero no le han hecho la evaluación y solamente se ha apegado a una prueba de un centro de salud de Texas (EEUU) del 2016 que señala que no tiene intoxicación, basado en un examen de orina. Este examen fue pagado por la empresa minera”, señala Mario Ríos. Sin embargo, hay otro resultado de una prueba pagada por Antamina, del Centro Toxicológico del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, que realizó un mineralograma a Saúl Juarez, y confirma la presencia de arsénico y otros metales pesados; pero la empresa minera y la jueza lo desconoce, señala Juarez.  Además, la jueza no ha tomado en cuenta los otros resultados de la pruebas del Instituto de Medicina Nuclear, de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirma que Saúl Juarez tiene arsénico, plomo y cadmio, agrega el abogado.

Asimismo, el médico cirujano y toxicólogo Ricardo Puell señala en su informe de auditoría médica de mayo del 2014 sobre Saúl Juarez que las pruebas que detectan arsénico en uñas y pelo durante varios meses y años es el mineralograma y no las pruebas de sangre que detectan hasta 3 días después de la exposición a metales pesados y en la orina, hasta 10 días después. Además, la resolución N° 389-2011 MINSA, en la Fisiopatología de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico: “El tiempo de vida media de arsénico en el ser humano es de 10 horas, se excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel”.

El abogado agrega que SUNAFIL sancionó a la empresa minera Antamina por no brindarle los equipos de protección adecuados y otras faltas graves a las normas de seguridad y salud ocupacional.

La defensa legal señala que la jueza no argumentó por qué no valoraba las pruebas presentadas por ellos, “simplemente no lo admitió. Eso es vulnerar el debido proceso”. En base a estos cuestionamientos, Saúl Juarez espera que la Corte Superior decida que se reabra el juicio. Saúl se encuentra indignado y terminó afirmando en el enlace telefónico: “Lo único que quiero yo es justicia. Me han destrozado la vida. Yo entre sano y salí enfermo con cáncer tras la evidencia de los metales tóxicos”. Sus dos hijos tienen problemas de sordera, señala que también es producto de la contaminación con arsénico que se traspasa hasta en 5 generaciones.

Saúl era parte del personal encargado de revisar los equipos inmediatamente después de una explosión en la mina, por lo que el contacto con la nube de polvo mineral tóxico era inevitable, señala el médico Ricardo Puell.

De acuerdo al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, existe una fuerte asociación entre la exposición crónica al arsénico y los diversos cánceres.

Antecedes

Tras las denuncias públicas de Saúl Juarez,  Antamina sacó un comunicado señalando que su mina es de cobre y no de arsénico y que habían pagado el seguro de Saúl hasta el 2016, varios años después de que dejó de trabajar con ellos. Además, agregan que en el examen que le sacaron – en EEUU a través de prueba de orina-, confirmó que no estaba intoxicado.

Sin embargo, la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico del Ministerio de Salud, en los aspectos epidemiológicos señala: “Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U,S, Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente 11 millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, asimismo este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre en Chile y Canadá. En nuestro país, la exposición crónica por arsénico está ligada principalmente a exposiciones originadas por la actividad minero metalúrgico, existen referencias aisladas respecto a regiones con presencia de arsénico en el medio ambiente”

Además, Saúl Juarez señala que fue despedido cuando empezó a sentirse mal y cubrió sus gastos inicialmente. “Después del 2016 yo estoy haciendo tratamiento alternativo porque no iba a soportar más quimioterapias”.

El 2018, Saúl Juarez llevó su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañado por el Instituto Natura de Ancash y Red Muqui, y su caso fue admitido.

 

Resultados del mineralograma de la Sub Gerencia de Laboratorio de Toxicología y Química Legal

 

 

/por

El caso de la minera Río Blanco en Piura y la reactivación de un conflicto anunciado

,

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el alcalde del distrito de El Carmen de la Frontera de Piura, Sebastián Melendres, ha hecho público la notificación de una carta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el que se le informa la aprobación de la Segunda Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación de la exploración minera del proyecto Río Blanco. Esta noticia ha caído como un baldazo de agua fría a los pobladores de Ayabaca y Huancabamba de Piura, ya que se desconocía del avance de estos tramites administrativos de la empresa China Zijin Mining Group ante el MINEM. Como es de público conocimiento, el 2007 a través de una consulta popular vecinal, más del 95% de los pobladores y comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba rechazaron el ingreso de este proyecto minero. Demás esta decir que el costo social fue muy alto para los pobladores, ya que hubo personas fallecidas, heridos y una decena de lideres y dirigentes denunciados y criminalizados.

En relación a la Resolución Directoral 057-2020-MINEM-DGAAM que aprueba el referido plan, hay una serie de cuestionamientos, entre ellos que el MINEM ha hecho llegar la resolución recién el 16 de octubre del presente año a los alcaldes de El Carmen de la Frontera y Huancabamba, cuando esta fue emitida en el mes de marzo; es decir, con más de 7 meses de retraso, tiempo en el cual la empresa ha seguido con ofrecimientos de apoyo a la población. En la mayoría de casos los apoyos son condicionados y buscan dividir a los dirigentes, los ronderos y comuneros de la zona. El gobierno nacional sabe que el proyecto minero Río Blanco no cuenta con la licencia social desde hace muchos años atrás, insistir con un proyecto que no toma en cuenta la opinión y los modos de vida de la población local es un acto de provocación. Ya las autoridades locales y las organizaciones sociales y comunales se han manifestado en contra de estas acciones de la empresa y el gobierno nacional, y han anunciado algunas medidas de movilización. Lo más probable es que el conflicto social se reactive y la responsabilidad va a ser del gobierno y la empresa minera.

Por otro lado, una noticia que merece ser resaltada y que ha sucedido esta semana, es la absolución de 19 dirigentes sociales de Cotabambas en Apurímac, quienes el año 2015 fueron acusados de participar en las movilizaciones sociales en contra de la empresa minera Las Bambas. El Juez de Cotabambas ha señalado que no existen pruebas para proseguir con las acusaciones e investigaciones, y que, por el contrario, la PNP ha usado un acta de incautación falsa, porque el jefe de la Región Policial de Apurímac reconoció que firmó el acta para “refrendar el trabajado de sus subalternos”, y porque no se probó que las armas incautadas eran de los dos acusados, quienes manifestaron que fueron sembrados por la PNP. Estas prácticas también se vieron en el conflicto de Tía María.

Esta sentencia es importante porque una vez más queda demostrado que existe un patrón de criminalización y persecución judicial contra los dirigentes sociales en los conflictos sociales y que buscan acallar las demandas de estas poblaciones. Desde Red Muqui saludamos la sentencia de Cotabambas y exhortamos que se investiguen los casos de los fallecidos y heridos de los conflictos sociales, no solo en el caso de Las Bambas, si no en Tía María, en Espinar, en Cajamarca y en muchos otros lugares. Estas muertes no pueden quedar impunes.

/por

Bono solidario sin fondos e inicio del plazo de 72 horas del pueblo de Espinar para el reinicio de la mesa de diálogo presencial

La situación en Espinar viene cobrando diversos matices. Tras casi un mes de la última reunión entre dirigentes y representantes del MINEM, el pasado lunes 26 de octubre comenzó la distribución de las tarjetas por un equivalente a s/.1000. Bono dirigido a cada uno de los 44 mil electores de los 8 distritos del área de influencia de la minera Antapaccay ubicada en la provincia de Espinar, Cusco.

El cumplimiento de este acuerdo implica el desembolso de 44 millones de soles provenientes del convenio Marco del proyecto “Mejoramiento del servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar frente a la situación de emergencia Covid-19, en los ocho distritos de la provincia de Espinar-Cusco”.

El inicio del reparto de las tarjetas de consumo se dio en el distrito de Condorama, lugar donde llegó el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, con la presencia de Lolo Arenas, alcalde provincial de Espinar y el viceministro de MYPE e Industria, Wilson Falen.

Como parte del proceso de implementación, el MINEM y el Ministerio de la Producción brindaron el soporte y asesoría técnica al Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar. Se debe tener en cuenta que las tarjetas multiuso permitirán la compra de artículos de primera necesidad, medicina, abrigos, equipos de protección personal, educación y el pago de servicios básicos. Los beneficiarios solo podrán hacer uso de las tarjetas en establecimientos comerciales que cuenten con dispositivos POS. Para ello deben empadronarse y formalizar para obtener su Registro Único de Contribuyente.

Sin embargo, la realidad dista de lo planeado. Para entender el proceso de implementación de las tarjetas de consumo debemos mencionar a las 3 empresas encargadas de ello.

En primer lugar, Endered quien es la empresa encargada de la impresión de las tarjetas de consumo. En segundo lugar, la asociación Hijo de Luz que se desenvuelve como supervisora, filtrando y validando información sobre los beneficiarios. Se debe tener en cuenta que las tarjetas solo son otorgadas a aquellos que ganen menos de 1 UIT.

Finalmente, Caritas Sicuani, entidad que realiza la función de operador logístico encargado de la entrega de las tarjetas de consumo.

La entrega se dio con dificultades tales como el hecho de que algunas tarjetas no llegaron, peor aún, todas las tarjetas entregadas no contaban con fondos. Según lo manifestado por el dirigente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, diversos pobladores le habrían informado que las tarjetas de consumo no tenían los fondos completos, «algunas solo tienen s/.200 soles, otras s/.300 y lo que se quiere es que se cumpla con lo acordado y se entregue la totalidad del monto».

A ello se suma la situación de la gran mayoría de negocios quienes no se han formalizado y no cuentan con el sistema de POS para poder realizar la atención debida.

Según lo manifestado por dirigentes de Espinar, el Ministerio de la Producción no cumplió con las capacitaciones para los negocios locales. En ese sentido, solo 90 negocios lograron formalizarse además de adquirir el equipo POS para poder atender compras con la tarjeta de consumo. el objetivo era tener el 90% de negocios locales formalizados y aptos para la atención de los beneficiarios.

Para los pobladores, el problema con la entrega de las tarjetas de consumo es la velocidad con la que han sido gestionadas por parte del alcalde cuando aún no estaban las condiciones necesarias para su entrega.

La entrega de las tarjetas se llevará a cabo entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre en cada uno de los 8 distritos. Vale recalcar que la entrega de las tarjetas multiuso es personal y el canje se realizará únicamente con la presentación del DNI.

El cronograma de entrega de las tarjetas multiuso comenzó el 26 del presente mes en el distrito de Condorama, el 27 en el distrito de Ocoruro, el 28 y 29 en el distrito de Alto Pichigua, el 2 y 3 de noviembre tendrá lugar en el distrito de Suykutambo, el 4, 5 y 6 en el distrito de Pallpata, el 7, 8, 9, 10, 11, 12 de noviembre en el distrito de Coporaque y terminaría con el distrito de Yauri del 13 al 23 de noviembre.

Sobre la otras demandas

La entrega de las tarjetas de consumo es solo uno de los puntos planteados por la plataforma de lucha de Espinar. Sin embargo, hasta la fecha no se han abordado los otros puntos pendientes tales como el corredor minero, la consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, la modificación del convenio Marco, la situación de los afectados por metales pesados, la constitución de la comisión de justicia y derecho humanos para investigar lo ocurrido en las protestas.

Asamblea Popular

El día de ayer, miércoles 28 de octubre, las organizaciones sociales de Espinar, los sindicatos de construcción civil, las rondas campesinas en conjunto con los sindicatos de base, las 79 comunidades originarias, los ocho distritos y la población de la provincia de Espinar; llevaron a cabo una asamblea popular en la plaza de Armas.

Foto: Vidal Merma

El objetivo de la asamblea fue conocer el informe del alcalde provincial, Lolo Arenas, y sus regidores, sobre la gestión municipal, la evaluación del personal municipal y el pedido para que se retire a algunos funcionarios de la comuna; además de la reformulación del Convenio Marco de Espinar y el cumplimiento de la plataforma de lucha por parte del Gobierno Central.

Acerca de la reformulación del Convenio Marco, el alcalde Lolo Arenas Armendáriz comentó que “lucharemos hasta las últimas consecuencias hasta lograr (que el aporte del convenio pase) del 3% al 8%”. Del mismo modo, dijo que se enviará un oficio reiterativo a los diferentes  colegios profesionales para que se sumen al equipo técnico para empezar con la reformulación.

Como resultado de la asamblea popular se conformó una comisión de revocatoria contra el alcalde Lolo Arenas por no mostrar su apoyo a Espinar en las protestas. El proceso de revocatoria será encabezado por los jóvenes, quienes conformarán el comité de revocatoria. Además, se ha dado un plazo de 72 horas para que el gobierno central pueda constituir una comisión de alto nivel en Espinar para reconocer la plataforma de lucha y reiniciar la mesa de dialogo de formar presencial y emita una resolución que oficialice las mesas independientes de reformulación del Convenio Marco, proyecto integración Coroccohuayco, derechos humanos, justicia y salud, afectación por metales pesados, corredor minero, contaminación ambiental, y el cambio de jueces y fiscales. Los pobladores de Espinar esperan una respuesta para este viernes 30 sobre los puntos señalados y la falta de fondos en las tarjetas de consumo.

Lea las conclusiones de la Asamblea Popular aquí

 

 

/por

Pronunciamiento frente a insistencia de imponer proyecto minero Río Blanco en Piura

,

La Red Muqui Nacional, Muqui Norte y las instituciones miembros que las conforman, se dirigen a la opinión nacional e internacional, respecto a la inminente reactivación del conflicto social generado por la minera China: Río Blanco Copper S.A.C, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, y San Ignacio y Jaén en Cajamarca, para manifestar lo siguiente:

Primero: Resulta un acto de provocación al conflicto, la decisión del gobierno de Vizcarra de pretender nuevamente imponer el proyecto minero Río Blanco en el territorio de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), Piura, con el pretexto de la ejecución de un plan de sensibilización social extendido hasta el 31 de agosto del 2022, previo a la rehabilitación de la exploración minera prevista hasta el 24 de mayo 2030. Los daños de la exploración se concretaron entre el 2004 y el 2008, años en que la empresa Minera Majaz, propiedad de la empresa junior inglesa Monterric Metals, fue multada el 2005 (MEM-DGM) y el 2008. OSINERGMIN hizo lo propio con la empresa minera Río Blanco Copper, propiedad de tres accionistas chinos, liderado por Zijin Mining Group Co., por afectar territorios que no formaban parte de la certificación ambiental e infringir las normas ambientales.

Segundo: La emisión de la Resolución Directoral N° 257 -2020/MINEM-DGAAM el 13 de marzo del 2020, aprobó la segunda modificación de la actualización del plan de rehabilitación del proyecto de exploración minera Río Blanco. Que prevé primero implementar un plan de sensibilización social que rige retroactiva e ilegalmente desde el 1 de setiembre del 2019 y el 13 de marzo del 2020, y legalmente desde el 14 de marzo 2020 hasta el 31 de agosto 2022, el que además de programas como el de “Madre Tejedora” y de “Sanidad Animal y Vegetal”, incluye la construcción del acceso terrestre al proyecto minero Río Blanco sobre el territorio de las comunidades, para luego hacerlo vía pública y con ello promover el ingreso de otros actores foráneos a estos territorios. La situación se agrava porque el Ministerio de Energía y Minas ha hecho llegar la resolución recién el 16 de octubre 2020 a los alcaldes de Carmen de la Frontera y Huancabamba, con más de 7 meses de retraso, período en el cual la empresa ha seguido intentando ingresar al territorio de las comunidades con ofrecimientos de apoyo orientados a la división de los dirigentes, los reonderos y comuneros de la zona.

Tercero: Todos estos tramites administrativos resultan contradictorios, ya que el mismo OEFA y la Oficina General de Gestión Social del MINEM, han constatado en reiteradas ocasiones que no existe la licencia social al proyecto Minero Río Blanco por parte de las comunidades campesinas y las poblaciones locales de Ayabaca y Huancabamba. Los pobladores saben que si el proyecto ingresa va constituir un grave riesgo contra los ecosistemas hídricos del páramo y los bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende el agro y la vida de las poblaciones involucradas. Por ello, es que la población de Piura respaldó el resultado de la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, donde más del 97% votó por el agro y la vida y rechazó la actividad minera en la zona, cuyo intento de imposición tiene 10 fallecidos y varios dirigentes denunciados y criminalizados por defender su territorio.

Cuarto: Así mismo, llama la atención la injerencia del gobierno chino para insistir con la ejecución de este proyecto. Recientemente su embajador en el Perú, Liang Yu, afirmó que su país espera que con el apoyo del gobierno peruano avancen sin dificultad los proyectos Río Blanco, Toromocho y Galeno, ya que Perú abastece el 27% del consumo de cobre de China.

Finalmente, desde Red Muqui exhortamos al gobierno nacional: respetar la decisión de la población de Carmen de la Frontera – Huancabamba; de Pacaipampa y Ayabaca, y que se revise y derogue la R.D. Nro 257 del MINEM y el retiro de la empresa minera Río Blanco de la zona. El gobierno nacional y las autoridades regionales, en tiempos de pandemia generado por la Covid-19, deben fortalecer la protección de los ecosistemas que garantizan la agroalimentación y la vida de millones de personas. Por ello hacemos un llamado nacional e internacional para respaldar la decisión de las poblaciones de Ayabaca y Huancabamba; no se puede permitir hacer minería en cualquier lugar y sin licencia social, se debe respetar la consulta, la protección de los páramos y bosques de neblina que garantizan el agua, el agro y la vida.

 

 

Piura y Lima, 28 de octubre del 2020.

/por

Sentencia confirma inocencia de 19 comuneros que protestaron contra minera Las Bambas el 2015

,

Tras las protestas realizadas por las comunidades afectadas de Cotabambas por el paso de cientos de camiones con minerales de la empresa minera MMG Las Bambas en sus territorios – tras la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental-, en septiembre del 2015, en que fallecieron 3 personas producto de la represión policial y resultaron más de 20 personas heridas; la Fiscalía acusó a 19 comuneros por la comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y, daños. La condena solicitada era hasta 17 años de cárcel, y la reparación civil de 20 mil y 88 mil 660 dólares en favor del Estado y la empresa minera.

Pasaron varios años de juicio con diversos problemas de suspensión de audiencias porque los comuneros no eran correctamente notificados, no había traducción al quechua y en varias oportunidades algunos jueces no asistieron; sin embargo, el día de ayer -después de haberse adelantado el fallo de absolución en marzo-, tal como lo relata FEDEPAZ, quien junto a APRODEH realizaron la defensa legal de los acusados; el Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó por fin la sentencia -después de 7 meses- en que absuelve a los 19 comuneros criminalizados. A lo largo del proceso penal, la defensa técnica logró demostrar que el Ministerio Público de Challhuahuacho no logró acreditar fehacientemente la participación de los comuneros en los delitos atribuidos al no presentar medios probatorios; lo que fue corroborado por la propia declaración de los comuneros, testigos y otros medios probatorios.

La sentencia

La sentencia relata: “…De acuerdo a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados, se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de responsabilidad de los acusados …”.

Este proceso judicial es especial porque detuvieron a 25 campesinos – que fueron llevados por la PNP al campamento minero-, disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira. Se les acusó de poseer un arma de fuego y dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso, por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. Durante el juicio, los dos acusados en mención señalaron que cuando los efectivos policiales los llevaron al campamento minero les sembraron dichas pruebas.

La defensa legal cuestionó esa prueba – el acta- por haberse elaborado vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información falsa y contradictoria en sí misma, señaló a Red Muqui, el abogado David Velasco de Fedepaz.

El juzgado señaló en su sentencia que: “ … El testigo General Rucoba Tello, manifestó haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no le  competía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o desesperada. Por otro lado, las demás pruebas documentales actadas, en modo alguno acreditan la vinculación directa entre el origen ilegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las dinamitas por parte de los acusados …”.

De esta manera, «el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la supuesta acta de incautación que, entendemos, se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine, también falsamente, a los dos campesinos acusados», agrega David Velasco de Fedepaz.

Sentencia reconoce derecho a la protesta social

En la sentencia, el Juzgado concluye que el Estado Peruano mediante sentencia del Tribunal Constitucional ha reconocido la protesta social como un derecho contenido en el artículo 2, inciso 12 de nuestra Constitución Política. De esta manera, queda demostrado que las «protestas del 2015 eran legítimas, en la medida que buscaban que se proteja derechos constitucionales como al medio ambiente, territorio, consulta entre otros, ejercido por los comuneros defensores y defensoras ambientales y territoriales», señala la reciente nota de prensa de Fedepaz, Aprodeh y Cooperacción.

Desde Red Muqui saludamos esta resolución, que evidencia que los defensores de derechos humanos y del medio ambiente muchas veces son incriminados sin prueba alguna bajo una estrategia de criminalización de la protesta por órganos del Estado y las empresas mineras; y porque reconoce el derecho a la protesta social.

/por

Especialistas y dirigentes dialogan sobre los cambios que debe tener la Minería en Foro por aniversario de Red Muqui

,

En el marco del inicio de las actividades por el 17 aniversario de fundación de la Red Muqui, el lunes 19 de octubre a las 6pm se desarrolló el Foro: “Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?”, en el que diversos especialistas: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros; comentaron la situación actual de la minería y los cambios que debe impulsar el Estado para reducir sus efectos dañinos y se aproveche los recursos económicos que genera para transitar hacia otro modelo económico sostenible que no dependa de una actividad que genera contaminación ambiental y daños a la salud ambiental, entre otros problemas que narraron los comentaristas.

Compartimos un breve resumen de las intervenciones:

Roxana Barrantes

  • Hay expectativas no satisfechas así que como estamos no podemos seguir. Por eso se debe fortalecer las políticas sobre la base de fortalecer la competitividad del país.
  • La minería es importante para el crecimiento económica y la reducción de la pobreza. La minería puede ser una palanca en los territorios donde opera.
  • Hay fallas de gestión pública, para generar desarrollo minero. ¿El Perú no puede depender de la minería? Lamentablemente en este momento si depende y dada la dependencia necesitamos de los recursos, pero teniendo otras miradas de desarrollo en la economía social de mercado. Por lo menos 10años que recorrer para no depender de la minería
  • La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible trabajó en base a 5 ejes: Entorno social, gestión ambiental, mejora regulatoria, aporte fiscal y uso de recursos mineros y minería informal e ilegal. La idea es mejorar las fallas de la gestión pública.

Juan Aste

Estamos pasando por un momento crucial donde hay temor de iniciar cosas nuevas. Red Muqui ha tenido dos estrategias una de hacer incidencia en el estado y otra de acompañar procesos y experiencias alternativas como el caso de Tambogrande. Unos de los aportes de la Comisión para el desarrollo minero sostenible es que plantean un acompañamiento en las etapas tempranas para convencer a las comunidades y agricultores para que acepten la actividad. Por ejemplo, el gobierno quiere reactivar el programa de exploración en Rio Blanco a pesar de que la gente se opone a este.

En medio de esta pandemia de crisis social económica global necesitamos hacer un giro tenemos que salir del extractivismo y una manera es defendiendo los espacios agroalimentarios como Tmabogrande, Valle de Tambo, Huancabamba ese es el tema de fondo, pero no aparece por ningún lado en la propuesta de la Comisión, más bien lo que quieren es en acompañar a la población para facilitar la exploración minera. Sobre todo, ahora que hay demanda de mineras por eso las mineras hablan de la competitividad para avanzar rápido y copar el territorio. Pero nosotros no necesitamos más expansión minera sino lo que se necesita es ordenar el territorio y redistribuir el ingreso, eso lo tiene que hacer las propias organizaciones.

El gobierno está restando competencias al estado y apelando a la responsabilidad social empresarial, como en el Nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros con los silencios administrativos positivos.Esto solo va a traer problemas sociales y ambientales.

Gerardo Damonte

Se necesita una Visión territorial frente a la desigualdad en el acceso del agua, tenemos un problema de gobernanzas por eso hay que cambiar el modelo de gobernanza. ¿Cuáles son los cuellos de botella?

  • Descentralización, la mayoría de entidades que regulan el territorio y el agua son entidades que se desconcentran, pero no se descentralizan. Si quieres un ajuste territorial tienes que hacer descentralización: mirada territorial.
  • Priorización minera, se necesita una gestión de cuenca de manera integral, el uso de agua en minería no pasa en lo local. Hay mecanismos de la empresa que le dan la posibilidad de tener una autorregulación hídrica, lo que haces es fragmentar la visión de cuenta. GIR. La gestión minera debe ser pública no separado.
  • Los saberes locales no son integrados en la gestión del agua, hay un saber implícito no son incorporados en la gestión a una escala mayor. Separa el territorio vivido de la forma como se planifica ese territorio. Ejem: la infraestructura hídrica tiene problemas, hay uan planificación externa.

 

Yolanda Zurita

Si la minería fuese una palanca del desarrollo nosotros tendríamos salud, pero nosotros no tenemos salud ¿Dónde está la responsabilidad social de las mineras? La población no estamos ajenos a los impactos en la salud, tenemos presencia de metales en nuestro organismo. Como representante de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales tóxicos nosotros tenemos una propuesta de poder tener una política nacional intersectorial e inter- gubernamental que garantice una atención a la salud. Y que esto sea una atención integral e integrado sin embargo la PCM se opone a reconocer esto aún estamos a la espera que nos convoquen para la construcción de un Plan de atención integral e integrado, nosotros no solo creemos que es la contaminación a la salud humana sino también a la salud ambiental.

Jorge Juárez

Tenemos el problema de contagios por COVID-19 donde hay altos números de contagios y de fallecidos, no se están respetando los planes de vigilancia que el gobierno aprobó a las empresas mineras. Nosotros hemos venido difundiendo esta situación y exigimos que las empresas no están brindando la información necesaria. Las empresas mineras no están respetando los derechos laborales, es claro que la política de gobierno es solo garantizar los beneficios de las empresas con una reactivación económica que es carta abierta a los empleadores, no hay seguridad jurídica para los trabajadores.

 

/por

Red Muqui: 17 años defendiendo derechos

,

Por: Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2003 cuando la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) convocó a diferentes instituciones que acompañaban a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el país. La mayoría de estas organizaciones promueven la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en nuestro país. El nombre de RED MUQUI lo adoptamos de la leyenda andina de “el Muqui”, personaje mítico que habitaba en los antiguos socavones donde se extraía minerales y al cual había que rendirles ciertos pagos. En ese sentido, el objetivo de Muqui fue conformar un espacio censor de la actividad minera ante la gran cantidad de casos de afectaciones de derechos por impactos del “boom minero” que se agudizó en los años 90, por el elevado precio de los minerales.

Es en este marco que esta semana hemos desarrollado una serie de actividades al que hemos denominado #SemanaMuqui. Una de estas actividades ha sido el que hemos desarrollado el pasado lunes y cuyo nombre fue: “Minería en el Perú: ¿cambios o más de lo mismo?”. El objetivo de este evento es el de colocar nuevamente en la discusión pública el rol de la minería en el país, para ello se invito a una serie de especialistas y personas directamente involucrados en la temática. Entre los varios temas que ha salido en esta discusión, la mayoría coincide en que la forma como está organizado desde el gobierno el sector minero debe cambiar, y mucho más en un escenario de pandemia y de reactivación de la conflictividad social. Estos cambios deben incluir sin lugar a dudas a las poblaciones afectadas por las actividades mineras, así como a los sindicatos de trabajadores mineros. Estos actores hoy en día, por ejemplo, no son tomados en cuenta en las modificaciones normativas en el sector minero; por el contrario, en los últimos meses han salido más normas que flexibilizan más el aspecto socioambiental, priorizando solo las inversiones mineras.

Es innegable el aporte económico del sector minero en nuestro país, pero esto no significa que pueda desarrollarse en cualquier lugar, o inclusive intentar imponerlo como lo han querido hacer en el valle de Tambo en Arequipa o en Tambogrande en Piura, solo por mencionar. Durante la pandemia hemos escuchado varias voces del gobierno y de los gremios empresariales mineros afirmando que solo la actividad minera nos salvaría de esta crisis económica, y que por ello era importante reactivar varios proyectos mineros paralizados. Desde la Red Muqui creemos que ya no se puede seguir gestionando este sector de la misma forma, y mucho menos se puede depender solo de esta actividad; es hora de hablar sobre la diversificación, el ordenamiento territorial y la participación real de la gente en la toma de estas decisiones. El Perú es un país megadiverso y pluricultural, no se puede pretender encasillarlo solo en el sector minero, es hora de abrir el debate de manera más seria sobre el rol que debe cumplir la minería en el país, y hacia ese debate quiere aportar la Red Muqui.

/por

Exhortamos al Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú

,

La Red Muqui, miembros de las redes macroregionales de Muqui Centro, Muqui Norte y el Colectivo de Abogados y Abogadas de Muqui Sur, expresamos nuestro rechazo y preocupación frente a las opiniones vertidas por el archivamiento de la Resolución Legislativa que busca ratificar el acuerdo de Escazú denominado “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Al respecto señalamos lo siguiente:

1.- Rechazamos el adelanto de decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Consideramos que no ratificar dicho acuerdo sería un grave retroceso del Estado peruano en la línea de promover la vigencia y garantía de los derechos humanos, territoriales y ambientales.

2.- Precisamos que el Acuerdo de Escazú no contraviene los principios y valores del Estado Peruano. Todo lo contrario, el Acuerdo es un instrumento internacional que busca fortalecer la protección de los derechos, en especial el medio ambiente, la vida de los defensores y defensoras y la vigencia de la democracia a través de la participación y fiscalización ciudadana en materia ambiental.

3.- Resaltamos que la ratificación del Acuerdo de Escazú no implica que el Perú pierda su soberanía sobre sus recursos naturales, bienes comunes o la jurisdicción interna. El artículo 3ro de dicho Acuerdo establece claramente que se rige por el irrestricto respecto de la “soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. El Perú, como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello haya significado el menoscabo a nuestro sistema de justicia interna; al contrario, la cooperación entre las cortes ha fortalecido nuestra democracia.

4.- La labor de defensa de derechos ambientales en nuestro país enfrenta muchos riesgos como asesinatos y criminalización de defensores y defensoras ambientales, tal como lo hemos constatado en las ultimos meses en nuestro país. Por ello es importante reforzar los mecanismos para acceder a información, desplegar mecanismos reales de protección de defensores y garantizar el acceso a la justicia en caso de daños. El Acuerdo de Escazú otorga estos y otros estándares de protección y así lo reconocen la mayoria de paises que la han suscrito.

Finalmente, por todo lo señalado INSTAMOS a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a ratificar el acuerdo de Escazú, pues permitirá asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

19 de octubre del 2020.

/por

Hoy a las 6pm se realizará Foro: ¿Minería en el Perú, ¿cambios o más de lo mismo?

,
En el marco del inicio de la «#SemanaMuqui: 17 años defendiendo derechos», las y los invitamos a nuestro Foro virtual: Minería en el Perú: ¿Cambios o más de lo mismo?». Un espacio de discusión sobre la situación actual de la minería y los cambios normativos ocurridos a lo largo de la pandemia; la agenda de las comunidades y gremios sindicales afectados por las actividades mineras; y el rol que debe asumir el Estado frente a esta actividad.
Participarán: Roxana Barrantes, ex presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible; Gerardo Damone, investigador de Grade y docente de la PUCP; Juan Aste, investigador y consultor de Red Muqui; Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos; y Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Moderará el Foro, el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Jaime Borda.
🗓️ Lunes 19 de Octubre
⏰ 6:00 pm
/por