El GRUPO PERÚ COP considera necesario la existencia de un marco normativo que posibilite y obligue a las entidades del Estado a la realización de acciones para enfrentar el cambio climático. La aprobación en marzo del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático  constituye un paso importante en ese proceso. No obstante, el GRUPO PERÚ COP solicita a los Congresistas de la República que incorporen en el dictamen  artículos que establezcan un marco institucional claro que fortalezca al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema de Gestión Ambiental y establezca competencias a los demás sectores para realizar acciones en mitigación y adaptación. La ley de cambio climático debe mejorar la asignación de competencias y funciones en los diversos niveles de la administración pública y mejorar la articulación entre las entidades públicas a nivel nacional, regional y local,  asegurando la participación de la sociedad civil.

Asimismo, invoca la incorporación en el dictamen de temas que han sido excluidos. Uno de ellos es el ordenamiento territorial. A pesar de que existieron esfuerzos de la sociedad civil por lograr una política nacional vinculante de ordenamiento territorial, ésta no se concretó. Demandamos que la Ley de Cambio Climático incorpore este elemento, pues como señala el PNUD (2013) en su informe sobre desarrollo humano y cambio climático, “el ordenamiento territorial permitirá un uso más adecuado del suelo y sus capacidades en distintos ámbitos geográficos, y dará pautas para el diseño de respuestas a los efectos del cambio climáticos” . No puede existir adaptación sin ordenamiento territorial.

De otro lado, respecto a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), saludamos el anuncio realizado por el Director General de Cambio Climático del MINAM  que las INDC serán sometidas a consulta pública en el mes de junio. Instamos a que este proceso sea transparente y participativo,  y  que cuente con metas ambiciosas que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquellos rubros que más emiten en Perú como energía y bosques . Tal Como señala Plan CC, es necesario establecer las “condiciones habilitantes” para que las acciones a largo plazo logren cumplirse, las cuales implican en el rubro forestal mejorar las condiciones de gobernanza e institucionalidad así como los mecanismo financieros que puedan dar soporte a la conservación de bosques. Consideramos como una condición habilitante la titulación de 20 millones de hectáreas para pueblos indígenas de la Amazonía como lo exige AIDESEP. En cuanto al rubro energía, es primordial que se aumente la inversión en infraestructura, interconexiones y principalmente en cambio de tecnologías. Las INDC peruanas deben contemplar como prioridad acciones para la transferencia tecnológica.

Habiendo señalado estas condiciones, el GRUPO PERÚ COP 20 demanda que al año 2030 la matriz energética esté compuesta con por lo menos 25% de energías renovables no convencionales. Nuestro país tiene potencial para estas energías, solo depende de la voluntad política del gobierno para llevarlo a cabo. Asimismo, el rubro transporte al ser uno de los más contaminantes debe ser prioridad en las INDC, para lo cual planteamos el cambio gradual del transporte privado a un transporte público sostenible y promover el transporte no motorizado. En cuanto a bosques, exigimos compromisos reales  contra la deforestación, esto implica lucha contra actividades ilegales como tala, minería ilegal/informal y cultivos de coca; pero también para reducir práctias agrícolas en la Amazonía como palma aceitera. La meta planteada en el año 2010 ante la CMNUCC de cero por ciento de deforestación es viable. Las emisiones netas pueden reducirse con esfuerzo al proteger las áreas de bosques y recuperar los bosques degradados. El GRUPO PERÚ COP exige la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques.

Saludamos el anuncio del MINAM de incluir la adaptación dentro de las INDC. Existen diferentes iniciativas desde la sociedad civil que pueden ser tomados en cuenta el diseño de las contribuciones en adaptación, tal como el Programa Nacional de Adaptación Climática  Comunitaria (PRONACC) propuesta por las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad. Asimismo, consideramos que las contribuciones en adaptación deben buscar proteger a la pequeña agricultura planteando metas cuantificables de reducción de las hectáreas de cultivo afectadas por desastres meteorológicos en los distritos más vulnerables, para lo cual deben realizarse planes de adaptación con participación de la sociedad civil, se debe garantizar el financiamiento y establecer plazos para el avance progresivo .

Las medidas contempladas en las INDC también deben ser evaluadas por sus cobeneficios, por sus efectos positivos, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de responder a los efectos del cambio climático. El GRUPO PERÚ COP exhorta que las acciones con efectos colaterales dañinos no sean consideradas en las INDC, tal es el caso de las grandes hidroeléctricas que tienen más efectos negativos que positivos.

Finalmente, el Grupo Perú COP expresa su disposición de colaborar en el proceso de discusión de la Ley de Cambio Climático y en la elaboración de las INDC, llamamos a las instituciones del Estado, a las empresas, la prensa y demás organizaciones de la sociedad civil a involucrarse en estos procesos a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

CONGRESO PONE EN DEBATE PROYECTO DE LEY 3941, QUE AGUDIZA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.
PUEBLOS INDÍGENAS EXIGEN SU ARCHIVO DEFINITIVO

El día martes 06 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha incluido como punto de agenda la discusión de Proyecto de Ley 3941.

El Pacto de Unidad y AIDESEP, en representación de los pueblos de las zonas andinas y amazónicas del Perú, han expresado mediante una carta dirigida a la Presidenta del Congreso y a los Presidentes de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y a la de Economía del Congreso de la República, que adjuntamos a la presente, su ”profundo rechazo al Proyecto de Ley N° 3941/2014-PE, exigiendo su archivo definitivo del mismo y los dictámenes recaídos, pues lejos de obedecer a su objetivo de coadyuvar al crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, aumentará los conflictos desincentivando la inversión, ya que profundizará las brechas de exclusión y marginación de los Pueblos Indígenas y tendrá graves e inaceptables efectos perjudiciales hacia los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, al facilitar el despojo de sus territorios a través de la imposición de servidumbres que imposibilitan la titulación futura de las Comunidades, así como evitando el resarcimiento por la compensación por el uso de sus tierras”.

Desde la RED MUQUI, hacemos eco de lo solicitado por las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas, y reiteramos algunos de los riesgos que consideramos que el proyecto de ley 3941 plantea en materia de posesión y propiedad comunal, y en materia ambiental:

1. Si bien se estableció mediante D.S N° 006-2015-MINAM, la aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE, que estará a cargo de uno de los temas centrales del 3941, la “Certificación Ambiental Global” (iniciando justo con el MINEM el 1° de abril), no se ha establecido fecha para su culminación. En tanto el proceso esté en curso, según la primera disposición complementaria transitoria, serán “las autoridades competentes del sector competente los responsables del proceso. Ello genera que se mantenga la doble instancia de promotor de inversión minera y autoridad ambiental en el sector, con el riesgo que ello implica para las decisiones que se tomen.

La precariedad de nuestra institucionalidad ambiental, venida a menos aún con las normas de los paquetazos normativos, no permite que un mecanismo como la CAG funcione adecuadamente, pues para ello se requiere de un Estado funcional y eficiente, que cuente con procesos unificados y debidamente coordinados entre las instancias competentes, para lo que aún las instancias estatales no están preparadas.

2.Reiteramos que es sumamente riesgoso que se utilice para un proyecto de inversión nuevo, las líneas de base de otros proyectos de inversión que se hayan realizado en la misma área de influencia de los proyectos de infraestructura o de “gran envergadura”. Toda línea de base debe ser adecuada para la actividad que se pretende realizar y ser debidamente actualizada.

3.Respecto a la imposición de servidumbres, derechos de vía y expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura y los denominados “de gran envergadura”, que podrían poner en riesgo las tierras de pueblos indígenas (Comunidades Campesinas y Nativas), un tema central es que las instancias competentes deben culminar el proceso de actualización de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas, que no sólo debe servir para la aplicación o no de la consulta previa, sino para establecer con claridad su ubicación y referenciación, además de dar seguimiento sobre los procesos de titulación de sus tierras.

4.El Estado tiene la obligación de “reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupa” según el art. 14 del Convenio 169 de la OIT y los gobiernos deben “garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión” según el art. 15 de la citada norma internacional vigente en el Perú. Por ello es obligación del Estado establecer mecanismos para cumplir con sus obligaciones internacionales, y no faltar a las mismas, afectando derechos fundamentales a nivel colectivo de los pueblos indígenas u originarios.

5.Respecto de las tierras eriazas, al no existir a la fecha una referenciación de las mismas de parte del Estado, no se puede establecer que no están siendo ocupadas y por ello son sólo de propiedad del Estado, sino que pueden ser parte de propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, el hecho que se otorguen e impongan servidumbres a favor proyectos de inversión en tierras que pueden ser de propiedad comunal, podría agudizar aún más los conflictos sociales, especialmente vinculados con industrias extractivas y obras de infraestructura, violentando derechos constitucionales como el de propiedad (art. 70), la autonomía comunal para el uso de la tierra (art. 89), la Ley de Comunidades Campesinas – 24656 (art. 7), la Ley de Tierras (art. 11) además de normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT (arts. 14 y 15).

Lamentablemente hasta el momento, el dictamen en debate no ha recogido los aportes de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas ni de las instituciones de sociedad civil que los han hecho llegar.

Desde la RED MUQUI esperamos que ante todo prime el respeto por los derechos fundamentales de las personas y especialmente de los pueblos indígenas, y de las normas nacionales e internacionales que los amparan, a fin de lograr la paz social y evitar posibles conflictos que no conducen a nada.

Lima, 07 de abril del 2015