Honduras es un país complejo, tiene el mayor índice de violencia en el mundo, la tasa de pobreza asciende hasta el 64,5% de su población, además, tiene una alta tasa de migraciones: se calcula que entre 80.000 y 100.000 hondureños migran cada año a EE.UU. Actualmente una ola de protestas sacude a este país pidiendo la renuncia de su presidente, Juan Orlando Hernández, tras haberse destapado un escándalo de corrupción, las denuncias señalan como culpables a la cúpula del partido, el Nacional, y a poderosos empresarios de haber saqueado más de 300 millones de dólares al Instituto Hondureño de Seguridad Social. La última protesta convocó a aproximadamente 60.000 hondureños, según informa Reuters.
Desde hace ya seis semanas la población hondureña marcha en protestas reclamando la renuncia de su presidente.
Este es un movimiento que ha surgido con una fuerza increíble, de manera espontánea por un sector que no se había involucrado políticamente: la clase media de Honduras (la gente afectada no fueron la más pobres, porque quienes tienen seguridad social son los trabajadores) y del sector universitario, sobre todo estudiantes. Hay un proceso de indignación en la población.
Este movimiento fue movilizado por el tema de saqueo y corrupción que se hizo en el Instituto de Seguridad Pública. Además, se comenzaron a hacer análisis sobre cuál fue el costo de este saqueo, y lo que se logró identificar es que durante este período casi 3.000 personas murieron por falta de atención médica y de suministros. Esto significa que estas personas podrían haberse salvado si no se hubiera robado este dinero. El presidente actual reconoció que parte del dinero fue a parar para financiar su campaña electoral, pero él afirma que desconocía la procedencia del mismo. Esto generó mayor indignación, y de allí viene la exigencia de la renuncia del presidente y de un juicio político, no solo por corrupción sino también por complicidad en el tema del asesinato de las personas, y del partido político que está en el gobierno.
Es necesario cambiar el sistema de gobierno, por lo que se está presionando para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como base para que permita la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y cambiar desde ahí las bases del Estado. Es una lucha muy ambiciosa, esperanzadora, pero las movilizaciones son cada vez más fuertes, y las presiones más grandes.
Para nosotros esta coyuntura es la que más esperanzas está brindando después del Golpe de Estado.
¿Podría haber una articulación entre la clase media y campesinos?
Se está dando. De hecho, los dos primeros meses fueron movimientos espontáneos. Hace dos semanas se ha instalado una Mesa Nacional de los Indignados, donde representantes de todas estas iniciativas que han surgido espontáneamente junto con movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos estamos juntándonos para definir acuerdos mínimos. La aspiración es llegar a un paro cívico nacional que presione al Gobierno para aceptar la demanda.
Hay una fuerte criminalización contra la población y líderes sociales en Honduras. ¿Cómo te has visto afectado?
El año pasado tuve que salir por las amenazas, las he tenido desde el 2007: persecución, vigilancia, intervención de las comunicaciones. El año pasado sufrí dos atentados. Tuve que salir un tiempo con mis hijos, pero ahora volví. Yo he tenido un perfil muy alto en los últimos 15 años en el tema de derechos humanos, y específicamente en el tema de extractivas. Como yo, hay gente muy cercana que ha sido asesinada.
Ahora estoy trabajando con la compañía de Jesús en la costa norte de Honduras, donde hay una comunidad indígena que está en resistencia contra la operación de un proyecto minero de extracción de antimonio. Este año han matado a dos líderes de la misma familia. El tema del sicariato, represión sigue y de forma impune.
En el tema agrario, en Honduras existe una gran concentración de la propiedad ¿Cómo ha sido su evolución desde la reforma agraria?
En Honduras el acceso a la tierra ha sido una de las luchas fuertes que se han librado y han generado movimientos sociales. Quien inició un proceso de reforma agraria irónicamente fue durante el período de las dictaduras militares en los años setenta, e intentaba redistribuir tierras a la población campesina para reactivar la agricultura como el motor de desarrollo para el país. Luego este proceso será frenado cuando se imponen las políticas neoliberales a inicios de los ochenta se aprueba una Ley de Reforma Agraria Integral. A partir de entonces se generó un proceso de concentración y acaparamiento de tierras por la mediana y gran empresa: crecen los latifundios y terratenientes, y a su vez, se inicia un proceso de sustitución de la producción agrícola: dejamos de producir granos básicos para el mercado nacional y regional, cuando previo a los años 80 éramos la zona productora para toda Centroamérica, se llamaba a Honduras “el granero de Centroamérica”.
Con la vigencia del modelo neoliberal, se plantan agrocombustibles (palma africana) y de frutas tropicales para la exportación, sobre todo, para el mercado asiático. Un caso importante y relevante fue la zona del Bajo Aguán. La militarización provocada después del Golpe de Estado ha provocado que se hayan incrementado los niveles de persecución a las organizaciones que reclaman la tierra. Otra de las presiones más fuertes que estamos teniendo ahora, es la opción del extractivismo como modelo de desarrollo, esto lleva a una presión sobre la tierra.
¿A partir del Golpe de del 2009 cómo cambia el panorama en relación al extractivismo?
Cambia radicalmente. Antes del Golpe de Estado, desde los movimientos sociales impulsamos un movimiento de rechazo contra el extractivismo que logró grandes éxitos. Logramos que en 2004 se decretara una veda en el otorgamiento de nuevas concesiones mineras que estuvo vigente hasta el año 2013, momento en que se deroga la ley anterior, deroga la moratoria y crea la nueva ley de minería que facilita el proceso.
Con el Golpe de Estado [que derrocó a Manuel Zelaya e impuso el gobierno de facto de Roberto Micheletti] los sectores conservadores asumen un rol de control del Estado y de fortalecimiento de su capacidad de represión a través de la militarización de la sociedad hasta el día de hoy. El Ejército está en las calles de Honduras, el Ejército se ha triplicado, se ha creado una policía militar. Se ha generado todo un blindaje que permite su actuación impune.
Es en este escenario que entra el tema de la minería como un factor importante. El gobierno de Canadá, -que tiene las mayores inversiones en toda América Latina, por lo menos el 70% de las empresas están registradas en ese país-, hizo una labor fuerte de lobby para aprobar una nueva ley de minería. Canadá fue el único país que no condenó el Golpe de Estado, y sin embargo, cuando se hacen las negociaciones y peticiones de hacer un nuevo marco regulatorio minero, Canadá es el primer país que solicita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que Honduras sea rehabilitado con todos sus derechos. Hubo una presión externa fuerte porque hay una inversión directa de Canadá, como también la hubo en Chile.
Durante el Golpe de Estado, los empresarios de la minería salieron en defensa del régimen golpista y de hecho hicieron grandes movilizaciones respaldando a este gobierno. Hay toda una estrategia y un plan de respaldo del gobierno de facto a cambio de que se abran y se brinden todas las condiciones para el extractivismo.
¿Cuántos proyectos mineros se han aprobado?
Según la última información que logramos obtener del gobierno a febrero de 2015, habían 365 proyectos mineros metálicos aprobados, y tenían un mínimo de 950 prospectos para ser adjudicados en los próximos meses. El cálculo que teníamos nosotros es que unos 850 proyectos, equivaldría al 65% del territorio. Ahora estamos hablando de 1300 títulos posiblemente, eso implicaría que más del 70% podría estar sujeto a concesión.
La Ley de Minería te dice que la minería es una actividad de utilidad pública, y además que es libre en todo el territorio nacional, es decir, no ponen ningún límite, inclusive puede estar en zonas productoras de agua, sitios arqueológicos, entre otros. Además, la ley tiene preeminencia sobre las demás: sobre la Ley Agraria, la Ley de Aguas… Entonces todos los territorios que las empresas requieran deberán ser expropiados a la población.
En un país donde mucha población vive bajo la pobreza, ¿se vende el discurso de la minería como único desarrollo?
El discurso de que la minería es el desarrollo ha calado en la población pobre: en Honduras el 70% de la población vive en condiciones de pobreza y hay un desempleo del 40%. En estas condiciones, la oferta de empleo, de crecimiento económico en estas zonas deprimidas resulta muy tentadora, e incluso para los gobiernos locales que durante el periodo de extracción que ven que sus ingresos pueden aumentar de forma exponencial, en un 500-600% de lo que el Estado les otorga vía ley. Entonces, se inicia un proceso prácticamente de extorsión, de chantaje de las autoridades nacionales y locales hacia la población, y esa extorsión se da vía las obras de asistencia que el Estado impulsa. Hay toda una serie de ayudas sociales que a la hora de negociar la aceptación o no de un proyecto minero.
El modelo neoliberal reproduce las economías de escala basada en la exportación de materias primas; en Honduras se ha pasado de la Standard Fruit Company a la palma africana.
Las acciones son de las mismas empresas porque la Standard Fruit Company se unió con la Dole, que es la principal exportadora de bananos y palma africana. Además, ahora está el tema de los desarrollos turísticos, en la zona Caribe, que también se están convirtiendo en una sustitución de economías productivas.
La lógica del Estado es impulsar estas economías vía privatización de los servicios, es decir, dejan de ser una alternativa para el Estado. El neoliberalismo está llegando a una fase de sustituir totalmente al Estado, y el corporativismo como modelo de desarrollo, donde son las grandes corporaciones que tienen su sede en Londres, o en Canadá quienes deciden las políticas del país. Esto es lo que se está viviendo en temas como el turismo o las ciudades modelo.
En el tema de las llamadas ‘ciudades modelo’, ¿se ha implementado alguna?
Hay una en proceso de implementación, el acuerdo se firmó el año pasado con la compañía Posco de Corea del Sur, donde se planea para los próximos 30 años una inversión cercana a los 100 mil millones de dólares en la costa pacifico. La creación de una ciudad modelo en esta región le permitiría varias cosas: el procesamiento y la manufactura de las materias primas que ahora se exportan desde Centroamérica hasta las empresas manufactureras en Asia.
Las ‘ciudades modelo’ estarían regidas y administradas no por el Estado, sino por la empresa que las adquiera, y crearía su propio sistema de gobierno de administración, de tributos. Para ello se prevé la construcción de un megapuerto en la región, pero también de plantas procesadoras y refinadoras de minerales, distritos financieros, como paraísos fiscales, y la construcción de un distrito turístico.
Según la ley, a los hondureños les queda la libertad de decidir si quieren o no vivir en la ciudad modelo porque implica aceptar las normas de la empresa. Sin embargo, todo el territorio es expropiado de manera forzada, donde la población está obligada a ceder su territorio vía una indemnización o compensación (en el caso de no tener título de propiedad – esto afecta a una buena parte de la población- que le otorga el Estado. Hay un proceso activo de despojo que va a generar todavía mucha más pobreza.
Por Nylva Hiruelas
Fuente: Gran Angular
