Desde el Surandino peruano seguimos organizándonos por el territorio, el proceso constituyente, la igualdad de género y la agroecología

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Las diversas organizaciones sociales de base e instituciones de la sociedad civil provenientes de las regiones de Apurímac, Cusco y Puno, reunidos en el “VII Encuentro Interregional del Surandino” del 31 de marzo y 01 de abril en la ciudad de Chucuito – Puno, hacemos público nuestra declaración:

 

Que la actual crisis política que atraviesa nuestro país no es de ahora, es histórica y sistémica, y trasciende al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, lamentablemente, debemos denunciar el abandono de la esperanza y de las promesas de cambio que el presidente Castillo ofreció en campaña y por las cuales nuestro Sur andino le dio su amplio respaldo en las últimas elecciones.

Que la pandemia genero pérdida de miles de vidas humanas y una serie de afectaciones integrales, que al día de hoy aún padecemos en nuestras comunidades. Sin embargo, desde nuestros territorios, durante la pandemia, y, actualmente, seguimos produciendo los alimentos para nuestras regiones y el país en medio de una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes en nuestro Perú y en el mundo.

Que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país ha sido reconocido por los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT, y luego desarrollado por la Ley de consulta previa aprobada (Ley 29785), y posteriormente reglamentado (D.S. 001-2012-MC) y desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (STC No 00022-2009-PI/TC, 05427-2009-PC/TC).

Que las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli en Puno presentaron una demanda de amparo en el año 2014 contra INGEMMET y el MINEM por la omisión de la consulta previa de las concesiones mineras que se superponían en sus territorios. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia Nro. 03066-2019-PA/TC, donde este máximo órgano de protección de los derechos desconoce el derecho fundamental a la consulta previa como derecho de las comunidades campesinas originarias aymaras y quechuas.

Que la agricultura convencional demostró no ser sostenible, al depender de insumos externos. Que lamentablemente la propuesta de Segunda Reforma Agraria fue abandonada por el gobierno, y la iniciativa conocida no representa una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria capaz de responder a la crisis económica y familiar que afronta el mundo, agudizada por los efectos de los recientes conflictos bélicos.

 

Ante esta situación y luego de analizar y debatir estos puntos, queremos manifestar a la opinión pública regional y nacional lo siguiente:

  • Respaldamos la lucha de nuestras comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la provincia de Juli, Puno, quienes exigen se respete el derecho a la consulta previa en sus territorios y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que desconoce este derecho consagrado en nuestras leyes peruanas e internacionales.
  • Exigimos se retome el debate y se ponga en el escenario público nacional la necesidad de discutir plural y democráticamente una nueva Constitución Política, entendiendo que es el instrumento fundamental para poder construir un Estado para y desde los pueblos.
  • Demandamos también se retome con seriedad y responsabilidad el proceso de la segunda Reforma Agraria, así como la atención al sector productivo agrario, se respete el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca en nuestros territorios.
  • Emplazamos al gobierno a cumplir su compromiso con la agricultura familiar y promover una transición a la agroecología, la misma que nos permitirá caminar hacia un Buen Vivir de nuestros pueblos.
  • Instamos al gobierno nacional para que los conflictos socio-ambientales en nuestros territorios, principalmente en zonas mineras, sean resueltos vía el diálogo y de manera pacífica. Por ello, rechazamos las políticas de militarización, el uso de la fuerza y la violencia que se practica desde el Estado. Le recordamos al presidente Pedro Castillo y su premier respetar su compromiso de que “el pueblo no reprime al pueblo”.
  • Demandamos y nos comprometemos a construir una sociedad con igualdad y equidad de género. Trabajamos en ello y con ese fin nos seguiremos organizando. También demandamos al gobierno regional y nacional, políticas que, conscientes de la violencia que sufren nuestras mujeres rurales, campesinas e indígenas, reconozcan y defiendan sus derechos.
  • Exigimos la implementación urgente y adecuada del mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. No podemos seguir tolerando la muerte de nuestros/as hermanos/as defensores/as y que el Estado siga sin mayor acción al respecto. Igualmente señalamos que nos organizaremos para impulsar los procesos de autoprotección en y desde nuestros territorios.
  • Reconocemos la importancia de las juventudes originarias e indígenas en la permanencia y revitalización de las comunidades y organizaciones. Trabajaremos para seguir convocándolas y construir propuestas desde sus propias agendas y visiones.

Por todo lo mencionado y dado la actual situación de crisis que atravesamos,  demandamos al gobierno nacional que se atiendan las demandas de las comunidades campesinas, los agricultores, los transportistas y ciudadanía en general, ya que no solo ha subido el costo vida, si no también las demandas por mayor atención a eduación y salud en nuestros territorios.

Firman:

–   Central Unica Macro Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú – CUMARC

–   Federación Departamental de Campesinos de Cusco – FDCC

–   Federación Departamental de Campesinos de Puno

–   Federación Distrital de Campesinos de Muñani

–    Gloriosa Federación de Campesinas de Paucartambo – Cusco

–    FUDICH – Chamaca  – Cusco

–    FEDEJOP

–    Autoridades originarios de Moho – Puno.

–    Organización de mujeres aymaras – Puno

–    OMABASI – Puno

–    Comunidad Campesina de Chila Chambilla – Juli – Puno

–    AMDETEC – Kana – Cusco

–    Red Muqui

–    CADEP – Jose Maria Arguedas – Cusco.

–    FUCAM – FDCP – Puno

–    ISAIAS – Puno

–    IDECA – Puno

–    CooperAcción

–    DHUMA – Puno

–    CEDEP Ayllu – Cusco

–    IDL

–    Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco

–    IDMA – Apurimac

–    FEPROMUC – Apurimac

–    JHUSMAP

–    Red Muqui Sur

–    CBC – Cusco

–    APRODEH – Apurimac

–    YPL Apurimac

Puno, 01 de abril del 2022.

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Declaración del III Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales

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POR LA DEFENSA DE LA VIDA, EL AGUA, EL TERRITORIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO EN EL PERÚ

NOSOTRAS Y NOSOTROS, Vigilantes y Monitores Ambientales de 10 departamentos del Perú, reunidos en Trujillo los días 23, 24 y 25 de marzo en el III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIGILANTES Y MONITORES AMBIENTALES, hacemos pública nuestra declaración:

Luego de la pandemia y de la “reactivación económica”, hemos llegado a un momento crítico de “normalización de la contaminación” en nuestros territorios por el aumento de las actividades extractivas y sus impactos negativos, que significan la exacerbación de la violencia, una mayor vulneración de derechos, en especial a la salud humana ambiental, despojo de nuestros territorios y recursos, todo ello en un contexto de cambio climático.

Con ello aumentan los niveles de acumulación de ingresos de una minoría nacional y de empresas transnacionales.

Que en nuestro país todavía prevalece la crisis política y social, generada por intereses políticos y económicos que se niegan a aceptar la voluntad popular de las elecciones en los últimos años, y que en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas vividas en nuestro país siguen abonando a un clima de crisis e inestabilidad permanente. Parte de esta crisis tiene que ver con el giro político del actual gobierno de Pedro Castillo a posturas más conservadoras y de mantener el actual modelo económico, sin cambio sustancial en favor de las grandes demandas de nuestros pueblos.

Ante esta situación, luego de diversos encuentros regionales y nacionales realizados, necesitamos consolidar un movimiento nacional que fortalezca la labor que realizan las y los vigilantes y monitores ambientales, a nivel nacional, incidiendo en una mayor participación y compromiso del aparato gubernamental.

Por ello acordamos lo siguiente:

  1. Impulsar la conformación de una Red Nacional de Comités de Vigilantes y Monitores Ambientales, con la finalidad de realizar acciones conjuntas para el cuidado y la defensa del territorio, las principales fuentes de agua, ecosistemas y el ambiente.
  2. Exigimos una ley que reconozca a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario e Indígena y su inclusión en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), así como de políticas públicas que garanticen la protección del ambiente.
  3. Pedimos el reconocimiento por el Estado de las metodologías aplicadas en los monitoreos biológicos y fisicoquímicos que realizan los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental.
  4. Exigimos una verdadera protección de cabeceras de cuencas y una gestión integrada y social del agua, que reconozca y tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, y su labor de protección ambiental del agua y del territorio (que incluyen la flora y la fauna que la habita). Así como el presupuesto para la protección, conservación y recuperación de las fuentes de agua impactadas por la actividad extractiva.
  5. Rechazamos y denunciamos el otorgamiento de derechos de uso de agua a favor de las empresas extractivistas, sin considerar las prioridades de uso establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, y sin tomar en cuenta la falta de un inventario nacional completo de recursos hídricos.
  6. Denunciamos la pérdida de credibilidad del Estado y sus diversos entes ambientales como: ANA, OEFA, DIRESA y otros, en su rol como garantes de derechos, lo que se refleja en la mala gestión, evaluación y fiscalización en materia ambiental y del agua.
  7. Incluir de manera prioritaria y equitativa a mujeres y jóvenes en los procesos de vigilancia y monitoreo ambiental, en particular en la toma de decisiones vinculadas al cuidado, protección y defensa del agua, territorio y ambiente.
  8. Convocamos a una articulación nacional, que incluya establecer alianzas con instituciones y organizaciones del campo y la ciudad para la defensa y el cuidado del agua y el territorio fundamentales para la vida y la salud de las personas y de la naturaleza en su conjunto.
  9. Proponemos abrir el debate constitucional por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en el marco de una nueva Constitución Política del Estado.

Por todo ello, exhortamos a nuestras fuerzas políticas y organizaciones sociales a nivel nacional a caminar juntos hacia un momento constitucional, donde todas las fuerzas sociales seamos convocadas para un proceso democrático y participativo hacia un nuevo Estado plurinacional y diverso, que respete los derechos fundamentales de la vida, el agua y la naturaleza.

¡Por el derecho y la protección del agua!

¡No al extractivismo de nuestros recursos naturales!

Trujillo, 25 de marzo de 2022  

Firman:

  • RED MUQUI
  • COOPERACCIÓN
  • DHSF – Cusco
  • DHUMA – Puno
  • Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
  • PASSDIH – Junín
  • AMAS – La Libertad
  • Comunidad Carata, Coata – Puno
  • Comunidad Lluco – Puno
  • Monitor Ambiental, Comunidad Barrio Bajo, Chosica
  • Monitor Ambiental, JASS San Andrés de Tupicocha – Lima Provincia
  • Monitores Ambientales – La Libertad
  • Monitor Ambiental en Santiago de Chuco – La Libertad
  • CENTRO LABOR – Pasco
  • Monitores Ambientales en Apurímac
  • Monitor Ambiental Cotabamba – Apurímac
  • Área de Justicia y Paz de la Diócesis de Chulucanas – Piura
  • PROYECTO AMIGO – La Libertad
  • GRUFIDES – Cajamarca
  • Comités de Vigilancia de Cajamarca
  • Centro Poblado Paragsha – Pasco
  • Comunidad Cruz de Mayo – Áncash
  • NATURA – Áncash
  • CEDAP – Ayacucho
  • Monitores Ambientales de Cusco
  • Monitores Ambientales de Cajabamba
  • CEDEP AYLLU – Cusco
  • Monitores Ambientales de Chosica – Lima Provincias
  • Comité Vigilancia y Monitoreo Ambiental Encañada – Cajamarca
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Las Bambas: Gobierno autoriza expansión pese a numerosos conflictos socio ambientales irresueltos

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El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) ha aprobado la expansión de la mina de cobre Las Bambas del consorcio chino MMG, situada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac

Así lo informó ayer el consorcio en un comunicado dirigido a la bolsa de valores de Hong Kong, en el que se ha felicitado por el permiso de explotar el depósito minero de Chalcobamba a tajo abierto, que se pondrá en marcha progresivamente durante los próximos cinco meses.

Captura de pantalla del comunicado: “La empresa anuncia que el Ministerio de Energía y Minas de Perú ha emitido la aprobación reglamentaria para el desarrollo de la mina Chalcobamba y la infraestructura asociada”

El gobierno ha decidido darle a Las Bambas permiso de ampliación de sus operaciones, con las que prevé aumentar la producción desde las 380 mil toneladas que actualmente produce a 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año, pese a los numerosos conflictos socio ambientales que enfrenta no sólo con las comunidades aledañas.

El depósito con los minerales donde se pretende abrir el tajo de Chalcobamba está ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al noroeste de la planta de proceso Las Bambas, cerca de la comunidad de Huancuire. Comunidad que se opone a la expansión de la empresa, lo que abre un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras del Perú, que por sí sola produce el dos por ciento del suministro mundial de cobre. 

La comunidad acordó ayer que adoptará todas las medidas «legales y sociales» necesarias para evitar el desarrollo de este segundo tajo abierto, en una reunión convocada poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno.

Cabe precisar que la consulta previa culminó en la gestión de Sagasti, pero se dejó al nuevo gobierno la decisión en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

«Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba», afirmó la comunidad Huancuire en un documento firmado por dirigentes de la zona y al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

Los representantes sostienen que el MINAM autorizó la explotación de Chalcobamba sin haber completado el proceso de «consulta previa» para desarrollar el proyecto.

Por otra parte, la mina ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas ubicadas a lo largo del corredor minero sur que se extiende por unos 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre, cuyos caminos comunitarios fueron transformados en una vía nacional sin ser consultadas al respecto. 

Solo ayer 21 comunidades del distrito de Coporaque, en la provincia cusqueña de Espinar, decidieron suspender el bloqueo del corredor minero, después de que la Presidencia del Consejo de Ministros ofreciera reunirse con ellas durante la mañana de este viernes 25 de marzo. 

Asimismo, la población de Pomate en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, desbloqueó ayer la vía alterna que utiliza Las Bambas, al deponer una movilización que había iniciado el pasado martes. La decisión de levantar la medida de fuerza la tomó la comunidad tras sostener una reunión que logró acuerdos con los representantes de la empresa minera.

Pero los conflictos de la minera Las Bambas, que de acuerdo a las informaciones de sus directivos en lo que va de año lleva acumulada 39 días de diversos bloqueos en los que no ha podido transportar concentrado al puerto de Matarani, van mucho más allá.  Pues sus actividades no solo afectan a las comunidades en las que realizan las operaciones relacionadas con la extracción y refinamiento del mineral, sino muchísimas otras que a pesar de encontrarse a decenas de kilómetros de distancia han visto su producción agropecuaria seriamente dañada por el paso de camiones de alto tonelaje.

Es el caso de varias comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que mantuvieron una movilización que se extendió desde fines de enero a mediados de febrero pasado y en la que paralizaron por completo el transporte de la empresa.

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas. A su paso, no solo levantan la tierra y polvo de caminos que en gran parte no están asfaltados, sino que pierden una parte de los minerales que transportan. De esta forma han ido contaminando los cultivos y los pastizales de comunidades, que previa a la instalación de la minera vivían de la agricultura y ganadería.

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Comunidad de San Francisco de Pucará en Morococha bloquea carretera para protestar contra Chinalco

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La Comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará, en el distrito de Morococha ubicado en provincia juninense de Yauli, ha iniciado esta madrugada un paro y bloqueo de carretera de 48 horas, dirigido contra la minera Chinalco, tal como lo había anunciado en los días previos. 

Los manifestantes han cerrado ambos carriles de la carretera central, con piedras, troncos y neumáticos a la altura del kilómetro 147, donde se ubica la comunidad de Pucará.

En conversación con Red Muqui, el secretario interino del Frente de Defensa del distrito de Morococha, Elvis Atachagu, ha explicado que Chinalco ha estado incumpliendo varios compromisos relacionados con el empleo en el distrito.

Según el dirigente, si bien contingentes de la PNP han llegado a la zona, por el momento, la fuerza pública no ha hecho intentos por desbloquear la carretera y no se han registrado episodios de represión,

En conferencia de prensa, los dirigentes de la comunidad explicaron en detalle las demandas hechas y los compromisos incumplidos por parte de la empresa Chinalco. Uno de los detonantes es el despido de tres comuneros que trabajaban para la mina. Una situación que se suma a la continua contratación de personal especializado de otras regiones e incluso de fuera del Perú denuncian los dirigentes y exigen que la empresa brinde capacitación a los comuneros. Con ello los habitantes desean prevenir el potencial despoblamiento de la comunidad, ya que son muchos los jóvenes que abandonan el territorio en busca de estudios y trabajos en otras regiones del país. 

Un incierto futuro laboral y masivos despidos temen los habitantes de las comunidades también por el anunciado cierre de las operaciones mineras de las empresas Austria Duvaz y Pan American Silver. Según informes de prensa el consorcio Chinalco, que explota cobre, plata y molibdeno en su unidad operativa Toromocho, habría rehusado ceder partes de terrenos en su poder para que ambas empresas sigan explotando minerales. A su vez Austrian Duvaz anunció en febrero que paralizaba su operaciones por no llegar a un acuerdo laboral con el sindicato de los trabajadores.

En cuanto a los riesgos de contaminación la comunidad rechaza la venta de la laguna Huascacocha, por parte de Chinalco a la minera Austria Duvaz, para que sea usada como relavera para los desechos mineros que la operación de esta última generó hasta la reciente paralización definitiva de sus operaciones.

En tanto, las comunidades estaban atentas a una posible vía de diálogo, ya que el Ministerio de Energía y Minas había convocado pare este jueves 24 de marzo a una reunión en su sede en Lima, a la que estaban convocados a representantes de la comunidad y el alcalde de La Oroya.

 

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Mujeres en zonas mineras: luchadoras e incorruptibles

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Con ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicamos un artículo en el que se describen las dificultades y las discriminaciones que sufren las mujeres que viven en zonas mineras. El artículo se ha realizado gracias a las entrevistas con: 

-Gladys Huaman y Beatriz Cortez, dos representantes del área de incidencia legal de Red Muqui 

-Elsa Merma, dirigente de organización de mujeres de Espinar

-Rocío Silva-Santisteban, abogada, escritora y ex congresista del Perú

Las mujeres y los hombres que viven o trabajan en las zonas mineras de Perú son personas que se enfrentan a condiciones de vida muy difíciles. Los efectos de la minería suelen provocar que las comunidades sufran la contaminación de sus tierras y aguas, que los agricultores denuncien la pérdida de sus cosechas o que sus animales y niños se enfermen (Cortez). Se podría pensar que los efectos de la minería en las mujeres y en los hombres son los mismos. Sin embargo, hay sutiles diferencias. Cuando se vincula la cuestión del género y la minería, surgen también aquí los problemas observados en la sociedad civil. Pero, sobre todo en las zonas rurales con menos recursos económicos donde hay actividad minera, existe mucho más de eso. El acceso a la participación política, al derecho al trabajo con buenas condiciones laborales, a un medio ambiente limpio y a la igualdad social es casi inexistente. 

Las mujeres se ocupan de los cuidados y contribuyen a la reproducción social, preparan la comida, y cuidan de sus hijos. Por eso, son principalmente las madres las que salen a la calle y se manifiestan por sus derechos: se preocupan por la educación de sus hijos o hijas, la presencia de agua potable y la posibilidad de tener una nutrición saludable. A menudo, son ellas las que se encargan principalmente de la economía familiar. Por esto, hay muchas mujeres que se organizan, y que convocan reuniones para compartir experiencias sobre cómo la minería afecta a sus comunidades y a sus tierras. Quieren informar a la población y difundir sus ideas y observaciones sobre lo que hacen las empresas mineras (Merma). 

No es una cuestión de rutina que una mujer se involucre, que exprese su opinión y que opine. Como informó Elsa de Espinar, las mujeres quieren ser escuchadas y tener voz en igualdad de condiciones que los hombres… Pero, no es así. En las reuniones a nivel local no se permite la participación de una representante de la organización de mujeres en el comité de gestión. Cuando hay reuniones multi-organizacionales les permiten participar, pero formar parte  en las reuniones importantes que deciden también su futuro, decisiones que se toman en el comité de gestión, ahí se les excluye. Así se nota que, cuando se ejerce el poder  las mujeres no están.

Las mujeres que quieren participar no lo tienen fácil por diversas razones. Además de las tareas del hogar, cuidar a los niños y ganar dinero, no hay mucho tiempo (Huaman). Pero aun así quieren ser activas y trabajar por su país y su casa.  El machismo es un factor importante en esto: las tareas no se reparten entre la pareja ni son asumidas por los socios. Entonces, muchas veces no pueden asistir  a reuniones o marchas porque tienen que atender a sus esposos y familias. Otro hecho es que, a menudo las mujeres tienen que pedir permiso a sus parejas para ir a las asambleas, porqué su participación en la vida política y pública no forma parte del papel asignado a la mujer en la sociedad (Silva-Santisteban). Tampoco hay espacios para los niños cuando, por ejemplo, se imparten cursos de formación. También es frecuente que las mujeres estén poco representadas cuando asisten a las reuniones, de hecho es más difícil enfrentarse con una opinión diferente. Los hombres dudan de la voz de las mujeres y cuestionan su participación. Cuando un hombre propone algo, como en una asamblea o una marcha, apenas se cuestiona. Además, es difícil para las mujeres trabajar así y unirse a la lucha porqué muchas conversaciones se realizan con un vaso de licor de por medio, o en otras situaciones sociales donde las mujeres normalmente no participan (Huaman). La discriminación también se manifiesta en hablar mal de las mujeres que «sólo están ahí porque quieren dinero». Eso cansa a las mujeres luchadoras, y no es de extrañar que la carga se haga demasiado pesada y algunas dejen de acudir a las reuniones (Merma). 

¿Pero, por qué las mujeres siguen en la lucha y de dónde sacan la energía? Porque se sienten mejor en la comunidad. Intercambiar ideas, reír y llorar juntas, estar ahí para los demás, les ayuda mucho a afrontar sus problemas. También es importante la ayuda y apoyo de otras organizaciones, y el reconocimiento de que están en el camino correcto para defender su tierra, sus cuerpos, la Pachamama y sus territorios (Merma). 

De hecho, las mujeres tienen un vínculo especial con sus territorios y sus comunidades. Por tradición, los varones salen  del hogar por trabajo, mientras las mujeres se quedan en la casa, cuidando a los suyos y a la chacra familiar. De hecho, son ellas quienes resguardan la soberanía alimentaria de la casa y de la comunidad. También a nivel histórico-cultural, en el Perú la naturaleza y la tierra se han asociado a figuras femeninas, como la Pachamama. Además, el territorio es percibido por las mujeres como un espacio íntimo, como si fuera sus propios cuerpos; perciben el territorio como aquello que resguarda la vida. Entonces, defender el territorio es defender el ámbito del cuidado de la vida misma (“Mujeres y Conflictos Ecoterritoriales”, Silva-Santisteban, 2017). Esta conexión especial con el territorio se refleja también en el liderazgo de las mujeres en los conflictos eco-territoriales: ellas basan sus acciones pensando en sus experiencias, en las afectaciones sufridas por sus familias, y en la sociedad en su conjunto. Por estas razones, las mujeres lideresas no monetizan los problemas- en el sentido que evitan aceptar dinero para solucionar los conflictos con las empresas mineras (Silva-Santisteban). Las lideresas son más persistentes en las estrategias de lucha: demandan que las empresas cumplan con sus promesas y, cuando es posible, que remedien  los daños al medio ambiente – no se contentan con la solución más rápida y fácil de aceptar compensaciones económicas (Silva-Santisteban). Sin embargo, hay que repetir que muy pocas  tienen posiciones dirigenciales o son voceras. 

No obstante esa realidad, el vínculo entre mujeres y territorios, junto a sus roles en cultivar la tierra, también pone las mujeres al frente de la realización de alternativas al modelo económico extractivista. La agricultura y la ganadería no solo representan las tradiciones y la historia de muchas áreas rurales, también son la principal fuente económica para sustentar la mayoría de familias que viven en áreas afectadas por la minería (Merma). Las mujeres, que son las principales cuidadoras de la economía familiar, son las primeras en darse cuenta de los efectos ambientales y económicos que las actividades mineras tienen sobre sus familias (Cortez). Por esto, muchas veces son las iniciadoras de actividades que informan a la población sobre el tema de la agricultura como alternativa al desarrollo. En el caso de Espinar, las mujeres tienen reuniones permanentes donde debaten cómo llevar adelante el trabajo de la agricultura, a pesar de las contaminaciones provocadas por la minería. Para llegar a una audiencia más amplia y enfrentar los desafíos de la pandemia, las mujeres de Espinar también han creado un programa radial (Merma, 2022). Sin embargo es de constatar que a pesar de las numerosas acciones que se llevan a cabo a nivel operativo para implementar alternativas al modelo extractivista,  las mujeres a menudo no son consultadas ni escuchadas en las asambleas o en los diálogos sobre este tema (Merma).  

Además de las dificultades que las mujeres enfrentan en sus comunidades, hay que considerar el contexto político actual, que no está solucionando las demandas de las poblaciones rurales afectadas. De hecho, el sector rural campesino es uno de los más golpeados en Perú por el modelo económico extractivista: las poblaciones sufren por la falta de acceso a derechos fundamentales como alimentación, salud, educación y agua (Cortez). Son ellas las más afectadas por estas deficiencias: por sus roles en la soberanía alimentaria, como cuidadoras de la economía familiar, y encargadas del seguimiento de la educación de sus hijos o hijas (Cortez). 

Por eso y otras cuestiones más las comunidades rurales de Espinar saludaron la elección de Pedro Castillo, porque tenían la esperanza de que el nuevo Presidente comenzará a enfrentar  sus necesidades y demandas, siendo él un hermano campesino de provincia, hijo de  campesino dirigente. Nosotros estábamos felices, como que un familiar nuestro hubiera llegado al poder” (Elsa Merma). Lamentablemente, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas durante la campaña política (Cortez). Dentro de las comunidades campesinas hay una división social: entre quienes se sienten traicionados por Castillo, y quienes sostienen que no lo dejan gobernar y que un verdadero cambio necesita más tiempo (Merma). Además, los cambios repentinos de titulares  en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables hacen difícil entender cuál es la verdadera agenda de género que tiene el Presidente Castillo.(Silva-Santisteban). 

A pesar de que ahora dicho ministerio esté encabezado por una mujer feminista, es difícil evaluar el verdadero impacto que ella podría tener, si no se implementan reformas económicas con una mirada integral e interseccional destinadas a mejorar la situación de los sectores sociales con menos recursos económicos, especialmente de las mujeres. De hecho, “las políticas económicas están conectadas al tema de educación, salud, con la minería que impacta la sostenibilidad económica de las familias que viven en zonas de influencia minera. Entonces, el tema de género está vinculado al tema económico, y las políticas tienen que tomar en cuenta esta conexión” (Beatriz Cortez). 

Después de analizar los principales desafíos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres en contextos mineros, es hora de reflexionar sobre cómo las organizaciones civiles de base pueden visibilizar los roles de las mujeres en la resistencia al modelo extractivista, y qué acciones se pueden tomar para que ellas puedan llegar a roles dirigenciales. Para la escritora, abogada y ex congresista Roció Silva-Santisteban,  son cuatro las acciones principales:

  1. Hacer talleres no solo con mujeres sino también con varones de las comunidades campesinas, para educar directamente sobre la igualdad de género.
  2. Coordinar talleres de género permanentes con todas y todos los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades ubicadas en zonas mineras, para que puedan implementar el enfoque de género en su trabajo diario.
  3. La sociedad civil tiene que tener en consideración las necesidades de las mujeres, para facilitar su participación en los talleres y capacitaciones. Por ejemplo, muchas mujeres no participan en estas actividades porque tienen que estar con sus hijos. Para resolver este problema, las Organizaciones Sociales de Base (OSBs) deberían organizar guarderías en las que los niños puedan permanecer mientras las mujeres participan en los talleres/capacitaciones. 
  4. Para acelerar la implantación de alternativas al modelo económico extractivista, hay que aprender de las experiencias de otros países, conectando estos conocimientos con un enfoque de género que considere las discriminaciones sufridas por las mujeres en Perú.
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Cerro de Pasco: estudio epidemiológico comprueba daño cerebral causado por la minería

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Hace tres años un estudio coordinado por científicos italianos en colaboración con un equipo de investigadores de universidades españolas y una portuguesa, había logrado demostrar el envenenamiento constante de los niños que viven Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen debido a la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno. 

Lo que sus investigadores sospecharon entonces y que los llevó a realizar nuevos estudios con las mismas poblaciones en junio y julio de 2021  se ha hecho público en Pasco la semana pasada. No son solo los cuerpos de estos menores de hasta 16 años, también sus mentes, es decir su cerebro y su desarrollo cognitivo que están siendo atacados.

La salud de niños en Cerro de Pasco en 2019

En 2019 un equipo de las Universidades de Madrid, Santiago de Compostela en España y Coimbra en Portugal, coordinado por Source International, completó una historia clínica de los niños del distrito Paragsha y el asentamiento José Carlos Mariátegui, ubicados en Cerro de Pasco entre desmontes y el tajo abierto de la mina y por ello uno de los distritos más expuestos a las actividades mineras de la ciudad. Los investigadores hicieron lo mismo con un segundo grupo de Carhuamayo, una localidad a unos 40 kilómetros de distancia con condiciones climáticas y socioeconómicas similares, pero no expuesta directamente a la minería. La ONG italiana evalúa el medio ambiente en la ciudad minera de Cerro de Pasco y sus alrededores desde 2009 y esta vez contó con el apoyo de la organización Centro Labor Pasco.

Fuente: Source International

El objetivo era descubrir y exponer las enfermedades que presentan los niños en Cerro de Pasco  y comparar la prevalencia de esas patologías en los infantes de Carhuamayo. Los resultados son evidentes: las patologías específicas se presentan en los niños del Cerro de Pasco en una relación considerablemente superior que en los niños de Carhuamayo. Las hemorragias nasales constantes, por ejemplo, afectan al 62 por ciento de los niños de la ciudad minera, mientras que en Carhuamayo alcanza sólo a un 12 por ciento. La incidencia de manchas blancas en las uñas ( asociada a la exposición a ciertas toxinas, como el arsénico, el talio u otros metales pesados) en los niños de Cerro de Pasco es 12 veces mayor que en los del grupo de comparación. También hay casos de graves trastornos gastrointestinales y de comportamiento, relacionados con la acumulación de altas cantidades de manganeso y mercurio.

Qué ha cambiado

En junio del año pasado los investigadores de Source regresaron a Cerro de Pasco, esta vez para analizar, si continuaba la contaminación y la exposición de los niños a estos agentes tóxicos y estudiar su desarrollo cognitivo. 

El estudio arrojó que existe un claro aumento de las concentraciones de metales pesados desde el año 2016, un indicador de que las fuentes de contaminación siguen activas y los organismos de los menores de edad siguen expuestos y acumulando los contaminantes tóxicos y cancerígenos. La tendencia general de la concentración de metales pesados en la población de Paragsha entre 2016 y 2019 está marcada por un incremento entre 2016 y 2018 y un descenso relativo entre 2018 y 2021. La concentración promedio de la mayoría de metales pesados (salvo berilio y boro)  es más alta en el último año comparada con la de 2016. Es decir, la exposición de la población a metales con alto potencial tóxico incluso ha aumentado desde 2016 en adelante. 

Con ello se desvirtúa el argumento de los dueños de la mina que alegan que la contaminación no es responsabilidad de ellos, ya que proviene de una fecha anterior a la compra de dos tercios de las acciones de la empresa Volcan, operador de la mina Cerro de Pasco, por parte del consorcio suizo Glencore. Y antes de ellos, los cambiantes dueños alegaban que el envenenamiento databa incluso de épocas pre coloniales. 

3.09.21_Foto desde la punta del centro poblado de Paragsha, de la ciudad de Cerro de Pasco y el tajo abierto

La importancia de los cabellos y nuevos estudios

La novedad del más reciente estudio, es que por primera vez, un examen pone en relación la concentración de metales pesados en los cabellos de los niños con  el cociente intelectual de los menores. Se basó en  exámenes realizados a 81 niños de entre 6 y 16 años de Paragsha/José Carlos Mariátegui y 17 menores de entre 11 y 16 años en Carhuamayo de julio de 2019.

Para ello se tomaron  muestras de cabello, de tres centímetros de longitud, que equivalen a un periodo de aproximadamente tres meses de crecimiento. De esa forma se obtiene un valor promedio de la concentración de metales tóxicos en el tiempo mencionado, una metodología más precisa que la toma de muestra de sangre, que solo permite la conclusión de la exposición en un momento muy limitado.

Desde hace más de una década, varios estudios nacionales como internacionales vienen corroborando la exposición de la población, y en particular la infantil, a los metales pesados en Cerro de Pasco. Una ciudad que convive con una mina a tajo abierto y plantas concentradoras que reciclan los desechos de la minera, y que de esa forma extrae plomo, zinc y plata del subsuelo. 

La investigación de Source International sobre el cabello de los niños encontró concentraciones muy elevadas de 17 metales pesados diferentes, muchos de ellos tóxicos y cancerígenos, como arsénico, plomo, mercurio y talio. 

Como valor de referencia, los investigadores usaron el máximo nivel aceptable para niños fijado por el laboratorio alemán “Micro Trace Minerals”, especializado en análisis de cabello, establecido para una población saludable no expuesta a fuentes contaminantes.

Aquí una exposición que grafica la situación:

Fuente: Source International

Las pruebas de Paragsha muestran una concentración mayor o muy por encima de todos los metales comparadas con aquellas de Carhuamayo. En Cerro de Pasco el promedio de concentración de arsénico (0.45 mg/Kg) es tres veces más alto que el promedio registrado en el grupo de control (0,15 mg/Kg). En el caso del plomo (4.38 mg/Kg) la relación es seis veces superior. En cadmio los resultados doblan la concentración de aquella en Carhuamayo. Resaltan asimismo los resultados de antimonio, cuyas concentraciones son dos veces y media más altas en Cerro de Pasco que en Carhuamayo. En relación a los máximos niveles aceptables, fijados por el laboratorio germano, los resultados son aún más dramáticos. En cuanto al plomo los niños de Cerro de Pasco superan en 43 veces la cantidad límite del estándar internacional. En hierro cuatro veces, en manganeso lo supera por siete y en el caso de aluminio se multiplica por cuatro.

«Poco se sabe de los efectos a largo plazo sobre la salud de estos niños, ya que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo sobre intoxicaciones agudas por un solo elemento y no sobre formas crónicas debidas a más de una docena de sustancias, cada una de ellas con diferentes efectos sobre el organismo, y que además tienen efectos interrelacionados entre sí», señala el biólogo Flaviano Bianchini, fundador y director de Source International, al explicar el objetivo de las investigaciones, únicas en su género, realizadas precisamente con este fin.

Los efectos comprobados de los metales pesados

Lo que sí se sabe a ciencia cierta son los efectos que provocan individualmente cada uno de los metales tóxicos, explica Bianchini:

“El plomo, entre sus primeros efectos está provocar retraso mental, trastornos del coeficiente intelectual. El plomo, interfiere en el desarrollo físico del cerebro. El cadmio, aumenta las discapacidades de aprendizaje: los niños tienen más dificultades de aprender, alteraciones de la memoria. Con el manganeso, se tiene menor nivel de atención además que interfiere con sus capacidades manuales. El arsénico provoca hiperactividad en los niños y reduce su capacidad de expresión verbal. Los niños tienen dificultad para hablar bien y presentan una disminución del coeficiente intelectual”.

Fuente: Source International

La medición de inteligencia

En forma paralela a las tomas de muestras de cabello, los investigadores hicieron una serie de exámenes del desarrollo cognitivo y verbal de los niños. 

En forma específica evaluaron la habilidad verbal, la habilidad visual y conceptual, es decir la capacidad de ver imágenes, reconocerlas y asociarlas, la capacidad de la memoria y la velocidad de procesamiento mental, es decir la capacidad en la que los niños logran procesar información, aprender y elaborar las informaciones. En todos estos aspectos, hay un alto número de niños de Paragsha (Cerro de Pasco) que presenta serios déficits. 

Así el valor promedio del Cociente Intelectual Total (CIT) en la población expuesta de Paragsha obtuvo una puntuación de 82,5, una cifra que está 12,3 puntos por debajo de sus pares de la población no expuesta de Carhuamayo, cuyo puntaje promedio fue de 94,8. Además, se detectó que el 37% de los niños y adolescentes que habitan el distrito afectado por los metales pesados obtuvieron un CIT “inferior” o “muy bajo”, en comparación con los estándares internacionales.

Esto significa en términos prácticos, según Bianchini que una persona con un cociente intelectual medio, puede acabar su estudio e ir a la universidad y hacer una carrera de ingeniero, por ejemplo. En cambio aquellos niños con un cociente intelectual medio-bajo como los casos vistos, les costará incluso terminar el ciclo escolar.

Irreversible daño

La gravedad de este resultado a largo plazo lo explica el investigador italiano: “El cociente intelectual y el cerebro se desarrollan en los primeros 6 años y medio de vida. El grueso se desarrolla en el feto antes de nacer y durante los primeros cinco a seis años de vida. Después de eso, muy poco. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos niños, con 8 o 9 años, su cerebro no se desarrolló como debería haber sido y el impacto será para toda su vida. No es un impacto de hoy, se quedará en sus vidas para siempre”, porque el cerebro no se desarrolla más”. advirtió

Si bien esperaban encontrar evidencias de la relación a la exposición de metales pesados y el desarrollo cognitivo de niños, porque los estudios científicos avalan esa relación, para Bianchino los resultados son dramáticos: “Hablamos que los niños de Paragsha (Cerro de Pasco) presentan en promedio un cociente intelectual de más de 12 puntos por debajo de sus pares en Carhuamayo. En Europa cuando se encuentran casos de población donde hay una diferencia promedio de unos o dos puntos por debajo de la media de esta parámetro de medir la inteligencia, inmediatamente esto causa alarma y se hacen más estudios para remediar la situación”

Palabras que resuenan entre los asistentes a la presentación del estudio en el municipio de Paraghas. Su alcalde es la única autoridad del Estado peruano presente en la mañana del 1. de marzo. ¿Qué responder ante preguntas que suenan desesperadas?:

Una joven mujer de no más de 25 años pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar que los niños que están por nacer, no se contaminen con plomo y otros metales pesados? Otro señor entre 40 y 50 años quiere saber ¿Qué debería hacer, si mi hijo de 17 años está con tanto sangramiento de narices, que ni siquiera ha podido continuar con sus estudios? 

Las respuestas que puede ofrecer Flaviano Bianchini son poco alentadoras, como la sugerencia de alejarse de las fuentes contaminantes, si Cerro de Pasco está colmada de ellas o que eviten tomar agua de la llave y que se alimenten con productos de otros valles, con los impagables precios que alcanza el agua embotellada y los alimentos.

Y no obstante, es necesario que el Estado se haga cargo de algunas recomendaciones que hace Bianchini: Afrontar la remediación ambiental integral de la zona y que comience a monitorear en forma permanente y en breves intervalos la salud de los habitantes así como el estado del medio ambiente. Y en forma urgente atender en clínicas especializadas a los niños y demás habitantes más gravemente afectados y otorgarles apoyo sicológico a menores cuyas capacidades cognitivas han sido afectadas de por vida. Y dirigido a quienes pongan en duda la metodología, las formas de trabajo o cualquier otro aspecto del estudio el investigador italiano invita a revisar el informe publicado por una de las revistas científicas más renombradas a nivel internacional, Scientific Reports de Nature que avala este estudio. Por lo tanto para Bianchini, no puede haber discusiones científicas en torno a esta temática, pero sí decisiones políticas que se deben tomar.

Relator Especial de Naciones Unidas y similares conclusiones

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana en su reciente visita a Perú que concluyó el fin de semana pasado y en la que se reunió con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, lo puso de esta manera en una entrevista con el portal www.convoca.pe

“De los testimonios que he recibido, [se resalta] que el Estado, en vez de realizar un tamizaje a toda la población, ha hecho muestras a diferentes personas y los resultados de estos exámenes son entregados con mucha demora. A veces, seis meses o un año después. Esto limita las oportunidades de una intervención médica efectiva. Además, estas pruebas para que sean efectivas deberían ser periódicas, para ver cómo va evolucionando [la salud de la población]”,

Asimismo, recalcó que al Estado, en su deber de garantía de derechos, le corresponde un rol de fiscalización que es indispensable y un rol de garante para que cuando haya afectaciones a la salud tome las muestras necesarias para determinar la gravedad de los impactos y proveer asistencia médica especializada. “No es solo un tema de asistencia médica. Es posible pensar que las personas reciban asistencia médica fuera de sus poblados, pero si vuelven a sus comunidades que están contaminadas, esto [la afectación a la salud] empieza de nuevo. [Debe hacerse] una intervención integral, donde la salud ambiental sea un componente primordial de la [ política de ] salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos”.

Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Un envenenamiento progresivo y persistente que significa atrofiar el cerebro de niños. Es hora de parar la indiferencia de las autoridades gubernamentales, cuya cabeza fue elegida el año pasado precisamente por su promesa de revisar la relación entre la sociedad y los indolentes dueños de la mina. Dueños que en el caso de Volcán, propietaria de la mina Cerro de Pasco, se jactan en su página web de ser considerados uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Tal vez esos bajos costos también guarden relación con la forma de explotar estos metales, en la que las llamadas externalidades ambientales son arrojadas sobre la población.

Resultados del estudio completo: https://uploads-ssl.webflow.com/5d9bafe75f6edb09b82b5aaf/621c9a55ad176d5fc4171084_Copia%20di%20pasco%20short%20ENG.pdf

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Minera ARES presenta virtualmente Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental para extender proyecto Inmaculada

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Una polémica y cuestionada audiencia se ha desarrollado por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), dependiente del Ministerio del Ambiente. En este espacio que se ha desarrollado de manera virtual la Compañía Minera Ares, subsidiaria del consorcio minero Hochschild Mining, ha presentado la segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Inmaculada, ubicada en la provincia de Paucar del Sara Sara en la región Ayacucho.

La minera ha propuesto modificar el plan de minado, a fin de extender la vida útil de la explotación de oro y plata hasta el 2042. Una propuesta que extiende el tiempo de explotación de esta mina, que representa el 60 por ciento del volumen total de producción del grupo Hochschild, en veinte años, ya que el cierre de producción estaba previsto para 2023.

Esta pretendida ampliación es justamente la que causa polémica, ya que el Estado peruano a través de una comisión gubernamental encabezada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió el 19 de noviembre pasado a respetar los planes de cierre de cuatro unidades mineras y terminar de esa manera la operación de las explotación de minerales en las cabeceras de cuenca en el sur de Ayacucho. Uno de los reclamos más sentidos de las comunidades de las provincias de Páucar del Sara Sara, Lucanas y Parinacochas. Compromiso solemnemente firmado entre el Estado y las comunidades en la comunidad de Cora Cora para negociar el retiro y el cierre de las mineras Apumayo, Breapampa además de Pallancata e Inmaculada.

En conversación con Red Muqui el presidente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, Rodolfo Ríos, cuestionó además el momento y la forma en la que se desarrolló esta audiencia sobre la Modificación del EIA. En una zona del país que no cuenta salvo contados lugares con una cobertura de red que haga posible participar de un espacio virtual que requiere un servicio de Internet estable y con un mínimo de descarga de datos para que los habitantes de las comunidades lo puedan seguir, este espacio resulta más una artimaña de la empresa para sugerir que ha consultado con la población afectada una posible ampliación temporal de sus operaciones, explica Rodolfo Ríos.

Y es que el consorcio minero tiene prisa por ver aprobada esta pretensión. En diciembre del año pasado, la agencia Reuters informó que Hochschild Mining preveía que el regulador ambiental aprobase en el primer semestre de 2022 ampliar la vida útil de su mina insignia.

Para el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Huanca Huanca, donde se encuentra una cabecera de cuenca y tres microcuencas y donde se ubica la explotación con el nombre eufemístico “Inmaculada”, después de trece años de explotación en los que la empresa ha engañado a las comunidades este tipo de acciones no hacen más que aumentar la conflictividad en la zona. Y añade que el pueblo, que no ha participado de esta última audiencia, si bien reconoce que estuvieron presentes trabajadores directos y de empresas subcontratadas que no tienen legitimidad ante las comunidades, rechaza tajantemente la posibilidad que la mina extienda el tiempo de sus operaciones.

Ríos recuerda que el gobierno tiene 90 días de plazo que corren desde el acuerdo del 19 de noviembre de Cora Cora para implementar lo suscrito con los comuneros.

En esa ocasión, se acordó además la implementación de un Marco Metodológico para la identificación, Caracterización y Zonificación de las cabeceras de Cuenca en las tres provincias mencionadas.

Estas medidas fueron acompañadas del compromiso para crear una comisión ejecutiva para la negociación del retiro de las cuatro unidades mineras, medida estrechamente relacionada con lo estipulado por los mismos planes de cierre que presentaron las propias mineras en sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental.

Para las mineras hay mucho juego. En el caso de Ares, las acciones de su casa matriz, Hochschild se hundieron en noviembre a mínimos históricos en la bolsa de Londres. Esto se debió a la incertidumbre en torno al futuro de dos de sus tres minas de metales preciosos (Inmaculda y Pallancata), antes de recuperarse luego de que el Gobierno relativizara su postura sobre la extensión de las operaciones de las mismas.

En tanto los comuneros del valle de Huanca Huanca, cuya vida peligra por la explotación minera, observan el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno en atención a la contaminación minera. Así por ejemplo el Ejecutivo se había comprometido a realizar una visita a todas unidades mineras, incluida Inmaculada, hasta el 15 de enero.

Sin embargo, la prometida visita de la comisión ejecutiva no se ha concretado. Para alertar sobre ello el Frente realizará el próximo 11 de marzo la  II Convención de las comunidades y pueblos afectados por la minería en Pauza, Páucar del Sara Sara.

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Relator de la ONU se reunirá con afectados por contaminación de empresas extractivas

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El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y DD. HH, Marcos Orellana ha arribado al Perú para sostener numerosas reuniones y enterarse de primera mano de las diversas vulneraciones a los derechos humanos de la población expuesta a metales tóxicos, hidrocarburos y otras sustancias nocivas en los procesos de extracción de petróleo y de minerales obtenidos en el país. En su primer día, visitará hoy el Lote 192 en la comunidad nativa Nuevo Andoas, ubicada en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, donde se reunirá con los habitantes de dicha comunidad. Orellana, que permanecerá en el Perú del 20 al 26 de febrero, tiene previsto reunirse además, en su paso por la Amazonía peruana, con dirigentes y líderes indígenas del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte (PUINAMUDT).

Según los registros de la empresa Pluspetrol del 2015, en el Lote 192 existen más de 2000 sitios contaminados con derrames petroleros, cilindros de tóxicos abandonados, montículos de chatarra y otros. Ninguno de los impactos realizados por la empresa han sido remediados aún. Otro informe de la OEFA sostiene que, entre 2012 y 2013, en el Lote 192 se derramaron hasta 54 barriles de petróleo.

El miércoles 23, el Relator de la ONU, ya de retorno a Lima, tiene programado reunirse con el Subgrupo sobre Derrames Petroleros, con la Mesa Técnica de Salud Humana y Salud Ambiental (MTSAH) y con los voceros y voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas. Ese mismo día, a las dos de la tarde, expondrá en el seminario virtual “La sombra de las extractivas. El derecho a un ambiente sano en contextos de minería y petróleo”, actividad moderada por Oxfam Perú. El viernes 25, el enviado de Naciones Unidas sostendrá reuniones con la Comisión multipartidaria investigadora de la atención a los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre, del Congreso de la República; posteriormente, con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas Andinas (ONAMIAP). Finalizará esa jornada con una reunión con pescadores y representantes indígenas afectados por derrames petroleros en el limeño distrito de Lince.

Como antecedente de esta visita es de destacar que según datos del Ministerio de Salud (MINSA), a nivel nacional más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas se encuentran en situación de riesgo por la exposición de metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en 2021.

Ante esta problemática y la constante lucha de las y los afectados, el 23 de diciembre del año pasado el gobierno publicó el Decreto Supremo No 037-2021-MINAM, referido al «Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas». El decreto establece que los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales articulen e implementen acciones necesarias para reducir el impacto de los metales pesados en la vida de las ciudadanas y ciudadanos afectados.

Finalmente, y debido a la insistencia de las y los afectados, la actual congresista cusqueña Ruth Luque impulsó una disposición complementaria que afecta a la Ley de Presupuesto 2022. Arreglo que beneficia a Espinar (Cusco), Cuninico (Loreto), La Oroya (Junín), Cerro de Pasco y a la cuenca Coata (Puno), con un presupuesto de hasta 30 millones de soles para promover atenciones a la salud de personas contaminadas.

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Comunidades de Ccapacmarca reafirman lucha contra contaminación de minera Las Bambas: marcharán en Cusco ciudad

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Ante diversas señales de presión por parte de la empresa Minera MMG Las Bambas, a las que se ha sumado el gremio del sector minero y autoridades gubernamentales para poner fin a la huelga que mantienen cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estas han anunciado para el jueves 10 de febrero una manifestación en Cusco, para sensibilizar a la población citadina y reafirmar la legitimidad de sus demandas desatendidas por años.

Reunidos en asamblea, los habitantes además resolvieron realizar en Cusco un plantón ante la Corte Superior de Justicia de dicha ciudad para exigir que se resuelva la Acción Popular presentada por sus abogados. Esta medida plantea anular la resolución ministerial N° 372 -2018, que convirtió caminos comunales en vía nacional, y por donde pasan desde entonces los camiones de alto tonelaje de la empresa, transportando el mineral de cobre que se extrae de Las Bambas. Las comunidades exigen además que sean consideradas como zona de influencia ambiental y social en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la empresa.

En concreto los habitantes rechazan la contaminación que provoca el tránsito diario de más de 250 camiones que atraviesan, en el caso de las comunidades directamente afectadas, de día y noche los espacios poblados y afectan a sus moradores y cultivos.

Ante el anunció de la empresa minera MMG Las Bambas, que el lunes advirtió que podría suspender sus operaciones el 20 de febrero, debido a la paralización que mantienen las comunidades de Ccapacmarca desde el 27 de enero, el dirigente campesino e integrante de la Comisión del Comité de Lucha de dicho distrito, Luis Huamani Fuentes, desestimó la posibilidad que la minera paralice completamente la explotación. El ex presidente del Comité Lucha de Chumbivilcas explicó que dicho anunció nunca se ha hecho realidad, ni siquiera cuando la empresa declaró en diciembre pasado la paralización completa de sus actividades. Una medida que la compañía sostuvo hasta fines del 2021, cuando llegó a un acuerdo con algunas comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Según el dirigente comunero, este tipo de anuncio no es más que una acción publicitaria para generar rechazo en la opinión pública hacia las reivindicaciones de las comunidades.

En cambio, afirmó que cuentan con fotografías y otras pruebas que demuestran que, a parte de la interrupción del transporte del mineral, las faenas de explotación en la mina continuaron incluso en los días de la supuesto suspensión de actividades.

Actualmente el bloqueo que mantienen al menos cuatro comunidades de Ccpacmarca impide el transporte de minerales y el suministro de otros bienes desde y hacia la mina en un punto estratégico del corredor minero sur. Estas no forman parte del acuerdo que se firmó con 11 comunidades en diciembre del 2021 a través de una mesa de diálogo liderada por la entonces premier Mirtha Vásquez y que puso fin entonces a otra huelga, en la que otras comunidades buscaban ser proveedoras de la minera y la que se desarrolló durante casi un mes. En esa ocasión, Las Bambas anunció finalmente la paralización de sus operaciones lo que generó duros pronunciamientos por parte del gremio empresarial y minero que llegaron a cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la empresa minera nuevamente deberá interrumpir su trabajo apenas transcurridos 35 días, hecho que sucede en medio de una crisis política, en alusión al reiterado cambio de gabinete del gobierno. Según el gremio minero estas medidas de fuerza que considera ilegales, provocarán mayores pérdidas económicas al país, a las ya registradas en diciembre pasado, en circunstancias que urge impulsar la reactivación económica.

En la misma sintonía ha reaccionado ayer el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, que a través de un pronunciamiento pidió al gobierno, declarar el estado de emergencia el corredor vial por 120 días, lo que le permitiría al ejecutivo despejar la vía a través del uso de la fuerza con la excusa de restaurar el orden.

En el comunicado de prensa Lantarón alega que la posible suspensión de operaciones de MMG Las Bambas afectaría a ocho mil trabajadores directos, y más cuatro mil empleados de empresas proveedoras. Además lamentó la potencial pérdida de casi 2 millones de soles mensuales por concepto de canon minero que recibe la región, de los impuestos que debe pagar la minera.

En cuanto al actuar del gobierno, Luis Huamani se mostró esperanzado en el nuevo gabinete encabezado por el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien considera un hombre idóneo en el puesto por su preparación y experiencia. Además reiteró que las comunidades de Chumbivilcas siguen apoyando al gobierno del presidente Pedro Castillo, de quien esperan que se desplace a Ccapacmarca junto con sus ministros para iniciar una mesa de diálogo. “Esta vez no vamos a leventar la huelga hasta no encontrar una solución definitiva a nuestras demandas, no vamos a volver a otra huelga, esta es la definitiva”, sentenció.

Es importante recordar que desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

 

 

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Valle de Tambo: organizaciones exigen justicia en vísperas de sentencia de segunda instancia

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En vísperas de la lectura de la sentencia de segunda instancia del poder judicial, en el caso de los agricultores del Valle de Tambo procesados por las protestas del año 2015, la Coordinadora en Defensa del Valle de Tambo-Arequipa ha expresado hoy, a través de un pronunciamiento, su esperanza de que el tribunal le reconozca el derecho a la protesta social. Por lo tanto las Junta de Usuarios de valle de Tambo y organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora, esperan que la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declare inocentes de los cargos que el Ministerio Público imputa a los agricultores del Valle de Tambo y solicita que las instituciones administradoras de justicia a nivel nacional e internacional garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales de los agricultores del Valle de Tambo.

A juicio de las organizaciones sociales la sentencia de primera instancia es una violación al derecho a la protesta y desconoce las causas en un conflicto en el cual la población se movilizó defendiendo el sustento de su vida que es la agricultura. Y argumenta que el fallo tiene un claro objetivo político de castigar y disciplinar a quienes afectan los intereses empresariales dentro de un estado de derecho que da preferencia parcializada al derecho empresarial sobre el derecho del pueblo.

En el dictamen de primera instancia el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa absolvió a 11 procesados. Sin embargo, el mismo tribunal condenó al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo a más de 7 años de cárcel, al ex alcalde del distrito de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, a más de 12 años de prisión efectiva y al cuestionado dirigente Pepe Julio Gutiérrez a 16 años de pena privativa de libertad.

Los agricultores lamentan que dicho fallo se produjo a pesar de que en el conflicto del 2015 el Estado actuó legitimando los intereses de minera Southern Copper y procedió de manera en extremo represiva y violenta, lo que derivó en que la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta tuviera que lamentar ocho personas fallecidas, decenas de heridos y procesados. Actos represivos que aún no han sido juzgados.

El comunicado de la Coordinadora recuerda que el pueblo del Valle de Tambo durante más de 10 años viene resistiendo la violencia empresarial de la minera Southern y del Estado. Según sus palabras ambos quieren imponer el proyecto Tía María en un valle donde más de 20 mil familias viven de la agricultura y que el 2009 mediante consulta popular rechazó con una abrumadora mayoría del 90 por ciento los proyectos mineros Tía María y La
Tapada.

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