Cajamarca: Levantan paro contra Anta Norte. Gobierno habría prometido suspensión de exploración minera

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Las comunidades campesinas y ronderos de varias provincias de Cajamarca han levantado el paro que mantenía bloqueado desde el pasado lunes 17 de enero el acceso al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte ubicada en el sector Sinchao en el distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. 

De acuerdo a las informaciones del diario “La Prensa del Norte” la decisión fue tomada luego que la comisión técnica del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) se comprometió a suspender los trabajos de exploración del mencionado proyecto minero. Compromiso que no ha podido ser confirmado.

El Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, ha informado que la comisión gubernamental se habría comprometido además a declarar la inviabilidad del proyecto Antacori, tal como lo exigen las comunidades que en los pasados nueve días han movilizado a cientos de ronderos de 35 diferentes comunidades que se han alternado en turnos para mantener el paro frente al campamento minero.

Según el mismo dirigente, las comunidades estarán atentas a que no se instalen nuevas plataformas de perforación, ya que la minera hasta ahora habría logrado hacer operar tres de las 24 instalaciones a través de las cuales lleva adelante los trabajos de exploración para detectar las mejores vetas de cobre y oro que busca explotar en la zona.

Parte del acuerdo ahora alcanzado prevé una reunión para el próximo miércoles 9 de febrero entre representantes de las comunidades y del gobierno en el distrito de Chugur, con el fin de buscar la solución al conflicto ocasionado por la empresa minera.

Las informaciones recogidas en los canales de comunicación institucionales del MINEM, dan cuenta del encuentro y también de la suspensión del paro. Sin embargo, el ministerio no menciona que se haya comprometido a ordenar suspender las actividades de exploración del proyecto minero Antacori:

La nota del diario “La Prensa del Norte” consigna que el martes 25 de enero fueron más de cuatro mil los ronderos que presenciaron el arribo de la comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sus integrantes tuvieron que desplazarse directamente al sector denominado «El Sinchao» ante la masiva movilización que demostró que las comunidades resisten la continua contaminación de sus fuentes hídricas, que habría sido causada por los trabajos de exploración del proyecto minero Antacori. Además reclaman por los cientos de pasivos ambientales en la región.

En concreto, los comuneros han denunciado la contaminación del agua de la represa «Aguas Coloradas», y denuncian la muerte de 17 mil truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe el 31 de diciembre. Un análisis hecho por la Municipalidad el 4 de enero de este año, muestra que los niveles de metales pesados en varias cuencas, están mucho más elevados que lo permitido. Pruebas de sangre de niños y adultos en Chugur también demostraron altos niveles de plomo. 

Según testimonios recogidos por la organización ambientalista Grufides para los habitantes de las comunidades, la empresa minera Anta Norte es un peligro, ya que se encuentra en la última cabecera de cuenca con agua limpia de Hualgayoc, Bambamarca, Chugur y Chota, que desemboca en Gallito Ciego. Las demás cuencas de la provincia de Hualgayoc ya se encuentran contaminadas desde la llegada de otras empresas mineras en la zona como Gold Fields y Coimolache.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

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Cajamarca: comunidades campesinas de Hualgayoc-Bambmarca y Chota bloquean acceso a proyecto minero Anta Norte

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Por segundo día consecutivo integrantes de comunidades campesinas y ronderos de Bambamarca, Hualgayoc, Chugur y Chota permanecen movilizados, bloqueando el ingreso principal al proyecto minero Antacori de la empresa Anta Norte. Las comunidades, que habían anunciado el paro la semana antepasada, exigen de esta forma el retiro de este proyecto minero, cuyos trabajo de exploración estarían contaminando las fuentes hídricas de una cabecera de cuenca.

El dirigente rondero Gilberto Cayotope, en entrevista con el medio Bambamarca TV explicó que las movilizaciones consisten en el bloqueo del acceso a las instalaciones del proyecto Antacori ubicadas en la zona de Sinchao en las cercanías del poblado de Pujupe, distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. En cambio, el dirigente aclaró que la carretera que conecta los poblados de la zona no es objeto de la paralización.

Juan Carlos Pérez, secretario de organización de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Indígenas y Urbanas de Cajamarca reiteró el rechazó de las comunidades de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota a los trabajos de cualquier proyecto minero en cabeceras de cuenca. Además hizo un llamado a las bases ronderas de las provincias de Bambamarca, Chota, Santa Cruz y San Miguel, que son las provincias más aledañas al lugar, a respaldar con su presencia las movilizaciones.

Los dirigentes exigen que la premier Mirtha Vásquez y el titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González Toro vayan a Sinchao a dialogar directamente con las bases de las comunidades campesinas y organizaciones mineras y conozcan de primera mano la contaminación del medioambiente causada por la actividad minera. Las comunidades exigen que el gobierno del Presidente Pedro Castillo declare inviable el mencionado proyecto minero.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con la mencionada comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones concatenadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.

En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

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Cajamarca: Comuneros de Hualgayoc-Bambamarca y Chota irán a paro exigiendo el retiro de minera Anta Norte

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Autoridades y dirigentes de comunidades campesinas y organizaciones ronderas de los distritos de Hualgayoc, Chugur, Bambamarca de las provincias de Hualgayoc-Bambamarca y de Chota han ratificado este jueves la realización de un paro interprovincial de duración indefinida, que se realizará a partir del lunes 17 de enero en el área de exploración del proyecto minero Antacori ubicada en la zona de Sinchao del distrito de Chugur en el departamento de Cajamarca. Con la movilización los comuneros buscan la paralización de los trabajos de exploración y el retiro definitivo de la minera Anta Norte de la zona.

Un reclamo que vienen planteando desde inicios del año pasado cuando trascendió finalmente que la minera pretende desarrollar un megaproyecto de explotación de cobre en Sinchao, ubicado en una cabecera de cuenca del distrito de Chugur, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Desde entonces se han producido varios hechos de vulneración de derechos, que entre otros han provocado serios daños al medioambiente. Así, en la comunidad de Tranca de Pujupe, del Distrito de Hualgayoc, pobladores y autoridades denunciaron en marzo pasado la contaminación del agua de la represa “Aguas Coloradas”, al haber identificado un cambio repentino en el color de la misma.

La zona de exploración de minerales es limítrofe con dicha comunidad, por lo que sus habitantes sospechan que las perforaciones asociadas hayan originado el daño de los afluentes hídricos. También acusan la muerte de truchas de piscigranjas ubicadas en el caserío de Pujupe, hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre. La organización de derechos humanos y del medioambiente Grufides constata en un reporte de mayo de 2021 que la apariencia rojiza del agua de la represa preocupa a centenares de regantes de la comunidad de Tranca y, en general, a la mayoría de agricultores de la microcuenca Tingo – Maygasbamba, por lo que los comuneros exigieron a la empresa minera que se retirara de la zona.

Otros hechos que han afectado a seres humanos y la flora y fauna de la zona se relacionan con los abrumadores pasivos ambientales que se concentran en la región y que conforman la tóxica herencia minera. En la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, el derrame de relaves mineros de la operación Cerro Corona, propiedad de la empresa minera de capitales sudafricanos Goldfields, del 16 de diciembre del 2018 ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas de piscigranjas cuyo bienestar dependía de la calidad del agua del río Tingo Maygasbamba. Dicho derrame se saldó con una multa impuesta por la Autoridad Nacional del Agua a la empresa Goldfields equivalente a 4 millones 300 mil soles.

Es de destacar que actualmente existen aún 72 pasivos ambientales sin remediar en el distrito de Chugur, donde pretende instalarse la empresa minera Anta Norte. Según el inventario actualizado de Pasivos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Hualgayoc, la provincia a la que pertenece el distrito de Chugur, es aquella con mayor número de relaves y otras instalaciones mineras abandonadas en todo el país ya que dicha provincia concentra 1067 casos del total de 1183 pasivos mineros que registra toda la región de Cajamarca.
En la declaración “Plataforma de Lucha” lanzada por los comuneros organizados de las provincias de Hualgayoc y Chota el pasado 7 de enero para convocar al paro interprovincial, sus dirigentes advierten sobre la grave situación de salud pública en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur que se evidencia en las muestras de sangre de 370 niños y adultos contaminados con plomo, arsénico y otros metales tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que, en el llamado a huelga, declaran estar en pie de lucha contra la expansión y contaminación minera de las cabeceras de cuenca, no sólo de Anta Norte con su proyecto minero Antacori sino también Goldfields y su operación Cerro Corona, Coymolache Tantahuatay y otros emplazamientos similares que por atentar contra la vida y la salud de los ecosistemas y de las familias con metales tóxicos y cancerígenos jamás tendrán licencia social.
En lo inmediato, las exigencias de las comunidades son que se declare la inviabilidad definitiva del proyecto Antacori y el retiro inmediato de la maquinaria como también del personal apostado en el Sinchao. De acuerdo al Coordinador del Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, Víctor Hugo Cruzado, exigen además el archivamiento definitivo de todo proceso o acusación fiscal o judicial contra dirigentes y pobladores.
Además, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados en reunión de trabajo celebrado en febrero del año 2019 con varios ministros y subsecretarios, entre ellos los de Salud y Energía Minas. En ellos se acordó la atención a las personas tamizadas y contaminadas con metales pesados, tóxicos y cancerígenos. También figuran la construcción del Hospital General de Hualgayoc – Bambamarca y el financiamiento y construcción de la Planta de Agua Potable para Bambamarca.

Finalmente, el pliego demanda la investigación y sanción de los responsables de la grave contaminación de piscigranjas y la muerte de miles de truchas. Un hecho que evidencia, a juicio de Víctor Hugo Crutzado, los graves perjuicios que está causando el proyecto Antacorí, ya que los peces son un indicador clave de la salud de las fuentes hídricas, y subraya que esto se ha producido cuando las faenas recién se encuentran en fase de exploración.
El dirigente ha explicado que la movilización sólo podrá ser detenida, si las autoridades gubernamentales encabezadas por la premier Mirtha Vásquez se desplazan directamente a la zona Sinchao.

Y es que la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conoce el trasfondo del conflicto. Según el Reporte de Conflictos del Observatorio del mismo nombre de la organización Grufides, la entonces congresista, Mirtha Vásquez, solicitó en 2020 mediante oficios a los Ministros del Ambiente, Salud y Energía y Minas intervención con carácter de urgencia para atender la problemática socio ambiental en el Distrito de Chugur.

Los representantes de las comunidades se muestran confiados en lograr que se respeten los acuerdos. Para ello, serán decisivas la capacidad de convocatoria y la duración del paro. Según palabras de Cruzado, son al menos mil los ronderos que se han comprometido a bloquear las faenas de Anta Norte. En febrero de 2019, la población de la provincia de Hualgayoc realizó un paro de 8 días en protesta por la contaminación ambiental de la provincia, la falta de remediación de pasivos ambientales mineros dejados hace más de 50 años, y por la falta de atención especializada en salud a las personas contaminadas con metales tóxicos. Tras estas protestas, el ejecutivo se comprometió a atender estas legítimas y postergadas demandas.

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Chumbivilcas: Comunidades de Ccapacmarca acuerdan nuevo diálogo con Mirtha Vásquez por conflicto con Las Bambas

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Las comunidades de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay del distrito de Ccapacmarca en la provincia cusqueña de Chumbivilcas han reiterado este lunes su rechazo al acuerdo alcanzado entre algunas comunidades de Chumbivilcas, el ejecutivo encabezado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Minera MMG Las Bambas celebrado el 30 de diciembre pasado en la comunidad de Huininquiri. Por el momento no descartan retomar las acciones de bloqueo del corredor vial minero, sin embargo, han logrado que la premier Mirtha Vásquez se comprometa a desplazarse nuevamente a la zona para reunirse y dialogar directamente con estas comunidades el próximo 17 de enero.

En conversación con Red Muqui, uno de sus dirigentes explicó que el principal motivo del conflicto no ha sido atendido, por lo cual las comunidades mencionadas decidieron no ser parte del acuerdo con el gobierno e incluso se retiraron del lugar antes de que finalizara la reunión del 30 de diciembre. Las comunidades exigen la derogación de la Resolución Ministerial No. 372-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que modificó la figura legal de caminos comunitarios que cruzan el territorio de numerosas comunidades de Chumbivilcas, convirtiéndolas en una vía nacional que desde entonces conforma el corredor vial minero.

 

El conflicto socioambiental por Las Bambas tiene sus orígenes en el 2011, cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este se preveía el traslado de los minerales de cobre y molibdeno extraídos de la mina a través de un mineroducto. Sin embargo, en 2014 la entonces dueña Glencore-Xstrata modificó el EIA y decidió unilateralmente que la producción fuese transportada con camiones que desde entonces atraviesan los territorios de las comunidades campesinas.

En cuanto a las posturas divergentes entre comunidades de algunos distritos y otros de la provincia de Chumbivilcas que tienen en común haber sido despojados de caminos rurales para verlos convertidos en rutas para el transporte de minerales, el dirigente de Ccapacmarca, que ha preferido el anonimato, explicó que las comunidades vecinas prefieren ser partícipes de la cadena de valor de la producción minera.

En este punto, según el acta del acuerdo de Huininquiri, el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) retomará las reuniones con la empresa y las comunidades para continuar la discusión sobre la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la producción del yacimiento minero.

Las comunidades de Ccapacmarca, en cambio, no han cesado de denunciar los impactos ambientales por el continuo uso de sus territorios para el traslado de los camiones de carga. El dirigente añadió que existen impactos diferenciados producidos por el traslado del material que realizan los camiones.  En el caso de las comunidades de Ccapacmarca, los camiones atraviesan los mismos poblados de las comunidades, en cambio, en otras comunidades de la provincia la vía usada por los vehículos se encuentra a varios kilómetros de las zonas pobladas. No obstante, en una cita del diario “El Correo”, Judith Cjuno, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Ccapacmarca explicó: “Las comunidades de Ccapacmarca tenemos una plataforma de lucha que se armó el 2019 para ser reconocidos como zona de influencia ambiental y social ya que sufrimos un impacto y contaminación terrible, por lo que la producción de maíz, trigo, cebada ya no es la misma. Sin embargo la minera siempre nos ha respondido que no tiene ninguna obligación con nosotros porque transitaban por una vía nacional declarada de manera ilegal y que buscamos derogar”.

Al respecto, las comunidades del distrito de Ccapacmarca reclaman que la empresa minera debe incluirlas como área de influencia directa en cuanto a impactos sociales y ambientales. Algo que conllevaría una serie de obligaciones por parte de la empresa para mitigar esas consecuencias y que deben ser incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En este punto central del debate, el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) se comprometió que a través de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hará seguimiento y comunicará del proceso de modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La minera en cambio, sólo ha accedido a considerar a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas como Área de Interés Social y Ambiental. Lo cual implica que bajo este tratamiento la empresa puede invertir en proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la provincia de Chumbivilcas y el corredor vial minero.

En relación a las demandas de las comunidades de Ccpacmarca, la Presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros Descentralizado, señaló: “Hay tres comunidades que han manifestado su deseo de tener un diálogo directo porque tienen demandas específicas con énfasis en temas ambientales”, aceptando la solicitud de reunión.

LA PCM ya decretó la Zona de Atención Especial

La PCM declaró como “Zona de Atención Especial” (ZAE) a 14 comunidades de seis distritos de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, como parte de sus compromisos con las comunidades de Chumbivilcas en la reunión del 30 de diciembre. Según la resolución ministerial N° 005-2022-PCM, este decreto servirá para la planificación de las acciones que propondrá un Grupo de Trabajo que se creará para formular el plan de intervención para la ZAE-Chumbivilcas, el cual estará encargado a la PCM. El plan de intervención tiene como propósito promover el desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque territorial, intercultural y multisectorial en las comunidades cusqueñas a las que alcanza dicha resolución ministerial.

Finalmente, cabe destacar que la premier Mirtha Vásquez reiteró que el Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos y remarcó que el Ejecutivo prevé instalar equipos de trabajo permanente en las comunidades campesinas para atender a los pobladores locales.

 

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Nuevo paro para exigir fin a la contaminación de la Cuenca del Coata comienza este 8 de noviembre

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Intermitentes declaratorias de Estados de Emergencia y abundante evidencia por parte de organismos estatales de altos niveles de contaminación, de importante fuente de agua de al menos 50 mil personas, no han mejorado la situación.

Pobladores expuestos a metales pesados por la contaminación de la cuenca Coata, ingresarán a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, debido al incumplimiento de compromisos de remediación de la cuenca y atención de salud a personas con mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas.

Félix Suasaca, presidente del frente de defensa unificado en contra de la contaminación de la cuenca coata, manifestó que la medida de protesta social es para exigir la inmediata ejecución de las pozas de oxidación y una cámara de filtración para mitigar el ingreso de aguas servidas de la ciudad de Juliaca al río Torococha y posteriormente al rio Coata, en el marco del plan de acción de la municipalidad de San Roman y Seda Juliaca.

Asimismo, exigirán la implementación del plan de acción elaborado por el gobierno regional de Puno para atender a más de 50 mil personas expuestas a metales pesados, en temas de salud, ambiente, educación, vivienda y agricultura. De la misma forma, solicitaran la publicación de la resolución suprema 02-2020 PCM que reconoce el plan de acción del gobierno nacional que involucra a los ministerios de salud, energía y minas, ambiente, educación y vivienda.

Las evidencias de la contaminación de la cuenca del río Coata son refrendadas por varios organismos estatales, entre ellos la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Sus muestras evidencian alarmantes concentraciones de metales tóxicos y microorganismos que superan ampliamente los Límites Máximos Permitidos y los Estándares de Calidad Ambiental establecidas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia de esta contaminación, el pasado 28 de setiembre, mediante el Decreto Supremos 158-2021-PCM, el gobierno nacional declaró en Estado de Emergencia por un plazo de 60 días, los distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno y distrito de Caracoto de la provincia de San Roman, región de Puno, por existir peligro inminente de contaminación del agua de consumo humano. Sin embargo y a pesar de que las razones de la polución no han sido subsanadas, el gobierno ha vuelto a levantar el Estado de Emergencia.

Ante esta medida, los dirigentes de frente de defensa de los distritos mencionados, manifestaron estar cansados con las declaratorias de emergencias, mesas técnicas, compromisos y planes de acción, sin resultados favorables para la población afectada por la contaminación. En ese sentido indicaron que no levantarán la medida de fuerza hasta que el presidente Pedro Castillo Terrones y la presidenta del Consejo de Ministros estén presentes en la zona para dar solución definitiva al tema.

Organismos defensores de Derechos Humanos han constado la evidencia de actos intimidatorios y de criminalización en contra de integrantes de los Frentes de Defensa.  No obstante que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha solicitado acciones al gobierno peruano poner fin a cualquier acto de criminalización en contra de los defensores de derechos humanos de la cuenca del río Coata. Adicionalmente, se evidenciaron actos de criminalización en contra de los dirigentes principales de los Frentes de Defensa, con la aparente intención de paralizar el pliego de reclamos de la población expuesta a metales pesados.

Si bien la contaminación se evidenció en estudios desde el 2015, la problemática socio ambiental se inicia mucho antes. Además, se observa que la respuesta del gobierno a los resultados alarmantes de la contaminación demora cuatro años, y recién después de cinco se realizan análisis en sangre y orina de las personas expuestas.

Cabe señalar que, las fuentes contaminantes podrían estar distribuidas en la zona alta, media y baja de la cuenca Coata cuya extensión es de 5,548.5 km2 y alberga alrededor de 221,097 habitantes, de los cuales cincuenta mil serían los más afectados ya que viven en la en la zona baja de la cuenca.

Por último, a pesar de que no hay claridad sobre los mecanismos para enfrentar la situación de afectación que ha sido calificada por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) de  Muy Alto Riesgo, las declaratorias de estado de emergencia se han dejado de emitir. A ello se suma que el proceso para la elaboración de un Plan de Acción Integral para atender la problemática aún es incipiente. Para asegurar que este plan aborde problemas estructurales de la contaminación ambiental, se requiere una discusión amplia, y la participación de sectores privados (ONGs) y estatales que garanticen un abordaje integral y consecuente de la problemática.

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Defensores del medio ambiente convocan movilización y denuncian violencia extrema en sus regiones

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Perú ocupa el noveno lugar, entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores, en el mundo.

Defensores/as de derechos humanos y del ambiente del Perú se movilizan a Lima para exigir un alto a la violencia que sufren a diario

Las y los defensores denuncian que son intimidados, perseguidos, encarcelados, llevados a juicios y asesinados por defender territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, la selva, la flora y la fauna.

Durante el 2020, en plena pandemia, 6 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados en el Perú, según registra el más reciente informe de Global Witness. Este informe señala que, a nivel global, 227 personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el 2020.  El Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo. En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales.

Así mismo, los defensores y defensoras denuncian que en el Perú se vive una situación de criminalización del derecho a la protesta, en la que tanto la Policía como los órganos jurisdiccionales presentan denuncias e investigaciones contra los líderes sociales a fin de someterlos a largos y costosos procesos judiciales, instrumentalizando el derecho penal para desalentar la protesta y estigmatizar a los defensores.

En ese contexto, este 26 de octubre se llevará a cabo una primera reunión en la que se darán encuentro defensores y defensoras de Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y Lima. En esta reunión se discutirá la pronta convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de todo el Perú, así como impulsar una campaña nacional que oriente acciones que pongan alto a las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea de batalla para proteger los recursos naturales de todas y todos los peruanos.

Realizarán Plantón frente al Ministerio de Justicia

Al día siguiente, este miércoles 27 de octubre a las 10am se realizará un plantón cultural frente al Ministerio de Justicia, donde se recreará el escenario de violencia a la que defensoras y defensores son sometidos por proteger la tierra. Conoce el evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Campaña «Defensores y defensoras: Proteger a quienes nos protegen»

Esta campaña busca reconocer y reivindicar el papel de defensoras y defensores indígenas del Perú en la defensa de los derechos a la tierra. Las defensoras y defensores deben ser reconocidos como actores imprescindibles para la sociedad, en medio de nuestra lucha por
el cambio climático. Entérate más de la campaña: https://bit.ly/3G91KA8

Exigen implementación de Nuevo Protocolo para defensores

Por ello, pedimos al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto adecuado el nuevo Protocolo para defensores aprobado recientemente por el Ejecutivo, a fin de garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Así mismo, piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda prevenir y evitar la criminalización de la protesta.

Evento aquí: https://fb.me/e/1iUskj78e

Contacto de prensa: José Carlos Zúñiga: 927160871

 

 

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Debida diligencia: Derechos laborales no son costos a reducir por las Mineras

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La semana pasada ocurrió un lamentable accidente de transporte donde 16 trabajadores de 8 empresas contratistas de la empresa minera Las Bambas perdieron la vida. La empresa minera emitió un comunicado donde señala que las personas fallecidas eran “colaboradores”. Debe quedar claro que, si bien se trataban de trabajadores contratados por empresas tercerizadas, todas estas personas realizaban labores directamente vinculadas a garantizar la producción de la empresa principal, es decir la empresa minera.  No se trata de “colaboradores” sino de trabajadores a los que les corresponden derechos sociales.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

La tercerización es la figura legal que utilizan las empresas para reducir sus costos de producción. Especialmente las empresas mineras, que se basan fuertemente en políticas de competitividad y productividad. La ventaja competitiva es aplicada por las empresas mineras como principio orientador de su gestión y de manejo de sus procesos productivos. Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, como el derecho al trabajo, todas las empresas deberían de actuar con debida diligencia. La “debida diligencia” es un concepto que se introduce desde los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) el 2011. En el marco de estos principios se establece que en base al deber de prevención, las empresas deben actuar con debida diligencia para evitar la violación de los derechos humanos.

La debida diligencia implica que las empresas mineras identifiquen previamente todos los riesgos que sus actividades productivas generan, además es necesario que identifiquen y delimiten los derechos humanos en riesgo. Sin embargo, como es el caso de empresas como Las Bambas, persisten en sus políticas de negación de derechos humanos. Esta es una política común en varias empresas mineras, por ello los sindicatos mineros están en permanente lucha. Es el caso ahora del Sindicato Unificado de los Trabajadores de Atococha, quienes han realizado una marcha de sacrificio a la ciudad de Lima para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial a su favor que anula el proceso de cese colectivo que aplicó la empresa minera Cerro SAC en Pasco y que afectó a 164 trabajadores y sus familias

El secretario general del sindicato ha informado que la autoridad laboral regional no atiende sus demandas y que esperan una solución de parte del Ministerio de Trabajo. Los ceses colectivos junto a la suspensión perfecta son modalidades que las empresas mineras han utilizado para prescindir de los trabajadores y reducir sus costos de producción. Al igual que en el caso de la tercerización laboral, su objetivo es no tener trabajadores en planilla con derechos reconocidos de forma integral.

Debida diligencia: Los derechos laborales no son costos a reducir por las mineras

Fuente: Facebook de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos.

Es de suma importancia que el Estado en todos sus niveles pueda implementar un enfoque de derechos humanos en sus políticas de promoción de la economía, ya que la estabilidad de la inversión minera en nuestro país no puede seguir suponiendo recorte de derechos humanos, especialmente derechos de carácter social como el derecho al trabajo. El gobierno actual debe asumir una política en debida diligencia en derechos humanos para fortalecer su potestad de regulación y promover un desarrollo sostenible.

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Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de Minera Aruntani

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Por: Bladimir Martínez
Equipo técnico de DHUMA-Puno

El pasado 17 de Junio, pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri de la provincia de Melgar, fueron testigos nuevamente (situación que se repite desde el 2010) de la coloración rojiza del agua proveniente de la cabecera de cuenca del rio Llallimayo donde opera la empresa Aruntani S.A.C, que en el 2019 según lo dictaminó la ex ministra del ambiente, Lucia Ruíz, debió paralizar definitivamente sus operaciones debido a la contaminación probada según información del OEFA y ANA. Por lo anterior, las medidas de protesta reiterativas de la población afectada se reinician por un plazo de 48 horas desde el 21 de junio.

Puno: Paro de 48 horas por contaminación permanente de la minera Aruntani

A pesar de la existencia de informes presentados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016 que vinculan a la empresa minera Aruntani S.A.C con la contaminación producida en la cabecera de cuenca del río Llallimayo, advirtiendo la presencia de metales como el aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, arsénico que superan que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y suelo, y concentraciones elevadas de mercurio, plomo y arsénico en sedimentos[1]. Así como también, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) muestra que las aguas de la zona alta de la cuenca del río Llallimayo donde opera la empresa minera Aruntani S.A.C, presentan valores elevados de acidez y además se encuentran contaminadas por metales pesados como el aluminio, arsénico, berilio, litio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cadmio y plomo[2]. Sin embargo, “a la fecha no se inició la construcción de plantas de tratamiento para el abordaje de la problemática ambiental que se encuentra dentro del plan de acción aprobado en el 2019 para remediar la contaminación de la cuenca Llallimayo” según refiere la vicepresidenta de mujeres artesanas del distrito de Llalli, Margarita Machaca.

Por último, a pesar de la instalación de mesas de diálogo y mesas de trabajo desde el 2016, la solución de esta problemática ambiental que aqueja a miles de pobladores de la cuenca Llallimayo pareciera estar lejos de la solución. Según el presidente de la Junta de Usuarios Ramis, Edwin Díaz, debido al incumplimiento sistemático del ejecutivo se solicita que la Presidencia del Concejo de Ministros presida una visita a la zona y atienda la problemática de la cuenca Llallimayo, el retiro definitivo de la empresa minera Aruntani S.A.C, y la implementación del plan de acción aprobado el 2019 para remediar la contaminación, este último contempla tamizajes, acciones de remediación y mitigación de la contaminación de la cuenca del río Llallimayo, entre otras. Al cierre de este informe los pobladores mantenían bloqueada la vía panamericana que conecta Puno y Cusco en la zona de Ayaviri.

Plataforma de lucha Paro en Puno 2021

[1] Informe N° 100-2016-OEFA/DE-SDB-CEIA

Informe N° 054-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

Informe N° 077-2017-OEFA/DE-SDLB-CEAME

[2] Informe Técnico N° 050- 2015-ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 004- 2016- ANA-AA.SDGCRH.TIT

Informe Técnico N° 100- 2016- ANA-AAA-SDGCHR.TIT

Informe Técnico N° 007- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 020- 2017- ANA-DGCRH-GOCRH

Informe Técnico N° 038- 2017- ANA-AAA.SDGCRG.TIT

Informe Técnico N° 138- 2017- ANA-TIT/HLH

 

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¿Por qué las poblaciones de entornos mineros rechazaron abrumadoramente al fujimorismo?

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Vivimos una coyuntura complicada. El fujimorismo no quiere aceptar los resultados que darían como ganador al profesor Pedro Castillo con 100% de actas procesadas y buscan la nulidad de 802 actas que representan 200 mil votos. Gran parte de estos votos se encuentran en los pueblos andinos, donde hay  proyectos mineros desarrollándose o buscan imponerse. ¿Por qué las poblaciones que viven en entornos mineros no votaron por Keiko Fujimori que ofreció plata directa del canon y bonos, además de otros ofrecimientos?

Conversamos con tres dirigentes de comunidades, rondas campesinas y Frentes de Defensa que son parte de estos territorios:

El ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de la región de Cerro de Pasco, Kalmex, señaló que uno de los motivos principales de la desconfianza de la población hacia Keiko es que se señala que es accionista de una empresa minera y hasta ahora no deslinda claramente de ello. En Pasco hay más de 10 proyectos mineros y en las dos provincias – Pasco y Alcides Carrión- que concentra estos proyectos, Pedro Castillo ganó con más del 75%.

Otra de las razones que señaló Kalmex es que «los trabajadores mineros y sus familias saben que el sistema crítico de trabajo lo ha impuesto el fujimorismo desde los 90s.  Actualmente laboran 20 días seguidos y descansan una semana. El régimen laboral tiene que cambiar por eso han votado por Pedro Castillo. De 55 años para arriba ya no te reciben en las empresas mineras, y ya no hay jubilación ni nada. Terminas tu contrato y te vas. Este sistema laboral fue impuesto durante la dictadura fujimorista y en estos años desde el Congreso fujimorista, sus parlamentarios no han hecho nada por cambiar esta situación».

«Los parámetros ambientales, la vigilancia ambiental, ¿por qué no se mejoran a nivel del congreso? porque no le interesa al fujimorismo»

¿Las promesas de entrega directa de plata del canon minero no hicieron efecto?

La gente no les cree. Es mentira. El canon ya ni llega.

Algo que no se ha señalado, eso le puedes contar a un limeño que no conoce la mina; por ejemplo: un distrito pequeño, tu sabes que allí esta funcionando la mina, que no paga impuestos, que el canon es una barbaridad, y peor, decir que va a llegar el canon directo a las comunidades campesinas, es ilógico. La gente no atraca.

El fujimorismo ha tenido votos de la selva central en Cerro de Pasco, no es propiamente de la zona minera. Eso también pasa en Junín. Dicen que hay un rechazo a Cerrón, pero el voto histórico de Junín siempre ha tirado para el fujimorismo o el Apra. En Junín siempre el Apra ha tenido congresistas.

En Daniel Alcides Carrión operan Ricoposo, Volcan, Milpu, Nexa, Atacocha, Brocal, Panamerican Silver y Buenaventura.

¿Y como ven ahora que el fujimorismo quiere impugnar las actas?

La gente está un poco apática. Lo de Ollanta, Toledo, todavía persiste esa desafección con la política.

Por su parte, Isaac Huamán, ex dirigente de las rondas campesinas de Huancabamba de la sierra piurana donde quiere imponerse el proyecto minero chino Río Blanco, y donde Pedro Castillo sacó más del 68%, señala:

Como sabemos a través de las organizaciones de base, de las luchas sociales que se vienen gestando por años, hay un rechazo y exigencias al Estado y las empresas mineras. Cajamarca, Cerro de Pasco, donde están los proyectos mineros, la gente se ha dado cuenta que no siente ese desarrollo del que hablan las transnacionales. Donde hay presencia minera, la gente ha dado el respaldo a Castillo porque habla de rescatar los recursos naturales, que paguen los impuestos que debe ser.

A pesar de los ofrecimientos de Keiko de bonos y canon directo ¿Por qué no logró cambiar su votación?

Es accionista de una empresa minera y la gente no le cree con sus ofrecimientos.

Los diversos gobiernos han querido imponer proyectos mineros acá, pero la razón es que las organizaciones campesinas han dicho a os gobiernos, Congresos, que no queremos minería porque perjudicaría nuestra agricultura, y la gente relaciona que Keiko apoyaría para que se impongan los proyectos mineros.

¿Cómo están viendo el escenario actual?

Un 77% han apoyado en Huancabamba al profesor Pedro Castillo. La gente, las organizaciones decimos que la señora K aduce que tuvo un cierto respaldo con sus candidatos aliados que la apoyaron, que tuvieron votación ahí, pero la gente ha cambiado de voto porque conocen que el fujimorismo desde el Congreso ha petardeado todo en estos años.

Los ciudadanos no van a seguir a un candidato porque sus ex candidatos le respaldan. La gente es libre e independiente para definir sus votos.

¿El fujimorismo ha hecho campaña en su zona?

Sus simpatizantes, congresistas, pero no han hecho campaña fuerte porque las rondan ya tienen una posición de defender sus recursos, por eso la gente no ha apoyado al fujimorismo.

¿Las empresas mineras han jugado un rol en la campaña en su región?

En la primera etapa las empresas mineras apoyaron a Leacano, pero ahora nos hemos dado cuenta que han hecho campaña por Keiko, metiendo temor de que la empresa puede cerrar, que ya no va  haber minería. En Pasco ha habido paneles grandazos y han entregado periódicos.

Finamente, a través de sus encargados de relaciones comunitarias, le decían a las comunidades que ya no habrían proyectos o apoyos si ganase Castillo.

Declaraciones de Luciano Ataucuri, dirigente de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio de las provincias apurimeñas y cusqueñas de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau:

La población sabe que las empresas mineras actualmente están así por el fujimorismo. El fujimorismo con su mayoría congresal han aprobado las leyes en beneficio de las empresas mineras. Las empresas han entrado en los 90s con el fujimorismo y su nueva ley general de minería que les permitió las exoneraciones tributarias, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, etc.

En nada se beneficia la población de la minería. Sacan toneladas de oro, cobre, y no hay responsabilidad del Estado y eso es gracias a quien, gracias al fujimorismo. En la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Pedro Castillo ha sacado más del 96% de los votos.

¿Y los ofrecimientos de plata directa del canon a las poblaciones?

No hay confianza, sus propuestas eran populistas. Lo que queremos es que debe cambiarse la Constitución para que estas empresas dejen mínimamente el 50% o al menos el 30%, no como ahora que solo dejan el 3%, por eso la gente ha votado así. Encima lo recuperan con la devolución del IGV para que sigan invirtiendo.

Nuestra exigencia también es una nueva Constitución,  para que haya una relación de iguales entre la inversión extranjera y las comunidades. Por ejemplo hay 30 años de minería en Espinar Nosotros hemos puesto en la agenda, yendo al TC, porque quienes han hecho las leyes ha sido la Confiep. Y es justamente la respuesta que ha dado Chumbivilcas con su voto a favor del profesor Castillo que también levanta la nueva constitución.

¿Cómo evalúan la nulidad de actas de Chumbivilcas de parte del fujimorismo?

Hay dos mesas que se han observado en el distrito de Llusco, mañana van a responder contundentemente rechazando esa actividad delictiva del fujimorismo

Las empresas mineras se han movido a favor del fujimorismo, han puesto paneles. Han salido a regalar arroz, azúcar, hacer campañas medica, señalando que si entra Fujimori eso se duplicaría. Lo han hecho con las camionetas de las mismas empresas.

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