PCM no demuestra avances para la atención de personas afectadas por metales tóxicos

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En octubre del 2018 el Ministerio de Salud emitió la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”. Como ya se había señalado desde la “Plataforma Nacional de afectados y afectadas por metales tóxicos”, esta norma es importante porque es un paso hacia la construcción de una Política Nacional de atención integral a los afectados y afectadas por contaminación con metales tóxicos en contextos de extracción de minerales; sin embargo, a pesar de haber pasado 6 meses de la emisión de esta política sectorial, no se están teniendo avances concretos para salvaguardar el derecho a la salud de las y los afectados.

Como lo viene informando el Ministerio de Salud ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República; este ministerio ha presentado ante la PCM una propuesta de decreto supremo para la conformación de la “Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para proponer el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es así que el miércoles 15 de mayo, los representantes de la Plataforma de afectados que aglutina casos de contaminación de las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Lima y Amazonas, se hicieron presentes ante la CPAAAAE; el Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud; y la Defensoría del Pueblo, para buscar respuestas concretas de parte del gobierno central ante esta problemática generalizada en el país. Sin embargo, la respuesta de instituciones como la Defensoría del Pueblo muestran que no hay prioridad para una política ambiental específica para el tema de salud ambiental por contaminación por metales tóxicos. El argumento de Alicia Abanto, de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; es que no tienen presupuesto para impulsar un informe defensorial en esta temática, cuando para los afectados por este tipo de contaminación sería un gran respaldo contar con un informe de ésta institución.

Reunión con el MINSA y Congreso

De la reunión con el Viceministro de Salud Pública, el doctor Neptalí Santillan; el Viceministerio se ha mostrado con la predisposición de impulsar una política pública nacional intersectorial y especializada, pero no han mostrado claridad en cómo se va a lograr ello si no se tiene un plan de cómo gestionar el presupuesto para esta política, que si bien tiene alcance nacional también tiene que ver con la función que vienen desarrollando las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) en cada territorio afectado.

Por su parte, la CPAAAAE, a cargo del congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas; a pesar de la ausencia constante de la bancada fujimorista; en función a su rol de control político viene dando seguimiento a la construcción de una política intersectorial que garantice atención efectiva a los afectados y afectadas. La próxima semana con la coordinación de Red Uniendo Manos, CEAS Y Red Muqui, se estará desarrollando la Audiencia Pública temática en Junín con la participación de comunidades y organizaciones afectadas e interesadas.

En palabras de una de las voceras de la plataforma de afectados, Yolanda Zurita: “hemos venido para exigir una atención integral al Ministerio de Salud, con profesionales especializados, con presupuesto asignado por región y Planes de Salud efectivos, así como mecanismos de prevención para que no sigamos expuestos a esta contaminación. Hay regiones como Cerro de Pasco que llevan casi 80 años contaminadas; el 2017 ellos han venido a encadenarse y no es posible que a la fecha no exista una política nacional intersectorial y efectiva: solo respuestas limitadas, aisladas y a corto plazo”

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Pronunciamiento Red Muqui: Empresas buscan dejar sin fiscalización la actividad minera

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RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompañan y asesoran a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. En reciente audiencia pública sobre el Expediente N° 05410-2015-AA en proceso de amparo presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. de capitales norteamericanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido los argumentos de las partes, en particular de la empresa que busca la no aplicación del “aporte por regulación”.
  2. Con el proceso presentado  por la empresa minera Cerro Verde, suman ya 18 procesos de amparo presentados por empresas en contra de la OEFA con la misma finalidad: no aplicar dicho aporte. Otro de ellos es el caso de la empresa minera Perubar que está pendiente resolver por el TC. Incluso son abogados de los mismos estudios jurídicos, que patrocinan a distintas empresas con los mismos argumentos. Frente a ello consideramos que se trataría en realidad de una estrategia coordinada desde las empresas mineras, para lograr que al menos uno de los casos tenga un fallo a su favor, para que las demás lo utilicen como “precedente” para otras acciones legales que favorezcan a otras empresas mineras.
  3. El “aporte por regulación” es una contribución creada por la Ley 27332, que en el caso de OEFA, de acuerdo a los D.S N° 129 y 130-2013, tiene como finalidad financiar sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de solución de controversias y de reclamos; las que se aplican, entre otras, a las empresas que realizan actividades extractivas.
  4. Eliminar el “aporte por regulación”, pondría en riesgo o dejaría sin capacidad a la OEFA para ejercer sus funciones, puesto que el monto recaudado por dicho aporte equivale actualmente al 70% del presupuesto de la OEFA para dichas actividades. Asimismo, si el TC fallara a favor de la empresa minera, el Estado Peruano tendría que devolver a ésta y las demás empresas mineras que esperan éste fallo, cerca de S/. 700 millones de soles por los aportes realizados desde el año 2014.
  5. En lo procesal, debemos decir que la Corte Suprema ya falló en segunda instancia declarando infundado el proceso de amparo, lo que tiene calidad de “cosa juzgada” y vincula a todos los poderes públicos; y no puede ser desconocido por el TC.
  6. La defensa de la OEFA ha reiterado que “la minería no es una actividad inocua”, quiere decir: que sí genera daños. Por ello se le exige un instrumento de gestión ambiental (EIA u otro) para evaluar cómo va a asumir el impacto que generan sus actividades; y la fiscalización de la OEFA es justamente para verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicho instrumento.
  7. De no existir una adecuada fiscalización, como buscan las empresas, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de más conflictos sociales como el reciente de Las Bambas en el denominado corredor minero, donde se concentran varios proyectos mineros (Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua); el de Morococha con el traslado de la ciudad y sus incumplimientos (Junín); los graves problemas de impactos ambientales y en salud en La Oroya y Cerro de Pasco, entre otros.

Esperamos que el TC asuma su propia jurisprudencia que indica “el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares a fin de garantizar bienes constitucionales por las imperfecciones del mercado (…)”. Desde la Red Muqui señalamos que es necesario priorizar la vida de las personas y el impacto en el ambiente, por encima de los intereses económicos de las empresas.

Lima, 13 de mayo de 2019

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PRONUNCIAMIENTO: En defensa del Protocolo de defensoras y defensores de derechos humanos

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RED MUQUI saluda la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Reconocemos que ha sido un proceso amplio el que ha sido llevado adelante por el MINJUS, con la participación de diversos sectores, incluida la sociedad civil y la academia, y si bien es perfectible, lo consideramos un gran avance en la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

Es importante aclarar a quiénes alcanza la definición de las personas defensoras de derechos humanos en el Protocolo. Se señala que son aquellas “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de os derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional.”

En el campo que aborda la Red Muqui, sentimos un gran avance, al ver recogidos en dicha definición a las y los dirigentes sociales de comunidades campesinas y nativas, pueblos originarios o indígenas, y de frentes locales y otras articulaciones representativas de poblaciones, que en la mayor parte de los casos, sufren de persecución y criminalización de su protesta pacífica, ante la pasividad de un Estado que no cumple con los acuerdos suscritos en los procesos de diálogo, o que impone decisiones sin mecanismos de consulta y participación adecuados, que sólo sirven como meros trámites o “requisitos” que cumplir para que en el caso de la minería los proyectos se lleven adelante.

Además de ello, la política de los gobiernos en los últimos 25 años ha buscado abordar los conflictos socio ambientales con estados de emergencia “preventivos”; convenios de la Policía Nacional con las empresas mineras para posibilitar la “represión” de las protestas sociales; criminalización de la protesta creando nuevos delitos en el Código Penal, aplicando figuras delictivas como la “asociación ilícita para delinquir” y el “crimen organizado” en casos como los proyectos “Tía María” en Arequipa y en el propio “Las Bambas”, impulsando la aplicación del delito de terrorismo en casos como el del Proyecto “Río Blanco” en Piura; esas son las estrategias de los gobiernos que sufren las y los defensores y defensoras de derechos humanos, y que esperamos con una aplicación efectiva del protocolo puedan generar acciones de protección efectivas en los casos que corresponda.

Lima, 06 mayo de 2019

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Piura: Más de 10 mil ronderos y campesinos dicen NO a la minería

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Desde tempranas horas miles de ronderos y campesinos de las distintas comunidades de la provincia de Huancabamba y Ayabaca de Piura, y Namballe y San Ignacio de Cajamarca; se concentraron en la ciudad de Huancabamba realizando un mitin de cierre en la plaza principal de la ciudad. Hicieron uso de la palabra autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y presidentes de distintas comunidades que rechazan el proyecto minero Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation; y otros proyectos mineros que quieren realizarse en la región. También participó el congresista por Piura, Hernando Cevallos.

Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas. Asimismo, los bosques de neblina que se encuentran en estas provincias proveen de agua a las comunidades.

Palabras de los dirigentes y autoridades

En palabras del presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, José Octavio Cunayque, el presidente Martín Vizcarra; el presidente regional de Piura, Servando García; no deben imponer el proyecto minero Río Blanco en la región. “Vamos a luchar por nuestro medio ambiente y no queremos que nos impongan un modelo extractivista que solo contamina. Alcaldes de Pacaipampa, Ayabaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera: hay que trabajar proyectos productivos que permitan que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, señaló el dirigente, enfatizando que es necesario demostrar las alternativas a la minería existentes en la región. Hizo el llamado a que se invierta no solo en piedra y cemento sino también en proyectos alternativos que permitan el desarrollo de los pueblos.

Asimismo, señaló que anteriormente se acusó de terroristas a los dirigentes, de narcotraficantes, y que ahora tienen 3 juicios por delitos que no han cometido. “Nos acusan de secuestro, de cohecho, de robo agravado. 30 dirigentes nuevamente enjuiciados. La persecución que se nos hace no la podemos permitir, por eso esta jornada de lucha nos fortalece. Solo unidos vamos a poder vencer”, finalizó.

El alcalde de la provincia de Huancabamba, Ismael Huayama Neira, ex rondero; señaló que a pesar de los 30 juicios que tuvo por parte de la empresa minera siguió adelante escuchando su pueblo y que ahora como alcalde de la provincia seguirá ratificando la voluntad popular expresada el 16 de setiembre del 2007 en qué a través de consultas populares realizadas en los distritos de la provincia Huancabamba y Ayabaca, la población votó en un 95% por el No a la realización de actividad minera en sus tierras.

Actualmente señaló que está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgar la licencia de funcionamiento para que instalen sus oficinas en la provincia. “No daremos licencia a esta empresa criminal que nos asesinó, secuestró y persiguió, dejando viudas y personas discapacitadas”, enfatizó fuertemente.

Agregó que “debemos preocuparnos por conservar, reforestar las cuencas donde están los colchones acuíferos; ahí están las nacientes de agua, los bosques de neblina. No permitiremos que lo malogre una inversión minera. Saludo que varias comunidades como Paicampampa se hayan plegado a la lucha al darse cuenta que en sus zonas también hay otras concesiones mineras de otras empresas”. Señaló que al aprobarse el ingreso del proyecto minero río blanco sería carta blanca para que otras empresas operen en la región.

A su turno, el presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas señaló que son más de 36 empresas mineras que quieren entrar en la zona, y que unidos como el día de hoy van a vencer. “Hace tiempo no se veía una movilización tan grande y unida”, enfatizó. El alcalde del distrito de Carmen de la frontera, Sebastián Meléndez Ubilluz, coincidió con lo señalado y agregó que “hoy se ha demostrado que las rondas campesinas, los pueblos y autoridades, estamos unidos”.

Amanda Cruz, secretaria de la mujer de la Central Única Provincial de rondas campesinas de Huancabamba, señaló: “nosotros seguimos más fuertes que nunca, los que queremos nuestra tierra, los que defendemos nuestra naturaleza, estamos aquí presentes y seguiremos fuertes. A pesar que los medios de comunicación nos calumnian, seguiremos adelante.

Entre la participación de los dirigentes mencionados, todos coincidieron en que el pueblo nunca va a olvidar las mueres, mutilaciones y torturas, y que la señal de ello es la masiva movilización que se presenció el día de hoy.

Casi finalizando el mitin, el congresista por Piura, Hernando Cevallos señaló que no se puede permitir que el poder Ejecutivo y el Congreso estén esperando la oportunidad para permitirle al proyecto minero Río Blanco que entre a Ayabaca y Huancabamba. Afirmó que la única garantía que se tiene es al pueblo movilizado; “es una lección en el país lo que hacen para parar a las mineras y a la corrupción. Constitucionalmente a 50 km de la frontera no debería haber una empresa transnacional”, enfatizó. Agregó que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que la consulta previa sea vinculante, en referencia a la actitude de los gobiernos que no han respetado la voluntad popular expresada el 2007, que le dijo no a la minería en Piura.

Finalmente, el presidente de la Federación Regional de las Rondas Campesinas, Marcial Calle; denunció el olvido y la marginación de las autoridades del gobierno central y regional. “Para ellos nuestras comunidades están olvidadas; no nos ven, no nos dan desarrollo de nuestros proyectos, especialmente la agricultura. Por eso a nuestros alcaldes que tenemos como aliados, son los más cercanos. Pero sabemos que su presupuesto es pequeño. Por eso le decimos al gobierno nacional y regional que no traicione la voluntad popular”.

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Red Muqui conmemora el Día Internacional de la Tierra como nuestra “casa común”

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Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

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Gobierno no da garantías para diálogo en Las Bambas

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Después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en el corredor minero sur de la provincia de Cotabambas, Apurímac; el día de hoy se frustró el inicio del diálogo en el distrito de Challhuahuacho.

Durante el desarrollo inicial de la mesa de “Diálogo y cumplimiento de compromisos” que tenía que tocar el tema de justicia y derechos humanos y abordar la constitución de las otras mesas técnicas en base a los 9 puntos de la plataforma de lucha señalados por las comunidades, municipalidades y gobierno regional, que el gobierno aceptó el viernes 12 de abril; los presidentes de las comunidades de Cotabambas y autoridades locales, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue la ministra designada por Salvador del Solar y la PCM, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos arribados el viernes pasado. El representante del ejecutivo que dirigió la reunión fue Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quién se encontraba junto al viceministro de Justicia.

Asimismo, los dirigentes de las comunidades denunciaron que el Decreto Supremo N° 075-2019 PCM, emitido el día de hoy a través del diario El Peruano, que conforma la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, restringe la participación de los representantes de las comunidades en el desarrollo de las mesas técnicas al limitar la participación de sólo una persona en representación de las más de 50 comunidades que han realizado las protestas por diversas afectaciones que la actividad minera ha generado en sus pueblos, y designa la participación de 5 representantes del ejecutivo, señalando la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el vice ministro de Gobernanza Territorial y un representante del Ministerio de Justicia, Salud y Transportes y Comunicaciones; que no es lo que demandaba la gente al solicitar la presencia de los ministros para llegar a soluciones efectivas y no pase lo que ha sucedido con anteriores mesas de diálogo en que se han firmado actas pero al final no se han implementado los acuerdos arribados. La conformación de La Comisión Multisectorial la observamos en el artículo 4.

 

Por estas razones y porque los representantes del ejecutivo, a través de la policía, no dejaron ingresar a los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca a la mesa de diálogo; en palabras de Gregorio Rojas, denunciaron lo que ellos llamaron un atropello. Los diversos dirigentes que se encontraban dentro del local comunal donde se llevaba a cabo la reunión, señalaron:»nos retiraremos de esta mesa de diálogo, mejor que participe solo el gobierno con su Decreto Supremo por que no considera a las organizaciones sociales», increpó el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincias de Cotabambas, Victor Limaypuma. Otro dirigente, David Huamani, remarcó: «no queremos más discriminación por parte del gobierno central».Allison Abarca, de la organización de mujeres de la provincia de Cotabambas. agregó: «queremos respeto a todos los distritos de la provincia, no vemos representantes del ministerio, queremos al ministro de justicia»

Los representantes de las 3 comunidades que no dejaron ingresar a la mesa de diálogo, estaban a la expectativa de tocar el tema de justicia y derechos humanos por los cientos de criminalizados a través de diversas denuncias que ha entablado la empresa y la fiscalía por las diversas protestas en los últimos años.

La dirigente comunal Lisbeth Abarca señaló: «Queremos desarrollo de la provincia de Cotabambas. También somos denunciados. Queremos a los representantes de gobierno central no queremos a los funcionarios»

Desde Red Muqui señalamos que el diálogo es fundamental, pero debe darse en equilibrio con la participación de los representantes de las comunidades sin restricciones; comunidades que han mostrado organización y voluntad de diálogo para dar solución a los problemas que ha desencadenado la actividad minera. Asimismo, el gobierno del presidente Vizcarra debe ser responsable con la participación de los ministros designados para dar seguimiento y cumplimiento al desarrollo de las mesas; en especial la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue designada públicamente en la asamblea del viernes en Challhuahuacho y también está designada oficialmente en el Decreto Supremo. También deben participar los ministros implicados en los ejes de Salud, Transporte y Justicia, que son las principales afectaciones que tienen las comunidades por el desarrollo de la actividad minera y el abandono del Estado.

Por estos motivos desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenido de las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y, así, tomen decisiones informadas.
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres. Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo, pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo.
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, desde Red Muqui planteamos nuestra preocupación ante lo acontecido el día de hoy y frente al Decreto Supremo que restringe la participación de los representantes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas y de los alcaldes municipales.

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Las Bambas: El diálogo y la acusación judicial contra 19 comuneros

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A un día de iniciarse la primera mesa de diálogo sobre justicia y derechos humanos entre el Ejecutivo, las comunidades de Cotabambas, y la empresa minera MMG Limited del proyecto Las Bambas, tras 66 días de protestas; el día de hoy, lunes 15 de abril, se suspendió por segunda vez el inicio del juicio oral contra 19 comuneros de la provincia de Cotabambas, acusados por la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho, por iniciativa de la empresa minera MMG, por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos en las protestas de septiembre del 2015. La fiscalía solicita entre 11,15 y 17 años de pena privativa de la libertad; una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado; y la empresa minera MMG de las Bambas, ratificando su pedido, solicita 88 mil 600 dólares como reparación civil por daños a la propiedad privada.

Como se recuerda, a fines de septiembre del 2016, las comunidades empezaron a protestar luego de conocer que la empresa minera china había realizado modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas ante el Ministerio de Energía y Minas. Estos cambios no fueron de conocimiento de las comunidades afectadas y no se aplicó la consulta previa. El conflicto tuvo como desenlace la muerte de 03 personas y numerosos heridos por impacto de bala de la policía.

En palabras del abogado de la institución FEDEPAZ, David Velasco, que está asumiendo la defensa de los comuneros conjuntamente con la abogada Mirtha Vasquez de APRODEH; la Fiscalía está actuando de manera irresponsable al oficialmente no señalar el motivo de su ausencia y de esta manera retrasar el juicio que ya lleva 4 años y que debería haberse resuelto en 2 años, por no haber elementos de juicio para acusar a los comuneros.

Extraoficialmente se conoció que hace dos semanas se ha realizado cambio de fiscales en el Ministerio Público, pero esto no es impedimento para que otro fiscal se pueda presentar como ocurre normalmente en otros juicios, señalo Velasco, quien agregó que la fiscalía no comprende que los comuneros tienen que viajar largas horas para llegar a la audiencia.

Según lo señalado por APRODEH, ninguno de los comuneros acusados presenta antecedentes de ninguna naturaleza. “En el caso de Brandon Quispe y Javier Mamani, según sus testimonios señalan haber sido víctimas de tortura y sembrado de un arma de fuego e incluso en el caso de Brandon Quispe refiere que fue obligado a “disparar” para ser incriminado por la Policía Nacional del Perú”.

 

¿Y el diálogo?

Sobre la mesa de justicia y derechos humanos a instalarse mañana entre el ejecutivo, la empresa minera y las comunidades, el abogado David Velasco de FEDEPAZ señaló que “el Estado debe reconocer que la protesta social es un legítimo derecho de las comunidades”, y sus altos funcionarios deben de dejar de llamar a todos los que protestan como personas que están opuestas al desarrollo y son antisistema. “El Estado antes de perseguir y reprimir a las comunidades usando el derecho penal lo que tiene que atender es la protesta estableciendo mecanismos como el de la mesa de diálogo”, enfatizó.

Agregó que el Estado tiene que promover la modificación normativa de varias normas penales que permiten la criminalización de la protesta social, por ejemplo la figura de organización criminal que ha sido incluida en una norma constitucional para permitir detenciones por 15 días sin expresión de causa o la modificación en la figura de extorsión permitiendo que se use esta norma para perseguir a los que protestan, o normas procesales para que las personas puedan ser detenidas sin expresión de causa como pasó con Gregorio Rojas, dirigente de Fuerabamba.

Sobre la participación del Ministerio Público en la mesa de mañana, señaló que se puede exhortar para que el Ministerio no denuncie por denunciar, que solamente abra investigación cuando existan fundados elementos de convicción o medios de prueba que obliguen a la apertura de una investigación penal. “A los magistrados que no dicten medidas de detención o impedimento de salida sin mayor justificación, o que no permitan que se pase a juicio oral cuando la fiscalía no tiene casos debidamente sustentados, como el caso de la audiencia suspendida el día de hoy”, finalizó el abogado.

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El inicio del diálogo y las exigencias de las comunidades en Las Bambas

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Después de haber impulsado una estrategia de criminalización a la comunidad de Fuerabamba, a través de la detención de sus dirigentes, que c

Después de haber impulsado una estrategia de criminalización a la comunidad de Fuerabamba, a través de la detención de sus dirigentes, que como consta en la denuncia penal fue la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Interno del Ministerio del Interior quién presentó los supuestos elementos de prueba y valoraciones sobre estos, con una serie de audios obtenidos por la Dirección Nacional de Inteligencia que responde directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros; el día de ayer, jueves 11 de abril, después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, por fin el gobierno inició dialogo entre el Estado, la empresa china MMG y las comunidades de la provincia de Cotabambas, Apurímac. Con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Salvador De Solar; el monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, relató los 5 puntos de acuerdos a los que arribaron tras horas de discusión.

  1. Se emitirá una norma que institucionaliza la Mesa de cumplimiento
  2. La primera reunión de esta mesa será el martes 16 de abril a las 10 am para ver la metodología del espacio.
  3. Ese mismo día se empezará con una mesa sobre justicia y derechos humanos para abordar el tema de procesados y criminalizados
  4. Después de los 9 puntos ratificados, el premier irá a la zona a ratificar los acuerdos.
  5. Debe haber una mejor disposición para mantener el diálogo, retirando al ejército y la policía, sin estado de emergencia.

Del Solar se comprometió a refrendarlos e institucionalizar los acuerdos mediante una resolución ministerial.

¿Que exigen las Comunidades?

Desde hace años las comunidades afectadas por el corredor minero de las Bambas exigen una presencia más fuerte del Estado para solucionar problemas que son fundamentales para su sobrevivencia. El resarcimiento económico solamente cumple una pequeña parte de las demandas. Existe una agenda histórica muy larga de demandas de temas básicos como salud, educación, ambiente, desarrollo económico, etc, que no han sido asumidos por el Estado y por la empresa minera que ha causado impactos negativos en las zonas de influencia directa e indirecta.

Cabe recordar que el miércoles 10 de abril, tras varias horas de reunión, los dirigentes de las comunidades del distrito de Chalhuahuacho y de la provincia de Cotabambas, junto a las autoridades locales municipales, provinciales y de la región, llegaron a un acuerdo sobre la Plaforma Única de Lucha de la Provincia de Cotabambas, que incluye 9 puntos indispensables para desarrollar en la mesa de diálogo. 9 puntos que el Gobierno ha aceptado desarrollar en las mesas de diálogo que se abrirán una por cada eje según las declaraciones del premier Del Solar tras los acuerdos arribados el día de ayer. El 16 de abril se iniciará la primera mesa para tratar el cronograma de los puntos planteados.

OJO: Es importante remarcar que entre las propuestas señaladas en la asamblea del día de ayer por los diferentes dirigentes destacó la construcción de un mineroducto o la instalación de una línea férrea para el traslado de minerales.

 

La ruta del diálogo

El premier designó a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamente, como la responsable de los compromisos acordados con las comunidades y del seguimiento al Plan de Desarrollo de Cotabambas, firmado en el 2016 por el hoy presidente Martín Vizcarra; en ese entonces ex ministro de Transportes y Comunicaciones. De esta manera el gobierno reconoce que hizo poco con esa mesa de desarrollo, que posteriormente eliminó en diciembre del 2018 a través de un decreto supremo.

El diálogo en Cotabambas recién está iniciando y desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:

  • La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenidode las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y,así, tomen decisiones informadas.
  • Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres.Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
  • Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo,pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo
  • Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio,según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.

Finalmente, como Red Muqui remarcamos y exigimos el establecimiento de mecanismos de cumplimientos de los acuerdos, para que las comunidades no se queden solo con la firma del acta de los acuerdos por cada problemática y luego la implementación dependa de la voluntad y prioridades del gobierno, de cada ministerio y de la empresa. Exigimos que el Estado ahora sí cumpla su rol de garante de derechos de las comunidades campesinas.

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Aprobado: Más de 8, 448 pasivos ambientales mineros podrían ser remediados en el país

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El día de ayer, martes 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el dictamen para remediar los pasivos ambientales que las empresas mineras han dejado en el país a lo largo de más de 50 años de actividad minera.

El dictamen reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y propone que la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, tenga una gestión y manejo más eficiente, eliminando el riesgo para el ecosistema y la salud ambiental; por la que miles de personas se ven afectadas por la contaminación a nivel nacional. La Oroya – Pasco; Hualgayoc – Cajamarca; Espinar – Cusco; la cuenca del río Rímac – Lima; y comunidades de Huancavelica y Puno, son los lugares más afectados según el presidente de la Comisión Wilbert Rosas, quién agregó: “el Ministerio de Salud ha reconocido que los pasivos ambientales mineros es una de las principales causas de contaminación por metales pesados”.

¿Qué es un pasivo ambiental minero?

Según el artículo 2 del Dictamen: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado, y que constituyen un riesgo permanente o temporal y potencial para la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables; el ecosistema circundante, la propiedad y los territorios indígenas”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave señaló en el debate que el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. “Desde que aparecieron las listas de pasivos ambientales elaborados por el Estado, no se les designa responsabilidad”.

Ante este grave problema, el dictamen aprobado plantea que “la responsabilidad de la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo recae en el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que este identifique y determine al responsable generador de dichos pasivos o a su remediador voluntario. Cuando esto ocurra, dicha responsabilidad le es transferida a este”.

La controversia con la Comisión de Energía y Minas

Durante la sesión de la Comisión de Pueblos, hubo una discrepancia respecto a la Tercera Disposición Complementaria y Final, que plantea sanciones para las empresas mineras que no cumplan con la remediación ambiental.

“Tercera Disposición Complementaria y Final. – Impedimentos para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras, y caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, de beneficio, labor general y transporte minero”

Al respecto el congresista Olaechea señaló que lo que se debe hacer es incentivar y no sancionar a las empresas para que cumplan con la remediación ambiental y que asuman voluntariamente los pasivos ambientales de los relaves mineros que no tienen a una empresa responsable para volver a utilizarlos como se hace en otros países.

Finalmente, mediante votación, se aprobó por mayoría que sí vaya en el Dictamen tal y como está redactada la Tercera Disposición Complementaria.

Esta misma discusión se llevó a cabo en la Comisión de Energía y Minas hace más de un mes, en que se aprobó también un Dictamen para regular los pasivos ambientales de la actividad minera. En dicha Comisión no se aprobó las sanciones a las empresas mineras señaladas en la disposición de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Comisión de Pueblos.

En la discusión en la Comisión de Pueblos, también se señaló que no existe actualmente un presupuesto para la remediación ambiental de los pasivos ambientales por actividad minera, por lo que se aprobó en el dictamen que: “El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico puede transferir al FONAM un monto presupuestal anual, que puede incluir el monto que les corresponde por la distribución del dinero recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad de que el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado”. Esta propuesta tampoco fue aprobada en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas.

¿Qué es lo que sigue?

Al haber dos dictámenes aprobados con algunas diferencias en la Comisión de Pueblos y en la Comisión de Energía y Minas, lo que sigue es que la Junta de Portavoces agende la discusión de la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y las dos Comisiones puedan realizar un texto sustitutorio conjunto para que entre un solo Dictamen a la discusión en el Pleno del Congreso, o de lo contrario, al no haber acuerdo final entre las dos Comisiones, entren los dos dictámenes a discutirse y finalmente votarse para tener una ley mucho más eficiente en la gestión y manejo eficiente de la remediación de pasivos ambientales mineros.

Desde Red Muqui respaldamos el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos y hacemos un llamado a las y los congresistas para discutir y aprobar tan importante Dictamen, que las comunidades afectadas por la minería están esperando.

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Pronunciamiento: Elementos para una salida dialogada, pacífica y duradera

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Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

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