Piden intervención de organismos internacionales en Islay ante conflicto que Vizcarra no soluciona

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En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

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Paro total en Moquegua contra contaminación minera de Anglo American y Southern

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El día de ayer se realizó un paro en toda la región de Moquegua convocado por las organizaciones de agricultores, juntas de usuarios de agua, juntas vecinales, el Sindicato de Profesores (SUTER) y diversas organizaciones de la sociedad civil. Denunciaron la contaminación minera que ha sufrido la región a lo largo de décadas por la empresa Southern y Anglo American Quellaveco, que en la actualidad viene contaminando, en su fase de construcción, los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. En el caso de Southern, la responsabilizan de contaminar la cuenca de Torata en Cuajone.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

El paro también se desarrolla porque la empresa minera Anglo American no ha cumplido con la cantidad de ofrecimiento de trabajo local a los moqueguanos, quiénes observan que llega personal de otros lugares fuera de la región y tampoco se dan las capacitaciones a los jóvenes profesionales que la empresa prometió.

Historial de Southern en Moquegua

Hace algunos años Southern fue sancionada por el delito de contaminación ambiental al superar los límites máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada al mar de Ilo. Inicialmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente solicitó una pena de 2 años y 6 meses y el pago de una reparación civil por un millón de dólares a la empresa minera Southern Peru; sin embargo, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (MINAM) aceptó el pago del 5% de la minera por el proceso civil contra del representante de Southern, Oscar González Rocha.

Dirigentes opinan

Durante la movilización, los dirigentes cuestionaron al presidente Vizcarra porque siendo moqueguano no se pronunció sobre el paro regional frente al abuso de la empresa Anglo American. Señalaron que el presidente Vizcarra es quién ha promovido el desarrollo de la minería y que por responsabilidad de él, es que hoy están protestando. El recorrido de la movilización se dio desde el centro hasta el puente Montalvo, que fue bloqueado impidiendo el tránsito vehicular para los autos y buses que normalmente llegan de Arequipa y de regiones del norte del país; así como del otro extremo, quiénes llegan de Tacna e Ilo.

Durante el mitin que se dio en el puente Montalvo; Erick Rivera, dirigente de las juntas vecinales de Torata, señaló que su comunidad está contaminada. “No pedimos que se cumplan los acuerdos, sino que se vaya Anglo American, que ha venido contaminando más de 42 años”.

A su turno, el dirigente del sindicato de docentes a nivel regional, señaló que “no podemos permitir a los gobernantes que hagan lo que quieran y que de licencias a las empresas a espaldas del pueblo”, en alusión a Southern y el proyecto Tía María en Arequipa.

Finalmente, el dirigente Óscar Zeballos, representante de la sociedad civil ante el Comité de Monitoreo y Seguimiento de Acuerdos con Anglo American, señaló de que si no se paraliza el proyecto minero Quellaveco, se promoverá una huelga indefinida.

Ministra trabajó en Anglo American

Una ministra que viene siendo anunciada por Vizcarra para ayudar a solucionar el conflicto en Islay por Tía María, al tener la autoridad estatal en el sector de agricultura, es Fabiola Muñoz; quién anteriormente fue Gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la empresa minera Anglo American Quellaveco. Empresa cuestionada en la protesta regional de Moquegua. La ministra de Agricultura señaló ayer en Canal N que la minería y la agricultura “pueden convivir” en Islay.

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Tacna: Exigen que gobierno cancele licencia de uso de agua a Southern

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Más de 7 mil pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Candarave: Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave; llegaron a la capital de la región Tacna en marcha de sacrificio, para exigir que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anule las licencias de uso de agua a Southern; empresa que viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Esta es la segunda movilización, pero ya no en la provincia de Candarave, como lo fue el 1 de julio; sino en la capital de Tacna.

La movilización fue encabezada el Presidente de la Junta de Usuarios de los Recursos Hídricos de Candarave, Abdy Chambilla Joaquín, quién señaló que exigen la devolución del recurso hídrico. “La parte alta de los nacientes del río Callazas están secos, no hay vegetación y ya no hay laguna de vizcachas”. Agregó: “el problema es que el gobierno saca resoluciones sobre el recurso hídrico otorgándole el recurso a la empresa Southern sin consultar a la población”. También encabezaron la movilización el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina, y los alcaldes distritales.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Gobernador regional se compromete

La movilización se dirigió a la sede del gobierno regional para exigirle al presidente regional, Juan Tonconi, que se sume a la protesta y gestione la llegada del presidente Vizcarra a la provincia de Candarave. Al llegar la movilización a la sede del gobierno regional, el gobernador dio unas palabras comprometiéndose con la población: “nosotros somos del pueblo, nos debemos al pueblo. Por eso hoy más que nunca ratifico mi posición respaldando a cada uno de ustedes. El Pueblo de Candarave exige justicia hídrica y nosotros respaldamos ello. Coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales vamos a exigir al gobierno central para que haga una revisión de la licencia de uso de agua de la empresa minera Southern”.

Agregó que de ser posible viajaría hoy mismo a Lima para gestionar la reunión, y señaló que el problema con Southern ya ha traspasado regiones, haciendo alusión al conflicto en Islay por el proyecto Tía María. “Nosotros no debemos aceptar represión, no queremos autoritarismo, ni imposiciones. Tengan plena confianza que tienen un hermano más que no los va a abandonar. Los vamos a respaldar en su lucha”, finalizó.

Antecedentes de Souhern en Candarave

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta a la empresa minera para que otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron reiniciar la protesta.

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Tía María: aclaraciones técnicas al gobierno de Vizcarra

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Después de más de 10 años de protestas y resistencia contra la construcción del proyecto minero “Tía María” de la empresa mexicano-norteamericana Southern, una nueva paralización se ha iniciado el día de ayer en el Valle de Tambo, a lo largo de la provincia de Islay en Arequipa, luego de la decisión del gobierno de Martín Vizcarra, de otorgar la autorización de construcción para el proyecto minero Tía María a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Frente a ello, el ministro Francisco Ísmodes del MINEM ha declarado en prensa, que el Perú “necesita un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo”, y ha agregado que la dudas e inquietudes de los agricultores de la provincia de Islay tienen que ser aclaradas de manera técnica”.

Las razones técnicas

Debe recordar el Ministro, que fueron 138 observaciones técnicas que realizó el Organismo de Naciones Unidas – UNOPS al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que no fueron levantadas debidamente por la empresa minera. En el levantamiento de observaciones que se realizaron al segundo EIA de la empresa minera Southern, recordamos como en menos de una semana (entre el 25 de julio y el 01 de agosto de 2015, con feriados de por medio) fue aprobado el EIA, con muchas de las observaciones que no presentaban información técnica válida.

Debemos recordar que las preocupaciones que tenía la población del Valle de Tambo, que recogió también la UNOPS respecto del primer EIA, se mantuvieron luego con la presentación del segundo EIA:

–          El tajo abierto La Tapada, el primero de los dos tajos del proyecto Tía María, y su chancadora primaria, y los depósitos de desmontes y de sulfuros; se encuentran muy próximos, en pendiente y con dirección al principal canal del río Tambo que irriga el Valle y al Valle mismo y un sector de la población. El límite de dicho tajo abierto está a sólo 50 metros del canal.

–          Las voladuras para abrir el tajo abierto generan material particulado (polvo que contienen partículas PM2.5 y PM10) que con los vientos dañarían las aguas del río Tambo y los cultivos del Valle. No existe estación de monitoreo de vientos en las zonas donde se produce polvo que haya verificado dicha situación.

–          El agua ácida (producto de los óxidos y sulfuros generados en el tajo), generarían filtraciones en la napa freática y en la roca madre hacia el acuífero aluvial del río Tambo, más aún en un escenario de detonaciones y existiendo una falla geológica. Con un estudio hidrogeológico con serias debilidades, el MINEM sin embargo dio por resuelta su observación.

–          Riesgo de drenaje ácido de roca (DAR) hacia el río Tambo, ya que los componentes de La Tapada se ubican en pendiente, y están ubicados en dirección al río.

–          Respecto de la planta de desalinización, no se llegó a establecer los niveles de impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero en Matarani; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo, población que por ello también se ha sumado a las protestas.

Ver el estudio y la investigación completa en “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto minero Tía María en Islay Arequipa”.

Por todas éstas preocupaciones técnicas que surgieron en la población de Islay, producto de la revisión del EIA finalmente aprobado a la empresa minera Southern para el proyecto Tía María; es que surge la desconfianza de la población, la que se acrecienta cuando el ministro Ísmodes señala respecto al proyecto minero, que el Perú «necesita de un aprovechamiento responsable de sus recursos naturales para poder generar puestos de trabajo».

Interpelación

Es por ello y otras razones que el último viernes 12 de julio, los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú solicitaron una interpelación del ministro de Energía y Minas, luego del otorgamiento de autorización de construcción para el proyecto minero Tía María. La interpelación es uno de los mecanismos de control político que asiste a los congresistas, principalmente a las minorías, que tiene por objeto citar a uno o varios ministros de Estado para que respondan ante el Pleno del Congreso. La moción cuenta con el respaldo de congresistas de cuatro bancadas. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) explicó que el pliego interpelatorio consta de 11 preguntas y cuenta con las firmas de parlamentarios de cuatro bancadas, además de la suya: Cambio21, Alianza para el Progreso (APP) y Nuevo Perú.

Arequipa

De otro lado, el alcalde del distrito de Islay, Fernando Zúñiga; Edgar Rivera, alcalde provincial de Islay; y Elmar Pinto, consejero provincial; han señalado que con la entrega de la licencia de construcción, “se generará un conflicto social de imprevisibles consecuencias, originado pérdidas económicas y, sobre todo, más pérdidas de vidas humanas”, de las ocho que hasta ahora el conflicto ha generado.

Por su parte, Augusto Paredes, Vicepresidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo manifestó: “son ellos o nosotros; nosotros no vamos a morir cobardemente porque traen 2000 o 3000 policías. Si vamos a morir, moriremos luchando. No nos iremos. Si hay que enfrentarse nos vamos a enfrentar. Nosotros como pobladores somos los que decidimos a dónde queremos ir y en donde queremos trabajar, no es el Gobierno que nos puede imponer dónde vamos a vivir”.

Red Muqui

Reiteramos que el diálogo es fundamental para encontrar una solución ante el conflicto que el propio gobierno ha desatado, pero no en estas condiciones. Y es que el gobierno, al otorgar la autorización de construcción a Southern, ha desvirtuado el diálogo que el mismo Presidente Vizcarra había comprometido, que era previo a otorgar la autorización de construcción a la empresa, pese a ello, incumplió su compromiso, como ha reiterado el gobernador regional de Arequipa. Lo que ha buscado siempre la población del Valle de Tambo es un diálogo para discutir sobre la viabilidad o no del proyecto minero, y no para discutir las condiciones y tiempos para la realización del proyecto.

Señalamos que está en manos del gobierno la solución; que pasa por dar un paso atrás en la determinación que el gobierno ya ha tomado, priorizando la vida de las personas y la paz social, antes que intereses económicos.

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Sobre Proyecto Minero Tía María: AUTORIZACIÓN A PROYECTO ES IRRESPONSABLE Y GRAVE ERROR POLÍTICO DEL GOBIERNO

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En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras.

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La Salud de Afectados por Metales Tóxicos no es Prioridad para el Gobierno Nacional

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El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.

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Ministerio de Energía y Minas evade responsabilidad sobre Afectados por #MetalesTóxicos

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El día de hoy, a partir de las 10am, se fueron congregando frente al Ministerio de Energía y Minas en el distrito de San Borja, las delegaciones de Cerro de Pasco, Junín, San Mateo (Lima región), Cajamarca, Espinar – Cusco, Chiriaco (Amazonas), pueblos indígenas de las 4 cuencas de Loreto, Ancash, Puno, Junín y Moquegua; que a viva voz exigían que el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, los atienda. La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos había cursado ya un oficio el día 03 de Julio para tener una reunión con representantes del MINEM con el objetivo de plantear la necesidad de la conformación de la “Comisión Multisectorial de alto nivel para el abordaje integral a favor de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas”. Es importante recordar que el Ministerio de Salud emitió en octubre del 2018 la Resolución Ministerial N° 979-2018/MINSA que aprueban los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”,y hace algunas semanas recomendó a la PCM la necesidad de impulsar una Comisión Multisectorial que articule a todo el Ejecutivo en la respuesta integral a este grave problema.

La respuesta del Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas en representación de Augusto Cauti Barrantes, viceministro de minas, respondió el 04 de julio que no podrían atenderlos por la premura de la solicitud pero sobre todo porque principalmente la problemática involucra particularmente al Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud.

Finalmente, en medio de la realización del plantón, el mayor Castañeda, policía a cargo de los 30 policías que estaban en el frontis del Ministerio, comunicó que representantes del Ministerio los atenderían.

Policía intimida a manifestantes

Cuando la policía comunicó que una delegación del Ministerio los recibiría, pidió los DNIs de 10 personas que ingresarían a la reunión. Lo extraño fue que la policía tomó fotos a los DNIs de los manifestantes, cuando su función no es la de ser mesa de partes del Ministerio. Este hecho generó la protesta de los manifestantes porque es conocido el convenio entre empresas mineras y policías en diferentes regiones y porque las y los afectados por metales tóxicos han sufrido amedrentamiento en sus territorios por protestar por sus legítimos derechos.

 

MINSA y PCM llegan a la reunión

Antes de ingresar al ministerio, las y los manifestantes observaron que representantes del Ministerio de Salud y la Presidencia del Consejo de Ministros ingresaban al Ministerio de Energía y Minas. En palabras de la vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, Yolanda Zurita, primera vez que se tiene una reunión conjunta con el MINSA, el MINEM y la PCM. “Esto demuestra el peso que tiene el Ministerio de Energía y Minas en el ejecutivo”.

Durante la reunión, el representante de la PCM, Daniel Vela, de la Secretaría de Gestión Social; y los representantes del Ministerio de Salud, mostraron su voluntad de conformar la Comisión Multisectorial que logre la atención integral a los afectados y expuestos a metales tóxicos; sin embargo, el viceministro de Minas, Augusto Cauti Barrantes, señaló que evaluarían la propuesta por ser una propuesta principalmente técnica y porque la responsabilidad principal recae en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Frente a ello, la vocera Yolanda Zurita señaló que “el Ministerio de Energía y Minas tiene también responsabilidad porque son la entidad que extrae y procesa los recursos minerales que son los determinantes que generan los metales tóxicos que habitan en los organismos de miles de personas a nivel nacional; que finalmente generan enfermedades que no tienen ningún tratamiento especializado”.

Frente a la respuesta evasiva de los representantes del Ministerio de Energía y Minas, los representantes de la Plataforma de Afectados exigieron que el ministro Ísmodes los atienda y que se gestione esa reunión para avanzar en la conformación de la Comisión Multisectorial, que logre una atención integral involucrando a los diversos sectores del Ejecutivo.

Lunes: Audiencia Pública en el Congreso

Finalmente, los representantes de la Plataforma señalaron a los representantes de la PCM, Salud, y Energía y Minas, que esperan la asistencia de los ministros, en particular la del premier, Salvador del Solar, a la Audiencia Pública organizada por la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología del Congreso de la República, para lograr acuerdos institucionales concretos que permita lograr un presupuesto con un Plan integral que permita avanzar en la solución de esta grave problemática que está acabando lentamente con la vida de varias personas a nivel nacional. La voluntad política del Ejecutivo es clave para ello.

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Pronunciamiento: La Confiep no puede imponer el Proyecto Tía María como parte de su “Agenda País”

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.
Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.

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Afectados por metales tóxicos realizarán plantón frente a MINEM

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La Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos que reúne a personas afectadas y expuestas de las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Región Lima, Junín, Cerro de Pasco, Moquegua, Cusco y Puno y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana, realizarán un plantón en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas el día viernes 5 de julio desde las 10:00 am.

Los afectados exigen que este Ministerio sea el que asuma la responsabilidad de impulsar la Comisión Multisectorial que pueda elaborar un plan y un presupuesto integral desde el Estado, para poder atender a los afectados y expuestos por la contaminación por metales tóxicos.

Entre los casos más emblemáticos está el de la población afectada por el derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo que afectó al río Chiriaco en la región Amazonas el 2016, así como los afectados de las Cuatro Cuencas en Loreto, o las familias afectadas por la contaminación de la actividad minera con arsénico y plomo en las ciudades de Espinar, La Oroya y Cerro de Pasco.

 

Día: Viernes 05 de julio

Hora: 10:00 am

Dirección: Av. De Las Artes Sur 260, San Borja, Lima.

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Sin respetar derechos, por 4ta vez suspenden juicio oral a 19 campesinos de Las Bambas.

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El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, había programado para el día de hoy la continuación de la Audiencia del Juicio Oral, contra 19 campesinos perteneciente a comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, el nuevo Juez designado para el proceso consideró que no se podía continuar con la Audiencia, básicamente, porque fue nombrado la semana pasada y no había estado desde el inicio del Juicio Oral.

Antecedentes

Al respecto, como ya es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

El Juzgado

Con relación a lo resuelto por el juzgado, consideramos que se trata de una decisión equivocada, porque si esa era su criterio debió de resolver con antelación el quiebre del proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan a la Audiencia el día de hoy. Ello debido a que la mayoría de los comuneros, sino todos, son de escasos recursos económicos y, en muchos casos, se trasladan a pie, durante varias horas, desde sus comunidades que están muy alejadas de la ciudad de Tambobamba en la que se encuentra la sede del Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado debió de actuar con un criterio qué sin vulnerar la norma procesal, importe mayor consideración a los comuneros procesados que después de trasladarse a pie por varias horas llegan a una Audiencia que en realidad sólo dura unos minutos. Además, el juzgado debió tener en cuenta que esta era la cuarta vez que, en la práctica, se suspendía el Juicio Oral en el cual venían siendo procesados (una vez se suspendió por falta de notificación del juzgado y dos veces por responsabilidad de la fiscalía).

Posición de FEDEPAZ (integrante de Red Muqui)

FEDEPAZ, que asume la defensa legal de una parte de los campesinos procesados, considera que esta conducta del nuevo magistrado llamado Exaltación Chicana importa la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (cuarta vez desde marzo que se había citado a juicio oral y éste se suspendía prácticamente sin ningún avance sustancial) que tiene toda persona procesada como el caso de los aquí referidos 19 campesinos.

En atención a ello, FEDEPAZ exige al Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba que tenga presente el gran esfuerzo que realizan los comuneros procesados para asistir puntualmente a las audiencias y el derecho de los mismos a ser procesados dentro de un plazo razonable, evitando suspensiones innecesarias de las Audiencias con la expedición de resoluciones justas y oportunas para no vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de los campesinos antes referidos.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 3 de julio del 2019

Nota elaborada por el Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

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