Se declaró en Estado de Emergencia los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad, por peligro de ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca. Así se señala en el Decreto Supremo N° 077-2018-PCM emitido el sábado 28 de julio.

Cabe recordar que Quiruvilca es un antiguo yacimiento minero que tuvo unos 388 años de operación. En ocasiones anteriores se había reportado que los pasivos mineros estaban contaminando el Río Moche, sin embargo, no se tomaron acciones para su remediación. En una ocasión anterior Red Muqui alertó sobre la afectación del río y los problemas de salud que se estaría ocasionando a la población.

En la declaradoria de emergencia que fue publicada en el Diario El peruano el viernes pasado, se señala que existe un peligro inminente generado por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca,  ello que afectaría la salud de la población. También se señala que tras haber sido sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de La Libertad la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)  declaró el Estado de Emergencia en un plazo de sesenta (60) días calendario, en los Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del departamento de La Libertad. Se espera la ejecución de acciones inmediatas de remediación.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL se sumó al llamado mundial que cada año en esta fecha se realiza, para expresar la indignación por los efectos que causa la minería en todo el mundo. El siguiente texto fue compartido por ellos para reflexionar sobre la minería a cielo abierto en la región:

Vemos con preocupación la permanente presión de las empresas mineras y los gobiernos que las patrocinan, sobre las comunidades y ecosistemas que muchas veces son brutalmente agredidas para dar paso al extractivismo minero desenfrenado.

A pesar que ese extractivismo minero no hace más que profundizar las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la corrupción y la dependencia en muchos países, vemos que las elites gobernantes sostienen el modelo extractivista como única opción económica, sin medir sus consecuencias.

Gobiernos conservadores, neoliberales y alternativos, defienden el extractivismo minero como si fuese la respuesta a los innumerables problemas que viven nuestras sociedades.

Por el contrario, vemos como ese modelo de explotación brutal de minerales, condena cada vez más a las comunidades a la pobreza, el desarraigo, la violencia, la crisis ética, la corrupción de la política.

No solo sobre la tierra, arrollando ecosistemas frágiles y desplazando comunidades. También el el fondo marino, sin medir las fatales consecuencias para la sobrevivencia del planeta.

La actividad minera ya ha producido suficientes crisis hídricas en países de la región, además de poner la energía a su servicio, con las tremendas consecuencias que vemos a diario.

Es por ello que la minería muestra tal grado de conflictividad en el mundo.

América Latina es una muestra de lo que sucede a nivel planetario. Con mas del 25% del aporte en minerales a nivel mundial y con enormes yacimientos de varios minerales tanto metálicos como no metálicos, expresa a través de la conflictividad con la actividad minera, su desacuerdo con el extractivismo minero.

Nuestro mapa de conflictos mineros de América Latina registra ya casi 250 conflictos entre comunidades, empresas mineras y Estados y pone de relieve el carácter brutal de la conflictividad con más de 170 casos de criminalización que afectan a defensoras y defensores de derechos frente a la minería.

Mientras crece la presión por explotar minerales a como dé lugar, aumenta también el rechazo a la actividad en todo el mundo.

Imaginarse un mundo sin minerales es casi imposible, pero uno donde estos estén al servicio de las necesidades fundamentales y no al servicio de la especulación, la concentración de capitales, la dominación, la opresión y la violencia, no solo es perfectamente posible sino absolutamente necesario.

El post-extractivismo es por ahora la respuesta ante esta ola de destrucción natural, física, cultural, espiritual y biológica.

Suspender la minería actual hasta repensar una existencia del planeta con futuro es también una necesidad urgente con la que podemos y debemos comprometernos.

Representantes la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos llegaron a Lima para plantear a las autoridades una propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana y atención integral para las personas intoxicadas debido a la contaminación, principalmente de origen minero y petrolero. La delegación estuvo conformada por dirigentes y dirigentes de Pasco, Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), Bambamarca (Cajamarca), Cuninico (Loreto), entre otros.

Como fruto de sus gestiones, los afectados suscribieron un acta con la viceministra de Salud, María del Carmen Calle Dávila, quien se comprometió a tomar en cuenta la propuesta de salud ambiental presentada. Terminado ese proceso, se realizará pre-publicación de la Política y se convocará a una nueva reunión técnica, esta vez con la Ministra y con representantes de la plataforma y su mesa técnica.

Los afectados también se reunieron con funcionarios de los ministerios de Ambiente y de Vivienda, y la tarde del jueves tienen programada una reunión con la Defensoría del Pueblo.

“Por fin el Estado está reconociendo que este es un problema nacional. No son unos pocos casos aislados, somos miles de peruanos contaminados con metales tóxicos y por eso hemos venido a proponer una política de carácter nacional”, señaló Ismael Julón, dirigente de Cajamarca, durante una conferencia de prensa realizada la mañana del jueves.

En la propuesta presentada, destaca la necesidad de una atención integral y especializada a los afectados, incluyendo garantizar centros de salud equipados y con personal, atención con especialistas, así como un seguimiento a cada caso tal y como ocurre con los planes existentes para enfermedades como la tuberculosis y el VIH.

Además, los afectados exigen que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, asegure la provisión de agua limpia y segura. “En Pasco solo tenemos agua potable dos horas al día. Esta situación se repite en otros casos, y una de las principales fuentes de contaminación es el agua”, explicó Gladys Mandujano, de Cerro de Pasco. “Los niños de mi tierra pueden quedar afectados o discapacitados por esta contaminación y esto a mi me duele mucho”, señaló.

Los afectados señalaron que este problema tiene su origen en la contaminación ambiental, por lo que demandan que el Ministerio del Ambiente asuma su responsabilidad de garantizar un ambiente sano. Para ello exigen la remediación de pasivos mineros y petroleros; una fiscalización más estricta de las operaciones extractivas actuales; y incluir el tema de salud en los instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo en los estudios de impacto ambiental para nuevos proyectos. “Que el Ministerio de Ambiente asuma lo que tiene que asumir y fiscalice de verdad a las empresas”, reclamó el apu Norberto Wampucsag Agkuash, de la comunidad de Chiriaco (Bagua) afectada por derrames petroleros.

Como se sabe, estas son regiones que han sido impactadas por la minería y los hidrocarburos. Solo San Mateo, que se encuentra a unos kilómetros de Lima metropolitana, tiene más de 200 pasivos mineros sin remediar. Otras regiones como Pasco tienen una problemática antigua de intoxicación con metales. En las pruebas realizadas en sangre a niños y niñas de la zona se ha encontrado hasta 4 tipos de metales tóxicos como plomo, cadmio, magnesio y arsénico que es un cancerígeno como lo afirma la Organización Mundial de la Salud.

La Plataforma surgió a fines del 2017, con el objetivo de establecer articulaciones, consensuar una agenda nacional sobre salud ambiental y humana y realizar incidencia conjunta para que su problemática sea escuchada y atendida.

El documento presentado de propuestas para una Política de Salud Ambiental y Humana ha sido elaborado de manera participativa en nueve regiones del país.

Cabe recordar que el ex ministro de Salud, Jaime Salinas, aprobó la conformación la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer una “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” mediante Resolución Ministerial Nº 168-2018/MINSA.

Mediante un pronunciamiento difundido por las rondas campesinas de Huancabamba y Segunda y Cajas; se da a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.

PRONUNCIAMIENTO

A las autoridades del gobierno Central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.

A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:

1. Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.

2. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.

3- Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba, sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.

4.Rechazamos el actuar clandestino y autoritario que Río Blanco Copper (Ex Majaz) tiene desde sus inicios. Es así como, en relación a su oficina, clausurada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, esta seguiría funcionando de manera clandestina y violando la disposición municipal.

5-Afirmamos que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera nuestros derechos fundamentales reconocidos y amparados por la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656- Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908- Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657-Ley de Tierra, Ley 29785-Ley de Consulta Previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Por ello, en nuestra calidad de guardianes de nuestro ecosistema de páramos y bosques de neblina, seguimos vigilantes y en pie de lucha, exigiendo al Estado Peruano y demás autoridades competentes que cumplan con su rol garante del respeto a nuestros territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper.

PRONUNCIAMIENTO: Comunidades y roderos de Piura exigen que el Gobierno garantice el respeto al territorio y… by prensamuqui on Scribd