Por: Juan Aste Daffós, economista y especialista en minería
La expansión minera sin límites y con precios muy altos de los metales, ha ido severamente afectando las cuencas hídricas en los últimos 15 años, y con ello, la calidad y la disponibilidad del agua para la agricultura familiar y el turismo. La permisividad en la aprobación de los EIA y los estándares de calidad ambiental (ECA), las decisiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el otorgamiento de derechos de uso de agua a partir de la información de las fuentes hídricas que presentan las empresas mineras, y el desincentivo para cumplir con los planes de cierre, generando más pasivos ambientales adicionales a los más de 7668 existentes al 2021, explican el grave impacto sobre las cuencas hídricas, más aun, cuando los efectos del cambio climático se acrecientan, y las comunidades y poblaciones locales constatan y sufren las consecuencias de esta crítica situación de estrés hídrico, en un contexto de pandemia que puede repetirse.
A raíz de los planes de cierre de minas, que son compromisos ambientales que se dan a lo largo de un proyecto minero (cierre progresivo) y al concluir la vida útil del mismo (cierre final), que están culminando 4 empresas mineras en Ayacucho, y el rechazo a la imposición de la expansión minera en estos y otros lugares del país, porque atentan contra las cabeceras de cuenca y la disponibilidad del agua para la agricultura y la alimentación, es que no hay licencia social, y se ha puesto en debate ¿bajo qué condiciones puede expandirse la actividad minera? ¿Es aceptable que lo obtenido por una empresa minera en 20 años de vida útil de un proyecto afecte por siempre lo que se consigue en producción y vida de una cabecera de cuenca? Esto nos lleva al estratégico tema del ordenamiento territorial (OT), de la aprobación de su respectiva ley y la aplicación de los planes de OT. Estos planes implican determinar que uso productivo van a tener los territorios y bajo qué condiciones deben hacerlo, por lo tanto, definen en que lugares se incorpora la actividad minera y en cuáles no.
Aquí es donde debe garantizarse la implementación de consultas efectivas a las poblaciones locales involucradas, respetándose la autonomía y capacidad de decisión en sus territorios, sin embargo, esto no se hace, sino que las consultas se realizan respecto al procedimiento administrativo de la resolución directoral que aprueba el EIA y el plan de cierre, pero no sobre el impacto de los proyectos en las cuencas hídricas ni sobre el riesgo de la pérdida de la producción y empleo en el área de influencia del proyecto minero, porque esto se ve en los talleres y audiencias públicas, donde la opinión de los participantes es solo un comentario sujeto a respuesta y nada más.
Expandir la actividad minera sin hacer ordenamiento hídrico que responda a planes participativos de ordenamiento territorial o planes de vida determinados por las comunidades y poblaciones locales, en coordinación con los representantes del Estado en sus diferentes niveles del territorio, es promover la destrucción de las cabeceras de cuenca, el empleo y la producción agroalimentaria, vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico, y que luego se tenga que importar alimentos, mientras las únicas que ganan son las empresas mineras, que solo pagan en tributos entre el 8 y el 10% del total recibido por el Estado, y neto de devoluciones el 3%, salvo ahora, que con precios muy elevados de los metales, la tributación neta para enero-octubre 2021 ha sido del 14.4%.
La expansión sin límites la actividad minera hace rato está decidiendo el uso del territorio y el agua, y haciendo a medias o dejando sin cumplir los compromisos de remediación ambiental de los planes de cierre, que luego deben ser ejecutados con dinero del Estado o de todos los peruanos o simplemente quedan como pasivos ambientales y fuente de contaminación e impacto en la salud para las poblaciones locales. En consecuencia, el rechazo de las comunidades y poblaciones de las provincias Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, representa solo un ejemplo del impacto ambiental, económico y social de la minería en el Perú.
Esto significa que está creciendo el no otorgamiento de la licencia social a los proyectos mineros, que en estos casos ha aparecido en la etapa de culminación de la extracción del mineral, pero también implica que los proyectos de exploración en estas tres provincias tampoco tienen licencia social porque constituyen un serio riesgo para la alimentación, el empleo y los ingresos, generados por la disponibilidad de agua libre de contaminación de las cabeceras de cuenca que sostienen la agricultura y la crianza de camélidos sudamericanos.
Por eso, no extraña que la SNMP y la CONFIEP hayan puesto el grito en el cielo y ahora muestran su preocupación de que los pueblos cuestionen decididamente la prioridad de la minería, recordándonos que es una actividad que ha mostrado influencia y dominio sobre las autoridades locales y divisiones en el pueblo, además de pobreza. Las comunidades y poblaciones locales han abierto el debate sobre quiénes y cómo se ha estado decidiendo el uso del territorio en el Perú. El Ejecutivo y el congreso deben asumir la urgencia de una ley de ordenamiento territorial que responda a la realidad actual y no se continúen imponiendo los intereses de las empresas mineras, que reproducen un modelo económico insostenible.
En este contexto, las posibilidades de implementar proyectos de Conservación y Protección de Cabeceras de Cuenca están limitadas por las decisiones políticas de los gobiernos que promueven la minería a cualquier costo ambiental y social. Sin embargo, al tener un origen ancestral, la gestión de las cuencas hídricas es la que ha sostenido y aun sostiene la agroalimentación y la vida de las comunidades y pueblos. El presidente Castillo fue elegido por las poblaciones de las regiones mal llamadas mineras, que forman parte de todos los que votaron por el cambio, y son ahora más conscientes de la urgencia de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, el agua, la vida, mientras las mineras formales, informales e ilegales quieren controlar más territorios y obtener sobre ganancias como ahora.