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Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca

Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.

 

El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.

Eufrosina Umasi entre llantos nos relató que la empresa minera viene hostigando de día y noche a la comunidad de Alto Huarca para que vendan sus terrenos y esta pueda ser utilizada para una carretera de uso exclusivo de la empresa, personal de Antapaccay les dijo que pueden comprar los terrenos a doscientos dólares, sino aceptan se hará este pago al Estado y ellas no recibirán nada. Eufrosina agregó que ni bien se hizo presente a la zona un abogado y un periodista los efectivos policiales no pudieron sustentar la intervención.

 

Como se sabe el proyecto minero Antapaccay de la Suiza Glencore extrae concentrado de cobre en la zona, y actualmente se encuentra en fase expansión del tajo norte, por ello vienen aperturando nuevas vías internas para la circulación de sus vehículos. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos.

 

 

Se prometió un nuevo Gabinete. El presidente Martín Vizcarra presentó a sus ministros de Estado el lunes 2 de abril. Tres de ellos estan vinculados a empresas mineras, ello abre la pregunta sobre cómo dialogará el gobierno con poblaciones afectadas por la minería o con comunidades que no desean proyectos mineros en sus territorios como es el caso del Valle del Tambo en Arequipa o Ayabaca y Huancabamba en Piura.

En el perfil de los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Producción figuran contratos y trabajos asociados a empresas mineras que han tenido cuestionamientos por su comportamiento con las poblaciones. La cartera de Energía y Minas quedó en manos de Francisco Ísmodes, quien fue gerente de la empresa minera Milpo.

Cabe recordar que Milpo figura en el ranking de empresas con multas ambientales por afectación al medio ambiente con más de 300 mil dólares. La empresa ha sido señala por pobladores de Cerro de Pasco como la causante de contaminación de aguas. Incluso, una familia de Pasco, Hernan Pahuará e Hilda Monago llegó a Lima hace un mes para denunciar que sus hijas padecían intoxicación por metales pesados. Afirmaron que la contaminación que llega a su hogar era causada por la empresa Milpo.

La nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien también es abogada, fue gerente de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones de la minera Anglo American Quellaveco.

Finalmente, el ministro de Producción, Daniel Córdova estuvo al frente de la empresa Invertir, que realiza servicios de responsabilidad social para empresas mineras como Southern Copper, Volcan y Minsur, como figura en su página web. En información difundida por el portal La Mula en el 2015, se afirma que Córdova condecoró al presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, en una ceremonia donde se le nombró como “Hombre de cobre del año”.

En la página web de Invertir se destaca que la empresa que dirigía el ministro gestionó la Audiencia pública en el caso de la ampliación del Proyecto minero Toquepala en el 2014.

“Logramos llevar a cabo una audiencia pública exitosa, donde se presentó el EIA del Proyecto Minero- Ampliación de Toquepala. Gracias a un trabajo constante de relacionamiento, comunicación y mesas de diálogo se obtuvo la “Licencia Social” de la ciudadanía involucrada con el proyecto”, se señala.

Sin embargo, en información difundida por La República en la época se menciona, que, en principio, la audiencia pública dividió a las autoridades de la región. Durante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, un grupo de personas protestaron en los exteriores del local y la empresa colocó resguardo policial para que no ingresen.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, afirmó que “Preocupa los vínculos de los ministros con empresas mineras, ¿cómo va hacer el gobierno para remediar pasivos ambientales? ¿Va exigir a las empresas mineras como Volcan y Southern que se hagan cargo de los problemas ambientales que han ocasionado?”.

Plataforma Nacional de afectados y organizaciones de sociedad civil esperan participar en propuesta
Hoy miércoles 7 de marzo,el MINSA publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 168-2018-MINSA que crea la Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.
La norma establece qué hay 5 días hábiles para instalar la Comisión luego de la publicación, y luego de ello 60 días hábiles para plantear la propuesta.
Consideramos desde RED MUQUI que es un avance importante el logrado, luego de la incidencia realizada por la recientemente conformada Plataforma Nacional de afectados/as por metales tóxicos que integra 9 regiones que sufren los impactos de contaminación por metales tóxicos, en especial provenientes de las actividades extractivas, y luego de la reciente protesta de los afectados de Cerro de Pasco, que el pasado 1° de marzo se autoconvocaron en el MINSA ante los continuos incumplimientos de acuerdos, y suscribieron un acta en la que el MINSA se comprometió ha proponer ls citadas políticas de salud en 30 días, y no en 60 días como ha ocurrido.
Esperamos que el gobierno cumpla los plazos establecidos, pese a que no fueron los acordados, pero también que incluya en la citada Comisión, no sólo a instancias del Estado, sino a la propia población organizada a nivel nacional en la Plataforma Nacional de afectados en salud por metales tóxicos, y a la Mesa Técnica que acompaña dicho proceso, que tiene propuestas que han sido presentadas al MINSA y a todas las instancia competentes en materia de salud, y que deben ser consideradas en la discusión de la propuesta que trabajarán las entidades del Estado.

RM_ N° 168-2018 MINSA Politica Nacional Atencion Integral Metales by prensamuqui on Scribd

Alrededor de 30 Familias afectadas por la contaminación minera en Pasco se autoconvocaron ayer a Lima y lograron reunirse con el Ministro de Salud Jaime Salinas y con funcionarios del sector. El ministro Abel Salinas Rivas se comprometió a brindar atención prioritaria a los menores y declarar en emergencia 9 distritos de la región, zonas afectadas donde existen pasivos ambientales que contaminan el agua, el aire y el suelo, también se trabajará una propuesta de Política Nacional de Salud Pública de protección a las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias tóxicas.

La Municipalidad de Simón Bolívar, uno de los distritos más afectados por la minería en Pasco, publicó un comunicado en redes sociales donde señala que “se logró que el Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, apruebe acuerdos históricos a favor de los niños contaminados, aquellos que necesiten atención en el extranjero por su delicado Salud serán llevados a otros países; así mismo el plan quinquenal de Salud se aprobó con una inversión que supera los 48 millones y la atención especializada en Salud a los niños afectados con metales pesados”.

Cabe recordar que Pasco en una de las regiones con mayores problemas ambientales generados por la minería. En el 2017, un informe de salud realizado por RED MUQUI dio a conocer que los niños evaluados presentaban niveles altos de plomo en sangre y metales pesados como cadmio, mercurio y el cancerígeno arsénico.

En junio del año pasado, una delegación de cien personas se encadenó a las rejas del Ministerio de Salud ante la indiferencia de las autoridades.  Exigieron que se atienda, prioritariamente, los casos de los más de 2,000 niños afectados por la contaminación por metales pesados, y que incluso ya sufren de enfermedades tan graves como cáncer y leucemia.

A casi un año de la protesta frente al MINSA, los padres de familia, cuyos niños presentan problemas de salud e intoxicación, afirmaron a RED MUQUI que  la situación no ha cambiado para ellos. Por eso, llegaron de nuevo a Lima para exigir que se cumpla con los compromisos.

Entre la lista de acuerdos estos son los más importantes : la gestión inmediata de atención a personas con intoxicación por metales, así como la garantía de que el Seguro de salud cubra sus gastos y darse la continuidad, de ser el caso, en algún centro de salud del extranjero. El MINSA garantizará que el Instituto Nacional del Niño continúe atendiendo a la totalidad de niños identificados por exposición a metales pesados.

Se realizarán gestiones para acelerar la construcción de una clínica de desintoxicación en Pasco, el Ministerio velará porque se contrate personal especializado en oncología para tratar a los afectados. También se estableció la Declaratoria de emergencia Sanitaria por 90 días para nueve distritos de la provincia de Pasco estos son: Simón Bolívar, Chaupimarca, Yanacancha, Ticlacayan, Tinyahuarco, Huayllay, Huachon, Yarusyacan y Pallanchacra y en la Provincia Daniel Alcides Carrión los distritos beneficiados son Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi.

“La declaratoria de emergencia sanitaria nos va permitir actuar con varios ministerios en la recuperación de la salud, lo cual es muy importante y demandará una acción inmediata. Pero vamos a continuar con un plan que requerirá mucho más tiempo. Tengan la seguridad y convicción que vamos a acompañar este proceso”, indicó el ministro Salinas a los pobladores.

Los padres de familia afectados por la contaminación minera como es el caso de Hernán Pahucará esperan que el ministro Salinas asuma un rol activo en la defensa de la salud. “Exigimos que se cumplan los compromisos firmados para que podamos asegurar el bienestar de nuestros niños”, declaró Pahucará.


El 20 de febrero 2018, se inició la campaña Rexistir – Tejiendo Cuerpos Territorios, promovida por la Red Latinoaméricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales con la colaboración de los socios Enginyeria Sense Fronteres, Grufides y Catapa. La campaña busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y tomadores de decisiones a nivel regional y global, las múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impunidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras  de América Latina, sus comunidades y territorios.

La campaña consiste en material audiovisual alojado en una plataforma web www.rexistir.com y artículos de opinión que retratan las diferentes formas de violencias hacia los territorios y cuerpos de las defensoras en contexto extractivista en América Latina. A partir del 20 de febrero de 2018, podrán descubrir semanalmente en las redes sociales de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensora y Grufides, los testimonios de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales de Latinoamérica que han tenido el coraje de denunciar las estrategias empleadas por las empresas y Estados para vulnerar sus derechos. A partir del 26 de febrero al 01 de marzo 2018, se inicirá una gira europea de incidencia y sensibilización de la campaña en distintos espacios de decisión, educativos y culturales.

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REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

El extractivismo es un modelo económico y político capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y mercantilización de elementos, cuerpos, ciclos y funciones de la naturaleza. El extractivismo se basa en una cultura patriarcal, ya que existen paralelos culturales, históricos y simbólicos en los patrones de dominio de las mujeres y la naturaleza, por la cual a ambas históricamente han sido sujeto de dominación, control y explotación.

El sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial no puede funcionar si es que al mismo tiempo no mercantiliza, despoja y usufructúa los cuerpos de las mujeres y los tejidos sociales que reproducen la vida.

Las violencias que este sistema ejerce hacia nuestros cuerpos-territorios son múltiples y vulneran los derechos, en particular el de las mujeres que los defienden. El extractivismo conlleva la devastación ambiental y a la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, violando el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano, además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Por ello se hace necesario visibilizar estas violencias y denunciarlas públicamente para velar por el cuidado, protección y defensa de nuestros cuerpos-territorios.

PÁGINA DEL PROYECTO: http://www.rexistir.com/

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: «Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder», aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: «Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas».

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

Primera parte

Saúl Juárez es un ex trabajador minero que denunció la empresa minera Antamina por afectar su salud. A fines del año pasado, pese a las pruebas médicas y las sanciones que tiene la empresa de parte del Estado, una Jueza desestimó la demanda. 

“Todos sabemos que la vida del minero es corta”, dice Saúl resignado.  Ha recibido una mala noticia.

Saúl tenía un trabajo de alto riesgo, operaba en la entrada del Tajo de Antamina en Ancash. En el 2005, cuatro años después de su ingreso a la mina, empezó a decaer, enfermarse por todo, hasta que su cuerpo no resistió más.  En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él.

En el 2011 cuando le dieron la noticia que tenía cáncer, Saúl preparó a su esposa para contarle la verdad. No había vuelta atrás, pero sospechaba que sus problemas y el de otros compañeros estaban relacionados con el trabajo de exposición a arsénico, cadmio, plomo, manganeso, cobre, todos metales tóxicos.  Por eso, decidió hacerse pruebas médicas especializadas y solo mediante un examen especial denominado metalograma se pudo determinar que Saúl tenía hasta 10 tipos de metales tóxicos en su organismo.

pruebas by prensamuqui on Scribd

A la casa de Saúl ha llegado la notificación de la Jueza Rosmery Velásquez Cano, su denuncia contra Antamina ha sido desestimada sin tomarse en cuenta todas las pruebas presentadas. El gigante parece haber ganado y Saúl, no sabe si molestarse o ponerse a llorar. Tiene cáncer, la sala llena de documentos sobre la cantidad de metales pesados que tiene el cuerpo “y el Poder Judicial ha decidido no creer” dice Juárez.

¿Cómo era trabajar en Antamina? Saúl recuerda que tenía esperanza en ascender, en lograr un mejor sueldo para pagar su casa, los estudios de sus niños. Poco a poco, la mina le fue quitando las esperanzas. Ahora, que ha intentado acercarse a la gerencia, solo ha recibido negativas, “Y pensar que les dediqué mi vida”, dice.

Antamina es una de las empresas más grandes del país, de las mayores productoras de cobre. En el 2012 uno de los ductos de propiedad de la empresa se rompió ocasionando que toneladas de relave minero cayeran al río Ancash. OEFA sancionó con S/. 207 200,00 el incumplimiento de instrumentos de prevención por parte de la minera. En una investigación realizada por el portal de investigación y datos Convoca.pe en el 2015, Antamina figura, además, con una deuda de 13 millones de dólares al Estado en multas ambientales.

La minera no solo tiene sanciones por daños ambientales, sino, también, por no asegurar a los trabajadores. Mario Ríos, abogado que está llevando el caso de Juárez, afirma que la jueza no tomó en cuenta para dar su veredicto la multa que SUNAFIL le puso a Antamina hace 5 años por no asegurar a sus trabajadores condiciones adecuadas. Entre las sanciones que se le aplicó figuran: El incumpliendo sobre el registro de enfermedades medico ocupacionales, no hizo un monitoreo adecuado de los agentes químicos, incumplió en la implementación de equipos de protección personal y no informó adecuadamente sobre la seguridad y salud a sus trabajadores.

“Las observaciones de SUNAFIL demuestran que la minera no utilizaba los procedimientos adecuados y por tanto, el Sr. Juárez al estar expuesto a minerales sin la protección necesaria empezó a intoxicarse”, asegura Ríos.

Las condiciones de trabajo en las minas son duras, señala Saúl. Los trabajadores de Antamina están expuestos a polvo de diferentes minerales todo el tiempo. Es tan cotidiano, al punto que muchos de los compañeros de Saúl empezaron a presentar alergias. Pero no hicieron caso. A veces, la temperatura en la sierra norteña era de 32 grados, los trabajadores desprevenidos se quitaban las mascarillas, cuenta Juárez.

Cuando hablamos de arsénico, a Saúl se le escarapela la piel. El cáncer que tiene se llama Linfoma no hodgkin y está directamente relacionado ese metal tóxico, como lo señala la Organización Mundial de la Salud. “Si se realiza, en este momento, pruebas de salud a Juárez es obvio que no se va encontrar metales pesados en sangre u orina, pero las enfermedades que tiene Saúl son por acumulación de arsénico en el organismo”, señala Ricardo Puell, médico que lo atendió.

Ese es uno de los problemas que tiene la justicia peruana para atender adecuadamente casos como los de Saúl donde el problema de salud se presenta después de años de trabajo. “La jueza está pidiendo pruebas de salud, pero no ve el histórico, no hay mecanismos para velar por la salud de un trabajador expuesto a metales tóxicos después de terminado su tiempo de labor”, señala Javier Janhncke, secretario ejecutivo de RED MUQUI.

Durante el proceso tampoco se tomó en cuenta otros exámenes realizados a Juárez. La parte demandada solicito que quien realice los exámenes sea una entidad independiente. Sin embargo, el pedido no fue aceptado y se determinó, por el contrario, que Saúl se estaba negando a colaborar con la Justicia.

Antamina solo ha contestado a Saúl por medio de comunicados, el último, emitido en febrero del 2017, afirma: “que la Compañía Minera Antamina es una empresa responsable, basada en valores humanos, comprometida con sus trabajadores y el desarrollo del país. La difícil situación médica que atravesó nuestro ex colaborador Saúl Juárez, siempre fue tratada con sumo respeto y consideración”. En ese mismo comunicado, Antamina señala que brindó cobertura médica a Juárez hasta el 2016, posteriormente, el ex trabajador afirma que se desentendió y sobre su familia han caído los gastos médicos.

Informe oncológico by prensamuqui on Scribd

¿Qué procede? Saúl ha tenido que reponerse y apelar a la sentencia sin mucha esperanza. Carga con una delicada salud que decae poco a poco. Su labor de defensa de los derechos de los trabajadores fue reconocida en el 2016, cuando el Congreso lo condecoró como Defensor Ambiental y le otorgó un diploma de parte de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El defensor se está muriendo, dice mirando al suelo. Y luego agrega “Pero no podemos permitir que se niegue el daño que Antamina les ha hecho a sus trabajadores. Hay más casos, no soy el único.” Saúl es solo uno de otros tantos que entregaron años de trabajo y cuyas consecuencias de salud se empiezan a sentir en su jubilación.

 

Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).

Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros.

Por ello las organizaciones firmantes denunciamos los actos de hostigamiento y acoso social y político que se vienen dando contra la Asociación de Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana de Espinar, en especial contra la defensora Elsa Merma Ccahua; rechazamos la violencia hacia las mujeres que genera y/o exacerba la minería, creando un ambiente hostil donde las defensoras deben realizar su labor con el consecuente riesgo para ellas y sus familias.

Respaldamos y reconocemos el trabajo que desarrolla la Asociación de Defensoras del Territorio y Cultura K’ana y muchas otras mujeres de Espinar para defender sus derechos ante situaciones de injusticia y abuso de poder por parte de autoridades locales de turno y otros grupos de poder económico en la zona; así mismo demandamos a la Justicia Peruana, y las instancias que corresponde, garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres de Espinar, por lo que es indispensable se investiguen los casos denunciados por el FUDIE sobre hechos de corrupción en esa provincia.

Finalmente exhortamos a las organizaciones sociales de base y la población espinarense a reconocer el valioso aporte de las y los defensores de derechos humanos en la provincia de Espinar.

Espinar, 19 de febrero del 2018.

Firman:
– Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) Cusco.
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
– Red Muqui.
– Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

La empresa minera Southern Perú acaba de ganar la licitación de uno de los proyectos más importantes del norte, Michiquillay.  La agencia de noticias Andina, informó esta mañana que logró la buena pro tras superar la oferta de la minera Millpo. Sin embargo, la mineria tiene un largo historial social y ambiental.

En Arequipa, dirigentes de Islay como Miguel Meza y Catalina Torocahua afirman que hay oposición de parte de las comunidades al ambicioso proyecto Tía María de Southern. Ellos aseguran que la minera está presionando al Estado y a las comunidades para que se le den los permisos comenzar a operar en la zona, donde en el 2009, mediante una consulta vecinal, la población dijo No al Proyecto Tía María y decidieron apostar con la agricultura y agroindustria.

Al respecto, el Ingeniero economista Juan Aste Daffós escribió en una columna de opinión para Red Muqui que “Que en el caso del proyecto Tía María debe señalarse que la empresa y la consultora nunca han podido responder de manera sustentada las observaciones de UNOPS sobre el alto riesgo del impacto por el polvo que emanará del tajo La Tapada, ubicado a menos de 600 metros del valle de Tambo”. La empresa tampoco ha aclarado cómo será su manejo del agua, de forma que no afecte a los agricultores del valle, cuya economía se mueven en torno a la agroindustria.

Por su parte, en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad de suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.

En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el Río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera, atribuida a la minera.