En los próximos días, debe conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto de la acción de amparo interpuesto por la empresa PERUBAR S.A. contra el cobro del Aporte por Regulación (APR) minero que le compete al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Esta sentencia es de enorme importancia, pues de aceptarse los argumentos de la empresa –que ya fueron desestimados en todas las instancias judiciales- se pondría en grave riesgo el funcionamiento mismo del OEFA, entidad responsable de fiscalizar y sancionar los eventuales daños al medio ambiente generados por las empresas.

Frente a la trascendencia de esta sentencia, invocamos al máximo órgano de control constitucional a tomar en cuenta las siguientes consideraciones:


- El Aporte por Regulación fue creado por la Ley N° 27332 en el año 2000. Es una contribución menor del 1% de la facturación anual, descontado el IGV y el impuesto de promoción municipal, de las empresas para financiar a los organismos reguladores en los gastos que acarrea las funciones de regulación, supervisión y fiscalización. Cuando OSINERG se convierte en OSINERGMIN, se amplía por ley su ámbito de intervención a los sectores minero (gran y mediana minería) y de hidrocarburos, así la contribución se extiende a estos sectores. Durante varios años esta contribución ha sido realizada por las empresas aportantes, sin ser cuestionada.

- ¿Qué es lo que el demandante está cuestionando entonces? Cuando se trasfiere la funciones de supervisión y fiscalización ambiental de OSINERGMIN al OEFA, en materia de minería e hidrocarburos, la ley le da a esta entidad la potestad de cobrar una proporción del APR, porcentaje que debía ser establecido por la PCM vía decreto supremo. PERUBAR SA cuestiona el Decreto Supremo N° 130-2013- PCM emitido en 2013 que cumple este mandato; y destina al OEFA, para los años 2014 y 2015, el 0,15% de la facturación mensual de las empresas mineras, descontado el IGV y el impuesto de promoción municipal, y el 0,13%, en 2016. En la actualidad, este porcentaje se ha reducido por la PCM a 0,11%. La norma dispone también que el OEFA reglamente la mejor aplicación y cobranza de la proporción que se le asigna.

Perubar SA, que tiene como accionista mayoritario a Glencore Minera AG, cuestiona los porcentajes de la distribución que van al OEFA y que este se encargue de su cobranza. Lo considera ilegal y solicita su devolución. ¿Por qué el APR se convierte en un problema para ciertas empresas cuando una parte pequeña del monto se destina al OEFA? Todo indica que el objetivo de fondo de la demanda es debilitar a este organismo, encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras y de imponer sanciones a quienes dañan el ambiente.


Las posibles consecuencias de esta demanda es que el OEFA devuelva a PERUBAR SA lo recibido durante los años 2014, 2015 y 2016, lo que daría lugar a que otras empresas también lo soliciten creando un serio problema, pues lo aportado por todas las empresas en los tres años es de más de 200 millones de soles.


La supervisión y fiscalización ambiental a las empresas mineras acarrea gastos al Estado. Supone desplazamientos, inspecciones, monitoreos y un funcionamiento desconcentrado, con un mínimo de personal. Afectar y burocratizar esta fuente de financiamiento que representa el 75% de los ingresos del OEFA es darle otro duro golpe. Recordemos, que las empresas cuestionaron que el OEFA recibiera el cobro de multas y esos fondos fueron retirados de sus ingresos. Además, con la Ley N° 30230 le redujo su facultad sancionadora. En consecuencia, invocamos al Tribunal Constitucional que detenga el debilitando al OEFA. La fiscalización puede resultar incómoda para algunos pero es necesaria para garantizar inversiones responsables.

Lima, 11 de agosto de 2017


Confederación Nacional Agraria (CNA)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
RED MUQUI
Red por una Globalización con Equidad (RedGE)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
CooperAcción
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

EN INICIO DE JUICIO ORAL

Este viernes 23 de setiembre se inició la etapa oral del juicio contra el exalcalde de la Provincia de Espinar (Cusco) Oscar Mollohuanca Cruz, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa (FUDIE) Herbeth Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, quienes son enjuiciados por los delitos de disturbios, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos.

Durante esta primera audiencia, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó –para los tres acusados– 20 años de prisión efectiva ante el titular del Juzgado Unipersonal del distrito judicial de Ica, Darcy Vivanco Ballón. Tras su exposición de alegatos, el Fiscal también pidió la inhabilitación a todo cargo público, por cinco años, para el exalcalde de Espinar.

En detalle, el ministerio público de Ica, solicitó para cada uno de los imputados: 8 años de cárcel por el delito de atentado contra la seguridad común; 7 años por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, y otros 7 años por el delito de disturbios; además de una reparación civil de 100 mil nuevos soles y 250 días de multa a razón de 30% de sus haberes diarios (un total de 1875 soles).

A su turno, la Procuradora del Ministerio del Interior, afirmó que, desde el 21 al 30 de mayo del 2012, se registraron hechos de violencia, disturbios y por tanto pérdidas económicas para Espinar y la región Cusco, además de haber afectado las actividades de la empresa minera Antapaccay. En consecuencia, solicitó que se le imponga a la parte acusada, una reparación civil de 5 millones de nuevos soles en favor del Estado.

En respuesta a los alegatos acusatorios, los abogados de la defensa argumentaron que “la protesta social es un derecho legítimo”, y que las exigencias eran justificadas debido a los indicios de contaminación existentes en la zona desde hace muchos años atrás. También señalaron que la Policía Nacional estuvo claramente parcializada con la empresa, ya que mantiene convenios para la protección de los intereses de la minera.

Quien apareció durante el juicio, fue el Procurador de la Municipalidad provincial de Espinar, quien nunca antes se había hecho presente en este caso (la Municipalidad Provincial de Espinar no es parte agraviada en el proceso).

Tras la exposición de las partes, el juez distrital del Ica, programó una próxima audiencia para este viernes 30 de setiembre, a partir de las 3 de la tarde.

De Cusco a Ica

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Cabe mencionar que en su momento la defensa de los agraviados, solicitó el retorno de la competencia al Juzgado Unipersonal de Espinar (Cusco), petición que fue concedida en primera instancia, pero que fue apelada por la Procuraduría del Ministerio de Interior.

Finalmente, el caso se está viendo en Ica, vulnerándose varios derechos entre ellos el derecho al Juez Natural y como tal el acceso a la justicia, además de las dificultades económicas que representa para los dirigentes y los abogados el trasladarse para cada audiencia desde Espinar hasta la ciudad de Ica.

Recuento del caso

El conflicto en Espinar se produjo tras los reiterados reclamos de la población a la empresa minera Xtrata Tintaya (Hoy Glencore Xtrata) y al gobierno por los diversos impactos en el ambiente (aire suelo y agua) y sobre todo la salud de la población que presenta metales pesados en la sangre.

Las principales exigencias eran la solución inmediata a los problemas de contaminación e indemnización por los daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua afectadas; una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones y el respeto pleno de los derechos humanos de las comunidades.

Luego del inicio del paro el 21 de mayo de 2012, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia y al día siguiente fue detenido el alcalde Mollohuanca y trasladado, en un primer momento a la ciudad de Cusco y luego a Ica.

DATOS:

  • En el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías del Distrito Judicial de Ica.

Fuente: DHSF Cusco / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: DHSF Cusco / Actualidad Ambiental

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

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Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

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Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

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