Gobierno no cumple con atención integral a los afectados por metales tóxicos

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“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, señaló el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, a través de una nota oficial del gobierno el 05 de octubre, tras la reunión sostenida con los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. En ese entonces, los voceros de la Plataforma presentaron una agenda con propuestas para lograr una atención integral que permita atención especializada en salud, prevención para que no haya más afectados y remediación de zonas contaminadas para reducir la exposición a metales tóxicos; entre otras propuestas que involucran a diferentes ministerios del Ejecutivo.

El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros también señaló: “dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”. Sin embargo, ya estamos en el mes de noviembre y a la fecha no hay resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial y tampoco se está en proceso de instalación de la Comisión, señala Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna explicación del por qué no se avanza con este compromiso asumido por el gobierno”, precisa.

“Nosotros habíamos planificado realizar plantones frente a la PCM y Ministerios, pero por la disolución del Congreso decidimos postergarlo y ahora estamos evaluando retomar esas acciones porque el Gobierno no cumple lo que promete”, agrega Yolanda, quién finaliza enfatizando que el objetivo de la instalación de la Comisión Multisectorial es para que se elabore el Plan Nacional de Atención Integral especializado para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas.

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Presupuesto reducido

De acuerdo a una investigación de Convoca, que cruzó información respecto a la cantidad de afectados por regiones con el presupuesto destinado por el Estado a esas regiones; se visibiliza que el presupuesto actual es menor respecto a los montos invertidos en el 2012 y 2013. Actualmente el presupuesto destinado a la atención a personas expuestas a metales representa el 0.06% del total del presupuesto del sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.

Mala distribución de recursos

La investigación también muestra que las regiones con mayor cantidad de afectados sufrieron el recorte de presupuesto. “Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%”, señala el informe de Convoca.

“Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares)”, agrega el informe.

El Informe finaliza señalando que los departamentos amazónicos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que han sufrido derrames de petróleo y contaminación de la minería informal, son los que reciben menor presupuesto.

A nivel nacional, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, existen 5135 personas expuestas a metales pesados; sin embargo, la denuncia de miles de personas de diversas comunidades a nivel nacional, que han sido muestreadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), muestran que el número de afectados por metales tóxicos supera la cantidad de personas expuestas a metales pesados. Ello sin contar a las personas que no han sido muestreadas por CENSOPAS y viven en áreas de influencia directa de las empresas mineras y petroleras.

Afectados sin atención especializada

Desde hace años los afectados por metales tóxicos vienen denunciando que la atención que reciben en los hospitales no es especializada y en los centros de salud tampoco hay medicamentos para los dolores que padecen. A nivel nacional, según el propio Ministerio de Salud, existe solo un especialista en Toxicología. Sumado a ello, los afectados denuncian que las campañas que realiza el Ministerio de Salud en sus localidades no se dan de forma permanente.

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Red Muqui lanza Campaña:»Perú País Hecho en Chacra»

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¿Sabemos de dónde vienen nuestros productos que consumimos todos los días y cuál es el impacto que tienen en la gastronomía peruana y en nuestras vidas? ¿Sabemos cómo se desarrollan en concreto las experiencias de agricultura familiar en las regiones de nuestro país?

La Red Muqui realizó un Desayuno de Trabajo el miércoles 11 de septiembre en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, confrontando escenarios posibles que tarde o temprano pueden convertirse en una realidad. Alimentar a más de 31 millones de personas con productos autóctonos saludables y de buena calidad va ser el desafío no solo de las generaciones por venir, sino también de nosotros, que habitamos el presente. Con este pensamiento iniciamos nuestra actual campaña y, en este contexto, queremos destacar la importancia de la «Agricultura Familiar».

La importancia de la “Agricultura Familiar”

Gracias a la diversidad de cultivos de la tierra con su pluralidad de climas que aprovechamos desde la época de nuestros ancestros, existe una cantidad de platos peruanos que hacen que la gastronomía de nuestro país sea una de las más ricas y variadas del mundo y América Latina. Pero no solamente para la gastronomía, sino también para la canasta familiar de las y los peruanos, en que la Agricultura Familiar es esencial. Según la FAO, el 70% de los productos alimenticios que se consuman en el mercado nacional son generados por la agricultura familiar. Sin embargo, la importancia de este tipo de agricultura a pequeña escala no ha tenido mayor atención por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

¿Qué pasaría si en los platos emblema de nuestro país, como la pachamanca, comeríamos solo pollo; sin las habas, choclo, papas y camotes que son nutritivos y se cosechan en nuestro país? ¿Qué pasaría si quisiéramos comer papa a la huancaína pero ya no tuviéramos las variedades de papa peruana para disfrutar de este delicioso plato? Quizás en ese momento nos daríamos cuenta de la importancia de los platos que comemos día a día en nuestros país.

A partir de estos pequeños platos de comida, servidos por una cocinera de un comedor popular autogestionario de Comas a las y los agricultores que vinieron de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, y a los periodistas presentes; es que se inició un diálogo sobre la importancia de la agricultura familiar en la sociedad y el Estado, a partir del desarrollo de la agricultura familiar en las regiones mencionadas.

Conociendo las experiencias regionales de agricultura familiar

El objetivo del desayuno fue mostrar a través de las experiencias locales, las alternativas que se practican en diferentes lugares del Perú, a pesar de las dificultades, y así demostrar la importancia de la Agricultura Familiar. En el distrito de Pataypampa, Apurímac, cerca al proyecto minero Las Bambas, “se está logrando cambiar el contexto en el que vivían las comunidades empezando a mejorar el manejo de los recursos naturales que permitió recuperar el agua. Introduciendo el sistema de riego presurizado, la agroforestería, y así logramos la diversidad productiva agropecuaria. Los excedentes vienen siendo vendidos en la feria dominical de la capital provincial (Chuquibambilla)”, señaló el agricultor y representante apurimeño, Victor de la institución de AEDRA – Apurímac.

A su turno, Aurora Portal, agricultora y productora perteneciente al colectivo por la vida y la pachamama de Cajamarca, señaló que sus experiencias y la de sus compañeras mujeres se dio a partir de la resistencia al proyecto minero Conga, que finalmente fue detenido por la población de las comunidades cajamarquinas. Frente a esta victoria, las mujeres se preguntaron: ¿ahora qué hacemos?, y empezaron a producir las tierras de la jalca cajamarquina que se verían perjudicadas por la minería. “De esta manera desarrollamos plantas medicinales, jabones y champús orgánicos, y generamos trabajo para nosotras y para la comunidad que cultiva estas hierbas y plantas. Asimismo, también participamos en ferias para vender nuestros productos y realizamos talleres con comunidades para que produzcan sus tierras tomando nuestro ejemplo”, enfatizó Aurora Portal, junto a Mirtha Villanueva, directora de la institución Grufides – Cajamarca.

Finalmente, Tulia García, directora de CEDAP – Ayacucho, señaló que en Cangallo, lugar afectado por el conflicto armado interno, pudieron “recuperar el rol de la comunidad y el de las pocas familias que seguían cultivando. Fue importante porque se logró proteger las semillas para producir en distintas tierras y ahora realizamos siembra y cosecha de agua para lograr que el agua llegue a las distintas tierras y podamos producir en un contexto de desertificación de glaciares”.

Al finalizar la presentación de las experiencias regionales, y frente a los desafíos de protección y desarrollo de estas experiencias; el especialista y autor del libro: Minería y agricultura en el Perú, Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui; señaló la importancia de estas experiencias regionales que deben tener respaldo nacional desde el Estado y sus políticas públicas. El libro es el resultado de la sistematización de las experiencias regionales presentadas, sumadas a la del Valle del Mantaro, en Junín; y la Quebrada del Chaupihuaranga, en Pasco. En palabras de Edwin Alejandro: “se debe reconocer los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre su territorio para la producción de alimentos».

Posteriormente, el especialista y director de CEPES, Laureano del Castillo, señaló la importancia de lo expresado por los agricultores y representantes de las instituciones y la sistematización del libro presentado; señalando que escuchar un discurso como el expresado es esperanzador porque “hemos escuchado experiencias positivas y existe un discurso sobre la agricultura familiar de precariedad. “Hay que mirar la riqueza que tenemos, valorarla, y transformarla también.” Finalizó señalando que en el Congreso ya existen leyes para promocionar los señalado, pero se necesitaría una ley para que se cumplan todas las leyes que ya están aprobadas. El 87% de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar y si la política económica sigue privilegiando la agroexportación, que está en manos de pocas empresas; y por otro lado siguen priorizando las actividades extractivas en nuestro país; «¿cómo podrán implementarse los instrumentos y leyes aprobados por el Estado?», problematizó.

Propuestas y Acción

En el marco del lanzamiento de la campaña también se realizó un Foro en el congreso llamado: “Agricultura Familiar y Minería en el Perú”. Participaron representantes del Ministerio de Agricultura, el congresista Marco Arana y los representantes regionales presentes en el desayuno de trabajo; presentando las experiencias regionales de agricultura familiar y las propuestas generales de las instituciones que hacen parte de Red Muqui.

El objetivo de la campaña es presentar propuestas que aporten a la reorientación de las políticas públicas para conseguir el fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas donde pueden verse vulneradas por actividades extractivas y el cambio climático. Actualmente se requieren iniciativas de parte del Estado para atender prioritariamente a más de 2.3 millones de peruanos que trabajan en agricultura familiar; que impliquen además de mayor presupuesto, fortalecimiento de la asistencia técnica, créditos a través del Banco de la Nación y el aseguramiento en el acceso a los mercados seguros.

Entre las propuestas a dar a conocer a través de la campaña, se exige la garantía del derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y el acceso de los productos; la garantía de la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la agricultura familiar mediante una política integral que priorice la protección de las cabeceras de cuenca; y promover, reconocer y fortalecer los servicios ambientales ofrecidos por la agricultura familiar y mucho más.

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Asamblea General de la Red Iglesias y Minería de América Latina emite carta.

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Red Muqui, que hace parte de la Red Iglesias y Minería en América Latina, y participó en la IV Asamblea General en Buenos Aires el 20-22 de agosto del presente año, comparte la carta emitida por la Asamblea.

CARTA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA

Queridas comunidades amenazadas, criminalizadas, explotadas y devastadas por el extractivismo minero, que resisten esperanzadas.

Reunidas y reunidos en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de agosto de 2019, sesenta laicos y laicas, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores y pastoras, de 10 países de Nuestra América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú) y Reino Unido; compartimos nuestras voces y la rica experiencia que aquí vivimos en estos días a través de esta sentida carta.

Interiorizamos y asumimos como nuestros los dolores, las alegrías y las esperanzas de sus voces, que con fe e intensa fortaleza enfrentan los impactos, cada día más desastrosos, de las actividades extractivas en sus territorios que matan personas y exterminan la naturaleza.

Comprendemos profundamente las formas y las implicaciones globales de la expansión minera en todo nuestro subcontinente, siendo el cambio climático el síntoma terminal del gran daño de este sistema capitalista, neoliberal y depredador. Nos animamos a intercambiar las múltiples resistencias de nuestros pueblos, enraizadas en sus territorios, alentadas en sus culturas y espiritualidades originarias, tradicionales y cristianas. Decidimos y encaminamos acciones de fortalecimiento de estas luchas, sabiendo que de ellas depende también la sobrevivencia de nuestro planeta, nuestra Madre Tierra, Pachamama.

Iluminadas e iluminados por la Cruz Maya y las místicas indoafroamericanas que nos invitaron a armonizar los caminos del ser humano con los caminos de Dios y su Creación; que nos invitaron a reconocer las luces y sombras de los diferentes puntos cardinales a los que pertenecemos y a cuya tierra nos debemos, queremos decirles que nuestro corazón comunitario se hizo cruz, y se expandió al Oriente y al Poniente, al Norte y al Sur de esta tierra latinoamericana y toda la tierra que somos y que grita.

Profundamente conmovidas, conmovidos, humanizadas y humanizados por las lágrimas del pueblo de Brumadinho y las de su obispo Don Vicente Ferreira, y habiendo honrado cada uno de los nombres de las 272 personas muertas y 20 desaparecidas, los ríos Córrego do Feijão e Paraopeba y toda su biodiversidad, víctimas del crimen cometido por la empresa minera Vale contra esta comunidad.

Asimismo, habiendo hecho memoria de las más de 60 personas asesinadas, las 218 criminalizadas en los últimos 10 años a causa de conflictos mineros y de todos los pueblos en resistencia de América Latina y el Caribe ante este modelo de crecimiento infinito y capitalismo por despojo de los más vulnerables, nos hicimos silencio, indignación, rabia, lágrima, oración y urgencia.

Animadas y animados por el encuentro con las Madres de Plaza de Mayo y su valiente marcha pública que ilumina las marchas de toda Nuestra Casa Latinoamericana y Caribeña; animadas y animados por el abrazo de la Madre Norita Cortiñas que nos invitó a la paciencia persistente, esperanzada y comprometida con la memoria, la justicia y la vida, nos hicimos sentimiento de admiración por todas las comunidades defensoras de los derechos humanos individuales y colectivos, de la tierra, el ambiente y los bienes comunes de Nuestra América. Nos hicimos pasos para caminar a su lado.

Desde la memoria de los mártires latinoamericanos y caribeños, con dolor, fuerza y dignidad, nos hacemos grito: exigimos el esclarecimiento de los asesinatos y masacres hechos por empresas, con omisión o connivencia de gobiernos, contra habitantes de territorios, defensoras y defensores de la Madre Tierra, y contra la biodiversidad, en los diferentes países de la región, y de manera extremamente urgente en Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recibimos con indignación la noticia de los incendios criminales en la Amazonía liderados por el gobierno Bolsonaro, atentando de manera directa contra la vida del planeta, dado que la Amazonía es la mayor floresta de cuya transpiración depende el clima planetario, no solamente de Sudamérica.

Exigimos el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas de verdad, justicia y re-dignificación. Exigimos a los gobiernos de los distintos países de la región adoptar las medidas de protección requeridas para salvaguardar la vida de defensoras y defensores que se encuentran amenazados y exhortamos a los pueblos a rescatar las garantías para el funcionamiento pleno de la democracia y el ejercicio de sus derechos.

Las acciones prioritarias que planteamos en este contexto nos conducen a la Incidencia de la Red en empresas, Estados y en las Iglesias, a la promoción de la desinversión en minería del Norte Global, y a la acogida dialogante y el intercambio entre eco espiritualidades y al fortalecimiento de las comunicaciones.

Desde nuestro corazón comunitario hecho cruz y abrazo, en solidaridad con las madres latinoamericanas que consuelan y mantienen la marcha por la justicia y la memoria con toda esperanza; hechos paso urgente y grito certero, queremos ratificar que somos uno-una con Ustedes y nuestra Casa Común.

En celebración amorosa, unidas y unidos en la alegría de quienes sabemos que, desde Cristo Jesús, la Vida vence a la muerte y al dolor, haremos de cada lucha una fiesta: ¡para la vida toda y hasta siempre! ¡Que amanezca!

Buenos Aires, 22 de agosto, 2019
IV Asamblea – Red Iglesias y Minería

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Misión de Observación de Derechos Humanos llega a Arequipa y Valle de Tambo

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Misión de Observación de Derechos Humanos llega a Arequipa y Valle de Tambo

La Misión de Observación conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; llegará el martes 23 de julio al Valle de Tambo en Islay para recibir información de la población respecto a la situación de derechos humanos que se vive en la provincia en el marco de la protesta que vienen realizando hace varios días, y frente a los hechos sucedidos el día de hoy, lunes 22 de julio.

Tras sostener reuniones con el jefe policial de la región, Roy William Ugaz, el día de hoy; y posteriormente con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; la Misión de Observación se trasladará al Valle de Tambo con el objetivo de recibir información de la población, tal como la ha recibido de parte de las autoridades del Estado, en el marco de la elaboración de un Informe sobre la situación del Valle de Tambo en materia de derechos humanos. Informe a presentar a organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En reunión con el jefe policial de la región, que indicó que el operativo policial se encuentra en el marco de garantizar el libre tránsito; la Misión señaló su preocupación sobre el uso indebido de la fuerza con bombas lacrimógenas y el uso de perdigones. Asimismo, informó sobre la detención que habrían sufrido 4 personas durante las protestas, de acuerdo al reporte difundido al mediodía por dirigentes del Valle de Tambo. Al respecto, el jefe policial de la región, tras coordinaciones telefónicas durante la reunión realizada en horas de la tarde; negó la detención de personas en comisarías de la zona y en el cuartel de militares de Chucarapi. Cuartel que han solicitado a las fuerzas armadas en el marco del operativo policial que realizan.

En la reunión de la Misión con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López; señaló que los fiscales que estuvieron en Islay no reportaron algún incidente mayor, y que los fiscales se apersonaron al lugar de los hechos para observar que el libre tránsito sea garantizado. Agregó que es necesario, tras la situación que se vive en Valle de Tambo y Arequipa; se abra el diálogo entre las autoridades nacionales, regionales y locales.

Finalmente, la Misión de Observación de Derechos Humanos y Ambientales señaló a los representantes del Estado con los que sostuvo reunión, que el Estado debe asumir su rol garante de derechos de las personas por encima de intereses económicos y de presiones políticas de grupos interesados en implementar sí o sí el proyecto minero Tía María.

 

Prensa Red Muqui

Contacto en Arequipa: 937412825

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Candarave (Tacna) denuncia que Southern los deja sin agua

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En los últimos días la empresa minera Southern ha sido mencionada en diversos medios de comunicación respecto al otorgamiento de la licencia del gobierno para el desarrollo del proyecto minero Tía María en Arequipa, pero, nada se ha dicho sobre la protesta del pueblo de la provincia de Candarave, región Tacna; que denuncia que Southern está dejándolos sin agua.

Las comunidades de Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave, todas pertenecientes a la provincia de Candarave en Tacna; se movilizaron masivamente el día de ayer, 1 de julio, en la capital de la provincia, denunciando que la empresa minera de capitales mexicanos, Southern, está dejándolos sin agua al haber secado la laguna de Vizcachas, y al correr el mismo peligro la laguna de Aricota y Suches. Southern tiene licencias de uso del agua de Candarave desde hace 59 años y actualmente lo utiliza para sus proyectos mineros de extracción de cobre de Toquepala – en ampliación- en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Hace algunas semanas, los alcaldes de las comunidades mencionadas realizaron una conferencia de prensa denunciando los atropellos de Southern, pero de parte del Ejecutivo y la empresa no hubo ninguna respuesta. Las autoridades y la población han dado un plazo de 7 días para que el ejecutivo vaya a Candarave a ver su realidad. Exigen:

  • –          Cancelación de las licencias de uso de agua de Southern.
  • –          Dejar sin efecto la resolución que aprueba el plan director de recursos hídricos en la cuenca de Locumba.
  • –          Retiro de la empresa Southern de Candarave con su oficina de relaciones comunitarias.
  • –          Declaración de emergencia de la cuenca de Locumba.

El alcalde de Huanuara, Gary Calizaya, señaló que el caudal de recurso hídrico en la provincia disminuyó en más del 60%. “Los usuarios de Candarave desde hace 59 años solo tenemos 943 l/s que irrigamos”, declaró. Mientras la empresa minera utiliza 1950 litros por segundo. El uso excesivo de agua por parte de la empresa ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y bofedales en parte del valle, agregó el alcalde.

Por su parte el alcalde de Curibaya, Ernesto Alvarado, recalcó “la alguna Aricota debe tener para cinco años y no hay más y de ahí se seca. En el consejo local hemos declarado en emergencia el recurso, igual se tiene que declarar en la provincia”. La laguna Aricota abastece de agua a los ríos Salado y Callazas.

“Pueblo desierto”

En el pueblo de Curibaya antes habían más de 2 mil familias, ahora solo hay 500 familias viviendo en la comunidad. “Todos tienen que migrar porque ya no pueden solventarse sus ingresos porque se está secando todo”, precisó el alcalde. Las actividades que desarrollaban antes, principalmente, eran la ganadería lechera y la cosecha de papa y maíz.

Antecedentes

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta de que la empresa minera otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron iniciar la protesta.

El rol de la Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Frente a los reclamos en años pasados, Southern siempre ha respondido que mensualmente reportan sus operaciones en cuanto al uso hídrico de sus proyectos mineros a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entidad que monitorea el uso del recurso hídrico y el otorgamiento de licencias. Sin embargo, en la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hhídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Algo importante a señalar es que las empresas que solicitan la licencia para el uso del agua, presentan un estudio del recurso hídrico hecho por una consultora que ellos mismos contratan. No es un estudio independiente. Asimismo, la ANA no hace una verificación detallada de cómo va a impactar en las comunidades el uso de los recursos hídricos que se encuentran en esas zonas y que las comunidades y personas también necesitan para sus actividades personales, productivas y económicas.

Propuestas de Red Muqui

  1. Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  2. La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  3. Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  4. Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021

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Pronunciamiento Red Muqui: Empresas buscan dejar sin fiscalización la actividad minera

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RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú que acompañan y asesoran a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. En reciente audiencia pública sobre el Expediente N° 05410-2015-AA en proceso de amparo presentado por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A. de capitales norteamericanos contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido los argumentos de las partes, en particular de la empresa que busca la no aplicación del “aporte por regulación”.
  2. Con el proceso presentado  por la empresa minera Cerro Verde, suman ya 18 procesos de amparo presentados por empresas en contra de la OEFA con la misma finalidad: no aplicar dicho aporte. Otro de ellos es el caso de la empresa minera Perubar que está pendiente resolver por el TC. Incluso son abogados de los mismos estudios jurídicos, que patrocinan a distintas empresas con los mismos argumentos. Frente a ello consideramos que se trataría en realidad de una estrategia coordinada desde las empresas mineras, para lograr que al menos uno de los casos tenga un fallo a su favor, para que las demás lo utilicen como “precedente” para otras acciones legales que favorezcan a otras empresas mineras.
  3. El “aporte por regulación” es una contribución creada por la Ley 27332, que en el caso de OEFA, de acuerdo a los D.S N° 129 y 130-2013, tiene como finalidad financiar sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, y de solución de controversias y de reclamos; las que se aplican, entre otras, a las empresas que realizan actividades extractivas.
  4. Eliminar el “aporte por regulación”, pondría en riesgo o dejaría sin capacidad a la OEFA para ejercer sus funciones, puesto que el monto recaudado por dicho aporte equivale actualmente al 70% del presupuesto de la OEFA para dichas actividades. Asimismo, si el TC fallara a favor de la empresa minera, el Estado Peruano tendría que devolver a ésta y las demás empresas mineras que esperan éste fallo, cerca de S/. 700 millones de soles por los aportes realizados desde el año 2014.
  5. En lo procesal, debemos decir que la Corte Suprema ya falló en segunda instancia declarando infundado el proceso de amparo, lo que tiene calidad de “cosa juzgada” y vincula a todos los poderes públicos; y no puede ser desconocido por el TC.
  6. La defensa de la OEFA ha reiterado que “la minería no es una actividad inocua”, quiere decir: que sí genera daños. Por ello se le exige un instrumento de gestión ambiental (EIA u otro) para evaluar cómo va a asumir el impacto que generan sus actividades; y la fiscalización de la OEFA es justamente para verificar el cumplimiento de las medidas aprobadas en dicho instrumento.
  7. De no existir una adecuada fiscalización, como buscan las empresas, vamos a seguir sufriendo la consecuencia de más conflictos sociales como el reciente de Las Bambas en el denominado corredor minero, donde se concentran varios proyectos mineros (Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua); el de Morococha con el traslado de la ciudad y sus incumplimientos (Junín); los graves problemas de impactos ambientales y en salud en La Oroya y Cerro de Pasco, entre otros.

Esperamos que el TC asuma su propia jurisprudencia que indica “el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares a fin de garantizar bienes constitucionales por las imperfecciones del mercado (…)”. Desde la Red Muqui señalamos que es necesario priorizar la vida de las personas y el impacto en el ambiente, por encima de los intereses económicos de las empresas.

Lima, 13 de mayo de 2019

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Red Muqui conmemora el Día Internacional de la Tierra como nuestra “casa común”

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Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

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Las mujeres lideran la lucha por salvar el medio ambiente

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La creciente demanda mundial de una amplia gama de recursos naturales está amenazando la salud ambiental del mundo en un grado sin precedentes. Existe un acuerdo generalizado de que, a menos que se establezcan políticas nuevas y más efectivas para controlar sus efectos negativos, esta situación podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo humano.

Durante los últimos 200 años, los procesos industriales y de la agricultura han sido responsables del aumento de los niveles de contaminación y de la degradación del aire, el agua y la tierra. Además de la explotación sin restricciones de los recursos naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas han tenido efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud y la calidad de vida de las personas, particularmente las mujeres y los niños.

Como consecuencia, se ha desarrollado a nivel mundial una mayor conciencia acerca de la necesidad e importancia de que las mujeres contribuyan a la identificación de problemas ambientales, así como a la planificación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de sus comunidades. En ese sentido, las mujeres y los niños han demostrado ser participantes muy activos y efectivos en la defensa del medio ambiente.

La participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente es cada vez más importante, dado que los abusos no cesan. El 22 de Enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaraba en el Foro Mundial de Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”. Tres días más tarde, una represa de la Minera Vale, en Minas Gerais, colapsó, y 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico inundaron 290 hectáreas dejando 110 muertos y 238 desaparecidos.

En 2018 en Argentina, a su vez, la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, fue de 112.766 hectáreas, equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace. Noemí Cruz, quien coordina la campaña de bosques de la organización, dijo al respecto: “Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes donde está prohibido”.

Debido a sus roles como administradoras del hogar, proveedoras económicas y a su papel en la reproducción, las mujeres son propensas al deterioro de su salud en varias circunstancias. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a los contaminantes ambientales, ya que cada paso en el proceso reproductivo puede ser alterado por sustancias tóxicas en el ambiente, las que pueden aumentar el riesgo de aborto, defectos de nacimiento, retraso del crecimiento fetal y muerte perinatal.

Aunque durante mucho tiempo las mujeres habían sido consideradas receptoras pasivas de ayuda en lugar de participantes activas en el desarrollo y consecución de mejores condiciones de vida, su papel es cada vez más crucial tanto para las economías de los países en desarrollo como para el futuro del medio ambiente. En ese sentido, como educadoras ambientales y motivadoras para el cambio, las mujeres son agentes claves en los procesos que conducen a un desarrollo más sostenible y saludable del planeta.

Tradicionalmente, las mujeres son protectoras del medio ambiente, cuya calidad creen esencial para el crecimiento saludable de sus hijos. Una encuesta mundial sobre las actitudes del público sobre el medio ambiente patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mostró que las mujeres, en comparación con los hombres, prefieren elegir un nivel de vida más bajo con menos riesgos para la salud que un nivel de vida más alto con más riesgos para la salud.

En América Latina, las mujeres indígenas se han vuelto especialmente activas en el uso de técnicas para proteger el medio ambiente, y en desarrollar estrategias para la reducción de la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible. Responden así a amenazas que afectan seriamente su calidad de vida, como son el cambio climático y los intereses de las corporaciones explotadoras de minerales y de petróleo en tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

Después de que el huracán Mitch azotara a Honduras, las mujeres de la comunidad afro-indígena garífuna ubicada en la costa caribeña de Honduras crearon el Comité de Emergencia Garífuna. Éste organizó bancos de semillas para la seguridad alimentaria, plantó árboles frutales para limitar la erosión de las áreas costeras y ayudó a reubicar comunidades lejos de las áreas de alto riesgo, entre otras actividades conducentes a la mejora y recuperación de vida comunitaria.

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente, tuvo un papel destacado en la Resistencia al Proyecto Conga de explotación de oro y cobre en la región de Cajamarca, en el Nordeste de Perú, y tuvo un papel destacado en la defensa del medio ambiente. A pesar de ataques a ella y su hija, continuaron sus actividades en contra del proyecto, al que consideraban una seria amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua en la zona. En 2016, el proyecto fue abandonado, en gran medida debido a la oposición de personas como Acuña, que arriesgaron sus vidas en la defensa del medio ambiente.

No tuvo su misma suerte Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 debido a su oposición a una represa que amenazaba las tierras sagradas de los indígenas Lenca, en Honduras. Su hija, Bertha Zúñiga, ha continuado con el trabajo de su madre, a pesar de serios atentados contra su vida y la de los miembros de su grupo.

Afortunadamente, existe una creciente evidencia de que las mujeres en varios países del mundo están asumiendo roles centrales en el movimiento ambiental de base. Y hay una creencia cada vez mayor de que las políticas de desarrollo que no involucren a mujeres y hombres en un plano de igualdad no tendrán éxito a largo plazo.

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Por riesgos inminentes, Ley de remediación de Pasivos Ambientales debe ser discutido y aprobado

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El día de ayer, martes 5 de marzo, en la mañana, se suspendió la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tenía que discutir el pre dictamen sobre Pasivos Ambientales, para posteriormente aprobarse y ser discutido por todo el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió por falta de quórum porque solo estaban presentes 4 congresistas: Wilbert Rozas, presidente de la Comisión y María Elena Foronda del Frente Amplio; Juan Carlos Del Águila de Fuerza Popular y Marisa Glave del Nuevo Perú.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 6 de marzo, se discutió el pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas, pero no se aprobó, por lo que es importante que el próximo martes la Comisión de Pueblos sí logue el quórum, discuta y aprueba el pre dictamen para que pueda pasar a ser discutido al pleno del Congreso.

Recientemente, el lunes 4 de marzo, se realizó el Foro: “Peligros en la cuenca del río Rímac y alternativas de solución”, en el Congreso de la República. Foro organizado por la Comisión de Pueblos, la Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); con el apoyo de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac y la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Rímac.

Pasivos Ambientales en la Cuenca del río Rímac

Red Muqui, a través del especialista Edwin Alejandro Berrospi, señaló que en la cuenca alta del rio Rímac se han identificado 220 pasivos ambientales mineros (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en el distrito de Chicla) que representa más del 2% a nivel nacional, de los cuales 140 pasivos se encuentran clasificados como de muy alto riesgo.

Agregó que la alarmante cifra de los pasivos ambientales constituye un grave riesgo para la salud de la población de Lima. “Un movimiento sísmico o un aumento de caudal del rio Rímac provocarían un desastre ambiental porque la gran cantidad de desmontes de mina y relaves mineros que se encuentran depositados en los cauces del río Rímac afectaría a la ciudad de Lima. El caso más conocido es el depósito de relaves de Tamboraque que tiene más de medio millón de toneladas de desechos tóxicos ubicado al borde del Rímac y sumados a los otros 19 depósitos de relaves de Millotingo, Chinchan, Casapalca, Yauliyacu, Tablacah, superan más de 3 millones de toneladas de desechos tóxicos que son una bomba de tiempo”, finalizó.

El fiscal de la comunidad campesina de San Mateo de Huanchor, Asencio Montes, parte de la Plataforma de la Cuenca Alta del Río Rímac, señaló que “en el barrio de San Antonio se toma agua con arsénico, que ha sido contaminada por el vertimiento de aguas de mineras de la parte alta. Además, la relavera ubicada en Ticlio está expuesta a 300 metros, y contamina los pastizales que comen nuestros ganados”.

El Foro también contó la participación de los representantes de las instituciones mencionadas y el Frente de Defensa de los Intereses de Chicla (FREDICH); el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando Licera y Carmen Yupanqui de la Dirección de Calidad de la ANA; y Fánel Guevara, presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA).

La presidenta de IPROGA señaló que las principales actividades contaminantes en la zona provienen de la minería; actividades industriales; manejo de residuos sólidos; y el vertimiento de aguas de actividades domésticas. En ese orden.

Agregó que “el drenaje ácido de minas que se produce por las empresas mineras atraviesan las aguas subterráneas y a través del contacto con los cuerpos de agua, o desmontes directo de las mineras; también por el vertimiento de agua que se usa para procesar el mineral; por la desertificación que se produce por la eliminación de vegetación y suelo orgánico en las operaciones a tajo abierto y por el uso intensivo de agua que genera contaminación del agua subterránea, superficial y del aire”.

Propuestas

El jefe de la ANA, Walter Obando, y la ingeniera Carmen Yupanqui, Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la ANA, explicaron que frente a los problemas señalados vienen implementando el programa integral de control de avenidas, acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, sistemas de información geográfica y la implementación del Plan Maestro para la restauración del río.

Asimismo, el jefe de la ANA, a solicitud de la Comisión de Pueblos, señaló que su institución remitirá al Ministerio de Agricultura el proyecto de Marco Metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca; un instrumento importante para avanzar en el proceso de reglamentación y proteger las cabeceras de cuenca frente a las amenazas de los relaves mineros existentes y frente a los nuevos proyectos mineros que buscan instalarse en zonas donde no debería desarrollarse la minería.

Fánel Guevara de IPROGA, indicó que es necesario garantizar mecanismos que promuevan el ordenamiento territorial en la cuenca, estableciendo un organismo de gestión para el Rímac que responda a su realidad, adecuando e implementando instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de estándares nacionales de calidad ambiental, advirtiendo la instalación de actividades mineras cerca de las fuentes de agua.

En el turno de la Comisión de Pueblos, el presidente de la Comisión, Wilbert Rozas, recogiendo también lo expuesto por los dirigentes sociales, concluyó que es importante discutir y aprobar el pre dictamen para la remediación de pasivos ambientales por la actividad minera; el cual reúne 8 proyectos de ley y propone hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en el país.

Finalmente, desde Red Muqui señalamos que es fundamental discutir y aprobar el pre dictamen sobre pasivos ambientales, debido a que los relaves mineros que se encuentran sobre las cuencas y ríos en el país en un contexto de intensas lluvias y huaycos, son un grave riesgo para las poblaciones aledañas y para el agua que toman las personas en general.

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Desborde de río Mantaro: Riesgos por metales tóxicos para población afectada

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Por causa de lluvias intensas en los últimos días, en la madrugada del 12 de febrero del 2019 se ha desbordado el rio Mantaro por la zona de Chanchaspama en la región de Junín, donde viven aproximadamente 300 familias. La gente que vive en esta zona está amenazada por las inundaciones y hasta ahora 30 familias han abandonado sus casas. Además de la población, también se ven afectados los campos de cultivo en esta zona. Según el último registro del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) el río Mantaro está a menos de 40 centímetros de alcanzar su nivel crítico de desborde en otras zonas, que pone en riesgo las zonas ribereñas donde también existen viviendas y sembríos.

Problemáticas que ocurren en las zonas afectadas

El desborde del rio Mantaro en específico trae consigo serios problemas; lamentablemente no solamente tiene graves consecuencias para las viviendas de las familias afectadas sino también para el medio ambiente y la salud de la población circundante. Según estudios de la Universidad de Hamburgo, la Universidad Humboldt en Alemania y de la empresa Sensatec, se ha descubierto una alta concentración de metales pesados en el agua que fluye por el río Mantaro y en las tierras colindantes que sobrepasan los límites permisibles definidos en los estándares de calidad ambiental para el agua que puede ser potabilizado con simple desinfección. Datos oficiales de la OEFA y del ANA comprueban esto.

Mapa: Concentraciones de plomo en los sedimentos de la cuenca de río Mantaro (OEFA – nov. 2015; ANA – marzo 2014)

El río Mantaro nace cerca de la mina Cerro de Pasco donde la contaminación del agua por metales pesados es muy alta, fluye por la Oroya, pasa por Huancayo y también por Chanchaspama, lugar del desborde del río. Según la Universidad Humboldt los resultados de las mediciones muestran una contaminación extrema del sedimento del rio con metales pesados y se puede detectar a lo largo de todo el rio Mantaro y sus afluentes hasta el Valle del Mantaro. Los sedimentos fluyen con la corriente del agua y se depositan en el fondo del río.

La subida del nivel del agua o flujos muy rápidos del rio, especialmente cuando hay lluvias intensas, producen que cuando hay inundaciones los sedimentos contaminados sean transportados fuera del cauce del rio a los suelos agrícolas y se depositen y acumulan en este. Los suelos agrícolas a lo largo de los canales de regadío y cerca a las orillas de los ríos del valle del Mantaro tienen un mayor riesgo de contaminación. Según el Instituto Geológico de Perú las zonas más afectadas son Sincos, Orcotuna, Matahuasi y Huamancaca que queda cerca de Chancaspama en la Provincia de Junín.

Red Muqui propone que es sumamente importante realizar continuamente monitoreos de la calidad de agua y prevenir ante situaciones de desbordes. Es responsabilidad del Estado evitar la contaminación de ríos por metales pesados y su respectiva contaminación del ambiente y la salud de personas.

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