Tacna: Candarave exigirá hoy revocación de licencia de agua de Southern ante el Ejecutivo.

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Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021. Finalmente, como Red Muqui señalamos que es importante que el Ejecutivo atienda con la debida importancia la exigencia de la población de Candarave, que sufre los efectos de la minería desde hace más de 50 años.

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Tacna: Candarave suspende reunión con Ejecutivo. Exigen presencia de más ministros

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Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021

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Moquegua inició paro indefinido en rechazo a minera Anglo American, con apoyo de gobernador regional

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El día de hoy inició el paro indefinido en Moquegua en rechazo al incumplimiento de acuerdos de la empresa minera Anglo American con la población de Moquegua; quiénes están representados en el Comité de Monitoreo de verificación de los acuerdos suscritos con la empresa hace 7 años.

El ejemplo de Vizcarra

Como se recuerda, hace unas semanas, en el contexto de las protestas álgidas en Arequipa en rechazo al proyecto minero Tía María; el presidente Vizcarra, en visita a su tierra natal, señaló como buen ejemplo de diálogo y cumplimiento de acuerdos, el trabajo que viene realizando la minera Anglo American en Moquegua. El proyecto minero Quellaveco demandará hasta US$ 5,300 millones de inversión, y será un motor de desarrollo, señaló el presidente en esa oportunidad.

El proyecto minero en mención inició su fase de construcción el año pasado, 2018, y prevé culminar su fase de construcción el 2022 para iniciar la primera producción de cobre ese año. Es uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo y está siendo desarrollado por Anglo American del Reino Unido en sociedad con la Corporación Mitsubishi de Japón.

Incumplimiento de acuerdos

Sin embargo, la población ha iniciado un paro indefinido porque la empresa ha incumplido en la oferta laboral. La empresa se comprometió en contratar al 80% de mano de obra no calificada de la región, pero según el gobernador regional, Zenón Cuevas, “El 60% de los trabajadores son foráneos; mientras que el 40% restante son de Moquegua”.

Otro incumplimiento, en palabras del Sindicato de Construcción Civil, tiene que ver con que la empresa no cumple con abastecerse de productos de los proveedores locales.

Contaminación ambiental

Otro de los motivos para el inicio del paro, es que la población señala que en la fase de construcción, la empresa ya viene contaminando los pastizales y el agua de las zonas de Tala, Pocata y Coscore. El gobernado regional añadió que también se evidencia contaminación en el río Moquegua. “Definitivamente el agua (del río Moquegua) ya tenían arsénico y boro, pero los niveles se han elevado”, argumenta.

Por otra parte, Jesús Paredes, Presidente del Frente Anticorrupción informó a Radio Americana que el proyecto es inviable por situarse en la cabecera del río Asana, y que la empresa minera debería retirarse de la región.

Protesta en aumento

Desde tempranas horas la carretera Binacional, cerca al sector de Tumilaca fue bloqueado un grupo de agricultores, quiénes hoy evaluarán con toda la Junta de Usuarios de la región, mayores acciones en el inicio del paro indefinido.

En la ciudad se dieron manifestaciones, pero actividades de comercio y transporte se dieron dentro de la ciudad. Se prevé que el día de mañana se den mayores movilizacio nes.

Como se recuerda, el pasado 17 de julio se realizó un paro preventivo, que planteó las mismas demandas. Frente a la respuesta evasiva de la empresa Anglo American, la población y sus organizaciones decidieron impulsar el paro indefinido.

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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Mensaje del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gúterres, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas.

 

Este año se celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre la urgente necesidad de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.

Las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad. Casi la mitad de las 6.700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría lenguas indígenas, están en peligro de desaparecer. Con cada lengua que desaparece, el mundo pierde un acervo de saber tradicional.

Se estima que hay en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Esto está en contradicción con el propósito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prometen no dejar a nadie atrás.

Cuento con que los Estados Miembros colaboren con los pueblos indígenas y les respalden para que puedan determinar su propio desarrollo a través de políticas que sean inclusivas, equitativas y accesibles. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todas las iniciativas encaminadas a hacer realidad los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Finaliza mensaje del Sec. General de la ONU.

 

El caso de Perú

«En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua». La historia completa –> bit.ly/2ZLRNmH

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Intervención de Fuerzas Armadas en Matarani – Islay es ilegal e inconstitucional

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El día de ayer, 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.

Paro Total

Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

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Reporte de acciones de Misión de Derechos Humanos en Valle de Tambo

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Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte – secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.

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Misión de Derechos Humanos exige a presidente Vizcarra cese de uso de violencia en el Valle de Tambo

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, RED MUQUI y la Asociación Nacional de Centros nos constituimos en Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo, para verificar la situación de conflictividad social generada por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de conceder la autorización de construcción al proyecto minero Tía María.

El día lunes 22, en la ciudad de Arequipa tomamos conocimiento de la lamentable decisión del gobierno, anunciada por el Premier Del Solar, de hacer uso de la fuerza represiva en contra de la protesta social de la población de Valle de Tambo generada por la imposición del citado proyecto.

El mismo día, la Misión fue informada por las y los dirigentes locales que en el marco de la acción policial por “liberar” la vía Panamericana, se habrían producido 4 detenciones de pobladores. Del mismo modo, se informó a la Misión que algunos civiles resultaron heridos producto de la acción policial. Al respecto, la Misión solicitó una reunión inmediata con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez, y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López, quienes señalaron que hasta ese momento no se habían producido detenciones ni personas heridas por las intervenciones policiales.

El día martes 23, la Misión se trasladó al Valle de Tambo, visitando la Comisaría de Cocachacra y el Cuartel Chucarapi, antes y después de producido un nuevo enfrentamiento con los pobladores. En este contexto se produjo la primera detención, del señor Gilberto Colque, quien fue conducido a las instalaciones del Cuartel Chucarapi. La Misión verificó que el Sr. Colque se encontraba en buen estado de salud y contaba con defensa legal, el mismo que posteriormente -tras larga espera de presencia fiscal- fue trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar las investigaciones. Consideramos fundamental que el Ministerio Público priorice una presencia permanente de fiscales en el Valle de Tambo, a fin de brindar garantías a la población para el ejercicio de sus derechos.

Durante el mismo día, la población del Valle de Tambo recibió al Viceministro de Gobernanza Territorial, Sr. Raúl Molina. Sin embargo, la voluntad de apertura de la población no encontró eco en el gobierno, cuando se informó de una reunión del Ministro de Energía y Minas con representantes de la provincia de Islay, en los precisos momentos en que la población se encontraba movilizada en el Valle de Tambo.

La Misión expresa su preocupación por la falta de diálogo y por los hechos de violencia.No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de vida y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura, agroindustria y agroexportación.

En este sentido, se exhorta a las partes, en particular al poder ejecutivo, a cesar el uso de mecanismos de violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los derechos de las personas. En este sentido, recordamos a la opinión pública que las y los pobladores del Valle de Tambo vienen levantando su voz de protesta frente al proyecto de Tía María desde hace 10 años, sin encontrar respuesta desde el Estado, encontrándose en un estado de tensión y afectación hasta la fecha.

Del mismo modo, la Misión comparte su preocupación frente a la situación de las personas heridas en el contexto del conflicto. Hasta este momento, el actual conflicto ha producido 11 policías heridos y/o contusos, dados a conocer ampliamente por los medios. Del mismo modo se ha reportado 3 civiles heridos, entre ellos una pobladora impactada peligrosamente por una bomba lacrimógena en la frente, según los medios han indicado. Resulta grave que no pueda determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las protestas.

Finalmente, la Misión exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar una solución definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete el derecho de las y los ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su futuro. El gobierno del Presidente Vizcarra debe recuperar su rol de garante de derechos, y no aceptar presiones de grupos económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Lima, 24 de julio del 2019

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Otuzco exige retiro de minera Vale que causó tragedia ambiental y humana en Brasil

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Desde tempranas horas se desarrolló la movilización de miles de pobladores de diferentes distritos, caseríos, y barrios como el de Castilla, La Hermita, Cruz Blanca, José Galvez, y también de la zona rural de la provincia de Otuzco, perteneciente a la región La Libertad.

Exigen el retiro de la empresa minera brasileña Vale; dueña del proyecto minero “Eposuyay”, que pretende iniciar operaciones en la cabecera de cuenca del cerro Urpillao, Sogochan, Urmo y Tres Piedras, que alimenta de agua a varios distritos y a la provincia en general.

Como señalaron varios dirigentes presentes en la movilización, la minera Vale causó en Brasil la muerte de más de 150 personas y más de 180 desaparecidos, tras romperse el dique de contención de los relaves mineros.

Licencia de exploración

En la actualidad la empresa minera Vale tiene el permiso de exploración, pero solo están desarrollando talleres informativos en la provincia y dando regalos a las comunidades para convencerlas de la realización del proyecto. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Otuzco, Johnny Juárez, señaló que no quieren a la empresa en la provincia, y exigen que se retire con sus oficinas. “Nosotros no queremos minas, lo que queremos es que se fortalezca la actividad agraria”, afirmó.

En la provincia se siembra papa, trigo, cebada, maíz, verduras y menestras.

Alcalde provincial

La movilización finalizó con un mitin en la plaza principal de la provincia, en que el alcalde, Heli Verde Rodríguez, junto a sus regidores, se comprometió en respaldar la lucha hasta al final. Señaló que muchas veces las empresas mineras sustentan la aprobación de la “licencia social” de la comunidad, con firmas de los pobladores participantes en sus talleres informativos; pero, muchas veces los firmantes son gente de otras zonas, como ocurrió en el cerro Campar; según la lista de personas firmantes que observó cuando fue al Ministerio de Energía y Minas en Lima.

Finalizó su discurso señalando: “como los hemos visto desfilar, a una sola voz decimos: agua sí oro no”, generando el grito y aplauso de la población reunida en la plaza.

Acuerdos

Los acuerdos de la movilización organizada son:

  • Cancelación de la licencia de exploración del proyecto minero Eposuyay, de la empresa Vale, y el retiro definitivo de la empresa en la provincia.
  • Hacer llegar el memorial con la exigencia al presidente Vizcarra, la Presidencia del Concejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente; y la presidencia del Congreso de La República.
  • Organizar un paro regional en toda La Liberad, en caso no se atienda memorial.
  • Exigir mediante carta a los medios de comunicación, que no hagan propaganda a favor de la empresa minera.

Dato: Más del 60% de la provincia de Otuzco está concesionado a empresas mineras.

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Comunidad de Espinar denuncia que están con cáncer por efectos de minera Glencore (antes Xstrata)

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Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí

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Piden intervención de organismos internacionales en Islay ante conflicto que Vizcarra no soluciona

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En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

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