II Encuentro de Afectados por Metales Tóxicos presenta Agenda a nuevo Gabinete

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Durante la conferencia de prensa realizada en la mañana del presente día, 4 de octubre, en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y tras haber culminado el II Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos realizado el 2 y 3 de octubre en el que participaron más de 50 representantes; los afectados por la presencia de actividades mineras y petroleras de 13 regiones: Ancash, Amazonas, Loreto, Moquegua, Puno, Cusco, Junín, Callao, Cerro de Pasco, Lima, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad; señalaron sus principales puntos de Agenda de exigencias al Estado, para dar solución urgente a los problemas de salud que está derivando en la muerte de personas en los últimos meses, producto de las enfermedades generadas por la presencia de metales tóxicos en los cuerpos de miles de personas de las regiones señaladas. A la actualidad solo un Hospital cuenta con un especialista en toxicología para atender a los afectados de todo el país.

El compromiso de la PCM

Esta Agenda fue llevada al mediodía a la reunión pactada con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en que el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; se comprometió en preparar la propuesta de Decreto Supremo que sería firmado por el presidente Vizcarra y el premiere Vicente Zeballos, para que se instale la Comisión Multisectorial permanente liderada por la PCM, con participación obligatoria del Ministerio de Salud, Energía y Minas, Ambiente, Transporte y Comunicaciones, Agricultura y Cultura, Vivienda, Inclusión Social, Economía, y Trabajo; para dar solución integral a la problemática de los afectados por metales tóxicos. Prevención, atención especializada en salud, y remediación de los más de 8448 pasivos ambientales en el país; es la demanda de la Plataforma Nacional de Afectados, quiénes también serían parte de la Comisión Multisectorial junto a la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, así como la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos regionales. En la reunión también participó la Viceministra de Gestión Ambiental, Albina Ruiz.

Los representantes de la PCM se comprometieron a que luego de ratificarse este decreto supremo, se instale la comisión multisectorial en la primera semana de noviembre dada la emergencia en salud que tienen las zonas afectadas.

La palabra de los afectados

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, señala que hay 4867 peruanos expuestos a metales pesados, de los cuales el 83.9 % son niños. Sin embargo, para la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, el número de personas expuestas es mucho mayor.

“La política está en crisis; y mientras esperamos eso, nuestros hermanos, hijos e hijas se están muriendo. Hay que ponerse a pensar en la salud de todos. El dolor de cabeza, las ronchas y sangre que salen de la nariz de los niños cuando solea, es una muestra de ello y las mamas no saben qué hacer. ¿A dónde llevar, a quién decir?; si no hay especialistas, medicamentos, ni atención permanente en nuestras localidades”, señaló Teresa Cuñachi durante la conferencia de prensa; quien pertenece a Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua; el lugar en el que se derramaron 3 mil barriles de petróleo el 2016.

Asimismo, Vidal Merma, representante de los afectados y afectadas de la provincia de Espinar, Cusco; señaló durante el II Encuentro: Hay más de 2000 afectados con arsénico en su cuerpo en Espinar. Del 100% no han atendido ni al 2% de los afectados. Han ido médicos a atenderlos y solo les daba paracetamol”.

La problemática más grave se encuentra en Cerro de Pasco, en que según el reporte del Ministerio de Salud al 2018, que aparece en los “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, más de 3 mil personas se encuentran expuestas a metales tóxicos. Durante el II Encuentro, Sonia Terrazos, representante de las y los afectados de Cerro de Pasco, señaló: “He traído los análisis de mi hija para que vean que no miento. Quiero que escuchen mi testimonio y que las autoridades hagan algo para atender a los niños. Ya es hora de despertar, compañeros”.

Quien también denunció un hecho gravísimo fue Genaro Aguilar, representante de San Mateo, Lima región: “Lima toma agua con arsénico y eso lo ha aceptado Sedapal cuando nos hemos reunido. Pero nadie sabe esto porque no se difunde”.

El II Encuentro tuvo como objetivo consolidar el proceso de fortalecimiento local y articulación nacional, realizando un balance de las dificultades y avances en los dos años que tiene la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, precisando su Agenda de demandas hacia al Estado, para salir de la crisis de salud ambiental en la que se encuentran en los territorios en los que viven.

Agenda presentada

  1. La Comisión Multisectorial debe ser de naturaleza permanente dado la magnitud y extensión del problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú producto del impacto a los miles de ciudadanos que vienen siendo afectados por los metales tóxicos.
  2. Esta Comisión Multisectorial será adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y estará encargada de elaborar el informe técnico de fundamentación de la propuesta del Plan Multisectorial de prevención y control de riesgos y daños relacionados con la exposición a metales pesados y substancias químicas.
  3. Además, esta misma comisión debe estar encargada del seguimiento de la implementación, la evaluación y el cumplimiento del Plan Multisectorial por parte de todos los ministerios de manera que se garantice el derecho a la salud de las poblaciones afectadas.
  4. El enfoque que debe asumir este plan multisectorial tiene que ser para que en los territorios impactados y de riesgo de contaminación se asuma una atención integral y especializada para los afectados y afectadas por metales tóxicos
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Reinicia juicio oral a dirigentes y ex alcalde de Espinar

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Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. Ica: El día de hoy, viernes 20 de setiembre, después de una postergación, reinicia el juicio oral contra el ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní, quienes vienen afrontando un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012, exigiendo respeto al medio ambiente a la empresa minera Glencore Xstrata y al Gobierno Nacional. La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012,

El 17 de julio del 2017, el Juez del primer juzgado unipersonal de Ica, absolvió a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, así como a Herbert Huamán y Sergio Huamaní presidente y vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar (FUDIE) y los declaró inocentes. La Fiscalía había solicitado 20 años de prisión efectiva, y una reparación civil de 100 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron esta sentencia.

Hace más de un año, la Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformado por los magistrados Osmar Albujar De La Roca, José Javier Magallanes Sebastián y el Juez Rafael Fernando Salazar Peñaloza, decidieron declarar nula la sentencia que absuelve a dichos dirigentes cusqueños y ordenaron un nuevo juicio, los argumentos de los jueces fueron que la sentencia de primera instancia no tenía el debido sustento, sin embargo, el Juez en primera instancia si hizo una correcta fundamentación.

Desde las organizaciones de derechos humanos se ha indicado que este proceso judicial seguido a los tres líderes fue injusto desde el principio, ya que no se respetaron principios constitucionales como ser juzgados en su lugar de origen y no en la región de Ica. Por otro lado, no se puede denunciar a dirigentes por ejercer de manera legítima su derecho a la protesta social. Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.

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Perú: Llamado urgente a no promulgar el proyecto de Ley de Protección Policial

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PERÚ: CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Llamado urgente a no promulgar el proyecto de Ley de Protección Policial

Ginebra, 19 de agosto de 2019

Excmo. Señor Presidente,

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación ante la aprobación, el 24 de julio pasado, de la “Ley de Protección Policial” por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República, al contener elementos que la hacen incompatible con los estándares constitucionales e internacionales que regulan el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. En consecuencia, solicita respetuosamente la observación de la citada norma por parte del máximo responsable del Ejecutivo.

Es motivo de profunda inquietud el hecho que el mencionado texto legal, que tiene como objeto otorgar protección legal a los policías que en el ejercicio de sus funciones hagan uso de sus armas causando lesiones o muertes, incluya una modificación del marco legal vigente, creado precisamente para proporcionar normas y garantías que permitan ejercer cabalmente la función policial.

Así, la eliminación que introduce la mencionada ley del principio de proporcionalidad[1], consagrado en el Decreto Legislativo Nº 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, supondría la desaparición de un requisito indispensable para garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado no actúan de forma arbitraria ni abusiva en el ejercicio de sus funciones. La introducción de esta modificación genera serias dudas alrededor del compromiso del Estado peruano de cumplir con las obligaciones adquiridas con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

Junto con la eliminación del principio de proporcionalidad, en un contexto en el que organismos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han mostrado: “su preocupación por el número de personas muertas y heridas como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad en respuesta a las acciones de protesta”, urgiendo al Estado a “[v]elar por que se investiguen de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente el uso de fuerza letal”[2], se teme que las disposiciones de la ley destinadas a garantizar la asistencia y protección legal del cuerpo policial, incluyendo medidas destinadas a evitar su detención preventiva, puedan ser interpretadas de forma discrecional y ser usadas para obstaculizar la investigación y sanción de casos de muerte y agresiones debidas al empleo de la fuerza.

Al respecto, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha destacado que “las amplias facultades conferidas a la policía se prestan al abuso en cualquier sociedad, y redunda en interés de todos que dichas facultades estén sujetas a vigilancia constante. Para funcionar correctamente, la policía necesita directrices adecuadas sobre el uso de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas apropiados”[3].

Teniendo en cuenta lo anterior, la OMCT solicita respetuosamente a su gobierno observar la Ley de Protección Policial, con el fin de garantizar la vigencia de un estado de derecho regido por las normas internacionales sobre la materia, incluyendo la observación cautelosa de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Para obtener más información, por favor contacten con:

·       OMCT: Iolanda Jaquemet / Helena Solà Martín: (+41) 22 809 49 39

[1] “La proporcionalidad determina el grado máximo de la fuerza que se puede emplear para lograr un objetivo legítimo concreto… En el caso de la fuerza letal…, el requisito de la proporcionalidad solo puede cumplirse si la fuerza se emplea para salvar una vida o la integridad física. Por tanto, en el caso de la fuerza letal no se necesita una proporcionalidad ordinaria, sino estricta”, Informe del relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrs. 66 y 67.

[2] Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Perú, CAT/C/PER/CO/7, 18 de diciembre de 2018, párrs. 20 y 21.

[3] Informe del relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párr. 23.

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Red Muqui convoca al puesto de Secretaría Ejecutiva

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PUESTO: SECRETARÍA EJECUTIVA

¿Quiénes somos?

Somos una red de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y promueve el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se vienen realizando actividades mineras abordando sus implicancias sociales, ambientales y culturales.

 

¿Qué labor realizamos?

Nuestro trabajo comprende procesos de reflexión, propuestas, comunicación e incidencia, de modo tal que se alcancen los mayores acuerdos y la legitimidad social posibles que sustenten prácticas de actores sociales relevantes y la implementación de políticas públicas favorables a la justicia social y ambiental. En nuestro quehacer es fundamental el acompañamiento a las organizaciones sociales, comunidades, pueblos y poblaciones en sus procesos de empoderamiento, autonomía y fortalecimiento de capacidades.

Para cumplir con nuestros fines institucionales:

  • Ponemos en práctica un modelo de gestión descentralizado que promueve la cooperación entre sus integrantes y la sostenibilidad económica de la red.
  • Apreciamos de modo especial el potencial de interaprendizaje y fortalecimiento de capacidades que la red ofrece a sus integrantes.
  • Asumimos como enfoques de trabajo las perspectivas participativas, la equidad, género, generación e interculturalidad.

Nuestros objetivos estratégicos institucionales proyectan:

  1. Fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de la Red Muqui, sus capacidades de reflexión, generación de propuestas y acción trabajando de forma descentralizada y articulada.
  2. Promover reformas institucionales, políticas públicas y buenas prácticas de actores sociales relevantes en lo relacionado a la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por actividades mineras considerando estándares sociales y ambientales internacionales.
  3. Promover conjuntamente con sus miembros la realización, extensión, articulación y visibilización de experiencias de desarrollo social, económico y ambientalmente sostenibles, de forma que se conviertan en alternativas consistentes capaces de desafiar al modelo extractivista y ganar aceptación y apoyo activo de organizaciones sociales y la opinión pública.
  4. Fortalecer capacidades de los actores locales y sus organizaciones para que intervengan estratégicamente con acciones y propuestas en la defensa y exigibilidad de sus derechos, de manera que puedan poner en práctica sus proyectos de vida y contribuir a un modelo de desarrollo alternativo y democrático.

¿Qué labores cumple la Secretaría Ejecutiva?

El/la Secretario/a Ejecutivo/a es el encargado/a de velar por el buen funcionamiento de Red Muqui, de gestionar los planes y de operativizar las directivas del Consejo Directivo y de la Asamblea, a quienes rinde cuentas. Desempeña la representación legal, la administración y gestión ordinaria de la Red, siendo el cargo de confianza más de más alto nivel.

 

Duración del cargo

El cargo de Secretaría Ejecutiva se ejerce por un período de dos años, y es posible sólo una reelección inmediata.

 

Perfil del puesto de Secretaría Ejecutiva y experiencia requerida Educación

–       Formación universitaria en Ciencias Sociales, Derecho, Comunicaciones o afines.

–       Formación y conocimiento de la problemática minera, socio ambiental y de comunidades campesinas en el Perú.

 

Conocimientos especiales

–       Manejo de Microsoft Office e internet.

–       Buena redacción, presentación de informes

Características especiales

  • Gran integridad moral, identificado/a con las demandas de la población afectada por actividades mineras y con las aspiraciones de cambio del modelo económico extractivista, economías solidarias y alternativas de desarrollo, que pueda representar con un alto perfil a la Red Muqui en diversos espacios en situaciones de conflicto y coyunturas adversas.
  • No tener antecedentes penales, laborales o administrativos que impliquen acciones delictivas, de violencia, corrupción y omisión a la asistencia familiar.
  • Experiencia de fortalecimiento de articulaciones macro-regionales con acompañamiento permanente.
  • Disponibilidad de viaje permanente.
  • Disponibilidad permanente para la atención de situaciones de crisis
  • Apertura para la escucha, el diálogo, el trabajo permanente de reflexión sobre los procesos de las organizaciones de base como de las instituciones que conforman la red.
  • Habilidad para analizar de forma permanente la coyuntura política del país y de la región, así como manejo de estrategias políticas de cara al Estado;
  • Capacidad de trabajo articulado con las diversas macro-regiones con una visión clara del trabajo en equipo y de manera multidisciplinaria.
  • Análisis técnico y político de planes, normas jurídicas, resoluciones y otras políticas públicas vinculadas con la minería, el agua y la gestión de territorios
  • Capacidad de promover el posicionamiento internacional de la Red Muqui con sinergias de instituciones, universidades, organizaciones internacionales en espacios políticos fundamentales (Unión Europea, Naciones Unidas, CIDH, entre otros)
  • Cercanía importante a las instituciones que conforman la Red Muqui en la actualidad, así como a las demás organizaciones de la sociedad civil del amplio movimiento de derechos humanos en el Perú
  • Habilidades para la recaudación de fondos en un entorno adverso de las financieras internacionales
  • Habilidades organizacionales y administrativas, manejo de tecnologías de la información, internet y redes sociales.
  • Capacidad de impulsar la incidencia de Red Muqui en espacios de interrelación con otras redes, e instituciones públicas y privadas.
  • Buena expresión verbal y escrita.

Experiencia previa

  • Mínimo 3 años ejerciendo funciones de Secretaría Ejecutiva y/o dirección en instituciones afines a Red Muqui.
  • Preferible conocimiento de la labor y funcionamiento de la Red Muqui
  • Incluir referencias de al menos dos experiencias de trabajo previas.

Lugar y horario de trabajo

  • Se trabajará la jornada laboral establecida por las leyes laborales vigentes.
  • El centro de trabajo se encuentra en Lima, pero debe tener disponibilidad para viajar al interior del país y al extranjero.

Condiciones de la contratación

–       Beneficios sociales de acuerdo a ley

–       Contrato a plazo fijo por dos años

–       Disponibilidad inmediata y a tiempo completo

–       Disponibilidad de viajar al interior del país y al extranjero según la necesidad lo requiera, incluso en días de fin de semana, feriados y a zonas de altura.

Proceso de selección

Las personas interesadas, deben enviar su Curriculum Vitae y una carta de motivación del interés por postular, incluyendo sus pretensiones salariales, hasta el sábado 31 de agosto a horas 11:59 pm. Indicando en asunto: SECRETARIA EJECUTIVA RED MUQUI a la cuenta de correo: [email protected]

Única y exclusivamente ingresarán al proceso de selección los CV enviados por ésta vía y en el plazo indicado. El proceso de selección estará a cargo del Comité Evaluador responsable para dicho fin.

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Puno: cortan vías de acceso y salida de Puno en solidaridad con Aduviri y protestas del Sur

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Desde tempranas horas se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

Los manifestantes también señalaron que tienen problemas con la empresa minera Aruntani, por lo cual semanas atrás realizaron diversas protestas; que generó que el gobierno ordene la paralización definitiva de la unidad minera Arasi, de propiedad de Aruntani.

La sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

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Anuncian paro indefinido en el corredor minero del sur

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Nota redactada por Institución Derechos Humanos Sin Fronteras. La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.

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Preocupante sentencia de 6 años de prisión a Walter Aduviri sobre caso “Aymarazo”

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Actualización 19 de agosto

Desde tempranas horas el día de ayer, lunes 19 de agosto, se informó del bloqueo de carreteras de Puno – Desaguadero y Puno – Juliaca, como medida de solidaridad con el gobernador regional que actualmente se encuentra en la clandestinidad frente a la condena del Juzgado Penal Colegiado de Puno, que ordenó 6 años de prisión y 2 millones de soles de reparación civil por el delito contra la tranquilidad pública en el desarrollo de las protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek.

El bloqueo de carretaras viene dándose por 24 horas como inicio de las protestas en rechazo a la sentencia señalada. Asimismo, los manifestantes señalan que también se solidarizan con las protestas que se dan en Arequipa contra el proyecto Tía María; en Moquegua contra el proyecto Quellaveco; y en Tacna contra Southern que viene extrayendo agua de las lagunas de Candarave desde hace casi 60 años, perjudicando el acceso al agua de la población.

La Sentencia

La sentencia completa la darán a conocer el lunes 26 de agosto. Para el abogado experto en derecho penal y derechos humanos, David Velasco, de la institución FEDEPAZ, miembro de Red Muqui; el adelanto de sentencia que señala a Walter Aduviri como “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública” en el caso conocido como el Aymarazo”, es un término novedoso respecto al grado de participación en que se acusa a las personas de cometer delitos. “En más de 25 años de abogado litigante nunca había escuchado y leído el término de coautor no ejecutivo”, señaló Velasco. Quien manifestó que lo que se venía usando era el término de autor mediato para incriminar a aquellas personas que no cometen directamente el delito, pero ordenan, dirigen realizarlo. El caso más conocido es el de Fujimori, que lo sentenciaron por autoría mediata en el caso del asesinato en Barrios Altos y la Cantuta. Sin embargo, el abogado señaló que estará a la espera de que la sentencia se haga pública para opinar al respecto; ante una tipificación penal que causa sorpresa.

No obstante, el abogado señaló que, en términos generales, la sentencia contra el ahora gobernador regional, Walter Aduviri, es parte de la criminalización de la protesta que realiza el Estado peruano contra quienes protestan en defensa de derechos colectivos de sus comunidades y pueblos.

Cabe precisar, que en el Consejo Regional se viene discutiendo la suspensión de Aduviri como gobernador regional, de acuerdo a lo sugerido por el Poder Judicial de Puno. Consejeros que postularon con la lista de Aduviri están a favor de su suspensión.

Noticia del miércoles 14 de agosto

El día de hoy en la mañana, miércoles 14 de agosto, el Juzgado Penal Colegiado de Puno dio el adelanto de sentencia al ahora gobernador regional, Walter Aduviri, a 6 años de prisión y a la reparación civil de 2 millones de soles por ser “coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso conocido como el «Aymarazo». La entidad judicial ha dispuesto también su captura inmediata.

El “Aymarazo”

Como se recuerda, el pueblo aymara inició una huelga indefinida que llegó a su pico más alto en mayo del 2011, en rechazo al proyecto minero Santa Ana, que estaba a cargo de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta fue impulsada por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y Aduviri era el presidente del Frente.

En esa época, las protestas se radicalizaron luego de que el gobierno de Ollanta Humala hizo caso omiso a los pedidos de diálogo y exigencias del pueblo aymara. La población señalaba que la minería perjudicaría sus actividades agropecuarias y generaría la contaminación de las aguas. Señalaron también que se vulneró la normatividad vigente que establecía la prohibición de actividades a menos de 50 kilómetros de la zona de frontera, en este caso con Bolivia.

Criminalización de la protesta

En opinión de José Bayardo Chata, abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, la sentencia genera un precedente negativo para el ejercicio de la defensa de derechos colectivos indígenas y derechos humanos en general, expresados en la protesta social.

Como se recuerda, el Ministerio de Justicia, aprobó hace poco, a través de resolución ministerial, el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta norma señala que son defensores de derechos humanos las “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

El abogado de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, integrante de la Red Muqui, señaló que el proceso judicial no consideró la condición de integrante de pueblo indígena aymara de Walter Aduviri; el derecho a la protesta que le asiste a todo grupo que vea vulnerado sus derechos, más aún cuando se trata de pueblos indígenas que de acuerdo a la legislación internacional del Convenio OIT 169, deberían ser respetados en sus decisiones, de acuerdo a la autodeterminación que como pueblos indígenas les corresponde. “El juicio se fue manejando como un proceso ordinario. Y es preocupante que en el juicio no se haya tenido en cuenta, por ninguna de las partes, la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas”, finalizó José Bayardo Chata.

En el comunicado público de la Asociación en mención, se señala: “Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados”.

Desenlace

La defensa legal de Walter Aduviri, que no estuvo presente hoy en el adelanto de lectura de sentencia, podrá apelar a decisión del Juzgado en primera instancia. Asimismo, recién el lunes 26 las partes serán notificadas por el Juzgado de Puno, con la sentencia completa.

Durante el adelanto de lectura de sentencia en el Juzgado de Puno, se concentraron cerca de 300 personas que protestaban por la injusticia que se estaba dando. Miembros de organizaciones campesinas del norte de Puno, señalaron que estaban evaluando la realización de un paro regional frente a lo que consideran una injusticia y abuso de poder.

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Tacna: Candarave exigirá hoy revocación de licencia de agua de Southern ante el Ejecutivo.

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Después de la última marcha de sacrificio de más de 8 mil pobladores de las comunidades de la provincia de Candarave, que llegaron el 17 de julio a la ciudad de Tacna; el día de hoy se llevó a cabo la reunión en que dirigentes comunales, campesinos, de usuarios y regantes, pertenecientes a la provincia de Candarave, junto a sus alcaldes, instalarían la mesa de diálogo con el Ejecutivo para plantear formalmente el pedido de revocación de la licencia de agua de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) . Sin embargo, al observar solo la presencia de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; explicaron que ellos esperaban también la presencia de otros sectores de Ejecutivo, tal como habían cursado la invitación anteriormente.

El problema abarca a otros sectores como Energía y Minas, y Salud; porque hay un problema grave con la explotación de minerales que se hace en la cabecera de cuenca del río Callasos; y el otro problema, es que el agua que consume la población de Candarave tiene alto contenido de arsénico y boro, explicó el alcalde provincial de Candarave, Roberto Nina.

Finalmente, los dirigentes decidieron suspender la reunión que se estaba desarrollando en el auditorio del centro de salud de la capital de provincia; y, a su turno, la ministra de Agricultura, señaló: “Yo he venido como ministra de Agricultura, yo los he escuchado, a pesar de que no han querido instalar la mesa de diálogo, tengo que reconocer que fueron muy respetuosos en expresarse”. Agregó que trasladará el sentir de la población al presidente de la república, Martín Vizcarra a la espera de retomar las conversaciones en Candarave.

El problema con Southern

Southern viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. La población y sus dirigentes han estado señalando que el agua para consumo humano es limitado, y la agricultura y la ganadería se han perjudicado por la falta de agua. El uso excesivo de agua por parte de la empresa también ha deteriorado bofedales en las zonas más altas y en la parte del valle de la provincia.

Frente a este escenario, los dirigentes ya habían señalado en días anteriores que no quieren ninguna negociación con la empresa Southern. Precisan que es un diálogo entre la población y el Estado, para solucionar problemas de interés público, que a la empresa solo le toca acatar, como ente privado particular con sus propios intereses.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Uno de los graves problemas es que no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA ha estado otorgando licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna?

Ello, teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: “para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas”; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Propuestas de Red Muqui en materia hídrica

  • Es necesaria una vigilancia y monitoreo ambiental de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, con participación de las Juntas de Usuarios de Agua y de la población en general.
  • La ANA tiene que actualizar el inventario de recursos hídricos para saber qué cantidad y calidad de agua se tiene en la región y la provincia de Candarave.
  • Se debe realizar un estudio de balance hídrico en la provincia para saber cuánto ha disminuido los recursos hídricos en éstas décadas de extracción de agua por parte de la empresa minera Southern y se establezca una compensación ambiental por parte de la empresa.
  • Se debe declarar como zonas intangibles los ecosistemas altamente sensibles como las cabeceras de cuenca hidrográficas: glaciales, lagos y lagunas, bofedales y páramos, para así garantizar en el presente y a futuro la disponibilidad del agua para las poblaciones, y lograr la sostenibilidad del recurso hídrico.

Para conocer nuestras propuestas generales a nivel nacional respecto al manejo sostenible del agua, pueden encontrarlo en nuestra Agenda Muqui 2018 – 2021. Finalmente, como Red Muqui señalamos que es importante que el Ejecutivo atienda con la debida importancia la exigencia de la población de Candarave, que sufre los efectos de la minería desde hace más de 50 años.

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