Convocatoria : Programa de investigación sobre alternativas al extractivismo en el Perú

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Con el objetivo de promover la investigación-acción y discusión desde el diálogo de saberes entre la academia, las universidades y las comunidades afectadas por la minería sobre los temas del extractivismo, sus impactos en los territorios y las alternativas que vienen construyendo, aperturamos la convocatoria al Programa de Investigación sobre Alternativas al Extractivismo en el Perú, dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado de universidades públicas priorizando las regiones de Cajamarca, Puno, Cusco, Lima provincias, Piura, Pasco, Junín y Ayacucho.

Enlace para la I sesión virtual de absolución de dudas y consultas

Convocatoria en PDF
Anexos 1
Anexos 2

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SNMPE propone eliminar autoridades ambientales

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El pasado 7 de agosto, Víctor Góbitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en El Comercio una serie de propuestas riesgosas para el ambiente y las comunidades, con la supuesta finalidad de “inyectar” confianza a los inversionistas mineros y “reactivar” la economía. Una de las principales ideas de la SNMPE es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, autoridades que emiten opiniones técnicas vinculantes para la puesta en marcha de las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión.

Alertamos que la propuesta generaría una afectación a la institucionalidad ambiental, cuyo fortalecimiento ha sido progresivo desde 1990, con la creación del primer Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales hasta la actualidad con la consolidación de los entes de regulación y fiscalización a través de la especialización de los organismos técnicos del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. De esta manera, la SNMPE busca flexibilizar los actos administrativos de acuerdo a los intereses privados, y deja de lado el deber de prevención y el principio precautorio anclados en el derecho ambiental, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos de la Nación. A través de la propuesta mencionada, el lobby minero además acepta implícitamente la posibilidad de una alta tasa de conflictos socioambientales por la falta de procedimientos transparentes y de buen gobierno que garanticen el acceso a los derechos humanos.

Al respecto, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, manifiesta que “la propuesta de la SNMPE es un riesgo latente para la garantía de derechos ambientales de los pueblos originarios, peor aún en un contexto de estrés hídrico y crisis climática a nivel mundial que dificulta la seguridad alimentaria en el país. Además, Borda asevera que “no se pueden seguir imponiendo los intereses privados a costa del medio ambiente, el agua y la vida de los PPII”

En ese sentido, desde la Red Muqui rechazamos tajantemente las declaraciones de la SNMPE porque conlleva la eliminación de las autoridades ambientales, que conlleva una acelerada promoción sectorial de los proyectos de inversión en cartera de cada ministerio, vulnerando la imparcialidad de los procesos de certificación y afectaría los derechos colectivos de la población y las comunidades nativas y campesinas.

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Dia de los PPII: Red Muqui en Mesa de Trabajo del Congreso convocada por congresista Ruth Luque

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En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a través del Despacho de la congresista Ruth Luque, se invitó a Red Muqui a participar de la Mesa de trabajo titulada “Desafíos para la agenda legislativa 2023 – 2024 de los pueblos indígenas u originarios”. La reunión tuvo la finalidad de recoger, desde las diferentes organizaciones, las principales agendas, problemáticas o propuestas en el marco de la garantía de los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios.

Entre las organizaciones indígenas representantes que hicieron presente su voz resaltó Ketty Marcelo, presidenta de la ONAMIAP; Teresita Antazú, representante de AIDESEP y Rosa Alvarado, secretaria de la CUNARC. Las dirigentas advirtieron su deslinde con el actual gobierno y Congreso por el encubrimiento a los asesinatos de los hermanos y hermanas en el contexto de las movilizaciones sociales en contra del régimen de Dina Boluarte; asimismo, posicionaron sus agendas que subrayan su visión territorial.

Por su parte, Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, resaltó la necesidad de priorizar la autonomia y autodeterminación de los pueblos indígenas, debido a la acelerada expansión del extractivismo minero en territorio ancestral, que, pese a no contar con el consentimiento de los pueblos, se promueve como principal actividad económica.

Además enfatizó la discriminación étnico-racial en el contexto de la crisis política, principalmente hacia los pueblos quechuas y aimaras; así como la agenda pendiente de los afectados/as por metales tóxicos. Por su parte, Mayra Zambrano, del equipo del área de incidencia político legal de Muqui, manifestó que debe realizarse una debida fiscalización de las propuestas de flexibilización ambiental sectoriales frente a la cartera de proyectos mineros que deberá contar con un enfoque intercultural y de derechos humanos.

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Ayacucho: Comunidad campesina de Accomarca en riesgo por la presencia de pequeña minería

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La comunidad campesina de Accomarca que se encuentra ubicada en la provincia de Vilcashuamán del departamento de Ayacucho fue escenario de las violaciones más graves a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno (1980-2020), siendo su población aniquilada a sangre fría y sin escrúpulos por la cadena de mando del Ejército y políticos que justificaron la masacre como medida para combatir una supuesta base terrorista en la zona. Debido a la experiencia sufrida, la comunidad se encuentra en constante organización para protegerse y salvaguardar su territorio. En tal sentido, desde el 2019 se ha evidenciado la afectación de sus derechos colectivos por las actividades del productor minero Ismael Medina, quien opera con el código minero N° 010104417 en la concesión Huacachina 2016 III. Frente a ello, la comunidad campesina de Accomarca advierte y denuncia irregularidades en el proceso de formalización.

La concesión minera Huacachina 2016 III está ubicada en Vilcashuamán, Ayacucho; cuenta con una extensión de 200 ha y su titular es SMRL Sorpresa Tres, representado por Edgardo Rojas Anayaipoma. A través de un contrato privado de alquiler de la concesión, su operador informal es Ismael Medina, con una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) del MINEM. Sin embargo, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM preventivo y correctivo. Pese a la negativa, el operador minero continuó sus actividades de extracción de sulfuro de cobre en el lugar denominado Chamana, una zona que no fue incluida en su instrumento de gestión ambiental, que aplica para el área de Pichuscucho, que se encuentra actualmente en estado de paralización y sin operación minera alguna. Es decir, mediante el IGAFOM, que representa una declaración jurada y de compromisos socioambientales, se engañó a la Administración Pública sobre la zona de explotación y beneficio minero, lo que impide tanto la cuantificación de las toneladas métricas de mineral extraído y como el impacto que genera sobre la comunidad campesina.

En ese sentido, como parte del acompañamiento técnico – legal que la Red Muqui realiza a la Junta Directiva de la comunidad de Accomarca, se presentaron medios probatorios para resaltar las contradicciones y falta de transparencia respecto del proceso de formalización minera del señor Medina. De esta forma, el 25 de julio, mediante Resolución N° 157-2023-GRA/GG-GRDE-DREM, el director regional de la DREMA resuelve ordenar la paralización temporal de la actividad minera ubicada en la zona denominada Chamana, pero ello está condicionado a una inspección inopinada, sin plazo especificado.

Por todo lo expuesto, desde la Red Muqui exigimos que haya una adecuada coordinación para la paralización de actividades mineras de manera inmediata. Debido a que el operador Medina no cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) estaría explotando el mineral en forma ilegal, lo que conlleva a la consecuente aplicación de la interdicción minera respaldado por los Decretos Legislativos números 1100 y 1101. Así mismo, el proyecto minero ha vulnerado la autonomía comunal, ya que no ha facilitado información y menos aplicado la consulta previa, lo que constituye un engaño a las familias que allí viven.

Para mayor información legal y mapa técnico sobre superposición de concesiones mineras en territorio de la comunidad campesina de Accomarca: aquí

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Ante la amenaza por la minería, comunidad de Alto Cunas en Junín ratifica defensa del agua y de la vida

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El jueves 13 de julio, la Red Muqui participó de un taller de intercambio de aprendizajes organizado por las comunidades de las zonas altas y medias del Alto Cunas, desde Yanacancha, Coca, San Juan de Carpa, y San José de Quero.

La comunidad de Alto Cunas enfrenta impactos ocasionados por el reinicio del proyecto minero Azulcocha, cuya operación para extraer zinc fue iniciada a finales de los años 40 por la norteamericana Cerro de Pasco Corporation. Desde entonces operó con diferentes nombres comerciales, afectando ecosistemas y la vida de poblaciones aledañas{1}.

En abril de 2019, la mina Azulcocha pasó a cargo de la nueva empresa peruano-canadiense Sierra Sumaq Rumi. Esto generó una movilización de las comunidades de Alto Cunas contra la mina. Los pobladores reclamaron que ya no querían minas que actúen irresponsablemente con el medio ambiente y las comunidades{2}.
Por ello, desde Red Muqui se resaltó la importancia de identificar y conocer los impactos ambientales generados por diferentes actividades en las comunidades, especialmente aquellas producidas por actividades mineras. Además, se compartió información sobre el Convenio 169 de la OIT, así como el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, instrumentos jurídicos que aportan en la defensa del territorio y la protección de los pueblos originarios. Por último, se comentó la experiencia de autodefensa de otras zonas acompañadas por la red.

Al culminar el taller, los comentarios de los comuneros reflejaron el ánimo de gestionar el agua de acuerdo a sus usos ancestrales y generar acciones de autodefensa contra las actividades mineras. Entre los siguientes pasos para lograr estos objetivos destacan la capacitación de otras comunidades de la zona, la autodeterminación certera frente al extractivismo, así como la promoción de las actividades agrícolas y agropecuarias como principal motor económico del Alto Cunas.

{1}https://ojo-publico.com/3278/el-impacto-la-mineria-las-aguas-altoandinas
{2}https://ojo-publico.com/3278/el-impacto-la-mineria-las-aguas-altoandinas

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Puno: Frente de Defensa de Llallimayo anuncia movilizaciones masivas si MINEM continúa incumpliendo acuerdos

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El pasado 28 de junio, dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Ayaviri y Cupi, junto a autoridades distritales y de la provincia, llegaron a Lima para exigir acciones inmediatas para la remediación de la cuenca Llallimayo. Sus aguas fueron contaminadas por la empresa minera Aruntani S.A.C, hecho que fue comprobado por el OEFA en el 2017, pero que venía sucediendo desde el 2009 según testimonios de pobladores locales.

La respuesta del régimen fue recibir a la delegación de Llallimayo en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas en Lima, en presencia de los viceministros de las carteras de Minas, de Desarrollo Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM; Secretaría de Descentralización de la PCM; y representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Construcción y Saneamiento-MVCS; de Salud; así como del ANA, OEFA y AMSAC.

El acuerdo principal de la reunión fue asumido por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), quienes se comprometieron en articular con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la integración de S/. 4’611,401 millones de soles para el tratamiento del agua contaminada por Aruntani S.A.C en el proyecto de ley de presupuesto 2024. Para tal fin, el MINEM asumió el compromiso de reunirse con el MEF y evaluar la posibilidad de que el financiamiento sea entregado el 2023. La comprobación del cumplimiento de estos acuerdos debió ser enviada y presentada a los dirigentes y autoridades de la cuenca del Llallimayo el 7 de julio, tal cual figura en el acta de acuerdos de la reunión del 28 de junio.

Sin embargo, a la fecha el MINEM no lo ha hecho, motivo por el cual mediante Oficio N° 023-2023-FREDERHCULLA/HENZ/P, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la Cuenca Llallimayo solicita que el MINEM emita una respuesta sobre la fecha de otorgamiento presupuestal. Además reitera su disposición al diálogo que ha evidenciado en reiteradas ocasiones a fin de solucionar la problemática de su cuenca en la que viven más de 20 mil personas en los distritos de Cupi, Llalli, Umachiri y Ayaviri. No obstante, en vista de los reiterados incumplimientos de parte del Ejecutivo, y en caso de no atender a su solicitud anuncian una movilización social masiva e indefinida hasta lograr la remediación por la grave contaminación en la que se se encuentran la cuenca Llallimayo y el lago Titicaca.

1. https://muqui.org/noticias/dirigentes-y-poder-ejecutivo-instalan-la-mesa-de-trabajo-de-la-cuenca-de-llallimayo/
2. Oficio Múltiple N° D000212-2023-PCM-SSGD

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Ejecutivo propone la creación de Policía de Orden y Seguridad sin una debida formación especial

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El viernes 28 de julio, a través del Proyecto de Ley N° 05633/2023-PE, el Ejecutivo propuso incorporar la denominada Policía de Orden y Seguridad a la categorización de la Policía Nacional del Perú, el cual no formará parte de la carrera policial per se sino que será parte de una “estrategia” para atender el déficit de personal.

La propuesta genera zozobra por el contexto de las constantes movilizaciones en contra del régimen debido a que el artículo 6 del proyecto especifica que la Policía de Orden y Seguridad “tiene facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza”, además, de acuerdo con la exposición de motivos, “la capacitación será de 6 meses a un año como máximo y una menor remuneración mensual en función de la actividad funcional asignada”. Por otro lado, el artículo 17 destaca la designación del superior policial que ejercerá comando y supervisión directa sobre el Policía de Orden y Seguridad.

Los tres presupuestos jurídicos señalados, por lo tanto, dan cuenta de que la nueva categorización tendrá la misma potestad coercitiva que un policía instruido con más años, asimismo, contarán con una capacitación breve e insuficiente en el manejo de armas y defensa personal; y, exigirá ocupar el tiempo de un oficial por la supervisión que necesitan al realizar sus actividades. En pocas palabras, la creación de esta figura implica que las nuevas fuerzas policiales puedan cometer abusos de autoridad y/o usos ilegítimos de la fuerza por su falta de entrenamiento adecuado con enfoque de derechos humanos y basados en la proporcionalidad y la no discriminación.

En ese sentido, desde la Red Muqui exigimos mayor congruencia en la formulación de los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, ya que existen estándares internacionales de capacitación de armamento en el marco de la protección de la población que se debe cumplir a cabalidad por los tratados internacionales en materia de DDHH ratificados con anterioridad. De otro lado la imagen que hoy tiene la población sobre la PNP es de una institución abusiva y de impunidad debido a las graves violaciones a los DDHH que se han cometido en las recientes movilizaciones en el sur andino peruano y que han sido constatados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Para mayor información sobre el contenido del Proyecto de Ley, click aquí.

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Cambios en Equipo Especial de Fiscales: Continúa vulneración del acceso a la Justicia y el debido proceso

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El 31 de marzo de 2023, se dispuso, conformar el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, con competencia nacional. Dicho equipo tendrá la dedicación exclusiva de los delitos contra la humanidad cometidos en el marco de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esta decisión ha sido cuestionada por los familiares de las víctimas de la represión, así como por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Red Muqui, Colectivo de Abogados/as del Sur Andino y otros abogados/as defensores de derechos humanos, porque no otorga garantías para el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas de las graves vulneraciones de derechos humanos.
La principal exigencia de los familiares es que las investigaciones sean asumidas de manera autónoma por Fiscalías especializadas en derechos humanos en el lugar de los hechos. No obstante, los costos en los que ha debido incurrir la defensa legal de la víctimas para desplazarse a la capital del país e incidir en la composición del equipo especial de fiscales, y la continua revictimización de los familiares por la dilatación temporal del Estado en iniciar la adecuada labor de investigación y así obtener justicia, el sábado 22 de julio, se emitieron dos resoluciones fiscales: Nº 1785-2023-MP-FN y Nº 1786-2023-MP-FN, mediante las cuales se da por concluido el nombramiento de varios Fiscales del Equipo Especial.
Estos cambios abruptos dificultan aún más las investigaciones y generan más incertidumbre en las familias de las víctimas. El abogado defensor de las víctimas de represión en Juliaca, Cesar Quispe, señala que esto es otro golpe al debido proceso y al derecho al juez natural, en este caso a una investigación en el lugar de los hechos. Señala que en enero y febrero se tenían las carpetas fiscales en Juliaca, en marzo después de que se instaló la Fiscalía de Derechos Humanos, se llegó a tener 27 tomos con todas las declaraciones de los deudos y de los heridos, así como las pruebas documentales que introdujo la defensa de las víctimas. Pero luego del traslado de la investigación a Lima (ahora en manos del equipo especial de fiscales) se ha perdido un valioso tiempo en la investigación.
DATO: Con los últimos cambios realizados en el equipo especial, se estaría retirando a Guillermo José Pacheco Anicama, el fiscal que presidía el Equipo Especial de Fiscales.

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ALERTA: Jaime de la Cruz, defensor del ambiente de Valle de Tambo – Arequipa, es detenido por la policía

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Un nuevo caso de criminalización contra defensores y defensores del medio ambiente del Perú se ha producido ayer domingo 30 de julio con la detención del ex alcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime De la Cruz Gallegos. El también defensor ambiental y ex dirigente de Valle de Tambo – Arequipa fue detenido en su domicilio, ubicado en la ciudad de Mollendo, por una gran cantidad de efectivos policiales y llevado a la carceleta del Poder Judicial de Arequipa.

Recordemos que De la Cruz fue sentenciado injustamente el año pasado, a doce años y cuatro meses de cárcel junto con el también ex dirigente de Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso (sentenciado a siete años de prisión). Ambos ex dirigentes fueron acusados de generar disturbios, entorpecimiento al normal funcionamiento de los servicios públicos y motín en el marco de las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, propiedad de la empresa Southern.

Pobladores de la provincia de Islay vienen protestando contra el mencionado proyecto porque éste pone en riesgo más de 13 mil hectáreas de cultivos del Valle de Tambo, que abastece a más de 4 millones de peruanos y peruanas, además, el proyecto podría contaminar los recursos hídricos de la región de Arequipa.

Jaime De la Cruz representa un caso más en que el gobierno, en vez de proteger los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, busca criminalizarlas por ejercer su derecho a la protesta y realizar acciones para defender la vida, la agricultura y el territorio.

Durante su traslado de la comisaría de Mollendo a Arequipa, el sentenciado expresó su inocencia: “No he matado ni violado a nadie, violaron mi domicilio, abusaron con mis familiares, yo me he entregado”. De la Cruz Gallegos está ahora a disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que lo sentenció en primera instancia.

Video del momento en que Jaime De la Cruz es llevado a la carceleta (video)

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Comunidad campesina reconocida por proteger la laguna de Parón enfrenta difícil escenario

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Al día siguiente de la celebración de los 202 años de la declaratoria de independencia del Perú por José de San Martín, hay otro hito importante en el país que celebra no sólo la comunidad Cruz de Mayo-Caraz. El 29 de este mes, hace casi quince años, la comunidad campesina logró, después de arduas luchas, recuperar el control sobre la gestión de la laguna de Parón. Ubicada a cerca de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz, Áncash, es el depósito natural de agua dulce más importante de la Cordillera Blanca y una de las lagunas de mayor atracción paisajística de esta región.
Con ello la comunidad campesina volvió a priorizar el uso del agua para consumo humano, riego de cultivos y proyectos de turismo sostenible, ya que es ella la que ahora maneja la compuerta y con ello tiene control de su desfogue. Quién, al contrario, resintió el cambio en el mando de las compuertas del esencial líquido fue la empresa hidroenergética Duke Energy Perú, dueña de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato. Precisamente esta central tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón hasta 2008, momento en el que las comunidades se organizaron y recuperaron su control.
Para la generación de energía la empresa depende del caudal del río Santa, uno de cuyos principales tributarios nace en la laguna Parón y consecuentemente con regularidad intenta presionar a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo de Caraz, para descargar las aguas de este depósito.
El 14 de julio pasado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso suspender de manera temporal las visitas a este atractivo turístico. De acuerdo a una reciente nota en el diario La República la laguna amenaza con desbordarse debido a las lluvias y al rápido descongelamiento de glaciares, con poptenciales efectos devastadores que podrían impactar en las localidades aledañas, entre ellas la ciudad de Caraz.
Según este artículo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, advirtió el viernes pasado que la laguna habría alcanzado una cota de 4,199.55 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, en conversación con Red Muqui, fuentes de la comunidad desmintieron la información de La República – y explicaron que en dicho caso las aguas ya estarían rebalsando las estructuras de contención de la laguna, lo que a simple vista no está ocurriendo. La comunidad, que para su gestión conformó el Comité de Vigilancia y Monitoreo del nivel del agua de la laguna Parón, mide con regularidad el nivel del agua. Según la fuente consultada, la última vez, este se encontraba cerca de los 4190 msnm, precisamente la cota regular del agua que se ha logrado establecer como nivel deseable con los entes encargados, después de diversas movilizaciones y mesas de diálogo con las autoridades competentes.
En realidad, según los conocedores de esta temática, la advertencia de inminentes avalanchas y rebalses es reiterada cada cierto tiempo y los potenciales riesgos son conocidos desde hace años. Lo que se ha repetido también con frecuencia son las alertas de las autoridades y las suspensiones temporales de las visitas de este atractivo turístico, con la siguiente pérdida de ingresos económicos que dejan los visitantes.
Así, a mediados de junio de 2019, el gobierno del presidente Vizcarra decretó el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón ubicada en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, del departamento de Áncash, por peligro inminente ante posible desembalse”.
La comunidad, por ello, advierte que se trata de un nuevo intento de devolverle a la empresa hidroeléctrica el control de un espacio, que gracias al trabajo comunitario ha recuperado su belleza paisajística. Una realidad que la comunidad trata de compartir con visitantes de este atractivo turístico. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en 2011 valoró además la lucha de la comunidad campesina al otorgarle el premio Nacional de Derechos Humanos «Angel Escobar Jurado».

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