Puno: Sentencia injusta y violación de derechos al territorio de la comunidad de Chambalaya Arriba

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Por IDECA

Chambalaya Arriba, una comunidad campesina situada en el distrito de Pizacoma, provincia de Chucuito, se dedica principalmente a la ganadería, crianza de alpacas y llamas de diferentes razas. También se dedica en menor medida a la agricultura, ya que se encuentra a una altitud de casi 4000 metros sobre el nivel del mar.

Durante 11 años, la comunidad campesina de Chambalaya Arriba y la familia Navarro han estado en disputa por la posesión de 11,37 hectáreas de tierra en el sector de Aziruni, en el distrito de Pizacoma. Ambas partes afirman ser los legítimos propietarios de estas tierras. El caso fue llevado a las instancias judiciales correspondientes y el 18 de octubre de 2018 se emitió una sentencia en el primer Juzgado Mixto con sede en Desaguadero, presidido por el Juez Marco Antonio Ticona Miranda. En dicha sentencia se declaró parcialmente fundada la demanda de mejor derecho de propiedad, presentada por la familia Navarro contra la Comunidad Campesina de Chambalaya Arriba, ordenando a la parte demandada restituir la posesión del área de 11,37 hectáreas a la parte demandante.

El 14 de junio de 2023, el primer Juzgado Mixto con sede en Desaguadero llevó a cabo la ejecución de la sentencia y otorgó la administración de la posesión del terreno en el sector de Aziruni a favor de la familia Navarro.

El juez Marco Antonio Ticona afirmó que los terrenos en disputa se encontraban fuera del territorio de la comunidad Chambalaya Arriba y, por lo tanto, las 11,37 hectáreas pertenecían a la familia Navarro. Sin embargo, Walter Tesillo Pacoricona, miembro de la comunidad, argumentó que se había cometido una injusticia, ya que según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), existía una superposición entre los planos iniciales de la comunidad Chambalaya Arriba y los planos presentados por los peritos designados por el juez. Tesillo Pacoricona expresó: “La comunidad también presentó su propio peritaje, pero el juez Marco Antonio no lo tuvo en cuenta en el proceso e incluso impidió que los miembros de la comunidad dieran su opinión”.

Tesillo Pacoricona también afirmó que la familia Navarro no se presentó en la fecha acordada para realizar el peritaje del terreno en Chambalaya Arriba, y los peritos designados para el caso (señor Rubio y señor Choquehuanca) tampoco estuvieron presentes. Solo el abogado de la comunidad y las autoridades estuvieron presentes. En consecuencia, el peritaje del terreno se llevó a cabo en otra fecha, sin la presencia de las autoridades comunales y sin previo aviso a los residentes.

Los habitantes de Chambalaya Arriba denuncian y expresan su descontento al ver que se está ejecutando una sentencia dictada por el juez a favor de la familia Navarro, ya que consideran injusto que no se haya respetado el plano original de la comunidad, incluso con cambios en los caminos y desvíos según el peritaje ordenado por el juez.

Por otro lado, el abogado Pablo Ricardo Abdo respalda la versión de los habitantes. Durante el proceso se llevaron a cabo dos peritajes, uno por parte de la comunidad y otro por parte de la familia Navarro, pero solo se tuvo en cuenta el peritaje y los documentos presentados por los demandantes. En cuanto a los documentos, se adjuntó una escritura, pero tras una investigación se descubrió que estos documentos habían sido falsificados, incluida la firma. Sin embargo, el juzgado los aceptó y basó en ellos su sentencia.

Esto refleja la injusticia presente en la sentencia dictada contra la comunidad de Chambalaya, violando la identidad histórica de la comunidad. Durante el proceso, solo se consideró desde la creación que reconoce el estado a la comunidad, sin tener en cuenta la preexistencia histórica de la comunidad.

Además, se vulneraron los derechos de la comunidad campesina de Chambalaya Arriba a la identificación y protección de las áreas que les pertenecen como pueblo indígena, tal como establece el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT. Según este convenio, se exige que los gobiernos establezcan procedimientos para la identificación de las tierras de los pueblos indígenas y medidas para proteger sus derechos de propiedad y posesión, a fin de salvaguardar de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras o territorios.

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Chapparí nuevamente amenazado: Arremetida minera contra pulmón de Lambayeque

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¡A río revuelto ganancia de pescadores! Este dicho puede ser reflejo del ánimo que ha inspirado a los dueños de la minera Fresnillo PLC, cuando se han dirigido en las últimas semanas a la directiva de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape para obtener permisos y comenzar con trabajos de exploración de plata y oro en territorios del Área de Conservación Privada de Chaparrí. Con sus 34 mil hectáreas representa más del 50 por ciento de las áreas protegidas del departamento de Lambayeque.

Y ríos revueltos han azotado justamente el norte de Perú en las últimas semanas, en especial a Piura y Lambayeque como resultado de las intensas lluvias e inundaciones que está causando el Fenómeno del Niño costero y que han dejado un reguero de calamidades en muchas comunidades. Es precisamente en este contexto de emergencia, con siembras perdidas, casas destruidas y gente arrojada a las calles, que la empresa Fresnillo, el mayor extractor de plata del mundo y subsidiaria del consorcio mexicano Peñoles, llegó ofreciendo beneficios económicos a una parte de la comunidad y recibir a cambio lo que para la empresa significa la tan anhelada licencia social, como denuncia Javier Ruiz, vocero del Frente de Defensa Salvemos Chapparrí.

La primera comunidad campesina en crear un área de conservación privada del Perú, y que en coherencia con su definición como comunidad ecológica decretó la conversión del 80 por ciento de su territorio en área natural protegida, ha demostrado desde su fundación en 2001 que sus habitantes son las principales defensoras y beneficiarios de una ecosistema de bosques secos ubicados en la región ecuatorial. Lejos de ser tierra eriaza, como podría sugerir la palabra seca, alberga una infinidad de plantas endémicas y animales únicos, muchos de los cuales se encuentran en grave riesgo de extinción. Tal vez el oso andino también conocido como ucumarí o jucumarí y la pava aliblanca, que se consideró extinta por más de cien años hasta ser avistada nuevamente en este hábitat, sean las especies más emblemáticas que demuestren la invaluable riqueza de esta región que ningún proyecto minero pueda compensar. Lo altamente preocupante en el caso de este territorio propiedad comunitaria pero supervisado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) como ente estatal rector de las áreas protegidas en el Perú, es que sea el propio Estado el que haya otorgado a través del Ministerio de Energías y Minas (MINEM) 30 concesiones de exploración que se superponen con la zona declarada como Área de Conservación por el Estado y por lo tanto bajo régimen especial de protección.

Sus más de 5 mil habitantes, de los cuales 800 son comuneros titulados, se resisten a entregar un territorio en el que han logrado proteger especies que de otro modo probablemente estén desaparecidas y en el que han conseguido desarrollar proyectos turísticos respetuosos con el medio ambiente, además de proveerse de alimentos saludables. Por eso, tampoco están dispuestos a que se instalen otros proyectos que buscan extender la frontera agro-industrial, tales como la represa “La Montería”. Saben que, si se pierde Chaparrí, Lambayeque pierde su principal pulmón verde, sentencia Javier Ruiz.

Petitorio de Concesión Minera ingresado por la Mina Fresnillo PLC ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

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MIMP aprueba directiva para la prevención, atención, protección y reconocimiento de las mujeres defensoras de Derechos Humanos

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha publicado el 19 de junio, la Directiva N° 003-2023-MIMP, que aprueba la directiva de prevención, atención, protección y reconocimiento de las mujeres defensoras de derechos humanos, la cual está enmarcada en las disposiciones del Decreto Supremo. N° 004-2021-JUS referido al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

La directiva en referencia es de obligatorio cumplimiento para el Despacho Viceministerial de la Mujer, sus direcciones de línea y el Programa Nacional AURORA del MIMP. Entre las funciones a resaltar están las siguientes:

En ese sentido, se hace especial hincapié en el enfoque de género que concierne a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, debido a los impactos diferenciados, violencia y discriminación que existen hacia su labor de salvaguarda de su cultura, derechos, naturaleza, territorio, entre otros valores. Asimismo, es necesario resaltar la necesidad de que todas las entidades vinculadas al Mecanismo Intersectorial puedan tener lineamientos o directivas que impulsen una adecuada justicia de género en los territorios.

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Altos mandos de las Fuerzas Armadas no acuden a declarar ante fiscalía de la Nación

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Respecto a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de la Nación – área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, se tiene que el 29 de mayo dio su declaración testimonial , Julio Santos Mauricio Contreras , Jefe de la Región Policial de Puno, en la que declaró que el no participó en la elaboración de los planes operativos y que por orden del General PNP Jefe de la Décima Macro Región Policial fue destacado al aeropuerto de Juliaca, en la que se constituyó un Comando Policial-Militar. Sin embargo, el 05 de junio estaba citado a declarar el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Jesús Gómez de La Torre Aranibar, pero no se presentó a declarar, pidiendo su reprogramación mediante su defensa legal. Por otro lado, el Comandante General del Ejército, David Guillermo Ojeda Parra, tampoco ha asistido a las citaciones hechas por la Fiscalía.

El 06 de junio, le tocó el turno a Dina Boluarte, como Presidenta de la República, asistió a la sede de la Fiscalía de la Nación y brindó declaraciones respondiendo solo las preguntas de la Fiscalía, pero oponiéndose a responder las preguntas de los abogados de las víctimas. En opinión del abogado David Velazco de FEDEPAZ, “la negativa a responder las preguntas de los abogados de las víctimas, por parte de Dina Boluarte, muestra su falta de compromiso a la colaboración que ella había señalado que iba a tener con las investigaciones”. En efecto, días previos a su declaración el abogado de Dina Boluarte había señalado que su patrocinada iba a responder a todas las preguntas, algo que finalmente no sucedió y que lamentablemente evidencia una vez más buscar impunidad en las muertes de Juliaca, Ayacucho y otras regiones del país.

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ALERTA: Defensor ambiental de Valle de Tambo es detenido por la PNP por sentencia injusta de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa

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Jesús Cornejo Reynoso, defensor ambiental y exdirigente vinculado erróneamente en la participación directa en los disturbios durante las protestas de “Agro sí, mina no” contra el proyecto minero Tía María (2015) fue detenido el día 07 de junio a las 16:20 horas en el Valle del Tambo y trasladado hacia el penal de Socabaya de acuerdo con lo dispuesto por la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa que dictaminó el pago de 35 mil soles y a una pena privativa de libertad de 7 años y 4 meses por el supuesto delito de motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Al respecto, de acuerdo con Nelly Ledesma, abogada que ha participado en la defensa legal de Cornejo, “a Cornejo se le ha sentenciado por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos y por el delito de motín, y se le ha absuelto por los delitos de asociación ilícita para delinquir y del delito de extorsión, frente a la condena se interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado improcedente y lo que preparamos fue un recurso de queja, en ese marco interpusimos un “hábeas corpus” contra la orden de captura porque consideramos que mientras haya un procedimiento en curso, la sentencia de la Sala no se podía considerar como firme”. Por ello, aún está en trámite el recurso de queja ante la Corte Suprema, la abogada Ledesma también agrega que: “el propio Poder Judicial mediante twitter señala que Jesus Cornejo ha sido capturado por el delito de extorsión, cuando esto es falso, es evidente que es una persecusión a los dirigentes que se oponen a una gran empresa (…) el señor Cornejo ha ejercido su derecho a la protesta sin violencia y tampoco ha generado daños (…) lo que está ocurriendo es que se está dañando la imagen del Sr. Cornejo”

Esta situación evidencia la estigmatización y criminalización hacia las labores de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, quienes luchan en primera línea por contrarrestar impactos ambientales negativos en sus territorios, en este caso Jesus Cornejo es un defensor del agro y de la vida del valle de Tambo, por defender su alternativa de vida frente a la minería fue sentenciado injustamente el año 2022. De igual forma David Velazco, abogado de FEDEPAZ que viene desarrollando defensa legal de diversos defensores ambientales en Valle de Tambo , señala: “Se intenta desmovilizar a la población a través de la captura o detención de sus dirigentes , este es el caso de Jesús Cornejo, quien es un reconocido dirigente social defensor del ambiente y que lucha por los agricultores de su valle para que no se afecte su modelo de desarrollo social basado en la agricultura que se verá gravemente afectado con el funcionamiento del proyecto Tía María.”

Desde Red Muqui, exigimos un correcto acceso a la justicia para todos los defensores y defensoras del ambiente y el territorio, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio de poderes frente a las empresas mineras, tales como Southern Perú, que dicho sea de paso tiene innumerables infracciones ambientales registradas por el RUS del OEFA, con un total de 92 y con 327.03 UIT de multas hasta la fecha. Al momento el proyecto minero Tia Maria pretende retomar acciones nuevamente, e insistir con su proyecto minero, algo que la población local del Valle de Tambo ha rechazado tajamente desde hace varios años.

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#ALERTA: Congresista Montoya busca retiro del Perú de la Convención Americana de DDHH

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El Proyecto de Ley N° 5216/2022-CR presentado por Jorge Montoya, del grupo parlamentario Renovación Popular, propone la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para suprimir la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país.

Es importante mencionar que la CADH fue ratificada por el Perú el 28 de julio de 1978 y tiene la importante función de salvaguardar libertades y derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a garantizar para que sean respetados. Además en el marco de ese tratado, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), uno de los tres tribunales regionales autónomos a nivel internacional que ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. Asimismo, la Corte IDH es un órgano autónomo que protege a la población cuando el Estado incurre en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la CADH o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano.

En ese sentido, la iniciativa legislativa representa un retroceso en la progresividad de derechos y la justicia transicional, que debe ser visto en el contexto de una creciente crisis política que ha cobrado la vida de 49 civiles debido al uso letal de la fuerza policial y militar, que ha implicado una evidente estigmatización hacia y racismo contra los pueblos indígenas u originarios. La eventual denuncia y posterior salida de la CADH conllevaría que la población quedase imposibilitada de obtener justicia frente a vulneraciones realizadas por políticas públicas impulsadas por gobiernos de turno y de esa forma generaría impunidad de los altos cargos.

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II Encuentro Macro Sur en Apurímac acuerda rechazar proyectos Tía María, Río Blanco y recuperar litio de Puno

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Con la asistencia y participación de más de 350 delegados de las regiones de Puno, Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Moquegua y Tacna se realizó el pasado 20 de mayo el II Encuentro de la Macro Sur en la comunidad campesina de Uripa, perteneciente a la provincia de Chincheros de la región Apurímac.
Los objetivos del Encuentro fueron: hacer una lectura de la situación política actual; realizar un balance de la lucha impulsada por los pueblos del sur contra el régimen autoritario encabezado por Dina Boluarte en coalición con el Congreso y otros poderes del Estado; ajustar la plataforma de lucha frente al endurecimiento de las políticas estatales en contra de los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales de los pueblos de nuestro país; y empezar a diseñar una estrategia para recuperar la democracia y los derechos arrebatados por la Constitución de 1993, los gobiernos pasados y el actual, que sigue impulsando el modelo neoliberal extractivista de los bienes comunes, también llamado recursos naturales (agua, minerales, petróleo, agrícolas, etc).

Rechazan contratos ley

Uno de los acuerdos centrales, además de continuar exigiendo la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la salida de los operadores de la mafia enquistada en los altos poderes del Estado; es rechazar los contratos ley establecidos con empresas del sector minero y petrolero, que les otorgan grandes beneficios en perjuicio del Estado y la ciudadanía en general.

En el caso del sector minero son 5 empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria.


Cuadro elaborado por Cooperacción. Fuente MEF.
En el caso del sector petrolero, este año vencen cuatro contratos de hidrocarburos en Piura, que fueron concesionados por 30 años, todos ubicados en Talara: el lote I, lote VI, lote Z-69 antes Z-2B y el lote X. El gobierno de Pedro Castillo había señalado que esos lotes petroleros iban a pasar a ser operados por Petroperú, empresa del Estado; sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte tendría pretensiones de licitar nuevamente esos lotes a las empresas del sector privado, por presión de los poderes económicos. En la actualidad la empresa Graña y Montero opera otros lotes petroleros.

Rechazo a proyectos mineros

Durante el II Encuentro Macro Sur, los dirigentes de Arequipa plantearon que todo el sur resista el intento del gobierno de implementar el proyecto minero Tía María de Southern, a pesar que el pueblo lo rechaza mayoritariamente, como se decidió en la consulta popular del 2009 en el valle de Tambo.

Los dirigentes de las 13 provincias de Puno, exhortaron a que su lucha por recuperar el litio, que pretende ser explotado en la zona y exportado por una empresa minera canadiense, sea asumida por toda la Macro Sur.
Los dirigentes de las rondas campesinas de Piura, presentes en el II Encuentro, plantearon que la asamblea también respalde el rechazo al proyecto minero Río Blanco, que perjudicaría a la agricultura y bosques de neblina, que la semana pasada suscitó una masiva movilización de repudio en Ayabaca-Piura.

Y los anfitriones, dirigentes de organizaciones agrarias y campesinas de la región Apurímac, plantearon la necesidad de protección del agua y la agricultura frente a la expansión minera en la región y el país.
Estas propuestas fueron acordadas e incorporadas a la plataforma de lucha.

Finalmente, el II Encuentro culminó haciendo un llamado a la unidad de todos los pueblos del país para derrotar al régimen con rasgos cada vez más autoritarios y lograr una nueva Constitución. Con el fin de diseñar las estrategias y ampliar la plataforma programática que ayude a movilizar a los pueblos del país y lograr los objetivos planteados, se convocó al Ier Encuentro Nacional en Lima para el 1 y 2 de julio.

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Ante la amenaza de minera Río Blanco: Las comunidades y los pueblos de Piura se unen por la defensa de sus páramos y bosques de neblina

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Informe del Área Socioambiental
Red Muqui

Con el pretexto de reactivar la economía del país, el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que pretende imponer nuevamente el proyecto minero Río Blanco en ecosistemas frágiles de páramos y bosque de neblina donde nacen los ríos Piura, Quiróz y Chinchipe, ubicados en territorios de las comunidades campesinas y nativas de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio en las regiones de Piura y Cajamarca. Se trata de un acto de provocación al conflicto que ya causó, en años anteriores la muerte de diez personas, decenas de heridos y torturados, la criminalización y persecución judicial de líderes y dirigentes sociales. Sin mencionar, que este proyecto ya ha causado daños al territorio durante su fase de exploración (entre el 2004 y el 2008), etapa durante la cual la empresa Minera Majaz, propiedad de la empresa británica Monterrico Metals, fue multada en 2005 y 2008 (MEM-DGM) por generar daños en el territorio. OSINERGMIN hizo lo propio con la empresa minera Río Blanco Copper, por afectar territorios que no formaban parte de la certificación ambiental e infringir las normas ambientales.

Las comunidades y pueblos de las zonas altas de Piura saben que el eventual ingreso del proyecto significaría un grave riesgo para los ecosistemas hídricos de los páramos y bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende la producción agropecuaria y la vida de las poblaciones involucradas. Riesgos que se extenderían incluso a las poblaciones del bajo Piura, principalmente del Valle de San Lorenzo que producen mangos y limones de exportación. Recordemos que en 2007 en consulta vecinal a las poblaciones de los distritos Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, más del 95% votó por el agro y la vida y rechazó la presencia de la actividad minera en la zona.

Foto Red Muqui, 22 de mayo 2023 en la marcha del pueblo de Ayabaca.

Los impactos del proyecto minero Río Blanco

Río Blanco es un megaproyecto a tajo abierto para la explotación de cobre, uno de los mayores yacimientos del mundo, con 1,257 millones de toneladas de recursos con un contenido de cobre del 0,57%; y 500 millones de toneladas de reservas con un contenido de cobre del 0,63%{1}. Una inversión para extraer cobre y molibdeno que pone en riesgo a páramos y bosques de neblina de alto valor ambiental, tanto por el rol que tienen como captadores de agua para la zona como por su particular biodiversidad. Al ser una mina de tajo abierto emplazada en los bosques de neblina a 2,200-2,800 metros sobre el nivel del mar, el impacto en la superficie terrestre por excavación y barrido de la flora y fauna, el desprendimiento de polvos tóxicos al aire libre y la exposición del agua superficial a componentes nocivos podrían atrofiar la función que tienen estos ecosistemas para regular los flujos y limpieza del agua. Además, este proyecto también pone en riesgo a las fuentes de agua subterránea que desembocan en las vertientes occidental y oriental de dos grandes ríos de la zona. Aunque el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA) 2008-2010{2} asegura que el proyecto no causará daños a la cuenca hidrográfica del río Quiroz, inevitablemente podría altera su caudal por estar ubicado sobre el cerro Henry´s Hill, que es el punto de salida natural de agua subterránea que alimenta las cuencas de los ríos Quiroz y Chinchipe. A su vez, el río Quiroz desemboca en el Río Chira, que aporta agua al embalse de Poechos y, mediante un trasvase, también al reservorio de San Lorenzo para la irrigación de 42,188 hectáreas agropecuarias.

En el 2003, cuatro años antes de que el consorcio Zijin adquiriera la mayoría de acciones del entonces proyecto Majaz, en el estudio del proyecto Catamayo – Chira y el Plan Director del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) se propuso que una sección del área donde se ubicará la explotación reciba la categoría de área protegida con el nombre de “Los Páramos de Muchcapan – Huarinjas”. Sin embargo, la “deflexión de Huancabamba”, zona donde se emplazaría el proyecto, también es estratégica en términos hídricos y de biodiversidad, tanto así que el impacto directo e indirecto del Proyecto Minero Río Blanco alcanzaría a cinco áreas protegidas: los Páramos de Muchcapan – Huarinjas, Reservorios satélites de compensación Santa Rosa y Vilcazán, Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Parque Nacional Podocarpus (en Ecuador) más el Área de Amortiguamiento, y el Área Chicuate Chinguelas. Entre las especies endémicas que se pondrían en riesgo, están el tapir de altura y el oso de anteojos que ya fueron declarados en peligro crítico de extinción mediante Decreto Supremo Nº 034-2004 AG-Perú{3}, junto a otras especies que están amenazadas o en proceso de extinción ubicadas dentro de las áreas protegidas.

En efecto, los efectos de la minería en los ríos Quiroz y Chinchipe impactarían directamente a las comunidades en Piura (Yanta, Segunda y Cajas) y en Cajamarca (San Ignacio). La economía de Piura es principalmente agraria. Con la posible disminución del agua o el deterioro de su calidad reduciría drásticamente el empleo, la producción, el ingreso de los agricultores y los trabajadores del campo, las formas organizativas y la propia vida de las poblaciones locales. Por ello, las comunidades y poblaciones en cuyo territorio se pretende establecer la explotación minera Río Blanco no han dado su consentimiento para su desarrollo. Además, en los congresos provinciales, han reafirmado el rechazo absoluto al proyecto por los riesgos que suponen a sus medios de vida. A la vez, Río Blanco Copper S.A. ha acudido en varias ocasiones a mecanismos de presión ilegítimos (según testimonios de los pobladores, la minera Rio Blanco ha ofrecido a comuneros cuantiosas sumas de dinero para cooptar su opinión dentro de las rondas campesinas y rondas comunales), y a través de ellos influenciar las decisiones de otros campesinos a favor de los intereses de la empresa. Cabe mencionar que las rondas campesinas y comunales son avaladas por el Estado Peruano bajo el Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS{4}.

Movilizaciones y marchas constantes de las comunidades y poblaciones contra del proyecto minero Río Blanco
Durante la última movilización realizada el 22 de mayo de 2023, pobladores reiteraron su rechazo a la explotación minera Río Blanco. Esta vez, los obispos de Chulucanas, Jaén y Chachapoyas encabezaron la marcha portando una bandera peruana con lo cual expresaron su respaldo a la postura comunal y afirmaron que el gobierno “se equivoca” al apoyar el cuestionado proyecto minero. Una postura que posteriormente explicaron mediante una declaración leída, en la cual los obispos expusieron tres razones por las que este proyecto genera preocupación en la población: a) el interés por imponer un modelo extractivista minero, pese a los impactos negativos que produciría, por ejemplo, en la disminución de la productividad agrícola, ganadera y el turismo sostenible; b) los antecedentes de la compañía a cargo del proyecto, la empresa minera china Zijin Mining – Río Blanco, la cual “ha sido responsable de catástrofes ambientales en varios países del mundo”; c) la potencial disminución en el caudal y la calidad del agua en un contexto de crisis climática que ya estamos viviendo.

Tal como lo expresaron los obispos “En otras palabras, el proyecto minero Río Blanco, más que los beneficios que interesadamente anuncia, trae pobreza, abandono de las tierras, desocupación, enfrentamiento y división entre las comunidades”{5}.

{1}https://rioblanco.com.pe/que-hacemos/#proyecto-rio-blanco
{2}https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/estudios/EIAsd_Programa2008_2010.pdf
{3}https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/944736/D.S.-N-034-2004-AG—Categorizacin-de-Especies-Amenazadas-de-Fauna-Silvestre20200705-25584-1h3lih2.pdf?v=1594007696
{4}https://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/justicia_comunal/2.pdf
{5}Declaración de Ayabaca – He oído el clamor de mi pueblo y he venido a liberarlo (Ex 3, 7-8)

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Comandante General del Ejercito no asiste a declarar en investigación contra Boluarte, Ministros y Altos Mandos de las Fuerzas Armadas

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El pasado viernes 26 de mayo, estaba programada la declaración de David Guillermo Ojeda, Comandante General del Ejercito Peruano, en la investigación que viene llevando a cabo la Fiscalía de la Nación- Área de Enriquecimiento Ilicito y Denuncias Constitucionales contra Dina Boluarte, Ministros de Estado y Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el citado COMANDANTE GENERAL NO HA ASISTIDO A LA CITACIÓN, lo que evidencia su nula disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos de grave vulneración de derechos humanos que se cometieron durante las protestas sociales iniciadas el 7 de diciembre de 2022 en nuestro país. Esta situación de inasistencia demora en forma innecesaria las investigaciones que se vienen emprendiendo y el acceso a la justicia de los familiares de las victimas de la brutal represión policial-militar de las personas que, en ejercicio de su derecho, protestaban en forma pacífica.

Lima, 29 de mayo de 2023

Firman: FEDEPAZ y Muqui

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Poder Judicial deja sin efecto pedido de demolición de infraestructura productiva de Chaparrí

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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró fundada la oposición a la medida cautelar de no innovar y retirar la infraestructura productiva y de turismo, la cual fue presentada en el 2021 por el procurador de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM), Julio César Guzmán.

La medida presentada tenía como objetivo de demoler la infraestructura eco-turística y agrícola, Ecocamping Racarrumi; así como el canal de agua Majín, ubicado en el centro poblado de ‘El Mirador’, lo que habría afectado irreparablemente la actividad agrícola de más de 300 familias de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape-Lambayeque, cuya principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Además, esta medida fue presentada como parte del proceso en el que se acusa a campesinos defensores del ambiente de Chaparrí de haber sido los autores del delito contra los recursos naturales, figura de alteración del ambiente o paisaje, en agravio del Estado y del Ministerio del Ambiente.

De acuerdo al presidente de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Edivar Carrasco Vásquez, los habitantes de la zona han recibido la resolución con gran alegría y agradecimiento. Los comuneros cuestionaban esta medida por las consecuencias que podría generar, ya que, de destruirse la infraestructura del canal Majín y del Ecocamping Racarrumi, hubiese significado un gran retroceso para la economía comunal.

Si bien esta resolución judicial representa una gran noticia para la comunidad, para la Reserva Ecológica de Chaparrí, y para defensores del ambiente, es importante resaltar que la lucha aún no termina y la criminalización contra defensores ambientales no ha cesado. Como muestra de ello, en octubre del presente año se continuará con el juicio oral contra reconocidos líderes campesinos y defensores ambientales de Chaparrí, entre ellos Hermenegildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Dociteo Tafur Diaz, Américo Laboriano Ramos y Segundo Fabián Culqui Mendoza y Juan de Dios Carrasco Fernández, que podrían enfrentar condenas de hasta cuatro años de prisión.

Recordemos que los comuneros mencionados lograron construir la infraestructura Ecocamping Racarrumi gracias a que ganaron en el 2017 un concurso organizado por el Programa Turismo Emprende promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Por consiguiente, a pesar de la buena noticia que ha representado la resolución de la sala penal, las comunidades de Chaparrí mantienen su preocupación por el peligro constante en el que se encuentran sus líderes campesinos y defensores ambientales. En especial, porque los procesos de criminalización siguen avanzando con nuevas denuncias y presentan un acelerado, tal vez inusual, avance, especialmente desde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Asimismo, las comunidades denuncian la presencia de mineras que pretenden ingresar para realizar estudios de exploración, que se realizarían en territorio protegido de la reserva ecológica, por su tamaño, la más importante de la región Lambayeque.
Por esa razón, los comuneros de Chaparrí anuncian e invitan a la población a unirse a una marcha que se desarrollará el 1 de junio en Chiclayo para crear conciencia de la importancia de los bosques, las reservas ecológicas y de los defensores de los mismos, en un contexto de crisis climática global.

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