Pleno del Congreso debatirá Proyecto de Ley que dejaría impune el delito de minería ilegal

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Hoy se debatirá en el Congreso de la República los Proyectos de Ley acumulados N°s 2172, 2519, 3621 y 5171, que proponen nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), así como la ampliación del plazo de inscripción, con la finalidad de impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Mediante la propuesta legislativa se estaría modificando, por quinta vez, el proceso de formalización minera que se inició en el 2002 y cuyo plazo ya se encontraba determinado y ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024. Por lo que, los operadores mineros podrán seguir operando sin estándares mínimos ambientales ni licencia social. Además, las fiscalías especializadas en materia ambiental se verían limitadas en denunciar el delito de minería ilegal tipificado en el Artículo 307-A del Código Penal, porque, entre otros factores, el acceso al REINFO, tal como se está llevando a cabo, es aprovechado por dicho tipo de minería para catalogarse como en “vías de formalización”.

Desde Red Muqui y su grupo de trabajo de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), rechazamos y denunciamos que se impulsen tales proyectos de ley que, lejos de ordenar un proceso de formalización con plazos establecidos firmes, lo amplia y de esta manera, se facilitan las condiciones para el avance y consolidación de la minería ilegal, colisionando con los derechos humanos y ambientales de las comunidades y pueblos.

Lima, 21 de septiembre del 2023.

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Arequipa: Perumin y régimen de Boluarte agudizan tensiones políticas y sociales en Valle de Tambo por Tía María

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El escenario social y político en Arequipa se complica por la pronta llegada de los gremios mineros a esta ciudad, sede oficial de la convención minera Perumin 36, así como la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte, responsable de más de 60 muertes registradas durante las movilizaciones pacíficas contra su régimen autoritario.

La razón de las crecientes tensiones política y social obedece a que en el Valle del Tambo, provincia arequipeña de Islay, los gremios sindicales y de agricultores han rechazado en consultas vecinales y populares el proyecto Tía Maria de la compañía minera Southern Perú. Por ello, la elección de Arequipa como ciudad central de esta convención minera y la eventual visita de Dina Boluarte es interpretada como una provocación para las organizaciones sociales, que anunciaron protestas a partir del 25 de este mes, fecha de inicio del Perumin.

En conversación con Red Muqui, la agricultora y exdirigente Marilú Marroquín ha evaluado esta situación no como una coincidencia, sino, por el contrario, una estrategia de Perumin y del gobierno para “dar a entender que habrá más trabajo si es que se autoriza el proyecto Tía María”.

“Es claro que los mineros le están preparando el terreno para que diga si Tía María va o no. Nosotros vamos a marchar. La población ya se ha dado cuenta de la forma en la que actúa el gobierno para encarcelar dirigentes, asesinar y criminalizar la protesta”, expresó.

También el Ejecutivo, a través del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, ha admitido la intención de reactivar el proyecto Tía María, durante una entrevista brindada a un medio nacional en mayo de este año. Para el secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda Pari, es el mismo gobierno que viene azuzando la movilización, más aún con la posible llegada de Dina Boluarte.

“Decir ahora que se va sacar adelante este proyecto es simplemente una provocación y un llamado a la reactivación del conflicto social en el Valle de Tambo. Recordemos que, en todo el proceso de lucha, muchos hermanos han sido asesinados, heridos, estigmatizados, criminalizados y encarcelados por el solo hecho de protestar, como es el caso de los dirigentes Jaime de la Cruz y Jesus Cornejo”, declaró.

De esta manera, el régimen de Dina Boluarte prueba, una vez más, que existe una alianza con los gremios mineros, continúa Borda. “Buscan imponer por la fuerza y la violencia un proyecto minero cuestionado en la región de Arequipa”.

La postura de la hoy presidenta Dina Boluarte fue diferente en campaña, según Marilú Marroquín, quien precisó que Dina Boluarte firmó un acta con la sociedad civil organizada de Arequipa para el retiro inmediato de la empresa Southern Perú de la provincia de Islay y la cancelación definitiva de los proyectos Tía María y La Tapada.

“Pedimos que diga públicamente si Tía María va o no va. Tenemos un documento que ella firmó en campaña. Ahora está cambiando de posición”, puntualizó.

La importancia del Valle del Tambo

El Valle del Tambo tiene una extensión de 15 mil hectáreas agrícolas, es considerada la despensa alimentaria del sur. El principal destino de la producción es Lima (39 %), luego Arequipa (38 %). Los alimentos que produce son cebolla, ajo, arroz, papa, caña de azúcar, entre otros productos. Además, genera empleo permanente para más de 10 mil personas en la zona.

La resistencia al proyecto Tía María, ubicado en el Valle del Tambo, se debe a la importancia de la agricultura en el territorio, donde preexisten dinámicas culturales, sociales y económicas. Allí el proyecto minero pretende explotar minerales de óxidos de cobre a tajo abierto para la producción de cátodos de cobre.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de Red Muqui recalcó que se ha mostrado en reiteradas ocasiones de que el proyecto Tía María es inviable técnica y socialmente.

“La empresa minera Southern Perú no ha logrado demostrar que no se contaminarán las aguas del río Tambo, y mucho menos que se garantizará agua para las actividades agrícolas del Valle de Tambo”, finalizó Jaime Borda.

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Relator Especial de la ONU para el derecho al agua destaca en informe alarmante vulnerabilidad del Perú ante el cambio climático

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La semana pasada el Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 54° período de sesiones el informe final de su visita al Perú.

En su recorrido por el país, que se extendió del 1 al 15 de diciembre del año pasado, Pedro Arrojo, economista de formación y experto en gestión de agua, visitó los departamentos de Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Durante su estadía se reunió con una extensa representación de la sociedad organizada que compartió con él sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Allí el Relator Especial pudo conocer de primera mano la alarmante vulnerabilidad hídrica del Perú ante el cambio climático, acrecentada por el modelo de desarrollo extractivista imperante, y las consecuencias devastadoras que la contaminación tóxica de las aguas genera sobre la población.

La destrucción de acuíferos, humedales, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la gran minería, así como las graves afecciones que esta les provoca agrava el impacto sobre la regulación de caudales fluviales que supone la desaparición de los glaciares, lo que dispara la vulnerabilidad de la mayor parte de la población que vive en la franja costera del Pacífico, frente a los crecientes riesgos de sequía y de inundación.

Respecto a la contaminación tóxica, el Relator destaca los datos del propio Ministerio de Salud, según los cuales más de 10 millones de peruanos y peruanas, es decir más del 31 % de la población, sufren riesgo diario de contaminación por metales pesados, metaloides y otros tóxicos, con la demoledora precisión de que el 84 % son niños y niñas.

El relator en su informe también nombra los responsables de tan graves perjuicios para la salud pública, pues destaca que la contaminación procede de explotaciones mineras legales e ilegales activas y de frecuentes vertidos petroleros, pero también de 7.668 pasivos ambientales mineros, y de los 3.231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Concluye el relator: “ Estamos, en suma, ante un proceso de envenenamiento sistemático de gran parte de la población, especialmente en comunidades campesinas e indígenas, al tiempo que el cambio climático proyecta un futuro hidrológico sombrío para el país”.

Es especialmente preocupante la situación hidrológica del Perú, ya que más del 97 por ciento de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos discurren por la vertiente del Amazonas hacia el océano atlántico y menos del 2 % del total del agua disponible se genera en la vertiente pacífica, con la paradoja que es en la Región Hidrográfica del Pacífico donde se concentra el 65 % de la población y se produce la mayor actividad económica.

En esta tensa situación hídrica que presenta el país, la acción humana agrava la indefensión frente al cambio climático, constata el informe: “El desarrollo de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, además de generar graves problemas de contaminación, deseca y amenaza lagunas, humedales y bofedales en las cabeceras, como ocurrió con la laguna de Yanacocha y las nacientes del Río Grande junto a la ciudad de Cajamarca”.

En efecto, en la región de Cajamarca, el Relator Especial visitó las lagunas y manantiales de Alto Perú de los que dependen varias cuencas hidrográficas. Inquietan al enviado de la ONU las concesiones mineras solicitadas en la zona y la falta de medidas legales para proteger estos ecosistemas. Además, recibió información preocupante sobre el proyecto minero Río Blanco, que afectaría a los bosques de neblina, importantes para regular las aguas de Piura, como reconoce la Autoridad Nacional del Agua y denuncian las comunidades campesinas.

Entre las principales recomendaciones que debería abordar el país para alcanzar el derecho humano al agua potable y el saneamiento, destacan las siguientes:

– Transitar a modelos de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que garantice la participación ciudadana y los derechos de los pueblos indígenas.

– Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades y organizaciones sociales.

– En contexto de escasez o de competencia entre usos del agua, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano.

– Activar la Ley 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas.

– Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

– Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación.

– Fortalecer la gestión comunitaria del agua poniendo en valor la agro ganadería y las actividades económicas tradicionales respetando los saberes, las prácticas y la gobernanza comunitaria de los Pueblos Indígenas.

– Acabar con la criminalización de las personas defensoras del agua, por ello el Gobierno debe reconocer el papel de las personas defensoras del agua.

Puede leer el Informe completo del Relator Especial, dando clic AQUÍ

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Ayabaca y Huancabamba: comunidades defienden por 16 años territorio, páramos y bosques de neblina amenazados por Río Blanco

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Hace dieciséis años la decisión de las comunidades y población local de los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y El Carmen de la Frontera, provincias de Ayabaca y Huancabamba, respectivamente, marcaron un precedente histórico en la defensa de su territorio, los páramos y bosques de neblina frente a la amenaza del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco.

El 16 de septiembre de 2007, se convocó a la población en una consulta vecinal con un arrasador resultado: el 95 por ciento le dijo NO al ingreso de este proyecto minero de la empresa china Zijin. Si bien sus resultados no son vinculantes desde un punto de vista legal, sí son expresión legítima de los anhelos comunitarios y así ha quedado demostrado con el tiempo.

Desde entonces, cada año se rememora la voluntad popular de la consulta de 2007 y la movilización organizada para que no se repitan los casos de secuestro, tortura, intimidación, criminalización de la protesta social, así como la pérdida de vidas humanas. Muestra de ello, son las muertes de Reemberto Herrera Racho (2004) y Melanio García González (2005), víctimas fatales de la represión policial en marchas pacíficas. A ellos se suma una larga lista de personas heridas.

La importancia de los páramos, bosques de neblina y el agua que sostienen la vida

A pesar de las acciones violentas, ilegales y disolutas contra dirigentes ronderiles, defensores ambientales y organizaciones sociales, que han contado con la complicidad de los gobiernos de turno, la empresa china Río Blanco Copper del consorcio Zijin no ha podido conseguir la licencia social para la exploración minera de cobre y molibdeno a tajo abierto en las nacientes de las cuencas de los ríos Quiróz y Chinchipe, en la zona de páramos y bosques de neblinas, en territorios de las comunidades de Segunda y Cajas; y Yanta. El agua proveniente de estos ecosistemas hídricos aseguran la agricultura, la alimentación, la ganadería, el turismo y la vida de estas comunidades y de toda la población de Piura.

Esta resistencia colectiva, ante la pretensión de imponer el proyecto minero, se ha manifestado a lo largo de los años en encuentros, reuniones y asambleas. Para conmemorar esta fecha histórica, las federaciones de las rondas campesinas y comunidades originarias realizaron dos actividades públicas el fin de semana. Una de ellas se realizó en el distrito de Sapalache, provincia de Huancabamba, y la otra en la comunidad de Yanta, provincia de Ayabaca.

La participación de las rondas campesinas de Piura y Cajamarca, autoridades políticas y población en general fue masiva. El equipo técnico de Red Muqui y sus instituciones miembros, la Diócesis de Chulucanas, REDAD y CEAS acompañaron las actividades conmemorativas.

En ambos encuentros, las comunidades y la población local ratificaron su compromiso de proteger sus páramos y bosques de neblina de toda actividad extractiva, que amenaza con depredar sus aguas y territorios.

Prácticas cuestionables de la empresa

Asimismo, hicieron un recuento de este conflicto socioambiental que inició en el año 2001, luego de la concesión otorgada al proyecto Río Blanco, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, por parte del gobierno de Alejandro Toledo. Un año después, la empresa minera ingresa a operar ilegalmente dentro del territorio de las comunidades de Segunda y Cajas, y Yanta, sin la autorización de las asambleas comunales. Provoca tal impacto social y ambiental (en la fase de exploración entre el 2004 y 2008) que tiene que ser remediado por la empresa con la supervisión y vigilancia de las comunidades afectadas.

A la fecha la empresa minera sigue intentando entrar a territorios comunales con el ofrecimiento de puestos de trabajo y la generación de canon minero pese a que la población dijo no a la minería en la referida consulta, realidad que merece ser develada, puesto que la empresa pretende crear una narrativa que altera los hechos, a través de campañas en medios de comunicación.

Los riesgos de la minería al medio ambiente

Pero, ¿cuáles serían los impactos ambientales de Río Blanco en zona de páramos y bosques de neblina?

– Perjudicaría la calidad de aguas superficiales y subterráneas.
– Disminuiría la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades agropecuarias.
– Afectaría los ecosistemas naturales y la biodiversidad.

Por lo tanto, la presencia de Río Blanco y de cualquier otro proyecto minero en la zona de páramos y bosques de neblina que son parte de un corredor biológico, que se extiende desde el Parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y se prolonga hasta el Santuario Tabaconas Namballe, pone en serio riesgo las aguas superficiales y subterráneas, afectando con ello la calidad y la disponibilidad del esencial líquido para el consumo humano y la economía agraria.

La agricultura familiar es la principal forma de organización de la producción agraria. Entre los principales cultivos aparecen el maíz, trigo, frijol, café, plátano, yuca, entre otros, que a diferencia del cobre tiene un valor inconmensurable, aún más en el marco de la crisis climática que estamos padeciendo.

Por ello, se debe destacar que la agricultura familiar es la base fundamental de la disponibilidad de alimentos, de la economía, el trabajo y de las formas de organización de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Tampoco se debe olvidar el importante rol de los páramos para surtir de agua a la agricultura piurana.

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Lima: Inician monitoreo de agua, sedimentos y análisis de riesgos de relaves en la cuenca del Río Rímac

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Desde hace décadas, la cuenca alta del río Rímac viene sufriendo graves problemas de contaminación ambiental a causa de la alta concentración de relaves mineros provenientes de la gran cantidad de actividades extractivas en la zona.

Estos residuos mineros e industriales provenientes de sus operaciones, representan un grave riesgo de contaminación ambiental que, aunado al peligro inminente por el riesgo de desborde de los relaves con alto contenido de material tóxico, ponen en peligro no solo la salud y la vida de las poblaciones ubicadas en la margen del río Rímac, sino también a todos los habitantes de Lima.

Frente a este grave problema, una delegación multidisciplinaria inició el trabajo de monitoreo especializado de agua, sedimentos y estabilidad física de relaves en las microcuencas del Aruri, la quebrada Chinchán y el río Rímac. La delegación estuvo conformada por pobladores de la Plataforma de Defensa Ambiental de la cuenca alta del río Rímac, representantes de la Junta de usuarios del sector hidráulico Rímac – JUSHR, la Policia Nacional del Perú (PNP), la parroquia de San Mateo y de la Municipalidad de Huarochirí. Además, se contó con el apoyo técnico del Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS y la Red Muqui.

Cabe resaltar, que se decidió trabajar en las zonas mencionadas anteriormente debido a que estas representan un alto riesgo ya que concentran un alto número de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) sin tratamiento y que tienen evidentes signos de erosión hídrica y eólica que trasladan sus materiales tóxicos a ríos aledaños, para luego desembocar en el río Rímac.

Lamentablemente, a la fecha, ni las empresas mineras ni el Estado se han hecho responsables de la remediación de estos PAM, por lo que su nivel de riesgo aumenta cada día, pudiendo impactar negativamente en la calidad del agua para consumo humano de Lima. Una situación que requiere de especial atención en este contexto de crisis climática Por ello, hacemos un llamado a la población en general para actuar en la defensa del agua, la vida, la salud y el ambiente.

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Organizaciones de mujeres de Cajamarca impulsan la actualización de la Agenda Regional de Género

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La desigualdad de género en el país es uno de los principales problemas que afectan de forma desproporcionada el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y niñas, más aún en contextos extractivos. Por ello, las organizaciones sociales de mujeres de la región de Cajamarca iniciaron la actualización de la Agenda Regional de Género a fin de implementarla.

Esta agenda fue elaborada de manera participativa, inclusiva y concertada con las 13 provincias de la región, antes de la pandemia. Frente a los nuevos desafíos para cerrar las brechas de género, el 25 de agosto, se realizó el primer taller de actualización de los seis ejes que contiene dicho documento: educación con igualdad, salud integral e intercultural, violencia de género, empleo con igualdad, participación política y social y, por último, medio ambiente y vivienda segura.

Esta actividad fue liderada por las mujeres defensoras, dirigentes y mujeres autoridades de Cajamarca, con el acompañamiento de Red Muqui y Grufides. También participaron el Colegio de Sociólogos de Cajamarca, Centro Emergencia Mujer y jóvenes universitarios.

Durante el taller, las organizaciones sociales de mujeres decidieron considerar en la agenda el cambio climático, la sequía y el fenómeno El Niño, así como incluir la fiscalización ambiental de la minería formal e informal y priorizar la problemática del embarazo adolescente y de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

La agenda, que es un instrumento de gestión en políticas públicas, es importante para la defensa y conquista de los derechos sociales, políticos, ambientales, culturales, económicos, salud y educación de las mujeres. Por lo tanto, la participación y vigilancia ciudadana son claves para su implementación y sus resultados. De igual forma, las autoridades políticas del ámbito regional y local deben asumir un verdadero compromiso que se traduzca en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en respuesta a la Agenda Regional de Género.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2019 reflejan la problemática de desigualdad de género en la región de Cajamarca, los cuales figuran en este documento:

– La proporción de mujeres de 15 años a más con educación secundaria alcanza el 31 por ciento, mientras que, el de varones es de 39 por ciento. El porcentaje de mujeres con educación universitaria es de 10.2 por ciento, en tanto, en varones alcanza 12.1 puntos porcentuales.

– Entre el 2012 y 2016, en Cajamarca se han presentado 38 casos de feminicidios, de los cuales 13 culminaron en la muerte de mujeres y 35 fueron tentativas.

– Según el Seguro Social de Salud en 2020, el porcentaje de adolescentes, entre 15 y 19 años, que ya son madres en Cajamarca alcanza el 11.3 por ciento.

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¿Minería para tod@s? Mitos y realidades

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Ante la expansión minera: las comunidades responden con sus formas de vida ancestrales practicadas durante siglos de resistencia

Tras más de 30 años de intensa actividad extractiva en los territorios del Perú, los megaproyectos que se presentaron como una oportunidad de desarrollo económico y progreso, hoy son fuente de conflictos, desigualdad, vulneración de los derechos humanos y daños al ambiente y a la salud.

Por ello, es necesario analizar sus impactos y buscar alternativas más sostenibles, reales e interculturales que promuevan los buenos vivires de todas y todos.

La minería a gran escala en este nuevo ciclo de expansión, en su afán por explotar los últimos bienes naturales, tiene un impacto devastador en los ecosistemas, que se comprueba en la creciente deforestación, contaminación del agua y del aire, degradación de suelos y pérdida de la biodiversidad.

Asimismo, las comunidades cercanas a los proyectos mineros están expuestas a diversos riesgos para su salud, como la contaminación por metales pesados que, a la fecha, suma más de 10 millones de personas expuestas, según el Ministerio de Salud, en especial mujeres, niñas, niños y jóvenes. También la contaminación del agua con productos químicos y metales tóxicos puede resultar en enfermedades muy graves.

En ese sentido, las promesas incumplidas y las malas prácticas en las relaciones comunitarias entre empresas y comunidades han llevado al aumento de la conflictividad socioambiental y la violación de los derechos humanos. El derecho a la consulta previa y a la participación en decisiones que afectan sus territorios a menudo es ignorado, dejándolas sin voz ni capacidad para influir en el destino de sus tierras. El desplazamiento forzado y el despojo de tierras también son recurrentes en muchos territorios donde se asientan los proyectos mineros, que llegan a afectar la vida y la cultura de las comunidades.

Frente a estos desafíos, cada vez más comunidades y población organizada son conscientes que sus formas de vida basadas en el concepto de los buenos vivires practicadas durante siglos de resistencia frente al colonialismo son alternativas probadas frente al publicitado y nunca alcanzado “desarrollo” que proponen los proyectos extractivos.

Por ello, muchas comunidades locales impulsan iniciativas para reducir su dependencia de combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales a través de emprendimientos a escala comunitaria. Además, aplican y preservan prácticas ancestrales de agroecología, proyectos de ecoturismo, entre otros que generen ingresos económicos sin dañar el medio ambiente.

La búsqueda de alternativas al extractivismo es un desafío que evidencia la necesidad de repensar el modelo de desarrollo basado en el consumismo y priorizar el respeto por la naturaleza, la salud, la vida y los derechos de las personas. Solo a través de un enfoque integral y participativo podremos construir un futuro sostenible y en armonía con nuestro planeta.

Por lo expuesto, consideramos que es hora de revelar los mitos mineros y caminar hacia una sociedad más justa, solidaria, equitativa y sostenible, que privilegie lo colectivo y la protección de la Pachamama, un mundo donde quepan todos los mundos.

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Foro de organizaciones de base realizan propuestas desde el sur para salir de la crisis

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Organizaciones de base originarias y campesinas de la Macro Sur demandan del Ejecutivo el esclarecimiento y la sanción de los culpables de los crímenes contra las víctimas de la masacre del régimen de Dina Boluarte, perpetrado por la PNP y las FFAA en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y la reparación individual y colectiva por estos hechos.

Reunidos en la ciudad de Puno, los días 23 y 24 de agosto, representantes de dicha región, además de las de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna, realizaron el Foro Macrosur titulado “Construyendo propuestas de salida a la crisis desde el sur”.

Como resultado de las reuniones de articulación e intercambio de experiencias, representantes de las organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Fiscalía y al Poder Judicial celeridad en las investigaciones, sanciones a los responsables y retorno de las carpetas fiscales a los lugares donde sucedieron los hechos. Además, demandan particularmente al Ministerio Público que garantice el acceso a la Justicia para las víctimas y que no se obstruyan las investigaciones.

Por otra parte, instan al Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial cesar la persecución a dirigentes, líderes y lideresas, y dejar de criminalizar la protesta social.

En relación al fortalecimiento de la unidad y de la articulación organizacional en los ámbitos locales, regionales y nacionales, plantean generar espacios de formación política desde los territorios. De tal forma, que los pueblos originarios generen nuevas formas de representación política en los espacios regionales, macrorregionales y nacionales en la toma de decisión sobre el destino y futuro del país.

Las organizaciones también reivindican y reconocen el rol protagónico en este proceso de lucha de las mujeres indígenas, que se han movilizado para denunciar los abusos de los Derechos Humanos y recuperar la democracia.

Reiteran su rechazo al extractivismo que identifican como fuente de destrucción de la madre tierra, que contamina las fuentes de agua y acaba con biodiversidad, y afecta gravemente la salud de las personas. Por ello, exigen del Estado efectiva regulación y control ambiental y social de las actividades extractivas para proteger los recursos naturales renovables como fuente de vida de las actuales y futuras generaciones.

En el contexto de crisis climática e hídrica, reclaman al Estado peruano identificar, zonificar y proteger las cabeceras de cuenca, lagos y los ríos de todo tipo de actividades que las impactan negativamente y pongan en riesgo la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, y exigen que se respeten los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios sobre su territorio.

En relación a la situación económica de las comunidades, las y los representantes de las organizaciones denuncian que la pobreza y la falta de oportunidades están empujando a sectores de la población a buscar alternativas de empleo e ingreso en las economías ilegales que dañan el medio ambiente, explotan a la juventud y generan situaciones de violencia. Para contrarrestar este fenómeno exigen del Estado políticas que revitalicen la agricultura campesina, fuente de alimentación popular y de resistencia cultural.

Finalmente, reafirman su compromiso de seguir luchando por un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva Constitución, en la que se reconozcan la existencia, identidades y derechos de los pueblos originarios y campesinos. En palabras textuales del pronunciamiento: “Desde la Macrosur, creemos firmemente que la salida a la crisis pasa por escuchar a las poblaciones organizadas y movilizadas atendiendo sus demandas políticas de adelanto de las elecciones generales y un referéndum para decidir sobre una asamblea constituyente”.

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PCM tiene pendiente aprobar el reglamento de la Comisión Multisectorial encargada de vigilar el Plan Especial Multisectorial para personas expuestas a metales tóxicos

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene en sus manos la aprobación del reglamento interno de la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento a la incorporación de la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

Este documento es de suma importancia para el funcionamiento de esta comisión que, a la vez, vigila la implementación nacional del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la población expuesta a metales pesados. De acuerdo al Ministerio de Salud, existen 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales pesados en el país. Mientras que, en Paragsha, en Cerro de Pasco, el estudio de Source International, ha demostrado daños al sistema nervioso, intelectual y motriz de los niños. Por tal motivo, se requiere de una pronta respuesta por parte del Ejecutivo.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas, ha enviado la propuesta del reglamento a la PCM, según informó el especialista ambiental Noly Rivero, aunque no ahondó en detalles en cuestiones de fecha. Esa fue su respuesta al ser consultado públicamente por el presidente de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Víctimas de Metales Pesados, Felix Suasaca. Ambos participaron, el viernes último, en el ciclo de documentales sobre impacto de los metales pesados en la salud ambiental y humana, organizado por Centro Labor Pasco, Source International, Red Muqui, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.

Esta Comisión Multisectorial fue creada, el 25 de octubre del año pasado, a través del Decreto Supremo N° 129-2022-PCM. Han transcurrido 10 meses desde entonces. Conforme a esta resolución, dentro de las funciones de la comisión figura realizar el seguimiento de las acciones desarrolladas y evaluar la implementación del Plan Especial Multisectorial (Resolución Suprema N° 034-2020-PCM).

Además de abordar el estado de dicho reglamento interno, al finalizar la proyección de dos documentales, se analizó el cumplimiento de la Ley para Fortalecer la Prevención, Mitigación y Atención de la Salud Afectada por la Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, Ley N° 31189.

Sobre este punto, el jefe de equipo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Percy Herrera Añazco, dijo que es una tarea pendiente contar con recursos económicos para infraestructura sanitaria, así como tener suficientes toxicólogos. No obstante, consideró que se ha avanzado en la capacitación al personal de salud, evaluación a los pacientes y asistencia técnica a pesar de las evidentes debilidades del sistema de salud.

El reglamento de esta Ley N° 31189 establece un plazo de 90 días hábiles para la creación del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación de Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, fecha que vence el próximo mes de septiembre, por lo cual hay expectativa de la sociedad civil organizada.

Recordemos que, el año pasado, se publicó también la Ley Nº 31565 que reconoce el derecho de conocer los indicadores de contaminación por metales y los niveles de afectación de los ciudadanos, y declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, implementación y funcionamiento del hospital de desintoxicación de nivel II-E y del laboratorio toxicológico especializado en el departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica, y en otros departamentos, en modo progresivo, a nivel nacional; sin embargo, sobre este propuesta no hay muchos avances.

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Comisión multipartidaria suspende sorpresivamente presentación de los resultados del estudio sobre salud ambiental y humana de Pasco

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La presentación de los resultados del estudio científico sobre salud ambiental humana de Pasco fue suspendida sorpresivamente por la Comisión multipartidaria investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio, y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y del Perú, a dos días de desarrollarse el evento.

De acuerdo al oficio enviado por el presidente de la Comisión Multipartidaria, Idelso García Correa, a las instituciones organizadoras, la cancelación es “por motivos de agenda parlamentaria”. El documento también señala que el congresista comunicará la próxima fecha y hora de reprogramación de la quinta sesión extraordinaria donde iba a presentarse dicho estudio en el Congreso de la República.

La exposición de los resultados de la investigación iba a estar a cargo de la científica ambiental y representante de Source International, Laura Grassi, quien viajó desde Italia exclusivamente para participar del evento (viernes 18 de agosto), pues ella estuvo a cargo del estudio junto al ecologista y naturalista Flaviano Bianchini.

Las instituciones organizadoras de la presentación del estudio son Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Red Muqui, Source International, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha, y la Comisión Multipartidaria integrada por los congresistas Idelso García Correa (Alianza para el Progreso), Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Avanza País – Partido de Integración Social), Miguel Angel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), Dávila Pasión Neomias (Bloque Nacional de Concertación Nacional) y María Zeta Chunga Cruz (Fuerza Popular).

Finalmente, desde Red Muqui consideramos que la problemática ambiental y de salud de Pasco amerita ser atendida con prioridad, sobre todo cuando el estudio sobre salud ambiental y humana demostró la afectación a la salud de los niños que viven en Cerro de Pasco, debido a la exposición de sus cuerpos a metales pesados y las enfermedades que padecen por la ingesta, el contacto y la respiración de partículas en todo su entorno.

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