La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional:

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio». Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

ESTE 25 DE JULIO

  • Al igual que otras organizaciones, RED MUQUI donará publicaciones al público para dar a conocer su agenda de trabajo

La RED MUQUI participará por primera vez en esta 21 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL LIMA 2016), junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil, como parte de la Jornadas de participación de las organizaciones y redes de sociedad civil en la FIL Lima 2016, espacio (stand N° 11) en el que cada día, una organización distinta hará uso del mismo para la presentación de sus últimas publicaciones, así como de las actividades y el trabajo que vienen realizando; de igual modo por medio del diálogo con el público interesado.

Este año, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) ha coordinado la presencia de unas 30 instituciones, entre organizaciones y sindicatos, que trabajan temas como: derechos humanos, pueblos indígenas, minería, educación, género, gestión del territorio y salud. El stand N° 11, asignado a la Sociedad Civil peruana, también será un espacio de diálogo para que cada representante de conocer cómo es que su institución aporta a la generación de políticas públicas y al desarrollo del país mediante resultados sostenibles en la calidad de vida de los peruanos, así como la importancia de las organizaciones Sociedad Civil como agentes claves y garantes de un Estado democrático y plural.

Algunas organizaciones, tal como es el caso de RED MUQUI, obsequiarán libros a los asistentes.  Estas publicaciones tratan diversas investigaciones e informes de casos, sobre conflictos socio-ambientales, comunidades y minería, medioambiente, industria extractiva, temas que forman parte del trabajo que realiza la RED MUQUI.

Otras, ofrecerán –en venta o donación– textos sobre temas como derechos humanos, ética corporativa, globalización, movimientos sociales, ciencias sociales y política, estado y gobernabilidad, género, comunicación política, economía solidaria, entre otros.

Entre los títulos que el colectivo pondrá a disposición de los asistentes de la FIL LIMA 2016, están: Análisis de los Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú (2015), Los Pasivos Ambientales Mineros: diagnóstico y propuestas (2015), Propuesta de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (2014), entre otros.

Asimismo, el miércoles 27 de julio, la RED MUQUI presentará la publicación “Las luchas sociales por la tierra en América Latina: Un análisis histórico, comparativo y global”,  raíz del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, que organizó en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad San Marcos y el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica.

DATO

La FIL 2016 se llevará a cabo de 15 al 31 de Julio y estará ubicada en Parque de Los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María, Lima). El horario de atención al público será desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.

Organizaciones y redes que participan: ANC, CLADEM, Asociación Filomena, CCP, CNA, COEECI, ALDEHUS, COPEME, Fortalecer, PROMUC, Onamiap, Fenmucarinap, CAAAP, AIDESEP, Grupo COP, MOCCIC, RAP, DAR, CGTP, CUT, CAT, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Foro Salud, Grupo Propuesta Ciudadana, Conamovidi, Femocpaalc, CONADES, Grupo Nacional de Presupuesto Público, y el FSP (Foro PanAmazónico).

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que «queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida».

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que «la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta».

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron – en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

DETERMINA ÚLTIMO LIBRO DE OXFAM EN PÉRU

  • Esta norma, conocida como ‘paquetazo ambiental’,  representa un caso de captura política del Estado
  • Nuevo gobierno debe fortalecer institucionalidad ambiental
  • OXFAM lanzó publicación «CUANDO EL PODER EXTRACTIVO CAPTURA EL ESTADO»

En el marco de la presentación de la publicación: “Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú”, del investigador y experto en grupos económicos, Francisco Durand, y que contó con el apoyo de Oxfam en Perú, se discutieron procesos de captura política en el país, así como los efectos negativos de la Ley N° 30230 – Ley que establece medias tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (julio, 2014), conocida como ‘paquetazo ambiental’.

En opinión del investigador Francisco Durand, la norma, cuyo principal impulso llegó del sector privado, es una prueba clara de captura del Estado por una élite de poder económico compuesta por gremios empresariales, medios de comunicación y think tanks. La citada ley, cuyo objetivo según su nombre lo indica fue “establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”,  legisla a través de 65 artículos en una serie de ámbitos que van desde el ambiental, social y tributario.

En el aspecto tributario, la ley es negativa por varios factores, opina Francisco Durand. “Concede una amnistía en el caso de deudas tributarias pendientes de pago, sea cual fuere el estado en que se encuentren, con lo cual reduce la capacidad de sanción a los malos contribuyentes. Además, condona deudas que incluyen el pago de las pensiones y aportaciones al sistema nacional de salud, lo que puede ser considerado inconstitucional, en tanto esta clase de recursos son derechos inalienables”, explica. Por último, Durand resalta el hecho de que se haya suspendido la Norma XVI del Código Tributario, que calificaba la elusión tributaria, recortando esta capacidad supervisora y sancionadora de la Sunat.

Más allá de la dimensión tributaria, la cuestionada ley recortó por tres años la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), limitando la posibilidad de multar a las empresas solo en casos excepcionales. Según Milagros Salazar, directora del portal periodístico Convoca, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental  bajo esta norma, con graves efectos ambientales y económicos: “Con la ley 30230 se premió el mal comportamiento de empresas y se dejó de cobrar a empresas mineras y petroleras hasta S/.55 millones en sus primeros ocho meses de aplicación, si se toman en cuenta las resoluciones de sanción ratificadas por el OEFA”, explicó Milagros Salazar.

Finalmente, Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú, recordó que el Título III de la Ley 30230 estableció “procedimientos especiales para el saneamiento físico legal”. Según precisó, ello permite que los diversos proyectos de inversión accedan a territorios rurales de manera expeditiva, recortando poderes de la Sunarp, acelerando plazos y procedimientos,  y relativizando el necesario ordenamiento territorial.

“En un país donde cada sector estatal opera con su propio catastro, esta situación pone en riesgo la propiedad de miles de pequeños campesinos/as e incluso de comunidades campesinas y nativas que aún no han legalizado la propiedad colectiva de sus territorios”, advirtió Pinto.

En esa línea, sostuvo que los retos del nuevo gobierno deben estar marcados por una agenda abierta frente a la Ley 30230 y las posteriores normas que la reforzaron. “Es necesario repensar la institucionalidad ambiental debilitada con la 30230, así como el ordenamiento territorial como el mejor sistema de prevención de conflictos socioambientales. No se puede seguir con lógicas cortoplacistas, como las que se han impulsado en los últimos 20 años, pues no han generado resultados satisfactorios ni justos”, dijo.

Fuente: OXFAM en Perú

Fotos: Atoq Ramón / OXFAM en Perú

EN CAJAMARCA

  • Este fue principal pedido de la población al acatar paro indefinido de 11 días en la provincia

El Ministerio del Ambiente (MINAM) declaró en Emergencia Ambiental la Provincia de Hualgayoc Bambamarca, después de evaluar información que le fue presentada como sustento técnico por parte del Gobierno Regional de Cajamarca y otras entidades. Esta decisión fue comunicada durante la Tercera Mesa de Trabajo realizada en la provincia de Hualgayoc – Bambamarca entre las autoridades locales y provinciales, y funcionarios del sector.

Es así, que desde este lunes (27 de junio) los equipos técnicos comenzarán a establecer las acciones de corto y mediano plazo de descontaminación de los ríos Arascorgue y Maygasbamba y los cientos de pasivos mineros producto de la irresponsabilidad de las empresas mineras que trabajan en esta provincia.

Como próximas acciones se acordó lo siguiente:

  • Tener los planes de remediación de las 973 zonas contaminadas con pasivos ambientales minero.
  • Reactivar la planta del Sinchao para tratar las aguas contaminadas de ese sector.
  • Conformar los Comités de remediación en los distritos.
  • Elaborar un estudio para ver las zonas con alto riesgo con presencia de poblaciones cercanas para proponer donde instalarían plantas de descontaminación.

El último jueves 16 de junio en Bambamarca, se desarrolló la primera reunión de trabajo para abordar las acciones de descontaminación de los ríos Tingo Maygasbamba, Arascorgue y Perlamayo. Como resultado se conformó el grupo de trabajo presidido por Fernando Castillo (MINAM), Julio Díaz Palacios del Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas (MINEM), Sergio Sánchez y Manuel Ramos, del Gobierno Regional de Cajamarca; Edy Benavides, alcalde provincial de Hualgayoc-Bambamarca; César Torres, en representación de la municipalidad distrital de Hualgayoc; Orlando Mejía de la municipalidad distrital de Chugur. Mientras que por parte de la sociedad civil participaron Ismael Julón, Eloy Sánchez, Guido Peralta, Elías Gálvez y Amelia Benavides.

Paro indefinido

El 27 de mayo, se suspendió la medida de fuerza, y tras una reunión que duró cerca de siete horas,  la mesa de diálogo presidida por el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno, se acordó asignar –mediante resolución de reconocimiento oficial– un presupuesto de S/. 65 millones para el seguimiento técnico y financiero de los procesos de la tan solicitada remediación de pasivos ambientales (973). Ello bajo la vigilancia a cargo del Comité de Monitoreo, conformado por alcaldes, representantes de la sociedad civil y otros actores de la zona de intervención.

Todo ello, luego que la población de esta provincia, acatara un paro indefinido de 11 días (del 16 al 27 de mayo) que fue convocado por las organizaciones sociales de la ciudad de Bambamarca (provincia de Hualgayoc), para exigir la remediación ambiental inmediata de los ríos Tingo Maygasbamba, Arascorgue, al igual que de los casi mil pasivos ambientales que existen en las cabeceras de cuenca, a causa de la actividad minera en la zona.

Origen de la contaminación

El río Tingo–Maygasbamba se encuentra contaminado por los relaves mineros de Minera San Nicolás que opera en el sector de Hualgayoc, donde nace el río Tingo. A estos relaves se suman los pasivos de otras mineras que años atrás extrajeron mineral en la zona. En el caso del río Arascorgue, este recibe los pasivos mineros de la Minera Colquirrumi, subsidiaria del grupo de minas del Ex Banco Minero, y otras mineras que dejaron sus relaves sin tratamiento, hace más de treinta años.

Remediaciones pendiente en Cajamarca

Las empresas mineras que tienen contrato vigente y trabajan en la explotación de minerales en la región Cajamarca, tienen la obligación de hacerse cargo de los pasivos ambientales. Sin embargo, a la fecha muchas de estas no cumplen con su obligación. La Comisión del Medio Ambiente del Consejo Regional y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca habrían logrado gestionar que el Gobierno Central asigne 37 millones de soles, para poder remediar 173 zonas contaminadas, a través de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

DATO:

En toda la región Cajamarca existen 1078 zonas contaminadas, producto de la actividad minera; y de éstas, 953 se concentran únicamente en la provincia de Hualgayoc–Bambamarca.

Fuente: SERVINDI / Noticias SER / La Prensa del Norte

Fotos: Andina / Proactivo

LO QUE NOS DEJÓ LAUDATO SI’ WEEK

  • Señala Obispo uruguayo, Monseñor Julio Bonino en Conferencia on line
  • Webinar sobre primer aniversario de “Laudato Si, también trató tema de los medios digitales y consumo distorsionado

El Obispo de Tacuarembó (región de Tacuarembó, Uruguay), Monseñor Julio Bonino, afirmó que la movilización ciudadana es la única la manera de hacerse escuchar y evidenciar los estragos de la  contaminación ante los gobiernos latinoamericanos, que en su mayoría, han tomado una posición extrema y favorable a la megaminería, sin tomar en cuenta los reclamos de quienes son directamente.

“La única manera para hacer frente a esta situación es la movilización. En los lugares en donde hay una población que grita, aunque sean débiles, es más posible que uno ahuyente las propuestas extractivas que envenenan para siempre los acuíferos. Esto se logra a través de la movilización, y de la concientización de que las cosas son nuestras, que somos parte de lo que nos rodea, y que por lo tanto, existe un derecho sobre lo que se decida”, enfatizó, Monseñor.

En el marco de la Conferencia On Line que organizó el Movimiento Católico Mundial por el Clima al cumplirse el primer aniversario de “Laudato Si”, Bonino señaló que hoy en día, aquellos que cuestionan o exigen la opinión ciudadana sobre ciertos megaproyectos, son vistos como ingenuos u opositores al desarrollo, aun así la movilización no debe dejar ser la opción.

“A uno le saben decir que está en contra de las fuentes de trabajo, le dicen de todo para mitigar una postura. Aun así el organizarse y el manifestar está en torno a tener que moverse, y manifestar públicamente la negativa a que envenenen el futuro de nuestros hijos”, comentó.

Asimismo, el Obispo uruguayo afirmó que con el aporte de “Laudato Si”, el método “ver, juzgar y actuar” tiene posibilidad de transformarse en “contemplar, discernir y proponer”. Además propuso que para introducir los nuevos valores que la encíclica requiere, sería necesario modificar el año litúrgico y darle un mayor sentido a las cosas naturales.

El Papa y los medios digitales

Otra de las ponentes en esta conferencia On Line, fue la Hermana Xiskya Valladares, Cofundadora del movimiento #Imision, quien habló sobre la apartado 47 de Laudato Si’, en donde Francisco advierte sobre el uso inadecuado del mundo digital y la superficialidad en que este nos hace vivir, en cuanto a relaciones humanas.

Para ello resaltó tres ideas del apartado 47: “Vivir sabiamente el mundo digital”, sin que estos lleguen a ser omnipresentes en nuestra vida. “Evitar la contaminación mental”, tomando en cuenta que Internet esta sobresaturado de información que muchas veces nos lleva a la superficialidad. Ante ello, el Papa insiste el diálogo y el encuentro generoso entre las personas, que no se consigue con una mera acumulación de datos.

“La calidad de nuestras relaciones digitales”, que no implica estar ‘amarrados’ a tantos dispositivos, ni tener relaciones superficiales con los demás. En esta parte de la encíclica, el Papa dice que “los medios digitales permiten que nos comuniquemos y compartamos conocimientos, sin embargo, nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor o la alegría del otro, es decir, con la complejidad de la experiencia personal.

“No podemos vivir con doble personalidad, una en lo digital, y otro en lo presencial. En ambos espacios somos una sola realidad. En ambos somos cristianos”, replica la religiosa, quien además  sugiere colocarnos un horario de acceso a Internet.

Valladares recordó que Benedicto XVI decía que un versículo de la Biblia cabe en 140 caracteres y tiene un mensaje profundo. Entonces, antes de emitir un tuit, es necesario orar, pensar mucho en algo que impacte y conecte, en poco espacio, y sobre todo, y transmitir valores que estén interiorizados en nosotros, de los contrario no podremos difundir el mensaje de Laudato Si’.

Replantear la economía y el consumo

Pablo Canziani, Doctor en ciencias físicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) remarcó la importancia de que en Laudato Si’ se haya integrado la ciencia y la fe, ya que la necesidad de encarar este problema es única y no por separado.

“Un solo camino y una sola solución con avances en la ciencia, lo cual queda en claro en la primera parte de la encíclica. Francisco reclama avances no solo en las ciencias naturales, sino en las económicas y sociales. La economía es la que está más rezagada en los avances porque nos manejamos con conceptos del siglo XIX”, puntualizó.

En ese sentido, Canziani dijo que era necesario replantear el sistema planteado por la economía de hoy, que nos invita a realizar un consumo salvaje y distorsionado, el cual puede ser revertido a través de un cambio individual.

“Hay que trabajar con el concepto de consumidor responsable y ciudadano exigente. Los cambios vienen de abajo a arriba. Esto parte por analizar cómo es que consumimos y cuál es nuestro rol en lo que usamos. Empezar a verificar como es que se produce lo que consumimos, porque muchas veces se usan esclavos modernos, que pueden ser más de los que imperios de la antigüedad. Es un imperativo moral”, agregó.

VIDEO DE LA CONFERENCIA ONLINE 

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Video: The Global Catholic Climate Movement 

En el día del campesino, 24 de junio, la RED MUQUI se reafirmó en la necesidad de respetar los derechos a nuestras Comunidades Campesinas, a través del cumplimiento de las leyes que respaldan la propiedad colectiva y la consulta previa. Más aun cuando existe una normativa que va en contra de ello; tal como son las normas de los paquetazos normativos promovidos durante éste gobierno, causa de la presión del poder económico

El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recordó que las leyes N° 30230 y N° 30327, así como los decretos supremos N° 054 y N° 060 (EM), del año 2013, y el N° 015-2015- EM, afectan seriamente el derecho a la propiedad colectiva de la tierra y a la consulta previa, que están sustentados en el artículo 89 de nuestra Constitución, en la Ley de Comunidades Campesinas y en la Ley 26505, Ley de Tierras a nivel nacional, y a nivel internacional, en el Convenio 169 de la OIT.

De igual modo, resulta lamentable para la RED MUQUI, como es que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), busque facilitar el acceso a las tierras de las Comunidades en perspectiva de permitir la ejecución de próximos proyectos, especialmente mineros.

“Esperamos que ello sea evaluado por el siguiente gobierno, por ser una decisión inconstitucional. Nuestras comunidades campesinas ocupan cerca del 30% del territorio nacional actualmente. No obstante, cerca un 50% de dichas tierras que ya están concesionadas para la actividad minera”, agregó Jahncke Benavente.

De otro lado, la RED MUQUI se mostró en descuerdo que el MINAGRI limite la definición del campesino, a solo ser agricultor y emprendedor, olvidando que pertenecen a una comunidad, que transmite y mantiene vivos nuestros saberes y culturas ancestrales.

“Es discriminador plantear que es despectivo hablar de comunidades, y hablar de emprendedores o sólo agricultores, ello no refleja a las comunidades campesinas de manera colectiva, sino la perspectiva de eliminarlas y de buscar niveles de negociación individual, que es lo que ha planteado el próximo Ministro de Economía”, indicó el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

El 7% de la canasta familiar a nivel nacional, según datos de CEPES, está sustentado en la actividad económica de la agricultura familiar, que en gran parte depende de nuestras comunidades campesinas. Lamentablemente las tierras agrícolas de nuestras comunidades no se encuentran protegidas, por ello están en riesgo de ser afectadas por decisiones del Estado y del poder económico.

DATO:

Día del Campesino vino a reemplazar al Día del Indio que se celebraba desde el 24 de junio de 1930, año en que fue creado por el presidente Augusto B. Leguía, habiéndose escogido esta fecha porque se celebraban los concursos de Música y Bailes Nacionales de Amancaes, lugar al cual el gobernante solía asistir.

El 24 de junio de 1969, cuando el presidente Juan Velasco Alvarado promulgó su Ley de Reforma Agraria, también cambió la denominación del Día del Indio por el Día del Campesino.

Foto: Diario Correo

RED MUQUI SOBRE ENCÍCLICA AMBIENTAL

  • Francisco señala que actividades extractivas no deben someterse a presiones políticas y económicas
  • Conversatorio “Laudato Si’ un año despúes” formó parte de las actividades internacionales sobre la carta encíclica

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, señaló que en la encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos extractivos, y cuestiona la falta de participación de todos los actores desde antes de su aprobación.

“En el Perú, las decisiones sobre donde hacer actividad –minera en este– son exclusivas del gobierno y la empresa, no existe participación de las poblaciones en esos procesos, es decir hay decisión desde los poderes económicos y políticos, algo que el Papa cuestiona en Laudato Si’”, comentó el representante de la RED MUQUI.

Pese a que el sumo pontífice menciona la importancia de la transparencia de la información en un proyecto extractivo y que esta no debe ser posterior a la aprobación de una EIA, Jahncke Benavente recordó que en el Perú, a las comunidades que habitan en zona de influencia del proyecto, solo se les informa sobre el EIA en términos técnicos sin que se recoja su opinión.

Desde el punto de vista eclesiático, Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo, remarcó que la última encíclica es una aire fresco que Francisco ofrece al mundo y a la iglesia católica, y que se resume a la interconexión de Dios, el ser humano y la naturaleza, una armonía que hoy en día está dislocada, y que Laudato Si’ propone curar esta herida.

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), dijo que es necesario reconocer que la carta encíclica ha remecido los cimientos de la iglesia católica al ser una invitación a rehacer los vínculos con Dios y el planeta: la defensa de la vida y de la creación de Dios.

“Para el Papa Francisco, al actual paradigma económico es un sistema idolátrico y perverso porque antepone el dinero a las necesidades de los más pobres. Como iglesia no debemos callar, y lo hemos ido planteando en ocho conferencias episcopales en Latinoamérica se han pronunciado sobre este tema que no nos es ajeno al ser una cuestión humana”, refirió Monseñor Barreto.

De igual manera, Rocío Valdeavellano del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), destacó la labor del Papa Francisco como líder espiritual que no cae en el espiritualismo, y vive la realidad sin caer en un discurso de autoridad política o científica. Esta posición es la que lleva a Francisco a dirigir la encíclica a la humanidad entera, no solo a los católicos en el mundo.

Es así que la representante del MOCICC, recoge la postura del papa frente al actual modelo de producción y consumo que impulsan un estilo de vida que nos responsabiliza a todos en la falta del cuidado de nuestro planeta.

Asimismo, Valdeavellano resaltó como Laudato Si’ ha influido en el movimiento ciudadano e iglesias no católicas, pero sobre todo, el reconocimiento del Santo Padre a los movimientos socioambientales que defienden la protección del medioambiente, y que son considerados como “estorbos” por el status quo. Es por ello, que la encíclica llama a la acción ciudadana.

“Quienes buscamos ser seguidores de Jesús hoy en día, tenemos el reto de decidir si defendemos el futuro de la vida y del planeta, no solo de ceñirnos al evangelio. Una forma es difundir y aplicar la encíclica en la realidad peruana, identificarnos con el desarrollo de un estilo de vida sostenible y solidario”, convocó.

Por su parte, Eduardo Calvo, Presidente Adjunto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estuvo presente en el conversatorio a título personal  para comentar el segundo capítulo de la encíclica, el mismo que se ocupa del diálogo intenso entre la ciencia y la religión, y que ha dejado de lado las diferencias para concordar una posición sobre el cambio climático. Asimismo, expuso sobre el nuevo concepto de ecología integral que nos trae Laudato Si’ en su cuarto capítulo.

“Este concepto nos habla de tener una ecología económica, política y social, cultural y de la vida cotidiana, el principio de bien común; que no es otra cosa que la justicia entre las generaciones y una urgente y renovada solidaridad intrageneracional. Esta ecología integral es una base para pasar a la acción a través del diálogo que impulse a la política y a la economía al servicio de la vida humana; así como el diálogo entre las religiones y la ciencia”, subrayó.

Como parte de las actividades oficiales de la Semana de Laudato Si’ (del 12 al 19 de junio), RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizaron el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI