Congreso debe archivar proyecto de ley que autoriza licencia de construcción y operación de centrales hidroeléctricas sin planificación, ni consulta previa

A pocos días del cierre del Legislativo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley N° 2747/2013-CR con la finalidad de “declarar de necesidad pública e interés nacional la priorización de la construcción de todas las centrales hidroeléctricas que se instalen en el país hasta el 2024 cuya capacidad instalada sea mayor a 20MW”, sin indicar las características y localización de los proyectos (esta medida promueve una vez más cualquier proyecto , literalmente cualquiera pues no hay lista de proyectos priorizados), ni la política, plan o programa que sustenta dicha propuesta. Si bien es importante contar con suficiente capacidad instalada para atender la demanda eléctrica del país, es necesario que los proyectos de generación, trasmisión y distribución eléctrica se promuevan en base a una planificación por parte del Estado peruano que considere información actualizada sobre el potencial hidroeléctrico y las proyecciones de la demanda eléctrica. Asimismo, esta planificación debe realizarse analizando los posibles impactos sociales y ambientales del conjunto de proyectos a promoverse y aplicando la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.

Cabe señalar que las experiencias en la generación de normas declarativas se ha convertido en una vía para eludir la normativa y debilitar los estándares ambientales y sociales bajo el pretexto de reducir trámites, como ya ha ocurrido en años anteriores, pues con la declaración de necesidad pública e interés nacional, eluden la exigencia que se realicen estudios de factibilidad, es decir, realizar el proyecto sin saber si es viable, rentable o sostenible.

Si bien el proyecto de Ley solicitó opinión a MINEM, COES, OSINERGMIN, CONFIEP, Y SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA, se ha obviado y tampoco han solicitado la opinión de MINAM, MINCU, SERNANP, SENACE, CEPLAN, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sociedad Civil, Pueblos Indígenas y sus organizaciones, los cuales velan por la adecuada gestión de recursos naturales, siendo los pueblos indígenas los mayores afectados por este tipo de proyectos pues se superponen sobre sus territorios.

Finalmente, recalcar que es sumamente irresponsable que los Congresistas de la República de la Comisión de Energía y Minas promuevan el desarrollo de proyectos sin la información técnica y especializadas sobre los recursos hídricos en el país y sin las salvaguardas ambientales y sociales necesarias que permitan reducir posibles conflictos socio-ambientales, la afectación de los ecosistemas acuáticos y la degradación ambiental. Por ello, las organizaciones abajo firmantes exigimos al pleno del Congreso de la República a archivar el Proyecto de Ley 2747/2013-CR y solicitamos a las autoridades competentes planificar adecuadamente las actividades del sector eléctrico respetando la legislación nacional.

Lima, 17 de junio de 2016.

Firman:
1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
2. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
3. Central Ashaninka del Río Ene (Care)
4. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
5. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
6. Confederación Campesina del Perú (CCP)
7. Confederación Nacional Agraria (CNA)
8. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
10. Earth Rights International
11. Fórum Solidaridad Perú
12. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
13. Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GT-CNDDHH)
14. Instituto de Defensa Legal (IDL)
15. Instituto IDLADS PERÚ
16. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
17. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
18. RED MUQUI Perú

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Existen 8 retos que los gobiernos deberían asumir ante la caída de precios de los metales

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EN LATINOAMÉRICA
• Eduardo Gudynas estuvo en el Foro público:»Alternativas al Extractivismo: Los retos para el nuevo gobierno”, organizado por RedGe y CLAES

Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES Uruguay), puso sobre la mesa 8 retos que todos los países de Latinoamérica tienen en común, para hacer frente a la caída de precios de los minerales e hidrocarburos; situación que ha llevado a los gobiernos latinoamericanos –incluyendo al Perú– a tomar medidas que van en contra de las poblaciones indígenas, incluso de su propia institucionalidad ambiental.

A menor precio, mayor volumen extractivo
El coordinador ejecutivo de CLAES observó que la caída del precio de las materias primas no ha causado ninguna disminución en las actividades extractivas, sino todo lo contrario; se ha visto un aumento de presión en presión en minería e hidrocarburos, a través de los gobiernos y las medidas para compensar esta pérdida en los mercados internacionales.

Gudynas citó como es en que Bolivia ha exonerado a las empresas extractivas de evaluaciones ambientales, y sobre todo del mecanismo de consulta ciudadana a los territorios indígenas y de protección de áreas protegidas, pese a que su propia normativa exigía lo contrario. El investigador uruguayo mencionó que para alentar las inversiones, el gobierno de Evo Morales decretó un paquete de medidas de apoyo económico, en base a subsidios y exoneraciones fiscales, por un valor de solo US$ 3,500 millones para la explotación petrolera.

“La lógica es “bajan los precios, aumento el volumen extractivo”, sin embargo el resultado ha sido el incremento de conflictos con las comunidades ahondar las fracturas con los pueblos indígenas y el gobierno, así como una serie de impactos ambientales y sociales”, indicó.

Licencias y normas que debilitan
Gudynas expuso que ante una caída de precios en las materias primas, en Latinoamérica ya es común flexibilizar y minimizar la normativa, así como las vías administrativas del Estado para hacer el control ambiental en diferentes rubros.

Desde hace algunos años, en Colombia se decidió aligerar la presión normativa y de control, al otorgar títulos y concesiones de manejo en menor plazo, las llamadas licencias ambientales “express” que solo conllevaron al aumento de conflictos locales y resistencias ciudadanas. Esta situación les demuestra a los gobiernos que “Si yo aligero el licenciamiento, no se resuelven los problemas con los grupos locales”.

A ello se suma la dudosa legalidad de estas normas que contradicen a otras ya establecidas, o pretenden debilitar las funciones de las instituciones ambientales del Estado. Un ejemplo, es como en Uruguay se creó por decreto una nueva agencia de rango en la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático, una “agencia” que causa vacíos y va haciendo innecesarias las propias gestiones y competencias del actual ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente.

“Esta debilidad de institucionalidad ambiental en Latinoamérica hace que los problemas ambientales se acumulen. No hay otra solución más que fortalecer las instituciones ambientales, aplicando la normativa ambiental”, indicó como uno de los retos.

Corrupción y extractivismo
Eduardo Gudynas dejó en claro que el flagelo de la corrupción en los procesos de concesión, es independiente con que los gobiernos sean conservadores o progresistas. Por ello, consideró que es necesario asumir que en realidad, los megaproyectos en basados en actividades extractivas solo son viables si aprovechan cierta ilegalidad para conseguir permisos. Algo ante lo cual los Estados deben protegerse.

“Todos los países latinoamericanos tienen casos de corrupción en el sector extractivo; algunos que van desde otorgamientos ilegales de concesiones mineras hasta sobornos para que no diga nada sobre el uso excesivo de contaminantes. Para todos los regímenes de propiedad encontramos casos de corrupción en Extractivismo, entre empresas estatales, empresas mixtas, empresas privadas bajo manejo estatal como la minera brasilera Vale, y de las que son netamente privadas”, subrayó.

Minería ilegal
En este tema, el autor de “Extractivismos” dijo que no se debe dejar de lado la contribución de las empresas formales que le compran a los mineros ilegales, y que habría que comenzar a preguntarse si es necesario implantar una moratoria.

Mirar hacia las zonas rurales
Durante su participación en el Foro Público sobre Alternativas al Extractivismo 2016 en Perú, Gudynas remarcó que los grupos afectados corresponden a poblaciones rurales -numéricamente pequeños-pero no menos importantes. De manera que la presión política y el caudal electoral que ejercen, también lo son, si se compara con las grandes ciudades.

“Para muchos partidos, esta población comunal no es necesaria para una elección, y esto se repite en todos los países latinoamericanos. Un caso dramático es el de Brasil de los pueblos indígenas, donde las organizaciones que trabajan, como el Consejo misionero de la iglesia católica, indican los últimos gobiernos han tenido las peores políticas para estas poblaciones”, comentó.

No dejar otros desarrollos alternativos
Tras aclarar que no propone la erradicación de la minería. El especialista en temas extractivos, indicó que en Latinoamérica, es preocupante la tendencia de combatir cualquier iniciativa o propuesta de plan alternativo de desarrollo, desde los mismos gobiernos.

“Esto contribuye a generar la imagen de que no existen alternativas posibles al extractivismo de inserción a la globalización y quienes las proponen no son alentados por el gobierno. Para buscar otras Alternativas de desarrollo, es necesario que participen los gobiernos y las universidades, porque las organizaciones locales tienen capacidades limitadas para abordar semejantes desafíos. No es su rol”, lamentó.

Democracia y valores
Para Gudynas los gobierno no deben dejar de lado que políticas ambientales también deben discutirse en términos de justicia y de moral, ya que en Latinoamérica también se evidencia la tolerancia –desde las grandes ciudades– a ciertas formas de represión y hostigamiento que se ejercen sobre comunidades locales que cuestionan un proyecto extractivo.

“El habitante urbano señala que “son indios que impiden el desarrollo” y en la sociedad estamos tolerando expresiones de injusticia y hasta algunas violaciones a los derechos humanos como algo normal”, agregó.

Dar valor a la naturaleza
Para el investigador de CLAES es necesario avanzar un paso más, desde los derechos humanos, y comenzar a discutir cuál es el valor de la naturaleza en un debate que incorpore la categoría de los ‘derechos de la naturaleza’.

“No debemos olvidar la innovación que ha hecho la nueva constitución del Ecuador, como el reconocimiento de los valores propios de la naturaleza, lo cual cambia buena parte de los procesos de decisiones sobre evaluaciones de impacto ambiental, y como acompasar proyectos de inversión con la protección del medio ambiente”, explicó.

No obstante, lamentó que en este país se entre en contradicción y se opte por el extractivismo, debilitando la propia idea constitucional de “derechos de la naturaleza”. En este punto, Eduardo Gudynas culminó su intervención con la siguiente reflexión:

“Escuchar a los mercados es la función del ministerio de Economía y Finanzas, y no del ministro del Ambiente, quien debe ocuparse de la naturaleza , escuchar a las plantas y a los animales, algo que suena raro pero que corresponde a una nueva sensibilidad, a la que apunta el nuevo marco constitucional del Ecuador”, finalizó.

DATO:
Gudynas estuvo junto a José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y subdirector de CooperAcción, César Ipenza, jefe del programa ambiental del partido Peruanos Por el Kambio, y María Elena Foronda, congresista electa por la agrupación política Frente Amplio.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Ante declaraciones del virtual ministro de Economía sobre la ‘individualización’ de predios de los pueblos indígenas

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “… las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay – párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

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Titulación individual pone en riesgo existencia de comunidades y aumentaría conflictos sociales

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COMO PROPONE ALFREDO THORNE

  • RED MUQUI advierte estarían desconociendo derechos contemplados en la Constitución y el Convenio Internacional 169 de la OIT
  • Miembro del equipo de PPK indica que propiedad comunal de tierras trae problemas para la explotación

El voceado ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, propuso individualizar la propiedad comunal de los pueblos indígenas en el Perú, a fin de que las decisiones colectivas de una comunidad –nativa o campesina– no afecten las actividades extractivas, y que a través de una titulación individual se facilite la venta de terrenos y se favorezca la explotación minera.

“Hoy en día gran parte de la propiedad donde están las minas, es propiedad comunal, y esa propiedad hay que individualizarla. Al individualizarla, el individuo va a poder utilizar su tierra, o se la va a poder vender al minero, o se la va a poder vender al agricultor. (…) eso va a demorar muchos años (porque) hoy en día no existe un mapa de propiedad del territorio, entonces hay que empezar a hacerlo por donde se puede, y simplemente intercambiar los títulos comunales por títulos individuales”, propuso Thorne en una entrevista con Capital TV (10 de junio).

Ante ello, RED MUQUI, respondió que medidas impositivas de este tipo afectarían sus derechos colectivos al no involucrar procesos de consulta previa y diálogo intercultural, y lo único que se lograría es avivar aun más la conflictividad social en el país.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, lamentó el desconocimiento del señor Thorne, respecto a los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y originarios, que están reconocidos en: la Constitución Política, la Ley de Comunidades Campesinas, la Ley N° 26505 (denominada “Ley de Tierras”), y en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú, y que se está en obligación de cumplir.

“Este tipo de propuestas demuestra el desconocimiento absoluto de los derechos de las comunidades –campesinas y nativas–, así como de las normas nacionales e internacionales que las amparan y garantizan los derechos de propiedad y posesión de las comunidades, en otras palabras “su derecho a la propiedad comunal”, donde la propiedad es de la comunidad en pleno y los comuneros son posesionarios.

Es necesario resaltar que las decisiones sobre la disposición de la tierra se acuerdan en Asamblea Comunal, que es el principal órgano de la comunidad (Ley N° 24656 y N° 26505).

Para el jefe del plan económico de Pedro Pablo Kuczynski, el canon –producto de las actividades extractivas– debe extenderse a las comunidades; sin embargo, esto no debe significar que debe ser necesariamente un canon comunal, sino prácticamente individual, es decir, para cada miembro de la comunidad, tras una titulación de tierras por propietario, y no colectiva.

“Hoy en día son propiedades comunales, y muchos de los mineros han hecho un acuerdo con la comunidad, no con los individuos de la comunidad. Entonces eso ha generado problemas para el manejo de la tierra y para la explotación de esa tierra”.

Jahncke cuestionó que Thorne considere que la principal solución a los conflictos sociales es solo económica, cuando el verdadero trasfondo son las demandas históricas de los pueblos, en base al reconocimiento y respeto de sus derechos; lo cual debe ser parte de un diálogo abierto y sincero, previo a cualquier decisión sobre cualquier proyecto de inversión pública o privada.

Plan de gobierno dice lo contrario

Por su parte el Colectivo de Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, al que pertenece RED MUQUI, le recordó a Thorne que en el plan de gobierno del presidente electo Kuczynski, se menciona claramente que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas (Objetivos en el lineamiento estratégico 3 del este documento).

Es así que el colectivo le recordó a Thorne que la fecha existe alrededor de 4,023 comunidades campesinas y nativas que esperan titulación colectiva, siendo esta una forma de respetar y proteger sus tierras y territorios. Asimismo, se le pidió al próximo titular del MEF, que honre el compromiso que firmó con representantes de los Pueblos Indígenas el último 20 de mayo.

Precisiones

  • Nuestras comunidades, reconocidas como pueblos indígenas por el Estado Peruano,  tienen reconocida su autonomía en el artículo 89 de nuestra Constitución para el “uso y libre disposición de sus tierras”.
  • Ley de Comunidades Campesinas – Ley N° 24656 (artículo 7): las tierras comunales “por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad”. Dicho acuerdo debe fundarse en el interés de la Comunidad.
  • Ley N° 26505 (artículo 11): “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”.
  • El Convenio 169 de la OIT (artículo 14): “Deberá reconocerse a los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (los pueblos indígenas)”. Añade en su numeral 2 que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Foto: Captura Capital TV

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RED MUQUI y CEAS participan en primer aniversario mundial de la encíclica Laudato Si’

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A TRAVÉS DE CONVERSATORIO

• De esta manera se suman a las 1000 actividades simultáneas a nivel internacional
• Conversatorio congrega organizaciones de iglesia y Sociedad Civil avocadas a la protección del medio ambiente

Del 12 al 19 de junio se lleva a cabo la Semana Laudato Si’, siete días en los que se llevará a cabo una gran celebración internacional que involucra la participación de diferentes instituciones católicas de todo el mundo para conmemorar el Primer Aniversario de la encíclica a través de eventos de reflexión, inspiración y acción trasformativa.

Durante siete días se promoverán las enseñanzas contenidas en la encíclica ambiental del Papa Francisco, publicada el 18 de junio de 2015. Desde entonces Laudato Si’: Sobre el Cuidado de la Casa Común, se ha convertido en uno de los documentos eclesiales más importantes, discutidos, analizados, ponderados y convocantes en el tema del cuidado de la casa común.

A esta reflexión se suman RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizan el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”, evento que se realizará este jueves 16 de junio en el auditorio de la Conferencia Episcopal Peruana (Jr. Estados Unidos 838, Jesús María), a partir de las 6:00 p.m.

El evento contribuirá a analizar en profundidad la crisis socio ambiental que vivimos, principalmente por responsabilidad humana. De igual modo, nos invitará a tomar conciencia de lo que hemos hecho, y a buscar alternativas que nos ayuden a enfrentar este momento de manera colectiva, es decir, es una invitación a cambios profundos y radicales en nuestros estilos de vida, en nuestra espiritualidad y en nuestras maneras de actuar.

El panel estará integrado por Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo Metropolitano de Huancayo, Rocío Valdeavellano Roca Rey, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) y Mesa de Movimientos Laicales, Javier Jahncke Benavente, Red Muqui y Eduardo Calvo Buendía, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

INSCRIPCIONES AQUÍ ► bit.ly/1YcYVmR

Importancia de”Alabado seas”

La Encíclica se suma al magisterio social de la Iglesia; en ella, Francisco analiza en profundidad la crisis socio ambiental que vivimos por responsabilidad humana, y es una invitación urgente a tomar dolorosa conciencia de lo que hemos hecho, y buscar las alternativas que nos ayuden a enfrentar este momento de manera colectiva. Hoy en día, los temas relacionados a la biodiversidad, la defensa de los territorios de la explotación industrial intensiva, y a las culturas indígenas y populares, son muy importantes para las Iglesias latinoamericanas.

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar» sostiene el Papa Francisco en la introducción de la Laudato si’ ”.

La encíclica sigue produciendo experiencias y cambios, es un texto vivo y un punto de referencia para discusiones y acciones concretas. Es por ello que esta gran convocatoria y movilización que ha generado, va más allá de Iglesias y personas de fe, es una invitación a cambios profundos y radicales en nuestros estilos de vida, en nuestra espiritualidad y en nuestras maneras de actuar.

DATOS:
• La coordinación de estas actividades es responsabilidad del Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC), una iniciativa que nació en enero de 2015 en respuesta a un pedido concreto del Papa Francisco, y que está formado por laicos, sacerdotes, religiosos, obispos y una red de más de 300 organizaciones católicas que trabajan juntas contra el cambio climático.

• Según el Atlas global para la justicia ambiental, que cuenta con la colaboración de 23 diferentes universidades, hay 1.746 conflictos ambientales (pequeños y grandes) en el mundo. Muchos de ellos tienen que ver con la explotación minera, desde Asia hasta América Latina.

“Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios” (Laudato Si’,14)

Fuente: CEAS / Iglesia actualidad
Foto: CEAS / Starmedia

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Fiscalía pidió 25 años de cárcel para policías implicados en asesinato de comuneros de Segunda y Cajas

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CASO HUANCABAMBA

La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba solicitó una pena privativa de libertad de 25 años para los tres policías implicados en el presunto asesinato de dos campesinos, y el intento de homicidio de otros cuatro pobladores de la comunidad de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura), a la que ingresaron y reprimieron violentamente con armas de fuego en diciembre del año 2009.

Los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de Huancabamba por haber quitado la vida a los comuneros Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y tratar de atentar contra la vida de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara.

A principios de mayo la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal por los delitos de homicidio, así como por lesiones graves contra los comuneros. Ahora esta disposición fue acatada por la Fiscalía Provincial de Huancabamba.

Lee también: Fiscalía Superior de Piura ordenó acusación contra tres policías por homicidio y lesiones graves en agravio de comuneros de Huancabamba

Recuento del caso
En noviembre del año 2009, ocurrió un extraño ataque al campamento de la empresa Río Blanco en el murieron tres personas. En respuesta, los directivos de la empresa se reunieron con el gobierno y el Primer Ministro Javier Velásquez, quien dispuso que se militarice la zona. En búsqueda de los responsables, se desplegaron contingentes policiales.

Es así que el 2 de diciembre del año 2009, campesinos del Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas habían increpado a un grupo de 30 efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los policías optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de los dos campesinos e hirieron de gravedad a los otros cinco.

Lamentablemente no se pudo evitar situaciones de violencia, ni recurrir a un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras.

“El objetivo de este proceso es que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, sancionando con la severidad que la ley establece a los efectivos policiales que causaron la muerte de dos campesinos y atentaron contra la vida de otros cuatro, a quienes dejaron gravemente heridos, teniendo incluso que amputarle una pierna a uno de ellos para salvarle la vida, causándole una gravísima incapacidad física”, señaló David Velazco Rondón, Director Ejecutivo de FEDEPAZ y abogado de uno de los agraviados.

Fuente / Foto: FEDEPAZ

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Consejo de la Prensa determinó que Cecilia Valenzuela difundió información inexacta sobre RED MUQUI

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SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Periodista insiste en que fiscalía señaló a RED MUQUI como financista de “huaraqueros” durante protesta en Islay
• Diario El Comercio tuvo que publicar resolución completa del Consejo de la Prensa Peruana

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), resolvió que la periodista Cecilia Valenzuela presentó información inexacta sobre RED MUQUI, luego de determinar que la investigación fiscal (N°15060156000-2015-03-0), referida a los hechos de la protesta de Islay (Arequipa), en ningún momento concluye que RED MUQUI financió a grupos violentistas y fue cómplice de extorsión, tal como la columnista afirma en su artículo “La filiación política de la mafia de las lentejas” (miércoles, 14 de octubre del 2015).

“En dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que se está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”, resolvió el Tribunal tras evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR. De esta manera se declaró fundada la queja que RED MUQUI presentó en contra de la periodista y del diario El Comercio por esta publicación.

No se atenta contra la libertad de expresión
Como era de esperar, Valenzuela dedicó otra columna de opinión (“La tremenda corte”, miércoles 8 de junio de 2016) en contra del CCP, al asegurar que se está atentando con su libertad de expresión, además de continuar insistiendo en citar el documento fiscal y señalar a la RED MUQUI como financista de los “huaraqueros”.

En su Resolución N° 007-TE/2016 (25 de mayo del 2016), el CPP desestima estos argumentos y recalca que el artículo de Valenzuela no es equivalente a una “opinión” que puede ser contradicha por otra opinión, sino se trata de un caso de difusión de información inexacta en base a una fuente policial, sobre el que el Tribunal sí tiene competencia.

Mala intención
Cecilia Valenzuela tomó los resultados de una investigación fiscal, como si fuese verdad, para indicar que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa “…acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

En su columna de opinión de octubre del año pasado, Valenzuela insiste en que RED MUQUI “…finge ser una genuina ONG ambientalista…” y que “…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse. Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…(…) se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.
Estas falsas afirmaciones que no tienen fundamento, fueron respondidas en su momento (octubre 2015) por el secretario general de RED MUQUI, Javier Jahncke. Para ello se envió una carta de rectificación al diario El Comercio en el que se solicitó un derecho a réplica para rechazar y desmentir las acusaciones ligeras de Valenzuela que vinculan a RED MUQUI con el delito de extorsión y complicidad con grupos violentistas.

Sanción a El Comercio
Si bien el diario decano cumplió en publicar una parte de la carta de rectificación de RED MUQUI (viernes 6 de noviembre de 2015), el Tribunal de Ética del CPP observó que “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC”.

Dicha sentencia señala que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Es por ello que este 8 de junio, El Comercio cumplió con publicar –de manera íntegra– la resolución que da la razón a la queja presentada.

Posición de la RED MUQUI
En respuesta, a la resolución, a la columnista y al medio escrito, Javier Jahncke remarcó que la denuncia de RED MUQUI no busca “atentar contra la libertad de expresión y opinión.

“Buscamos que se informe con la verdad para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, y más bien encontrar las verdaderas causas que están detrás, tal como: la marginación, el olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la atención a las agendas, demandas, preocupaciones y propuestas de las comunidades afectadas, bajo una perspectiva intercultural que considere sus propias nociones sobre desarrollo”, aseveró Jahncke.

Asimismo, recordó que la tarea principal de RED MUQUI responde al acompañamiento de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras que confrontan muchos intereses económicos, a través de la generación de información y asesoramiento en tanto estas lo soliciten, y así buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, con el fin de prevenir los conflictos.

Foto: Captura TVPerú

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Caso Tía María: Periodista Cecilia Valenzuela y Diario El Comercio son sancionados por Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana por denunciar públicamente sin fundamentos a RED MUQUI

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Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio

Mediante Resolución N° 007-TE/2016 de fecha 25 de mayo del 2016, publicada el día de ayer miércoles 8 de junio en el Diario El Comercio, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana,  declaró fundada la queja presentada por la RED MUQUI en contra de la periodista Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia y del diario El Comercio por la publicación el miércoles 14 de octubre del 2015, de la columna “La filiación política de la mafia de las lentejas”.

En dicha columna la periodista, con expresa mal intención en el tratamiento de la información, que finalmente fue pública en su columna, “utiliza interesadamente” la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa (Caso N° 15060156000-2015-03-0), para indicar, como si fuese verdad, que la citada Fiscalía “…  acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

Acto seguido se señala respecto de Red Muqui que “… finge ser una genuina ONG ambientalista …”.

Asimismo, se sostiene que con los fondos que RED MUQUI recibe para financiar sus actividades:

“…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse.  Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…”.

…

“… se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.

Es decir, se hacen falsas afirmaciones, sin ningún fundamento, que son acogidas y aceptadas como verdaderas en la página de “opinión” de dicho diario, por las cuales se acusó a RED MUQUI de ser  cómplice del delito de extorsión y que habría pagado un jornal diario a subversivos o violentistas.

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, luego de evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la ya citada Disposición Fiscal, con claridad concluye que “en dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”.

Y el Tribunal añade, ante la afirmación del apoderado del diario El Comercio, de que “de no respetar el contenido de la columna se estaría atentando contra la libertad de expresión y opinión de la periodista”, que ”esto no es equivalente a una “opinión”, materia a ser contradicha por otra opinión, con lo que sí se está en éste caso ante una circunstancia sobre la que el Tribunal si tiene competencia por tratarse de un caso de difusión de información inexacta”.

Es decir EN NINGÚN MOMENTO la citada Fiscalía ha concluido que la RED MUQUI haya entregado montos de dinero a las personas imputadas, como tampoco sostiene que sea cómplice de algún delito.

Es importante resaltar que RED MUQUI, nunca ha entregado dinero con la finalidad de que se realicen acciones ilícitas o violentas, ni jamás ha sido ni será cómplice de delito alguno. Ello, porque uno de los principios rectores de nuestra actividad institucional y de todos quienes integran este colectivo (29 instituciones que promueven y defienden los derechos de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras), es el rechazo y condena de todo tipo de violencia. Por el contrario, otro de los principios de la acción institucional de RED MUQUI es la promoción del diálogo y todas las demás formas democráticas de solución de los conflictos, y por ello apoyamos a las organizaciones sociales a buscar canales de diálogo para que puedan hacer escuchar sus demandas, preocupaciones y propuestas a fin de prevenir los conflictos sociales, contrariamente de lo que se nos denuncia.

Ahora bien, respecto del Diario El Comercio, el Tribunal ha observado que frente a la carta de rectificación que enviamos como RED MUQUI en octubre del 2015, “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC que ha establecido como precedente vinculante que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Nos extraña que 12 años después el diario El Comercio desconozca dicho precedente legal, y además vaya en contra del principio rector 18 del propio Grupo El Comercio, como indica el Tribunal, el que señala que “en caso que se reciba un pedido de corregir un dato inexactamente consignado, los medios del Grupo tienen como política rectificarse”, lo que el diario El Comercio no ha cumplido con realizar.

Nuestra tarea de acompañar a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras confronta con muchos intereses económicos. Nuestro afán es apoyar a nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional, y acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas por proyectos mineros, en tanto nos lo soliciten, en la generación de información y asesoramiento para entenderla,  buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, incidir en la propuesta y modificación de normas y políticas públicas que requieren para que sus derechos sean protegidos, todas ellas acciones que priorizamos para prevenir los conflictos, que justamente son aquellas acciones que el Estado no ejecuta o no prioriza.

En esa lógica, nuestra denuncia como RED MUQUI a la citada periodista y medio de prensa, no busca ni mucho menos “atentar contra la libertad de expresión y opinión”, buscamos que se informe con la verdad, para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, sino buscar las verdaderas causas que están detrás de ellos, como la marginación y olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la escucha de sus agendas, demandas, preocupaciones y propuestas, con una perspectiva intercultural, considerando sus puntos de vista sobre el “desarrollo” o la mejora de su calidad de vida antes de tomar decisiones.

El periodismo tiene una gran responsabilidad en no apañar intereses económicos o políticos, sino en priorizar los intereses de todas y todos los peruanos, y por ello exigimos responsabilidad en la información y veracidad, escuchando las voces de todas y todos.

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Instamos a que candidatos aseguren continuidad en aplicación de compromisos internacionales sobre transparencia en el sector extractivo

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.

En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.

Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).

En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.

Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.

Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.

El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.

Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.

Lima, 3 de junio de 2016.

VER PRONUNCIAMIENTO

Firman:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
6. Asociación Nacional de Centros
7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales
10. Cáritas del Perú
11. Central Asháninka del Río Ene (CARE)
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
13. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
15. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
16. Ciudadanos al Día
17. Confederación Nacional Agraria (CNA)
18. Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
19. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
21. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
22. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
23. Environmental Investigation Agency (EIA)
24. EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
25. Foro Ecológico del Perú
26. Forum Solidaridad Perú (FSP)
27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29. Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
30. Instituto del Bien Común (IBC)
31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
32. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
33. Paz y Esperanza
34. RED MUQUI Perú
35. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
36. Salud Preventiva Andina
37. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

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