Carta a Keiko Fujimori y PPK sobre situación de los pueblos indígenas

Estimada,

Señora Keiko Fujimori Higuchi

Candidata presidencial por “Fuerza Popular”

Estimado,

Señor Pedro Pablo Kuczynski

Candidato presidencial por “Peruanos Por el Kambio”

De nuestra más alta consideración,

Estamos a puertas de una segunda vuelta que elegirá a quien ocupará la presidencia del Perú por el periodo 2016-2021. Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (en adelante GTPICNDDHH) vemos de suma importancia  detenernos en las propuestas mencionadas en las últimas semanas,  particularmente en  aquellas  que afectan a los pueblos indígenas: consulta previa, territorio, minería ilegal y medio ambiente.

Nos complace que en los últimos debates el tema de la consulta previa haya sido considerado, aunque lamentablemente solo parece ser una formalidad. La consulta previa debió aplicarse desde que el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia en el Perú, en febrero de 1995; sin embargo, años después, desde el 2012, con la actual administración de Ollanta Humala se ha venido aplicando contando con 22 procesos de consulta terminados a mayo de 2016. Este es un punto de partida, la cual no debe retroceder, por el contrario,  debe significar el compromiso de la siguiente gestión de implementar y profundizar este derecho en las diferentes actividades productivas, con mayor  énfasis en la minería (donde solo existen tres proyecto sometidos a consulta previa, y en los que no se registró etapa de diálogo en ninguno de ellos), así como atender procesos de consulta en las medidas legislativas (en el Congreso) que atañen a los derechos de los pueblos indígenas.

Los órganos de supervisión de la OIT han indicado de manera reiterada que “la consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones”(1). Además contamos con varias sentencias a nivel internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y nacional (Tribunal Constitucional) en las cuales se pone de relevancia la obligatoriedad de ejecutar la consulta previa y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo señalado, confiamos en que el señor Pedro Pablo Kuczynski haya entendido el fin y objetivo de la consulta y ya no la considere como un “obstáculo”, como lo señaló en el año 2011(2),  sino como una obligación ética y jurídica que tiene el Perú para asegurar un diálogo horizontal con los pueblos indígenas. En el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, uno de sus vicepresidentes, el señor Vladimiro Huaroc dijo durante el debate técnico del domingo 15 de mayo que de la ley de consulta y su reglamentación iban a necesitar reformar “algunos aspectos” pero tampoco se han referido a cuáles. Esperamos se haya aprendido de los problemas ocurridos durante la aprobación de la ley y el reglamento de consulta(3) y garanticen una real participación de todos los pueblos indígenas del país en cualquier reforma que quieran llevar a cabo.

Por otro lado, resultan preocupantes las declaraciones realizadas por la candidata Keiko Fujimori respecto al papel que jugará el señor Hernando de Soto en dicho proceso. Es conocido públicamente el rechazo que en varias oportunidades han expresado gran parte de estos pueblos a la figura e ideas que representa el señor De Soto(4) que ha descrito a los pueblos indígenas como “poblaciones que se automarginan”(5), manteniendo un enfoque que busca revertir de modernidad pragmática pero que se ajusta más al ya criticado y defenestrado enfoque del asimilacionismo (planteado en los años 50) que a los estándares internacionales actuales que buscan el respeto al derecho a la diferencia y a la libre determinación de estos pueblos.

En referencia al territorio, debemos señalar que del total de la superficie del Perú, el cual suma 128.5 millones de hectáreas, el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de hectáreas) es propiedad o posesión de las comunidades campesinas y nativas, cuyos miembros representan a más del 35 % de la población nacional. Sin embargo la deuda histórica que tiene el Estado peruano no ha sido saldada, aproximadamente el 20.9 % del territorio nacional que se encuentra en posesión de las comunidades nativas y campesinas carece de un título de propiedad. A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023(6). Debemos señalar que en el Perú los pueblos indígenas están organizados en comunidades campesinas, nativas y de ronderos.

El Estado no ha desarrollado una estrategia adecuada para titular a las comunidades e incluso la política de titulación ha pasado por múltiples instituciones en los últimos años (PETT, COFOPRI, Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura). Por otro lado, existe una oportunidad para mejorar la titulación porque se están canalizando recursos económicos a través de los fondos para el Cambio Climático, sin embargo no hay coordinación intergubernamental entre el gobierno central y regional, ni siquiera hay coordinación intersectorial entre el sector de agricultura, ambiente y cultura.

La posición de ambos candidatos era muy parecida en un inicio. Ambos desconocen la problemática de las comunidades campesinas y nativas, y no tienen propuestas claras respecto a la titulación y desarrollo de comunidades y sus tierras comunales. Ninguna de las dos agrupaciones a lo largo de la campaña ha tenido la iniciativa e interés para entablar un diálogo intercultural con representes de organizaciones de pueblos indígenas. Sin embargo, recientemente ante la reñida disputa de votos, ambos partidos han salido en busca de líderes y organizaciones indígenas que les dieran respaldo. El caso de Peruanos por el Kambio ha sido el más notorio, ya que ha dado más muestras de interés al estar presente en eventos donde se buscó promover el diálogo intercultural con líderes indígenas y sociedad civil; en el caso de Fuerza Popular, simplemente no asistió (lo cual ha sido una constante en los diferentes eventos realizados acerca de pueblos indígenas y medio ambiente).

En medio de ello, cabe destacar que en la última etapa de la campaña Peruanos por el Kambio convocó a algunos líderes y organizaciones indígenas para suscribir un acuerdo con 9 compromisos, dos de ellos a destacar son la creación de un Viceministerio de Pueblos Indígenas y el compromiso de titular las tierras comunales aun restantes. El comportamiento en la campaña electoral por parte de Fuerza Popular ha sido preocupante respecto al tema de políticas públicas para los pueblos indígenas y específicamente respecto a la titulación de tierras comunales, esto se ha agravado más aún con la incorporación del economista Hernando de Soto, para quien la titulación comunal no es importante más bien es un promotor de la titulación individual de las comunidades y bajo esa política la posible extinción de los pueblos indígenas.

Independiente del compromiso en proteger derechos colectivos de los pueblos indígenas como consulta previa y territorio, el partido que llegue a ser gobierno en el periodo 2016-2021 tiene la obligación de tratar con el delicado tema de la minería ilegal e informal. Esta problemática hasta el momento no tiene visos de solución. Y es que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural.

Son muchas las causas de la proliferación de minería ilegal e informal. De esta forma, encontramos la desatención del Estado al sector agropecuario, que es uno de los sectores que emplea a un importante porcentaje de la PEA especialmente en las zonas donde se realiza dicha actividad, y el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, genera que sectores de la población busquen diversas actividades para su supervivencia, como en el caso de la minería informal e ilegal, la que reviste interés por los precios internacionales de los metales como el oro. Gran parte de las personas que se dedican a dicha actividad, en realidad no son poblaciones locales, sino que migran de sus zonas de origen hacia las zonas en que se realiza dicha actividad ilegal, generando conflictos locales.

Las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y las DREM no les permiten tener una acción decidida frente a esta actividad, lo que constituye una  responsabilidad de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas. Lamentablemente hay una débil institucionalidad pública, especialmente ambiental, una mala gobernanza de los recursos naturales, y subsiste una corrupción institucionalizada en diferentes niveles de gobierno que permite que el statu quo se mantenga. Asimismo, no hay una Ley de Ordenamiento Territorial y políticas públicas que establezcan criterios que determinen si una zona está o no prohibida para la realización de actividades extractivas, en especial en zonas de ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos; la aprobación de una ley de Ordenamiento Territorial es realmente urgente.

Debido a esto es que se requiere tomar una serie de medidas urgentes para combatir este tipo de minería: culminar los procesos de Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT) a nivel nacional, implementar procesos de consulta previa a comunidades campesinas y nativas respecto de su desarrollo y la realización de actividades extractivas en su territorio, prohibir el otorgamiento de concesiones mineras fuera de las zonas permitidas en la ZEE y OT, y de las zonas de amortiguamiento de ANP, ecosistemas frágiles, zonas de producción de agua y de importancia agrícola, potenciar el desarrollo local sostenible para que sus economías no dependan del canon y regalías mineras, promover inversiones en desarrollo económico y productivo dirigidas a los pequeños productores y comunidades campesinas que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal, fortalecer la institucionalidad pública en la gestión ambiental, el rol de las CAR y CAM, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer el rol de la OEFA y las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales, en especial de las DREM, como autoridad ambiental regional respecto de la pequeña minería y minería artesanal.

Frente a ello, nos preocupa la postura que ha mostrado la candidata Fujimori en este tema. No solo ha señalado que derogará los decretos legislativos 1100 y 1105 que impulsó la administración de Humala para la formalización minera, sino que ha firmado compromisos con mineros informales e ilegales (viernes 29 de abril de 2016) señalando que busca la “verdadera formalización de la pequeña minería”. En la presentación pública de dicho compromiso señaló que los mineros que no lograron formalizarse serían “perseguidos” e “investigados”(7), victimizando a personas que, como cualquier otra persona que es sospechosa de cometer un delito, debe ser investigada, y si es encontrada culpable, sancionada por el sistema de justicia.

Finalmente, no puede descuidarse el tema de la gestión ambiental, prácticamente obviado por ambos candidatos en sus últimas apariciones públicas y los debates presidenciales. Un primer punto por tratar es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Así, debería fortalecerse el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) e implementar una estrategia con recursos presupuestales y técnicos para mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental.  Ello supondría fortalecer la intervención en ese proceso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y el Ministerio de Cultura (MINCU). Asimismo, debe fortalecerse al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que supone la defensa del el aporte por regulación establecido a su favor en la Ley N° 27332, sobre el cual existe una controversia legal con el gremio del sector energía y minas.

Pero además debe revisarse la legislación, dada en este último quinquenio, que sucesivamente bajo el falso argumento de reactivación de la economía ha venido disminuyendo estándares, como los denominados “paquetazos ambientales” los cuales han generado el debilitamiento de la institucionalidad, con los Decretos Supremos 054 y 060-2013-PCM, la Ley N° 30230, la Ley N° 30327 y los nuevos Estándares Nacionales de Calidad de Agua aprobados mediante D.S. N° 015-2015-MINAM, evaluándose el impacto que han tenido sobre la salud de las personas y el ambiente,. Es justamente esta ley Nº 30230 la que genera mayor debilitamiento al sistema de evaluación y fiscalización ambiental.

Por ello, debe derogarse el artículo 19° de la Ley N° 30230 que ha debilitado al OEFA y las normas reglamentarias que facilitan su implementación, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente; asimismo, debe derogarse el artículo 12 de la Ley N° 30230, el cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes.

En ese sentido, es preocupante el proyecto de Ley N°3601/2013 (presentado en coautoría por Fuerza Popular) que pretende facilitar a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución y cobranza coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA. De igual forma nos preocupa la paralización del Proyecto de Ley de Reconocimiento y Articulación de la Vigilancia Indígena (PL 3937/2014), el cual no encuentra pronunciamiento por parte de la Comisión de Pueblos (presidida por Fuerza Popular).

Es preocupante  el silencio o la poca claridad de los  partidos políticos  sobre los temas anteriormente mencionados. Por ello es que desde el GTPICNDDHH demandamos que el partido político ganador de la contienda electoral tome en cuenta la agenda planteada y construya soluciones participativas, en beneficio de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Quedamos atentos a su respuesta.

 

Organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

• Asociación Paz y Esperanza

• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

• Asociación Proyecto Amigo de Huamachuco

• Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP

• Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD

• Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

• CooperAcción

• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR

• Earth Rights International – ERI

• Fórum Solidaridad Perú – FSP

• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

• Proyecto Amigo

• Instituto de Defensa Legal – IDL

• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú – IDLADS Perú

• Instituto del Bien Común – IBC

• Red Agua, Desarrollo y Democracia – REDAD Piura

• Red Muqui

• Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

• Servicios en Comunicación Intercultural – SERVINDI

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1. CEACR: Observaciones Generales del Convenio núm.169 de la OIT. 2011.

2. “Esta Ley de Consulta Previa es en realidad un obstáculo a la minería mucho más grande que la sobretasa a las ganancias mineras”. PPK: La Ley de Consulta Previa es un “obstáculo” a la minería:  http://larepublica.pe/30-10-2011/ppk-la-ley-de-consulta-previa-es-un-obstaculo-la-mineria

3. Pronunciamiento del Pacto de Unidad contra el reglamento de la Ley de Consulta Previa: http://www.servindi.org/actualidad/60457

4. Más allá de Hernando de Soto: La lucha de AIDESEP por la Territorialidad Integral: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

Comunidades indígenas rechazan visión de De Soto sobre sus territorios: http://www.aidesep.org.pe/mas-alla-de-hernando-de-soto-la-lucha-de-aidesep-por-la-territorialidad-integral/

5. TEDxPuraVida – Hernando de Soto – La Amazonía no es Avatar:  https://www.youtube.com/watch?v=6-08575w72U

6. Ver más en: http://www.ibcperu.org/uncategorized/el-49-del-territorio-peruano-esta-en-manos-de-las-comunidades-rurales/

7. http://larepublica.pe/politica/763857-keiko-fujimori-firma-compromiso-con-mineros-informales-para-captar-votos-video

/por

RED MUQUI y CEAS dieron a conocer su trabajo a religiosos interesados en DDHH y medio ambiente

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EN FERIA INFORMATIVA

La RED MUQUI junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), participó en la “Feria informativa sobre Derechos Humanos” que organizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) que forma parte de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP).

En este encuentro, que se llevó a cabo el jueves 26 de mayo en el Colegio de Jesús (Pueblo Libre), participaron alrededor de 60 personas, entre religiosas y religiosos, laicas y laicos, que se identifican y conocen los grandes ejes problemáticos del país como: Industria extractivas, Economía ilegal, Migrantes y Trata de personas, Cambio Climático, Corrupción, Ideologías, etc.

El objetivo de esta Feria de organizaciones e instituciones, fue articular posibles trabajos o apoyos en común, así como dar a conocer a los religiosos y laicos, el trabajo que estas organizaciones realizan en distintas parte del Perú, y muchas veces de la mano con instituciones de la iglesia; tal como es el caso de la RED MUQUI que además de CEAS, tiene entre sus miembros a la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) de La Libertad, el Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas (Piura), la Pastoral de la Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (PASSDIH) de Junín, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) y la Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco.

 

Es así que los religiosos y laicos invitados por la Comisión DDHH/JPIC se pasearon por diferentes estantes para intercambiar experiencias con las organizaciones, además de recibir informes y publicaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil que se hicieron presentes con sus respectivos materiales: Red Pan-amazónica, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Observatorio de los Jesuitas, CEAS, Instituto Bartolomé de la Casas, RED KAWSAY, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Cáritas Perú, la Mesa de Lucha contra la Pobreza , Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDHEP), Movimiento Peruano “Para que no se repita” (PQNSR), RED MUQUI, Religiosos y religiosas en la ONU, y otras agencias internacionales.

DATO:

  • La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP), decidió que es oportuno contar con un espacio de formación en temas sociales, a raíz del Seminario Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación que fue impulsado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosas/os (CLAR), en noviembre del año 2014. Es así que la CRP decidió crear la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e integración (DDHH/JPIC)

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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RED MUQUI a los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski

Señora Fujimori y Señor Kuczynski, candidatos a la Presidencia de la República del Perú:

Desde la RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que desde hace 13 años acompaña y asesora a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras, nos dirigimos a ustedes, luego de presenciar los debates presidenciales y técnicos de las últimas semanas, para manifestarles lo siguiente:

  • Nos llama la atención y nos preocupa el poco reconocimiento que sus propuestas hacen de la problemática ambiental y social generada por la MINERÍA en nuestro país. Si no reconocemos su existencia no haremos el esfuerzo necesario para solucionarla.
  • A partir de esa problemática Red Muqui ha formulado una agenda y propuestas en diversos documentos que les hicimos llegar, que deberían ser consideradas en la elaboración de las políticas públicas del nuevo gobierno. Desde esta perspectiva, el  Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento fundamental  para garantizar formas de desarrollo sostenibles, que tengan en cuenta las potencialidades y debilidades de nuestro territorio. Hasta el momento, no se han pronunciado sobre este tema ni  sobre la necesidad de derogatoria de la Ley 30230 en los aspectos referidos al OT, ya que lo debilitan como instrumento de planificación y gestión.
  • Consideramos que si no se deroga dicha ley, y no se dicta una Ley de Ordenamiento Territorial que  organice las competencias y vincule los instrumentos de planificación y gestión del territorio, los conflictos por uso seguirán reproduciéndose y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) seguirá siendo uno de los principales ministerios ordenadores del territorio,  a través del otorgamiento de  concesiones mineras.
  • El Perú tiene oficialmente 8616 pasivos ambientales mineros (PAMs) a nivel nacional, es decir, desechos de las operaciones mineras. El 50% de ellos de alto riesgo. Estos pasivos ambientales deben ser adecuadamente remediados para que no generen aguas ácidas de minas, que contaminan suelos y cursos de agua.
  • Existen serios problemas de salud ambiental a nivel nacional que afectan a poblaciones y comunidades en zonas mineras, en especial a los niños, sin que exista una política púbica nacional que brinde atención médica especializada por contaminación por metales pesados a las víctimas. Los casos que requieren de una urgente atención son: Espinar (Cusco), Pasco, Condoraque (Puno), Hualgayoc (Cajamarca), San Mateo (que se encuentra a sólo dos horas de Lima), entre otros. No se solucionada nada con postas que atiendan sólo los síntomas de las personas, ni se avanza ignorando los focos contaminantes que son los PAMs y operaciones mineras que tienen vertimientos que no respetan los LMP ni los ECA.
  • El respeto a los territorios de las comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas en nuestro país, está en riesgo por las normas de los paquetazos pro-inversión: la Ley 30230, el D.S N° 001-2015-EM, la Ley 30327, entre otras. Con ellas se han eliminado y/o debilitado garantías de la propiedad comunal.  Pese a ello se propone ahora la priorización de la titulación individual, lo que podría quebrar la unidad de nuestras comunidades y desaparecerlas. Al respecto planteamos que se debe establecer primero la ubicación georeferenciada de las comunidades, y cumplir con las obligaciones que exige el Convenio 169 de la OIT sobre  garantías para sus tierras, debiendo derogarse los puntos de las citadas normas que afectan derechos colectivos.
  • Nuestra gestión ambiental a nivel nacional también se ha visto seriamente afectada por las normas de los paquetazos normativos ya citadas. Se han limitado las facultades sancionadoras y el presupuesto de la OEFA como entidad fiscalizadora. Se ha modificado la forma de aprobación de los  LMPs y ECAs a y de  las zonas reservadas, dando lugar a que primen criterios económicos sobre los ambientales y de salud de la personas.
  • La Consulta Previa para las Comunidades Campesinas y Nativas en minería se ha realizado en solo tres proyectos, los tres referidos a actividades de exploración. En esos procesos la consulta no les ha permitido influir en las condiciones para la operación. Además, de ello existen por lo menos 16 casos  en donde, según Defensoría del Pueblo,  se debió realizar consulta previa y no se hizo. A ello se añade que hasta la fecha no se incluye  en la base de datos de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad a un importante número de  comunidades campesinas.  Finalmente, algunos técnicos de la candidata Fujimori han planteado que es necesario revisar las normas de consulta previa, pero no han dicho en qué y para qué, esto nos genera preocupación, sobre todo considerando que Fuerza Popular tiene 73 parlamentarios a su favor de un total de 130 en el Congreso.
  • Sobre los conflictos sociales, se habla de sistemas nacionales de gestión de conflictos. Si bien ello es necesario, no existe una crítica a las Mesas de Desarrollo, que principalmente funcionan como  mesas de “negociación”, que evaden  los problemas de fondo detrás de los conflictos ofreciendo  recursos para lograr  que las poblaciones brinden licencia social  a los proyectos de inversión.  Esta misma idea está en la propuesta de “adelanto social”, que no es otra cosa que brindar beneficios económicos de parte del gobierno central a las poblaciones y comunidades, sin dialogar sobre los problemas que les pueden estar causando algún nivel de disconformidad. No podemos limitar la mirada de los conflictos a un tema de recursos.
  • Otra situación que se da como consecuencia de la conflictividad social, es la criminalización de la protesta. Los últimos gobiernos, incluido el actual y lamentablemente ambos candidatos a la presidencia y sus asesores, mantienen la perspectiva de la conspiración detrás de los conflictos.
  • Las poblaciones no se movilizan y protestan, dejando sus quehaceres cotidianos, porque alguien los manipula, sino porque realmente sienten en riesgo recursos importantes para su existencia.  La candidata Fujimori ha dicho que no le temblará la mano para declarar estados de emergencia e incluso la intervención de las fuerzas armadas. Esta situación, que ya se ha presentado en varios conflictos sociales y sólo ha permitido contener o controlar el estallido del conflicto. Es importante que se entienda, que generalmente quienes protestan  no son  delincuentes que hay que perseguir, sino se trata de personas que buscan que se respeten sus derechos y al no encontrar otra vía, les queda la protesta pacífica, por lo que no se les debe tratar  como delincuentes. En ese sentido solicitamos a los candidatos revisar sus estrategias para hacer frente a los conflictos sociales y revisar las normas vigentes que criminalizan la protesta; así como las que permiten la impunidad de las fuerzas del orden en sus incursiones, y la intervención de las fuerzas armadas en labores que no les competen, y que podrían ocasionar afectación de derechos.
  • Respecto de la minería informal e ilegal, consideramos que no hay una visión integral del problema que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, por ello el proceso de formalización ha fracasado.
  • La desatención del Estado al sector agropecuario, el mantenimiento de cerca de un 30% de la población aún en situación de pobreza y pobreza extrema, las débiles capacidades y escasos recursos de los Gobiernos Regionales y sus DREM y el poco apoyo de los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, la débil institucionalidad pública, principalmente ambiental, y una corrupción institucionalizada, son temas que debe abordar una política que realmente pretenda resolver la problemática de la minería ilegal e informal.
  • En ese sentido, nos preocupan los acuerdos que la señora Fujimori ha celebrado con algunos gremios de la minería informal. No se debería olvidar la necesidad de  erradicar la minería en los ecosistemas frágiles, y continuar con la interdicción de la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, donde el uso de mercurio y/o cianuro, impacta el ambiente contaminando el suelo, agua, animales y plantas, y a  los seres humanos. En estos casos es importante que desde el Gobierno Central, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, se plantee actividades alternativas que diversifiquen la economía local y desalienten actividades no sostenibles. Al respecto el señor Kuczynski ha planteado una política en ese sentido que  esperamos  se concrete de ser gobierno.
  • Finalmente es necesario diversificar nuestra economía, para que no sea sólo dependiente de actividades extractivas como la minería. Para ello es necesario que en base al OT y los Planes de Desarrollo Concertado, de manera coordinada con los Gobiernos Regionales y Locales y las Comunidades, se impulsen desde el Gobierno Central alternativas de desarrollo sostenible, basadas en las potencialidades locales, la disponibilidad de mano de obra, los saberes ancestrales y las perspectivas de desarrollo de las poblaciones y comunidades

RED MUQUI nació con el propósito de defender y promover los derechos de las personas que viven en zonas mineras. Con ese compromiso, estaremos vigilantes para que las actividades mineras que se realicen, lo hagan respetando el ambiente y los derechos de las personas.

Atentamente,

RED MUQUI

/por

RED MUQUI participó en diálogo intercultural con Bolivia y Colombia organizado por IDECA

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EN ENCUENTRO INTERNACIONAL

La RED MUQUI y sus miembros, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), Suma Marka, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF Cusco) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), representaron al Perú en el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur”, que se llevó a cabo el pasado 22, 23 y 24 de abril en la ciudad de Chucuito (Puno).

Este encuentro congregó a diferentes organizaciones de derechos humanos y cuidado del medio ambiental de Perú, Bolivia y Colombia, teniendo como resultado un espacio de reflexión y aprendizaje, en donde los límites territoriales se disiparon para mostrarnos y fortalecernos en base a nuestros puntos en común, pues los tres países comparten la misma historia como pueblos originarios, la cosmovisión, las costumbres y saberes ancestrales que priorizan el respeto a hacia la naturaleza.

Como organizador de este encuentro, IDECA señaló que en la reivindicación de los pueblos originarios se continúa hablando de colonialidad, descolonización e interculturalidad ante las nuevas propuestas políticas en diferentes países de América Latina, las mismas que ponen en peligro el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas y su modo de vida vinculado a los recursos naturales y el medio ambiente.

En este contexto, surgió este encuentro internacional andino que tiene por objetivo, profundizar el diálogo intercultural junto con la comprensión del agua y género, desde la visión de las culturas andinas-amazónicas, a fin de promover la reflexión crítica y la apertura hacia la descolonización de conocimientos, además de plantear nuevas alternativas de vida que se centren en una convivencia armónica con la naturaleza. En este punto se plantea la filosofía originaria del “buen vivir”.

“En pleno siglo XXI, aun no se han superado los discursos de colonización y se viven escenarios de conflictos culturales, donde las cargas ideológicas de discriminación hacia el otro es pan de cada día”, indicó INDECA.

Para ello, el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur” presentó tres ejes temáticos: Cosmovisión e identidades Andinos-Amazónicos, descolonización desde el sur y diálogo intercultural.

Los participantes realizaron conferencias magistrales, ponencias y grupos de trabajo, como resultado de estas actividades, las organizaciones expusieron los resultados de sus reflexiones, así como del intercambio de sus experiencias y conocimientos, todos basados en: Monitoreo de agua, defensa del territorio, y género, agua y territorio. De este trabajo también resultó la conformación de redes y fortalecimiento de vínculos entre las 12 organizaciones participantes.

De manera paralela al evento, las organizaciones tuvieron la oportunidad de presentar un stand informativo para dar a conocer el trabajo de cada una de sus instituciones, materiales y publicaciones del mismo. Asimismo, en la municipalidad de Challacollo se llevó a cabo una tarde cultural de presentaciones artísticas como danzas, música y poesía propia de cada lugar.

DATO:

Por parte de Perú participaron IDECA, CEAS, DHSF, Suma Marka, todos miembros de la RED MUQUI; por Bolivia ACLO Chuquisaca, ACLO Potosí, la Fundación Nuna, CENDA, CIPCA Norte Amazónico y CIPCA Altiplano; de Colombia participó el CODACOP.

VIDEOS:

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Dialogo Intercultural – Fidel Tubino

Un análisis sobre la dimensión intercultural de los conflictos socio ambientales, la internalización de estereotipos,  los estigmas como patología social que no nos permite tener un proyecto conjunto de país y la necesidad de tener un estado multicultural y pluricultural.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Porfirio Musaja (Puno)

Musaja nos brinda un emotivo testimonio sobre el respeto hacia la madre tierra, entendida como un ser vivo y por lo tanto debemos percibir las señales sutiles que presenta a través de todos los elementos que la conforman. Haciendo un llamado a la defensa de la naturaleza ante la ambición del ser humano.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Rolando Pilco (Puno)

Pilco nos cuenta sobre las costumbres y rituales en torno al cuidado del agua que han pasado de generación en generación y la importancia de preservarlos e incorporarlos a la gestión y vigilancia del agua en la actualidad.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Lucha y resistencia en Espinar – Elsa Merma (Cusco)

El testimonio de Elsa Merma trata sobre lo que significa vivir con las repercusiones de la actividad extractiva, haciendo un llamado a la resistencia y la lucha como único camino para hacerle frente a los abusos de las empresas transnacionales que parecen ser avalados por un estado ausente.

 

Fotos y videos: Comunicaciones RED MUQUI

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Congresistas electos fijaron posición y propuestas a impulsar sobre industrias extractivas y conflictos sociales

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EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. «Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un ‘mero requisito administrativo’ para dar luz verde a la concesión del proyecto», remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

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Denunciamos nuevo intento de debilitamiento de la OEFA desprotegiendo a los Pueblos Indígenas y el Ambiente

En vista de las constantes modificaciones a la legislación ambiental nacional para promover las inversiones, debilitando la normativa e institucionalidad ambiental, las organizaciones abajo firmantes, nos pronunciamos para denunciar un nuevo intento de debilitamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), frente a lo cual expresamos lo siguiente:

• Que se archive el Proyecto de Ley N° 3601/2013 que busca dar facilidades a las empresas infractoras para no pagar las multas que le impone el OEFA. Esta norma facilita a los infractores a presentar medidas cautelares judiciales que impidan el procedimiento de ejecución coactiva que lleva a cabo el OEFA como parte de un proceso sancionador. Es decir, se está facilitando nuevamente la judicialización de las resoluciones administrativas del OEFA, aspecto que superado con la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Este proyecto de Ley ha sido presentado por los congresistas Luis Iberico Nuñez, Martha Chávez Cossío, Juan Carlos Eguren Neuenschwander, Luis Fernando Galarreta Velarde, Alberto Ismael Beingolea Delgado, Richard Frank Acuña Nuñez, Gladys Natalie Condori Jahuira, Maria Soledad Pérez Tello De Rodríguez. Esta propuesta se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República para su discusión y de ser el caso posterior aprobación.

Asimismo, llamamos la atención sobre las consecuencias de contar con un marco institucional débil, por ello reiteramos:

• Que se derogue el artículo 19° de la Ley N° 30230 (llamado “Paquetazo Ambiental”) que en pro de la promoción de las inversiones ha debilitado al OEFA, impidiendo que este organismo regulador del Estado pueda ejercer una eficiente fiscalización ambiental a las empresas, lo que se refleja en la afectación a la salud y el ambiente. Lo pernicioso de esta ley se evidencia en los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía peruana. En este caso, se esparcieron miles de barriles de petróleo sobre el agua (de consumo directo de la población), suelo, flora y fauna, que afectó la salud de más de 200 personas. Se evidencia también en casos de contaminación minera en ambiente y afectación de salud, como en Espinar (Cusco), La Oroya (Junín), Pasco y otros, que han sido declarados en emergencia en su momento. A causa de esta norma son los propios afectados quienes deberán demostrar si hubo daño real y muy grave en su salud para que la OEFA pueda multar a la empresa.

• Que se revise y modifique el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA (aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2015-OEFA/CD, publicado el 28 de marzo del 2015), ya que permite que la Ley N° 30230 sea la regla y no la excepción. De esta manera, se instaura un nuevo enfoque que otorga facilidades a las empresas, a pesar de haber cometido en reiteradas ocasiones faltas ambientales, siendo las multas el último recurso para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y reduciéndolas a la mitad. La multa completa se impondría solamente en caso de comprobarse daño real a la vida y salud de las personas, por ausencia de instrumentos de gestión ambiental al momento de desarrollarse las actividades o por ejecutarse en zonas prohibidas, o por reincidencia de infracciones. Además, las empresas pueden acceder a la subsanación voluntaria para situaciones donde se ha producido daño potencial a la flora y fauna. La multa de ésta manera pierde su carácter disuasivo, de obligar a las empresas a cumplir con las normas ambientales.

• Que se derogue el artículo 12 de la Ley N° 30230, la cual impide que las multas administrativas financien la potestad sancionadora del OEFA, es decir la supervisión directa a las empresas y la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. La labor de supervisión que realiza este organismo regulador permite determinar si las empresas están cumpliendo o no con sus obligaciones ambientales.

• Que no se elimine el aporte por regulación en favor del OEFA, regulado por la Ley N° 27332, que actualmente se encuentra en controversia legal dado que el gremio del sector energía y minas se niega a pagar. El aporte por regulación es una de las principales fuentes de ingreso del OEFA, pues permite financiar su función supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, entre otras importantes funciones que realiza esta institución para hacer cumplir la legislación ambiental en el país.

• Que antes de la aprobación de toda política, norma, plan y programa se cuente con procesos de discusión sobre sus alcances e impactos con diversos actores en el ámbito nacional y regional. Para tal fin es necesario contar con mecanismos de transparencia, acceso a la información, consulta previa a los pueblos indígenas, y participación adecuada a la población y comunidades, en especial, aquella que será impactada por proyectos extractivos y de infraestructura.

Por lo expuesto como sociedad civil expresamos nuestra preocupación ante este proceso de debilitamiento del OEFA y expresamos que seguiremos denunciando estos hechos que vulneran el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado que impacta, sobre todo, en pueblos indígenas.

Asimismo, reiteramos nuestro pedido de contar con una legislación ambiental que realmente prevenga el daño a la salud y vida de las personas, al igual que acciones concretas para prevenir, mitigar y remediar la contaminación ambiental, siguiendo las normas constitucionales y los principios de la Ley General del Ambiente. Así como contar con mecanismos disuasivos que adviertan a las empresas sobre las consecuencias de cometer infracciones ambientales o de reincidir en ellas. El Perú necesita inversiones pero inversiones sostenibles, en los lugares donde se puedan realizar, que respeten los derechos humanos y el ambiente. En ese sentido, el Estado debe seguir fortaleciendo los instrumentos e instituciones ambientales.

Lima, 26 de mayo de 2016.

FIRMANTES:
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Civil Natura
Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo Tipishca (ACODECOSPAT)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Central Asháninka del Río Ene (CARE)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Centro Labor
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco
Environmental Investigation Agency (EIA)
Foro Ciudades para la Vida
Foro Ecológico del Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ)
Instituto del Bien Común (IBC)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
RED MUQUI Perú
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

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Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA

Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir.

El próximo gobierno está obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.

Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional.

1. Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios?

2. Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación superior y la formación profesional técnica? ¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y fortaleciendo la Seguridad Social?

3. Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva (mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4. Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la agroecología como respuesta al cambio climático?

5. Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país?

6. Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas propuestas?

7. Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? ¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? ¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos de participación ciudadana?

8. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas

plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de concertación?

9. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar que esos hechos no se repitan?

10. Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad.

 

mayo, 2016

 

Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, y Red Muqui.

 

Descargar archivos adjuntos: COMUNICADOsociedadcivil.pdf

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Sociedad Civil y organizaciones sociales a candidatos: No se puede hablar de democracia sin cerrar brechas de desigualdad

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NO HAY DEMOCRACIA SIN IGUALDAD

  • Movimientos sociales de todo el país demandan propuestas concretas que se basen en la democracia y en la lucha contra las desigualdades persistentes.
  • RED MUQUI aportó y suscribió en comunicado público dirigido a candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de junio, organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas, exigen al candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas en plena vigencia de la democracia. Los/as representantes de estos grupos sociales coinciden en que no se puede hablar de democracia sin cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

“Oficialmente siete millones de peruanos/as viven en situación de pobreza monetaria, muchos de ellos en zonas rurales. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y carencias en el acceso a servicios, el número de peruanos/as pobres es bastante más elevado”, dijo Armando Mendoza, investigador de Oxfam. Mendoza explicó que si bien los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en los últimos años, no han resuelto las persistentes desigualdades que se expresan en nuestro país en diversas dimensiones como el acceso a servicios básicos y género.

En el caso de los servicios básicos, solo un 30% de peruanos/as accede a la salud por barreras geográficas, culturales o económicas, señaló, Luis Lazo de Foro Salud. Lazo detalló que las brechas de déficit de infraestructura, equipamientos y recursos humanos, genera un abismo entre la necesidad y demanda de la población, y la capacidad de la oferta del sistema de salud vigente. De otro lado, ocho millones de personas en el país no acceden a agua potable.

Sobre los estándares laborales actuales, tres de cada 10 trabajadores peruanos tienen un empleo decente, mientras que siete de cada 10 trabajan en la informalidad y en empleos precarios. Por ello, se exige la aprobación de la Ley General del Trabajo Justa y Democrática, adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores, así como eliminar los regímenes “especiales” vigentes.

Para fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental, José De Echave, ex viceministro de Ambiente e investigador de CooperAcción identificó como puntos clave la derogatoria de los paquetazos ambientales, la promulgación de la ley de Ordenamiento Territorial, así como el fortalecimiento de la autoridad ambiental y de sus organismos adscritos.

Atender las demandas de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales, es una deuda pendiente del Estado.

La violencia contra la mujer es otra problemática desatendida. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes 2014), 72% de las mujeres peruanas declaró haber vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con Diana Miloslavich, de Flora Tristán, se requiere continuar con los planes y programas actuales de violencia contra la mujer con mayor presupuesto y voluntad política.

Encarar estás problemáticas es clave para terminar con la desigualdad en nuestro país.

Conoce el comunicado REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales aquí: http://bit.ly/25hwCWC.

Quienes suscriben son: Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, Red Muqui.

DATOS:

  • Actúa.pe es una red de vigilancia de discursos políticos, de información y de propuesta, que impulsa la participación ciudadana electoral bajo un concepto interactivo que conecta a los votantes con los/as candidatos/as.
  • Está formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, e impulsa un proceso electoral en el cual la lucha contra la desigualdad sea parte fundamental de las propuestas políticas.

 

Fuente / Fotos: Actúa.pe

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