Autoridades de Supayaku sustentaron demanda de amparo contra proyecto minero de Águila dorada

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EN AUDIENCIA

  • Abogado del MEM desestimó estudio técnico del GORE Cajamarca por supuesta posición antiminera

Autoridades de la Comunidad Nativa de Supayaku sustentaron una demanda de amparo en relación a la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Awajún de Cajamarca, por parte de la empresa Águila Dorada que tiene a cargo el proyecto minero ‘Yagku Entsa’

Durante la presentación de un informe oral en la sede del 5° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, los representantes de la comunidad Awajún también sustentaron como es que la empresa incurrió en la violación de su derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

La audiencia inició con el pedido del Juez hacia el Presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), Albercio Bazán, quien explicó que la demanda responde la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún de Cajamarca, y que además constituye un límite natural entre sus dos comunidades Supayaku y Naranjos.

Bazán dio a conocer que pese a que esta población forma parte de la comunidad adyacente al proyecto minero, Águila Dorada y el Estado solo consideraron como zona de influencia a la Comunidad Nativa de Naranjos y no a la Comunidad Nativa de Supayaku. Asimismo, el representante de ORFAC remarcó que el Río Chirinos, provee agua a ambas comunidad; de manera que los desechos químicos producto de la actividad minera han afectado a todos los que viven alrededor del río.

“Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río… lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río”, añadió Bazán.

Que dice la defensa

A su turno, el abogado defensor y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, argumentó que la comunidad de Supayaku tiene Derecho a la Consulta Previa, libre e informada por ser parte del pueblo indígena y originario Awajún, que además está reconocido en la base de datos del Ministerio de Cultura, al poseer titulación desde el año 1977.

“Solicitamos la nulidad de la resolución de aprobación del proyecto de exploración Yagku Entsa que autoriza el inicio de actividades de exploración, la nulidad de la resolución de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentado por Exploraciones Águila Dorada S.A.C. y la suspensión de las actividades de dicha empresa”, indicó el abogado.

Que dice la parte demandada

Por su parte, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM), alegó que la demanda era improcedente, en tanto la comunidad pudo haber refutado la aprobación de la DIA. Ante esto el juez corroboró que dicho procedimiento es posible, siempre y cuando la comunidad conozca sobre el proyecto minero, por lo que el magistrado  preguntó al MEM cómo es que habían informado a las comunidades sobre el mismo.

En respuesta, el Procurador señaló que “Todo se publica en el Diario Oficial El Peruano”, y agregó que “Si ellos (la comunidad) sabían que se estaban realizando actividades en la zona, bien pudieron haberse acercado a pedir información”.

Ante ello, el juez precisó que en el expediente consta un informe del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, en el que se confirma la presencia de aceites grasos y fenoles en el agua del Río Chirinos, por encima de los límites permisibles para el consumo humano; a lo que el abogado del MEM respondió: “Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, respuesta que sorprendió de sobre manera a los representantes Awajún, como al equipo legal y defensor.

Irresponsabilidad

Para Fedepaz, es irresponsable y poco conocedor de nuestra realidad, el considerar que la publicación en un diario oficial –que es de circulación limitada– es un medio idóneo para explicar el impacto de un proyecto minero en los territorios de una comunidad nativa. De igual modo, resulta ligero y suspicaz aquel comentario sobre el informe del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, como si el Presidente Regional de esta región fuese el responsable del análisis de muestras de agua.

“Los representantes de Supayaku, el abogado que asume la defensa legal y todo el equipo de Fedepaz que acompaña el caso, llaman la atención sobre el manejo irresponsable y poco transparente que empresas mineras como Exploraciones Águila Dorada SAC tienen, respecto al sustento real del impacto de sus operaciones en territorios habitados por pueblos originarios, como en este caso. Al margen de que dichas empresas se ven favorecidas por un marco legislativo que facilita y promueve sus operaciones, confiamos que la justicia peruana priorice ante cualquier interés, el derecho a la consulta previa y a un medioambiente sano y libre de contaminación de los pueblos indígenas del Perú”, indicaron en una nota de prensa respecto a este caso.

DATOS:

La parte demandante integrada por los representantes de la comunidad nativa Awajún de Supayaku, el Apu Rodolfo Akintui y el cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz. Por la parte demandada, representado por el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

 

Fuente / Foto: Fedepaz

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Protesta de agricultores del Valle de Tambo contra Tía María se mantuvo pacífica y contundente

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  • Protesta pacífica se realiza a poco más de un año del estallido del conflicto en Islay
  • Paro de 72 horas fue convocado por agricultores sin participación de dirigentes o líderes comunales
  • Ollanta Humala estuvo en Arequipa en segundo día de paro, pero no se acercó a Islay

El paro de 72 horas (para este 11, 12 y 13 de mayo) convocado por los agricultores de los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta del Bombón (Islay, Arequipa), se desarrolló de manera pacífica en cada una de sus actividades en rechazo al anuncio sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa minera Southerm Cooper.

En estos tres días, pobladores y autoridades locales y congresales que se unieron a esta protesta reiteraron que el proyecto Tía María “no tiene licencia social”. Al no percibir ninguna respuesta a su reclamo, al término del segundo día de paro, los manifestantes comunicaron la posibilidad de prolongar la protesta de forma indefinida.

Además de ser pacífica, la movilización no produjo ningún acercamiento del Estado que permita llegar a un entendimiento. Por ello, las comunidades de las zonas de influencian consideran que la única manera de concitar la atención del Estado es movilizándose constantemente.

Según dio cuenta el diario El Pueblo de Arequipa, la representante de la Fiscalía Provincial de Islay, Sally Zorrilla Alarcón, informó que el segundo día de este paro provincial culminó sin ningún problema, lo cual coincide con el reporte de la Policía Nacional que envió alrededor de 300 agentes al lugar.

Días atrás, el presidente de Southerm, Oscar González, aseguró que pronto se reuniría con el presidente de la República, Ollanta Humala, para que el proyecto minero empiece a operar en la zona antes del cambio de gobierno.

A estas declaraciones se sumó el director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, quien insistió en que el proyecto Tía María (Arequipa) se encuentra prácticamente listo (para operar), lo cual sería una señal importante para las inversiones mineras, tanto locales como extranjeras.

Es así que el martes 3 de mayo, los comuneros y agricultores de la zona realizaron una Asamblea Popular en el sector de La Curva (distrito de Deán Valdivia, Islay), y acordaron paralizar durante tres días sus actividades relacionadas a la cosecha de arroz, además de realizar marchas de protesta en los distritos que comprenden el valle agricultor más grande del sur del Perú. Además este paro convoca a la manifestación pacífica en rechazo al proyecto, en toda la región Arequipa, por medio de vigilias, plantones y expresiones artísticas.

Dirigentes no participaron

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, aclaró que este paro de 72 horas se ha llevado a cabo por iniciativa propia de los agricultores del valle quienes se auto convocaron para manifestarse, al considerar como ofensivas, las expresiones de Oscar Gonzales Rocha referidas a la viabilidad del proyecto cuprífero.

De igual modo, recalcó que los dirigentes sociales de la zona no participaron de esta la medida de protesta, ya que vienen cumpliendo reglas de conducta mientras el Ministerio Público lleva a cabo sus investigaciones tras el estallido del conflicto de Tía María en marzo de 2015. Es por ello que están impedidos por orden del Poder Judicial.

Día 1

La primera jornada del paro de 72 horas inició en el distrito de Deán Valdivia (El Arco) donde fue el punto de inicio de la movilización en la que participaron cientos de personas, recorriendo la plaza San Francisco, la Curva y las calles del distrito de Cocachacra. Solo los centros educativos amanecieron con las puertas cerradas y los alumnos no asistieron a clases (por orden de la Ugel-Islay).

 

Día 2: Humala evitó a Tía María

En medio de las manifestaciones, el jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, llegó a la provincia arequipeña de Caylloma y participó en la ceremonia de la entrega del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la danza del Wititi, en el distrito de Yanque. En su discurso recalcó la importancia de que el siguiente gobierno continúe con los programas sociales que su gobierno impulsó. A su salida, el mandatario se retiró rápidamente y evitó pronunciarse sobre Islay, pese a la insistencia de varios periodistas.

Mientras tanto en el centro poblado El Fiscal (entrada del distrito de Cocachacra) se llevó a cabo un mitin, tras la movilización desde la Plaza San Francisco hasta la panamericana Sur (sector de Ventillata). En dicho lugar hubo una interrupción del tránsito en carretera por dos horas. Decenas de vehículos particulares y de carga pesada, que se desplazaban entre los kilómetros 1044 y 1047, quedaron varados; sin embargo los manifestantes decidieron ubicarse en los extremos de la vía y realizaron una olla común.

En dicha actividad marcharon el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valencia, y el congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos. Durante el recorrido, los efectivos de la comisaría del lugar acompañaron la marcha a distancia sin interferir en la manifestación.

Día 3

El último día de la jornada de protesta, los manifestantes se agruparon en unos 60 vehículos y partieron desde la plaza San Francisco hasta el ingreso de Mollendo, capital de la provincia de Islay. Una vez en el lugar, cientos de manifestantes empezaron a marchar por  las calles del Puerto Bravo con acompañamiento de la policía. En esta última etapa del paro no se registraron enfrentamientos, ni detenciones.

DATOS:

  • El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, coincide con Southern en que «sólo falta la licencia de construcción» para dar inicio a las operaciones.
  • Según el funcionario, para que Tía María inicie operaciones se debe resolver la disputa de 50 hectáreas que reclama Sociedad Minera Vania, cuya apelación está en proceso ante el Consejo de Minería.
  • Tía María es un proyecto minero que procesará cobre en los yacimientos de La Tapada y Tía María, a 2.5 kilómetros del valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).
  • Southern tiene la concesión 35 mil hectáreas, de las cuales tiene previsto operar en mil 600 hectáreas. Además, es dueño del terreno superficial.

Recuento de hechos

Este conflicto surgió en el año 2011, luego de la presentación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al cual se le había formulado una serie de observaciones. La población expresó su rechazo y a falta de eco inició la primera protesta que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. En agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas recibió y aprobó un nuevo EIA, aduciendo que las observaciones de la población civil ya habrían sido absueltas. Frente a ello, la población siguió expresando su disconformidad con el proyecto, pidiendo se respete su posición. Al siguiente año (2015) el conflicto volvió a estallar, y aunque se repitieron las reacciones violentas, abusos por parte de la policía y muertes, durante las manifestaciones del 27 y 28 de mayo se pudo sentir la solidaridad de diferentes gremios y sociedad civil organizada en casi todas las regiones; además hubo mucha exposición mediática, evidenciándose posteriormente un importante respaldo ciudadano (45%, según Encuesta GfK nacional urbana).

 

Fuentes: Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) / Facebook Salvemos el Valle de Tambo / El Búho de Arequipa / Diario El Pueblo / RPP / La República

Fotos: Facebook Salvemos el Valle de Tambo

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Dirigentes y autoridades de Chumbivilcas son denunciados por movilización contra empresa HudBay

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TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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Foro Indígena de la ONU debatirá medidas de prevención de conflictos

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DEL 9 AL 20 DE MAYO

  • Presidente de este espacio, Álvaro Pop, señala como principal problema la consulta tras aprobación de proyectos extractivos

Desde este martes 9 de mayo, más de mil indígenas de distintos lugares del mundo se encuentran en la sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para participar en la 15ª edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La agenda a desarrollarse hasta el 20 mayo, propone analizar los escenarios de paz y de conflicto en el contexto de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como de sus derechos e identidades.

Precisamente, en una reciente visita a Perú, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “existe una gran brecha entre la legislación peruana y la protección del territorio indígena”. Asimismo, se sorprendió más cuando se enteró del conjunto de leyes conocidas como el “paquetazo ambiental”, el cual debilitó a instituciones ambientales y flexibilizó la fiscalización ambiental a empresas extractivas.

“Nuestro propósito es que el Foro promueva el diálogo intercultural y el respetuoso encuentro de las culturas. Porque es algo que no tenemos”, remarcó Álvaro Pop, el líder activista maya que es el nuevo presidente de este Foro ONU indígena.

En ese sentido, Pop indicó la importancia de analizar y actuar sobre las condiciones de enfrentamiento y descalificación que viven los pueblos indígenas, las cuales son fuente primaria de los grandes y pequeños conflictos.

De igual modo, el guatemalteco resaltó que la avaricia del sistema económico internacional es uno de los factores que llevan al incumplimiento de compromisos como el llamado consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que los pueblos indígenas sean informados y consultados «antes» de tomar medidas administrativas que les puedan afectar.

«Uno de los temas que tendrá mayor resonancia en los próximos tiempos será el aumento de la incomodidad de las comunidades ante el abusivo incremento y despliegue de obras, de instalaciones hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones de recursos en territorios indígenas», aseveró Pop en entrevista con El País de España.

Como una de los temas más recurrente en el estallido de conflictos a nivel mundial, Pop subraya la consulta posterior a la instalación de infraestructuras o la explotación de las tierras, lo cual conlleva a la violencia, problemas y abusos por parte de las empresas y los Estados.

«Los pueblos indígenas tienen mecanismos propios para su toma de decisiones. La legitimidad es lo importante, y en ocasiones surge de la forma ancestral en que la autoridad ha sido delegada. Por eso es recomendable hacer una consulta de la consulta: preguntar a las comunidades sobre cómo quieren ser preguntadas”, agregó a El País.

El Foro Permanente también tratará temas relacionados con los jóvenes indígenas, salud, educación, lenguas, derechos humanos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cultura. El presidente entrante de dicho evento, Álvaro Pop, manifestó que se buscará concientizar sobre los problemas particulares que enfrentan las comunidades indígenas en los conflictos, y sobre la importante contribución que sus tradiciones y prácticas pueden hacer a la prevención de enfrentamientos y a la paz. Además, dará seguimiento a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los pueblos indígenas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su relación con los pueblos indígenas, será otro tema destacado en el evento.

Entre las funciones de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Entre sus funciones se encuentran:

– Prestar asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

– Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

– Preparar y difundir información sobre las cuestiones indígenas.

DATOS:

  • Se estima que en la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas distribuidos en unos 90 países y, aunque representan menos del 5% de la población mundial, se encuentran entre el 15% de los más pobres.
  • El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las realiza en Nueva York.

 

Fuente: El País / Cooperacción / ONU

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Estado mantiene sin título de propiedad a casi el 50% de las comunidades en el Perú

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SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE TIERRAS COMUNALES

A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023, así lo indican los últimos datos del informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas: “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, documento que fue elaborado por el colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, del cual forma parte la RED MUQUI.

Durante la presentación del documento, se señaló que en la última década, apenas se ha formalizado menos del 1% de estas comunidades, lentitud que resulta preocupante y se agudiza, cuando el Estado no tiene cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales, así como de las poblaciones que habitan en ellas. Esto afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.

“A ese ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”, indicó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común – IBC Péru, encargado de presentar este tercer reporte bianual (desde el año 2012).

Entre las novedades que el informe trae en su edición 2016, está la incorporación de un mapa de Tierras comunales y áreas protegidas en el Perú, en cual incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas. Des estas dos últimas no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad.

De igual modo, el documento da cuenta –por primera vez- de las nuevas oportunidades de proyectos inversión para llevar a cabo la titulación de tierras, que casi suman unos US$ 80 millones. Recursos con los que contará el nuevo gobierno para esta finalidad.

Entre las entidades que han asegurado estos proyectos está el BID-Perú (US$15 millones), Banco Mundial y BID (US$14.2 mil), Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de Deforestación y Degradación de Bosques (Hasta US$50 millones), Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ), MINAGRI-GORE Loreto (S/.3.87 mil) y el Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (US$0.88 mil).

El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. Ello tomando en cuenta que aproximadamente unas 3.5 mil millones de personas habitan en tierras comunales a nivel mundial.

El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.

Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.

El informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, fue presentado ante organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Asháninka del Río Ene. 

 

DESCARGAR INFORME

DATOS:

  • El total de la superficie del Perú suma 128.5 millones de hectáreas (has), de esta cifra el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de has) es propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 % carece de un título de propiedad.
  • En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.

 

Fuente: IBC Perú

Fotos: Carlos Díaz Huertas para el IBC Perú / Comunicaciones RED MUQUI 

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Región Cajamarca otorgó reconocimiento a Máxima Acuña por la defensa de sus tierras y el medio ambiente

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El Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, fue en encargado de condecorar con la medalla de honor a Máxima Acuña, en reconocimiento a su actitud y fuerza para defender y permanecer en sus tierras frente a la empresa minera Yanacocha que las reclama como propiedad.

La máxima autoridad regional, dijo que esta condecoración se le otorga a una mujer luchadora que ha demostrado, a los cajamarquinos, que la lucha por el agua no es equivocada, y que además la sociedad internacional empieza a reconocerla como una lucha justa.

Esta ceremonia que tuvo lugar en el auditorio del GORE Cajamarca, también se realizó para felicitar a Máxima Acuña por haber obtenido el premio Goldman 2016, fundación internacional que la ha colocado como una líder social a nivel mundial, debido a su destacada y tenaz defensa del medioambiente.

“Para nosotros es una alegría inmensa tener a una cajamarquina y todavía de un lugar muy apartado, que haya logrado recibir uno de los máximos galardones del planeta”, expresó el gobernador regional.

“Esta lucha no es para una sola persona, es para todo el pueblo. Yo confirmo mi resistencia, no como la empresa que me recrimina que soy una mujer que quiere dinero… Les pido compañeros tomar conciencia y seguir en pie de lucha. Porque la cosa más valiosa que Dios nos dio es la tierra y el agua. ¿Porque si no hay tierra, si no hay agua qué vida vamos a tener?”, manifestó Acuña tras recibir la medalla de honor.

Inversión sin abusos

Durante la ceremonia, el gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina, aseguró ser un un gobernante creyente y promotor de las inversiones privadas., siempre y cuando estas no afecten los derechos de las personas y la vida de los cajamarquinos.

“Nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos al capital, a las inversiones, bienvenido sea el capital. Nuestra región está llena de inversiones y capitales extranjeros; bienvenido sea el capital. No nos oponemos al capital, nos oponemos al abuso”, señaló.

A su turno Máxima Acuña señaló que con enfrentamiento librado ante la empresa minera Yanacocha no busca beneficios o dinero alguno.

“Yo quisiera decirles que no busco beneficios o dinero, de repente hubiera abandonado mi tierra por un trabajo, por una miseria; lo hago pensando en el pueblo, en el futuro. Pido tomar conciencia y seguir en pie de lucha, por nuestra madre tierra y el agua. Hay que pensar en el futuro”, señaló la activista reconocida con el premio internacional Goldman.

Al término de la ceremonia, Máxima Acuña declaró a la prensa local y fue consultada sobre el destino que le dará al dinero que recibió como parte de su premiación por la Fundación Goldman.

“Aun no lo decido bien, debo conversarlo con mi familia. Parte de ese dinero servirá para seguir llevando los procesos (judiciales) que mantengo con la empresa y para aquellos que se siguen abriendo en mi contra”, indicó.

DATO:

La Medalla de Honor de la Región Cajamarca es la más alta condecoración que se otorga solo a aquellos personas naturales y jurídicas que se distinguen de manera excepcional por su labor cultural, científica, tecnológica, social, deportiva, artística en favor del desarrollo de la región Cajamarca.

 

Foto: Captura YouTube de Portafolio Periodístico

VIDEOS: Portafolio Periodístico / Enlace regional

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Consejo Internacional de Minería pide que SNMPE tenga posición oficial sobre consulta previa

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EN RESPUESTA A OXFAM

Tras conocer las polémicas declaraciones de algunos representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que critican, descalifican y hasta desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, al igual que el rol de las instituciones ambientales y sociales que la defienden, el presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhortó a este gremio a fije una posición oficial al respecto.

“Tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente (…) hemos compartido su carta y atraído sus preocupaciones a la atención de la SNMPE y los hemos animado a que respondan a sus inquietudes y delineen una posición oficial”, respondió Butler a la carta enviada organizaciones de la sociedad civil peruana.

Según el CEO de la ICMM este es el proceso que su organización realiza cada vez que las organizaciones de la sociedad civil observan o critican a sus miembros corporativos.

VER NOTA ANTERIOR

Butler, también anotó que durante su última visita a nuestro país, el director de Operaciones de la ICMM, Aidan Davy, participó en un evento organizado por Oxfam y el Ministerio de Cultura del Perú para discutir el tema de la consulta previa.

En ese sentido, Butler, aseguró que Davy le informó que los miembros del SNMPE estuvieron presentes y públicamente manifestaron su compromiso con la consulta previa. “Confío en que este mensaje también ha sido puesto en conocimiento de los demás signatarios”, puntualiza el máximo representante de la ICMM.

Precisamente, durante dicho evento sobre consulta previa (24 de febrero), el también Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy, remarcó que se está dando un «cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas»; pero, al ser consultado sobre los comentarios de algunos empresarios del que pertenecen al gremio que agrupa gran parte del sector minero de nuestro país, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Como se recuerda, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

Entre los firmantes de la carta está la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: GRUFIDES, REDAD, Red Uniendo Manos Perú, Aprodeh, Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP), CooperAcción y el Arzobispado de Huancayo.

En la misiva enviada al ICMM, se incluyeron expresiones como: “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera.» (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), que además de opiniones, también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca satanizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

En respuesta, Oxfam y aliados esperan que la SNMPE atiendan las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

VER RESPUESTA DEL ICMM

DATOS

  • El ICMM está conformado por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo.
  • En su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara sobre el consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
  • Contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio.
  • Los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas
  • Tiene como preceptos, adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Foto de Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy: Comunicaciones RED MUQUI

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Fiscalía Superior de Piura ordenó acusación contra tres policías por homicidio y lesiones graves en agravio de comuneros de Huancabamba

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  • De esta forma se impide solicitud de archivamiento por parte de Fiscalía Provincial

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal contra tres efectivos policiales por los delitos de homicidio, en agravio de dos campesinos, así como por lesiones graves contra otros cinco que pertenecen a las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura).

Los efectivos policiales: Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán han sido acusados de haber cometido homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, además de tentativa de homicidio contra los campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

“De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio (…) por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial (Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba) no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma”, señala la disposición del Fiscal Superior.

De esta manera, este despacho fiscal desestimó el requerimiento de archivamiento  (sobreseimiento) presentado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, y declaró fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas.

Anteriormente la Primera Fiscalía Provincial inició una investigación en contra de los campesinos por “haber causado lesiones a los policías y daños a sus vehículos”; sin embargo, los abogados de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) asumieron la defensa de los campesinos y lograron acreditar que ellos eran las víctimas. Es así que el 30 de diciembre de 2010 la Fiscalía decidió formalizar el inicio de una investigación preparatoria contra los 3 citados policías, imputándoles el homicidio y las lesiones graves a los campesinos.

“El objetivo de este proceso es que se establezca la verdad de hechos. Los efectivos policiales dispararon por la espalda a dos campesinos que finalmente fallecieron. Además de causaron graves lesiones a otros cinco comuneros, de los cuales, uno tuvo que ser amputado de una pierna para que pueda sobrevivir”, recordó el abogado defensor de los agraviados, David Velasco.

Culminada la investigación preparatoria y a pesar de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal de los efectivos policiales investigados, la Primera Fiscalía Provincial solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el archivamiento de dicha investigación penal. En respuesta, la defensa legal de los campesinos formuló oposición por escrito de manera oral en Audiencia correspondiente. Después de evaluar, el Juzgado decidió elevar el expediente en consulta al Fiscal Superior, quien resolvió ordenar que el Fiscal Provincial proceda a formular acusación fiscal contra los efectivos policiales que son investigados.

Recuento del caso Huancabamba

El 2 de diciembre del año 2009, un grupo aproximado de 30 policías utilizaron armas de fuego para  reprimieron violentamente a un grupo de campesinos en el Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba, Región Piura).

Los comuneros habían increpado a los efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los efectivos policiales optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de dos campesinos e hirieron de gravedad a otros cinco 5 campesinos.

FEDEPAZ expresó su satisfacción respecto a la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, y dijo confiar en que los graves crímenes cometidos por los señalados efectivos policiales no quedarán impunes.

“Si un caso como éste queda en la impunidad, pese a las pruebas irrefutables de la muerte y agresión de campesinos que hacían uso de su legítimo derecho a protestar en defensa de sus derechos comunales, ¿Qué otras víctimas de casos similares podrían tener la esperanza de encontrar justicia en las autoridades peruanas?”, finalizó David Velazco, parte del equipo de defensa legal de FEDEPAZ.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: olca.cl

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Relator ONU lamentó que Perú no tenga protocolos para atender casos por contaminación de metales

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EN REUNIÓN CON SOCIEDAD CIVIL

  • Funcionario internacional fue informado sobre casos Espinar, La Oroya y Simón Bolívar

En visita no oficial, el Relator Especial sobre Desechos Tóxicos de las Naciones Unidas, Baskut Tuncak, lamentó que el Estado Peruano no cuente hasta el momento con protocolos para tratar la salud de las poblaciones que viven con metales pesados en la sangre a causa de la contaminación por causa de la actividad minera y la falta de cierre de pasivos ambientales.

En reunión con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), el funcionario de la ONU recibió un informe detallado sobre los casos de contaminación ambiental en La Oroya (Junín), Espinar (Cusco) y Simón Bolívar (Pasco).

El Instituto de Defensa Legal (IDL), Red Uniendo Manos Perú y Centro de Cultura Popular Labor de  Pasco fueron las organizaciones encargadas de exponer estos tres casos, que en común presentaron la poca acción por parte del Estado para implementar acciones de prevención, protección y tratamiento de la salud de aquellos pobladores que padecen los síntomas por contaminación.

El relator Tuncak preguntó en los tres casos, si los afectados contaban con acceso a agua limpia, alimentos sanos y plan de reubicación, además de la demanda de atención inmediata de la salud. En respuesta, obtuvo que la atención a estas situaciones en Junín, Pasco y Cusco ha sido insuficiente.

“Es sorprendente que el Estado no cuente con protocolos ante tantos casos de contaminación en el país”, comentó el comisionado por la ONU.

Para el caso de Espinar, el médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, quien indicó al relator como es que el Estado intentó ocultar, en dos oportunidades (2010 y 2013), los resultados de las muestras de sangre que fueron tomadas de los habitantes de las comunidades Alto Huancané y Huisa, las mismas que viven con Plomo, Mercurio, Cadmio y Arsénico en sus cuerpos.

VER CASO ESPINAR

Osores comentó a Tuncak, sobre la falta de voluntad del Estado peruano para determinar las fuentes de contaminación –natural y producto de la extracción-, con el fin de que la población que habita cerca al proyecto minero Antapacay, tome previsiones. Además, el médico especialista señaló la falta de un Programa de Atención Especializada en Salud Ambiental, que es urgente para prevenir, proteger y tratar a quienes habitan en esta zona.

“Desde el año 2010 no se toman medidas desde el sector Salud. Han sabido enviar a médicos itinerantes del Programa “Más Salud”, pero que no son los especialistas que se requieren para tratar estos casos de contaminación”, remarcó Fernando Osores.

El caso del distrito de Simón Bolívar (Pasco) fue expuesto por primera vez ante el relator ONU sobre Desechos Tóxicos, quien se mostró impactado por los más de 2 mil niños que presentan secuelas graves debido a los altos índices de, por lo menos, 10 tipos de metales pesados en la sangre.

VER CASO SIMÓN BOLÍVAR

Silva señaló a Tuncak, como es que en tres años (a partir del 2012), el Estado Peruano solo aplicó menos del 10% del Plan ante la Emergencia Ambiental decretada en la zona. De igual modo, explicó al relator que la lucha de Simón Bolívar, es porque existan nuevos protocolos y procedimientos de atención para personas contaminadas por metales pesados.

“Actualmente mantenemos una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Se supone que en las próximas semanas se implementará el Hospital de la desintoxicación en Villa Rica, al igual que un laboratorio toxicológico para evaluar hasta 17 metales en el organismo humano”, agregó.

Cabe remarcar que el Relator Especial sobre Desechos Tóxicos de las Naciones Unidas, Baskut Tuncak, aprovechó esta visita no oficial para conocer los casos de afectación por sustancias contaminantes, no solo producto de la minería, sino también de industrias gasíferas, petroleras, petroquímicas, pesticidas, etc.

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Apus Awajún recibieron capacitación para mejorar organización y gestión de sus comunidades

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EN CAJAMARCA

  • El 23 y 24 de abril  se llevó a cabo un taller con Juntas Directivas de Supayaku y ORFAC

La Junta Directiva de la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku (San Ignacio, Cajamarca), conformada por los Apus de los nueve anexos, y de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), recibieron un Taller de capacitación organizado por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), que tuvo como principal objetivo el proporcionar herramientas y conocimientos específicos que contribuya a que los dirigentes desempeñen mejor su rol de autoridad en la comunidad.

Precisamente, la junta directiva de Supayaku acababa de ser cambiada, por lo que se decidió dedicar tiempo y espacio a un repaso, identificación y priorización de los problemas que afectan el ejercicio de sus cargos y responsabilidades, y que solicitan sean abordados en este nuevo ciclo de talleres.

Este taller estuvo dividido en tres temas: Revisión y modificación de sus estatutos, cómo actuar frente a la desatención de autoridades locales y acerca de la normativa ambiental y la que está referida a los derechos de los pueblos indígenas.

La revisión y modificación de estatutos, surgió ante la necesidad de que en muchos casos, estas normas internas no se adecúan a la actual situación o realidad de la comunidad. Por ejemplo, una de las situaciones recurrentes es que el estatuto comunitario exige una serie de requisitos para incorporar a personas –ajenas a la etnia Awajún- pero que se unen o comprometen con un(a) comunero(a). Entre ellos, qué lugar ocuparían en la comunidad hasta los recursos a los que puede acceder, según sea hombre o mujer.

Ante esta realidad, los dirigentes se ven inmersos en un serio conflicto con la población, ya sea por aplicar dichas normas, o por no hacerlo. Esto está muy vinculado a la necesidad de conservar su usos y costumbres, sus territorios, su cultura. Es por ello que un proceso de revisión y modificación de estatutos resulta imprescindible y urgente.

De otro lado, a los dirigentes les surge la gran interrogante sobre cómo actuar frente al abandono de las gestiones municipales del distrito de Huarango y la provincia de San Ignacio, y frente a la desatención de los alcaldes que no responden a pesar de haber cumplido con las diligencias. En ese sentido, los Apus señalaron que una de las necesidades más urgentes de las comunidades, es la reparación del huaro de Supayaku (sistema de movilidad y cruce de río a través de cables), así como la construcción de un puente en Chingozales ante el riesgo de accidentes al momento de cruzas las caudalosas aguas del río.

Otro pendiente con las autoridades es el pago a las madres del Programa Juntos, para que estos se realicen en la comunidad y no en el distrito de Huarango, ya que el traslado supone uso de recursos económicos.

Como tercer punto, las comunidades participantes del taller, ubicaron la necesidad de mantenerse actualizados respecto a las normas que les afectan como pueblos indígenas, especialmente sobre los “paquetazos ambientales” que facilitan el ingreso e inicio de operaciones de las empresas extractivas en sus territorios, sin ninguna consulta de por medio.

En respeto a esos requerimientos, el equipo de Fedepaz facilitó la lectura y revisión de los estatutos de ORFAC, como inicio de un proceso que implicará varias sesiones, ya que implica intervenciones de consulta, debate y propuesta entre los propios actores, respecto a sus procedimientos internos, y también en relación con el marco normativo nacional existente. No obstante, Fedepaz se comprometió a seguir proporcionando asesoría jurídica respectiva, junto con el acompañamiento respetuoso en este proceso de revisión de estatuto, para lo cual se acordó con dichas autoridades la incluir la participación de comuneros y comuneras.

 

Fuente / Fotos: FEDEPAZ

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