ICA: Empresa minera Marcobre reporta 128 casos de COVID-19 en campamento minero de Marcona y paraliza operaciones

,

Tras los 38 casos de COVID-19 que la empresa minera Marcobre había reportado en la noche del 14 de mayo; el día de hoy, 19 de mayo, la empresa minera que desarrolla el proyecto en construcción “mina justa” en el distrito de Marcona, región Ica, acaba de reportar 128 casos de trabajadores que dieron positivo a la prueba rápida de coronavirus.

La empresa señala en su comunicado que los trabajadores que no dieron positivo a la prueba rápida están aislados dentro del campamento minero que comparten con los trabajadores contagiados “resguardando las medidas de seguridad necesarias”. Para tener una certeza del total de trabajadores contagiados, la empresa también señala en el comunicado que realizarán pruebas moleculares a todo el personal en 4 días.

La empresa precisa que la clínica internacional realizó la toma de las pruebas rápidas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se denunció desde Red Muqui, en Marcona funciona un hospital que está acondicionado en un conteiner. Dicho hospital no tiene ventilador mecánico operativo para pacientes COVID-19 y tampoco tiene UCI. Si algún trabajador o poblador se pone mal debe ser trasladado en ambulancia hasta Ica. Traslado demora 3-4 horas.

La empresa minera Marcobre fue una de las primeras empresas que tuvo aprobado su protocolo sanitario por el Ministerio de Energía y Minas para poder funcionar y estos son los resultados.

Hasta ahora el Ministerio de Energía y Minas no se pronuncia sobre la exigencia de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y el presidente de la Comisión de Pueblos y Ambiente, Lenin Bazán, respecto a cuáles son los protocolos sanitarios aprobados para que las empresas mineras reanuden sus operaciones.

Desde la Red Muqui se ha denunciado que el protocolo sanitario emitido por el MINEM tiene serios vacíos que generan que no hay una protección adecuada a los trabajadores y a los pobladores y comuneros que viven en las ciudades y comunidades aledañas a los proyectos mineros. Ver INFORME.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

/por

Decreto N°1500 sobre reactivación económica debilita institucionalidad ambiental y dificultará participación ciudadana

,

En el marco de la delegación de facultades establecidas mediante Ley N° 31011, el Congreso facultó al Ejecutivo Nacional legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El pasado 11 de mayo se emitió una serie de decretos entre los cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 1500 que establece medidas para reactivar, mejorar y  optimizar la ejecución de proyectos de inversión  pública privada ante el impacto del COVID-19. El objeto de este decreto es establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como las certificaciones ambientales.

El domingo 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020- PCM donde se inicia la reanudación económica fase 1 y dentro de los sectores priorizados se tiene a la gran minería estableciendo etapas progresivas para la reanudación de la inversion y desarrollo de proyectos del sector minero. El decreto legislativo 1500 emitido contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos, para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversion; incluida la minería.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer punto que nos preocupa son las obligaciones correspondientes a la participación ciudadana. La participación ciudadana suele concebirse y reducirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental; sin embargo, en la práctica, cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. En la actualidad existen casos graves de estancamiento del diálogo entre empresas y poblaciones por la ausencia de un desarrollo adecuado de procesos de participación ciudadana. Este derecho funciona como una garantía para la protección de diversos derechos: reasentamiento, vivienda, salud, educación, ambiente saludable.

Virtualidad

El DL 1500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual; si bien el párrafo señala una serie de condiciones para llevar esto a cabo, surgen muchas dudas de que ello pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Sobre ellos tenemos dos observaciones: 1) el acceso a medios digitales para la comunicación virtual en muchas zonas del país, sobre todo las rurales, no es universal y muchas personas se encuentran excluidas; 2) los procesos de participación ciudadana también implican el respeto de derechos colectivos y no debe ser reducido a requisitos administrativos. Los soportes virtuales pueden ser usados para seguir debilitando la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el estado.

Por otro lado, en la quinta disposición complementaria del decreto se señala: “Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes.” Con esta disposición entendemos que estas modificaciones se aplicarían tanto para los procesos de participación ciudadana en curso como los que se requieren impulsar para las primeras fases de aprobación de los proyectos mineros; por ende, su aplicación surtirá efecto durante todo el proceso de reactivación económica planificado por el Estado.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El segundo punto que nos preocupa es el referido a la fiscalización ambiental, debido a que entre los artículos 7 y 8 de esta norma, se flexibiliza el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); y que las empresas, en sus vertimientos o impactos, no sobre pasen los Límites Máximos Permisibles (LMP).

Exoneración de reportes de monitoreo ambiental

El artículo 7 en su primer apartado 7.1. sostiene que se exonerará “[…] a los administrados [empresas mineras] de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental [como OEFA], los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo […]”. Es decir, en el período que dure las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental; a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente.  En la parte final de este artículo se sostiene que las medidas cesan cuando la “[…] actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie”; lo cual no sabemos cuándo sucederá.

Debido a las medidas sanitarias de aislamiento social implementadas por el gobierno, que son evaluadas constantemente sin una fecha de culminación; ha conllevado a que las entidades públicas, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desarrollen sus labores parcialmente.

Sanciones fraccionadas

Sobre las sanciones que sean impuestas (multas) por infracciones ambientales (contaminación) con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitario o con posterioridad; ahora podrán ser “fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad”. Así lo dispone el artículo 8 de este Decreto Legislativo. Claramente con esta disposición se ha otorgado un beneficio adicional a las empresas mineras, que es innecesaria, pues la capacidad económica de este sector es solvente.

Entendemos que como consecuencia de la pandemia que vivimos hoy, muchas de las entidades públicas se ven afectadas en la prestación de los servicios; pero al mismo tiempo es importante recordar la labor fundamental que despliegan organismos como el OEFA, para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano, razón por la cual su labor debe desarrollarse al 100%, sin que ello represente un riesgo para sus funcionarios. Ello sería proporcional y necesario, pues desde el gobierno ha quedado claro que la minería será una de las actividades impulsadas con mayor prioridad.

 

 

 

 

 

 

/por

Se confirman 505 trabajadores mineros con COVID-19 al 15 de mayo

,

Hasta el 30 de abril, desde Red Muqui habíamos registrado 251 trabajadores con COVID-19. Este registro, tal como lo indican las gráficas que hemos estado elaborando, se basan en información oficial de las empresas mineras, de las Direcciones Regionales de Salud, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y los hospitales regionales.

Se multiplicaron las cifras

Un dato que había pasado desapercibido era el anuncio del director regional de Salud de Ancash el 28 de abril, que señaló a través de su conferencia de prensa que Antamina le había reportado 6 casos más. Por ello Antamina figura con 216 casos y no con los 210 casos que había anunciado un día antes a través de su comunicado.

En estos 15 días, la cifra se ha multiplicado. El 6 de mayo, la empresa minera Chinalco confirmó un caso más de coronavirus entre sus trabajadores, frente a la protesta de un sector de trabajadores del campamento de Turunshuco, que vieron como se llevaron en ambulancia al trabajador. Asimismo, la empresa minera Southern reportó el mismo día un caso de un trabajador que dio positivo a coronavirus en la planta procesadora de Ilo, Moquegua. El 7 de mayo, la empresa minera Angloamerican confirmó que tenía 6 casos de COVID-19 entre sus trabajadores que realizan labores en el proyecto de construcción de Quellaveco.

199 casos de COVID-19 en Pataz – La Libertad

A estos 8 casos reportados la primera semana de mayo, se suman la cifra estrepitosa que ha dado el gobierno regional de La Libertad el día de ayer por la noche, jueves 14 de mayo, en que confirma que el Grupo Minero Horizonte tiene 195 casos de las 1008 pruebas rápidas realizadas hasta la fecha; y la empresa minera Marsa tiene 4 casos de coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos días, congresistas de La Libertad y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros  estuvieron denunciando las condiciones en la que se encontraban los trabajadores de la minera Horizonte, señalando que habían más de 25 casos confirmados. Hasta el 13 de mayo, en que nos comunicamos con la directora de la Red de Salud de Pataz, habían 40 casos confirmados entre los trabajadores mineros y personal de salud de la zona, en el distrito de Parcoy. En estos días, la empresa minera, con la supervisión de la Red de Salud de Pataz, continuará haciendo la toma de pruebas rápidas debido a que no cuentan con la cantidad de pruebas para el total de trabajadores.

38 casos de minera Marcobre en Ica

Asimismo, el día de ayer por la noche, alrededor de las 10pm, la empresa minera Marcobre, perteneciente al grupo Breca, que opera en el distrito de Marcona, región Ica, informó que 38 trabajadores dieron resultado positivo a la prueba rápida de COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contagios de los trabajadores de estas dos empresas mineras confirman que los campamentos mineros siguen siendo focos infecciosos a pesar de los protocolos que implementan las empresas mineras. La empresa Marcobre señala que su protocolo ha sido aprobado recientemente por el MINEM y el MINSA. Esto se debe a que varias empresas usan las pruebas rápidas de descarte de COVID-19, pero estas solo detectan los anticuerpos que generan las personas días después que han contraído el virus. Por ello, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y desde la Red Muqui hemos señalado que las empresas mineras deben de realizar pruebas moleculares obligatorias a la entrada y salida de la mina, además de otras observaciones que hemos presentado a través de un INFORME.

Zonas mineras sin hospitales adecuados

Los trabajadores del Grupo Minero Horizonte denuncian que en el centro poblado de Retama, del distrito de Parcoy, no hay centros de salud adecuados para los trabajadores; y los trabajadores de la empresa Marcobre denuncian que en Marcona, distrito donde opera la empresa minera que está construyendo el proyecto minero «Mina Justa», no hay un hospital adecuado para los trabajadores.

El hospital actualmente funciona en un conteiner y no tiene UCI. Tampoco tiene un ventilador mecánico operativo para pacientes COVID-19, solo para uso de sala de operaciones, según nos relató una médica de dicho hospital.

Hospital regional de Espinar precisa casos de Antapaccay

El conteo generar de trabajadores contagiados de coronavirus sería de 509; sin embargo, el 6 de mayo, el director del Hospital Regional de Espinar, Ernesto Chuquihuayta, informó a la institución Derechos Humanos Sin Fronteras,  que las muestras aplicadas por las dos clínicas contratadas por la empresa minera Antapaccay que confirmaron 8 contagiados, no fueron precisas. Hubieron cuatro falsos positivos de acuerdo a la evaluación que les hicieron en el Hospital Regional de Espinar. Las clínicas privadas no estaban certificadas por la Dirección Regional de Salud de Cusco.

De esta forma, el cuadro actualizado al 15 de mayo en la mañana, es de 505 trabajadores mineros con COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

/por

Gobierno Regional de La Libertad confirma 199 casos de COVID-19 de empresas mineras Horizonte (195) y Marsa (4) en Pataz

,

El gobierno regional de La Libertad emitió un reciente comunicado en altas horas de la noche del jueves 14 de mayo, confirmando que el Consorcio Minero Horizonte tenía hasta ahora 195 trabajadores con COVID-19 de las 1008 pruebas rápidas de descarte que ha realizado. En el comunicado también agrega que la empresa minera Marsa, también ubicada en la provincia de Pataz al igual que el Consorcio Minero Horizonte, tiene 4 casos confirmados de COVID-19. Hasta el 13 de mayo se habían confirmado 40 casos entre trabajadores mineros y personal de salud de la zona, hoy la cifra se ha disparado por la irresponsabilidad de la empresa minera, que fue denunciada por el congresista Lenin Bazán, quien entregó información a la fiscalía el 12 de mayo para que inicie investigaciones.

El gobierno regional de La Libertad también precisa que todos los contagiados “permanecen aislados en campamentos, donde reciben atención necesaria”. Precisan que en caso presenten alguna complicación, “serán derivados inmediatamente a los hospitales referenciales o clínicas privadas, según corresponda”

El comunicado también detalla que las otras empresas mineras de la región: La Poderosa, Barrick, La Arena, Sumac Gold y Caravelí S.A.C no registran casos de COVID-19 entre sus trabajadores.

Finalmente, el gobierno regional hace un llamado a las empresas mineras para que cumplan “estrictamente con las normas y protocolos dispuestos por el gobierno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzarán Red de Salud de Pataz

El gobierno regional de La Libertad realizó una reunión el día de ayer, jueves 14 de mayo, con la Red de Salud de Pataz para que se informe de sus necesidades para que puedan trabajar en óptimas condiciones. Sin embargo, la Red de Salud de Pataz ha estado exigiendo desde hace días que el gobierno regional les brinde ayuda con pruebas rápidas y material de bioseguridad.

Autoridades de Pataz pedirán nuevamente que empresas mineras paralicen labores

La situación de los trabajadores mineros en la provincia de Pataz es crítica desde hace ya 4 días en que empezaron a denunciar que estaban abandonados por el consorcio minero Horizonte, sin medicamentos y sin las condiciones higiénicas mínimas para afrontar la pandemia. Empresa minera opera en el centro poblado Retama del distrito de Parcoy.

Frente a estos casos confirmados, las autoridades de Pataz emitieron un pronunciamiento en el que señalan que se debe prohibir la realización de actividades minera en Pataz. Lo mismo señalaron a fines de marzo; y hoy vemos los resultados.

Acciones desde el Congreso

El congresista Lenin Bazán de La Libertad, de la bancada del Frente Amplio, informó a Red Muqui que han ingresado un documento como cuestión previa al pleno de las 10:00 am, con la finalidad de que se pueda «exhortar al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Sunafil, Ministerio de Energía y Minas, para que nos digan donde están los protocolos sanitarios para las empresas mineras y en el caso de la reactivación económica que inicia en junio, qué medidas va a asumir el gobierno para que los campamentos mineros no resulten siendo el principal foco de infección del Covid-19; peor que los mercados».

El congresista también señaló que es necesaria una política de Control Comunitario Sanitario y Reactivación Productiva Local antes que la reactivación de la actividad extractiva depredadora que por sus condiciones de trabajo son insalubres de por sí y proclives al contagio.

El congresista Yuri Manrique, también de La Libertad, exigió el 13 de mayo, que se convoque de suma urgencia a la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, a la comisión de Energía y Minas, para que de explicaciones sobre el protocolo aprobado por su sector e informe que empresas mineras ya han sido autorizadas con su protocolo para que empiecen a operar nuevamente al 100%.

Ver informe de Red Muqui con observaciones del Protocolo Sanitario para el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

/por

Empresa minera Marcobre confirma 38 casos de COVID-19 entre sus trabajadores en Marcona (Ica)

,

La empresa minera Marcobre, subsidiaria de la empresa MINSUR S.A (Grupo Breca – Perú) y Alxar Internacional SpA de Chile, anunció el día de ayer, 14 de mayo, a las 10pm, a través de un comunicado, que 38 de sus trabajadores del proyecto minero en construcción: Mina Justa, dieron positivo a la segunda prueba rápida adicional que realizaron 7 días después a 600 trabajadores, faltando realizar más pruebas rápidas a más trabajadores. La empresa no precisa cantidad de trabajadores que faltan pasar por la segunda prueba rápida en su comunicado.

La empresa señala en su comunicado que antes de movilizar a todo su personal hacia la mina Justa ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, en la región Ica, los trabajadores fueron “sometidos a pruebas rápidas con resultado negativo, siendo requisito indispensable para su movilización”.

Sin embargo, si tomaron la prueba rápida a los trabajadores, ¿cómo después de 7 días, 38 trabajadores dieron positivo?

Necesidad de pruebas moleculares y no pruebas rápidas

La Organización Mundial de la Salud ha señalado ya desde que se declaró la pandemia, que las pruebas rápidas no detectan el material genético del virus en el cuerpo, como lo hace las pruebas moleculares, sino los anticuerpos que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido en algún momento a la infección del virus.

Por este motivo, es que los sindicatos y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros vienen exigiendo que sea obligatorio para las empresas mineras la realización de pruebas moleculares de COVID-19, y no las pruebas rápidas, que detectan los anticuerpos que se ha generado el cuerpo días después de haber contraído el virus.

Protocolo aprobado por el MINEM y MINSA

En el comunicado la empresa minera Marcobre señala que, “además de acatar todas las medidas dispuestas por el gobierno ante esta coyuntura, hemos presentado y ha sido aprobado nuestro plan de vigilancia, prevención y control por parte del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud”.

Sin embargo, los trabajadores exigen que los dos ministerios se pronuncien al respecto.

Parece, por lo que señala el comunicado, que ninguna autoridad de salud local o provincial ha participado del proceso de toma de pruebas rápidas a los trabajadores. ¿El centro médico de la empresa que ha tomado las pruebas rápidas está certificado por el MINSA? ¿La marca de las pruebas rápidas están certificadas como válidas por el MINSA?. Desde la Red Muqui hemos elaborado observaciones al Protocolo Sanitario elaborado por el MINEM para el sector minero. Ver informe con las observaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas mineras aceleran inicio de operaciones

El miércoles 13 de mayo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, señaló a través de una nota de prensa que 39 unidades productivas de 17 empresas mineras habían presentado sus protocolos, y 5 de ellas ya tenían verificados sus protocolos por las autoridades.

Sin embargo, el presidente de la SNMPE, también señaló que “paralelamente se tiene previsto el reinicio de la construcción del proyecto mina Justa y la ampliación de Toromocho” – Junín-.

Entonces, si el presidente de la SNMPE señaló esto el miércoles, ¿cómo la empresa minera Marcobre ya estaba iniciando operaciones días antes?

No hay hospital adecuado para casos de COVID-19 en Marcona

Los trabajadores también denunciaron, a través de la Plataforma Sindical en redes, que el hospital de Marcona no tendría ventilador mecánico, y es de naturaleza “temporal”, precisando que la presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli, postergó la construcción del hospital que demandaban los trabajadores y pobladores del distrito. Actualmente el hospital funciona en un conteiner. No hay UCI y los enferemos de gravedad tienen que ser llevados en ambulancia hasta ICA, que demora normalmente 3-4 horas de viaje.

Hasta ayer, el gobierno regional de Ica, señalaba que tenía 22 casos de COVID-19 en el distrito de Marcona y 1269 casos en toda la región.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

/por

Red de Salud de Pataz confirma 40 casos entre trabajadores mineros de consorcio Horizonte y personal de Salud

,

El día de ayer, martes 12 de mayo, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, publicó en sus redes que habían más de 41 trabajadores con COVID-19 perteneciente al consorcio minero Horizonte que opera en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad.

El 11 de mayo la Federación de Trabajadores Mineros colgó un video en el que se ve claramente como una ambulancia está trasladando a un trabajador minero, frente a la preocupación de los demás trabajadores que se encontraban en la explanada de las instalaciones de la empresa y exigían al personal de salud que abran las puertas de la ambulancia para ver a quiénes se estaban llevando.

Minera Horizonte confirma “casos” de COVID-19 pero no precisa cantidad específica

Frente a estas denuncias, y la de medios periodistas locales que también alertaban de la situación desde el 11 de mayo; la empresa minera ha emitido un comunicado el día de hoy, miércoles 13 de mayo, en que confirma que se han encontrado “algunos casos, los cuales están localizados en trabajadores del área de Protección Interna y en personas que tuvieron contacto con ellos”.

La empresa minera agrega que, además de que han cumplido “rigurosamente con los protocolos del Ministerio de Salud, también han informado de estos casos a las autoridades competentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Salud de Pataz

Desde la Red Muqui nos comunicamos con la directora de la Red de Salud de Pataz, provincia del distrito de Parcoy, Ana Huaccha, quién nos confirmó que oficialmente hay 40 casos entre trabajadores mineros y personal de salud. Precisando que dicha información estaría subiéndose al registro del Sistema Integrado para COVID-19 (Siscovid).

Sin embargo, la directora no nos precisó cuál es la cantidad específica de trabajadores mineros contagiados dentro de esos 40 casos, porque su equipo continúa realizando labores en la zona de Parcoy junto al centro médico de la empresa minera. Señaló que se podrían reportar más casos y habría que esperar  la información oficial que se suba al Siscovid y al pronunciamiento de la Dirección Regional de Salud de La Libertad.

Asimismo, agregó que emitirán un comunicado desde la Red de Salud de Pataz llamando a la tranquilidad de la población frente a la alerta de que ya habrían 111 casos de COVID-19 entre los trabajadores mineros, precisando que están verificando la realización de la toma de pruebas de descarte que está realizando el centro médico de la empresa minera.

Al respecto, la empresa minera señaló en su comunicado que están realizando las pruebas de coronavirus a los trabajadores que han estado en contacto o compartiendo los mismos ambientes que los trabajadores diagnosticados, pero no tienen la cantidad de pruebas suficientes para realizar las pruebas a todos sus trabajadores.

En el video subido el 11 de mayo por la Federación de Trabajadores Mineros, también se aprecia que un representante de la empresa minera se dirige a los trabajadores señalando que ha pedido un lote de medicamentos para tratar el COVID-19 y que entiende la preocupación de los trabajadores al pensar que el centro médico está infectado, pero precisa que eso no es cierto, que solamente no tienen insumos.

Congresista Lenin Bazán realiza acciones

En contacto con el congresista Lenin Bazán,  señaló que 3 trabajadores se encuentran en estado de gravedad y tenían que ser derivados al hospital de Trujillo desde hace días, así como la urgencia que desde el Ministerio de Salud se apoye en el abastecimiento de pruebas rápidas y moleculares para la Red de Salud de Pataz, que actualmente no tiene la cantidad necesaria de pruebas de descarte.

El congresista agregó que los trabajadores con COVID-19 habrían sido contagiados por el personal de seguridad de la empresa que está compuesto por policías de comisarías provenientes de Chiclayo y Trujillo, quiénes habrían traído el el virus, al haberse reportado días antes que la comisaría de Poroto de Trujillo fue cerrada por presentar casos de COVID-19, así como la comisaría del caserío de Retama, que pertenece al distrito de Parcoy, que también fue cerrada. La empresa minera tiene convenio con la PNP para que realicen funciones de seguridad privada para sus campamentos mineros.

El congresista añadió que ha remitido oficios al Ministerio del Interior para tener respuesta frente a esta situación; al Ministerio de Trabajo, para que fiscalicen las labores de la empresa minera y la situación en la que se encuentran los trabajadores, y al Ministerio de Salud para que se atienda esta situación de emergencia, además de la comunicación directa que estableció con el ministro de Salud, Victor Zamora, quien le refirió que tomaría cartas en el asunto.

Las condiciones en las que están conviviendo los cerca de 800 trabajadores mineros es lamentable. Ver video.

Desde la Red Muqui nos ratificamos en que no puede haber una reactivación económica en el sector minero si es que antes no se tienen protocolos adecuados, centros médicos abastecidos, fiscalización laboral estricta y otros elementos más que se pueden ver en nuestro documento de observaciones al protocolo sanitario para el sector minero.

 

Por José Carlos Zúñiga – Red Muqui

/por

Red Muqui elabora observaciones al Protocolo Sanitario del Sector Energía y Minas

,

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el último abril el documento “COVID-19 ESTRATEGY UPDATE”, que establece una serie de pautas para que los diferentes países puedan desarrollar su estrategia control del COVID-19 señalando que sin una planificación cuidadosa y en ausencia de recursos para aumentar las capacidades de salud pública y atención clínica,  un prematuro levantamiento de las medidas de distanciamiento físico generaría que conlleve a un resurgimiento incontrolado en la transmisión COVID-19 y una segunda ola amplificada de casos. En el Perú, la reactivación económica se encuentra en marcha con mucha celeridad desde el mes de mayo, a pesar que el país no cumple con los criterios elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar a una etapa de des confinamiento progresivo:

  • Que la transmisión esté controlada.
  • Que el sistema de salud tenga la capacidad de detectar, testear, aislar y tratar cada caso y rastrear contacto.
  • Que los riesgos de brote se hayan minimizado en ubicaciones especiales, como centros de salud y residencias de personas mayores.
  • Que haya medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas u otros lugares esenciales a los que la población tenga que ir.
  • Que los riesgos de casos importados se puedan manejar.
  • Que las comunidades estén formadas, comprometidas y capacitadas con las nuevas medidas.

Reactivación Económica

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de actividades económicas FASE 1 prioriza al sector minero para esta reanudación a pesar que en diversas unidades mineras del país se vienen desarrollando brotes de COVID-1, poniendo en riesgo a comunidades y trabajadores. Ahora el Ministerio de Energía y Minas ha emitido la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM que desarrolla el protocolo sanitario para el sector Energía y Minas. A partir de este protocolo, las empresas mineras elaborarán sus “Planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19”.

Observaciones al Protocolo Sanitario

Desde Red Muqui hemos elaborado el documento: “Observaciones al Protocolo Sanitario para COVID-19 en el Sector Minero”, en que planteamos que:  No se señala claramente que las instancias del MINSA tendrán que aprobar estos planes, así como las potestades que se le otorgan a las empresas para consignar información en la Red Nacional Epidemiológica sin que esa información sea procesada previamente por las autoridades de salud regionales o locales; el protocolo tampoco establece medidas de prevención específicas para los Pueblos Indígenas y comunidades; y no se establece estándares adecuados para la garantía del derecho al acceso a la salud y la responsabilidad de las empresas.

Estado debe proteger derechos

En tiempos excepcionales de pandemia global por COVID-19 donde se muestra la fragilidad del sistema estatal para la protección de derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); por ningún motivo el mandato de reactivación económica puede constituirse en mayor desmedro de los derechos a la salud y vida de las y los trabajadores, pueblos indígenas, comunidades, y la reducción de estándares para la protección de sus derechos. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas ya vienen sufriendo impactos acumulativos por la actividad extractiva en sus territorios y fuentes de agua y, en contexto de crisis sanitaria, económica y alimentaria como la que se vive actualmente, se encuentran expuestas a un doble impacto generado por la actividad empresarial minera.

Red Muqui elabora observaci… by prensamuqui on Scribd

/por

Protocolos de salud con vacíos y reactivación económica apresurada

,

Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

 

Finalmente, la semana pasada se publico la Resolución Ministerial 128-2020-MINEM que aprueba el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”, y se emite en el marco de la norma que autoriza la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva” en nuestro país. De esta forma se completan las autorizaciones y protocolos para el sector minero, que sigue teniendo varios vacíos a pesar de las observaciones que se alcanzaron desde la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores mineros y la misma Defensoría del Pueblo.

 

Entre estas observaciones, están por ejemplo que el ente rector para la emisión de estos protocolos debe ser el MINSA y no el Ministerio de Energía y Minas, que, si bien tiene una opinión sobre el tema, no es la entidad competente. De otro lado se insiste en que la aplicación de las pruebas de descarte del virus (serológicas y moleculares) son potestativos de las empresas mineras; es decir, a voluntad de ellas, poniendo en riesgo nuevamente la salud y la vida de los trabajadores mineros y obviamente a las comunidades aledañas a los proyectos mineros. Otra de las observaciones tiene que ver con que se incluye a las empresas privadas directamente como “unidades informantes” en la Red Nacional Epidemiológica. Con esto se debilita la potestad estatal de recojo de información, tanto para la toma de medidas preventivas y de control de la propagación del COVID-19; poniendo toda decisión y manejo de información en las empresas mineras, que hasta ahora han actuado con poca transparencia y ocultando información como es el caso de Antamina, por ejemplo.

 

Es en este contexto que se viene implementando la reactivación económica en el país, como ya lo señalamos anteriormente, que solo prioriza la reactivación de las grandes empresas. Recientemente organizamos desde la Red Muqui, el día de ayer, 12 de mayo, un dialogo virtual denominado: “Reactivación económica, minería, agro y Covi-19”, y aquí se discutieron varios aspectos sobre los retos que nos plantea esta reactivación; una de ellas tiene que ver con la afectación y los impactos que implica la actividad minera en los territorios de las comunidades campesinas. Melania Canales, presidenta de ONAMIAP señalaba que: “cuando hablamos de reactivación económica hablamos solo de las grandes empresas, de los ricos, pero para nosotros, para el agro, para las comunidades lo que nos van dejar es solo más contaminación” y probablemente más contagios, sobre todo en las regiones donde hay actividades mineras.

 

Por ello, desde Red Muqui consideramos que no se puede hablar de reactivación económica si solo se prioriza o se privilegia una actividad económica como la minería. Ya es hora de que el sector agrario reciba la atención que se merece, finalmente es la actividad que viene sosteniendo la alimentación de millones de peruanos en este momento de la pandemia y del Covid-19.

 

/por

Abogados de Muqui Sur alertan sobre iniciativas legislativas que atentan contra derechos humanos

,

El día de hoy el Colectivo de abogados y abogadas de las instituciones integrantes de la Red Muqui Sur han emitido el pronunciamiento “Sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el contexto de la Declaratoria del Estado de Emergencia”; en ella evidencian su preocupación por las recientes normas emitiditas (DS N° 003-220-DE y Ley N° 31012), en lo que va del Estado de Emergencia, que regulan y reglamentan el uso de la fuerza a cargo de la PNP y las FFAA. El contenido de estas normas, se resalta, ha derogado garantías como el principio de razonabilidad y proporción en el uso de la fuerza, que son condiciones esenciales para que el uso de la fuerza pública no devenga en arbitraria e ilegal.

Al mismo tiempo, se resalta que también se ha afectado el principio de independencia judicial de jueces y fiscales, pues ahora se prohíbe explícitamente que se pueda requerir cualquier medida de detención judicial o prisión preventiva de un miembro de la PNP que cause muerte o lesión en el ejercicio de su función.

Los abogados de este colectivo también alertan algunas intensiones legislativas, propuestas por actuales bancadas del Congreso, que pretenden hacer modificaciones a la Constituciones y normas penales, con la intensión socavar las facultades de dirección de investigación a cargo del Ministerio Público y ser transferidas a la PNP.

El actual contexto de pandemia a causa del Covid-19 que enfrentamos, no debe de ser aprovechado para emitir normas que atenten contra principios y derechos constitucionales, reconocidos también en tratados internacionales, pues ello también implica un resquebrajamiento del Estado constitucional de Derecho y la democracia.

Pronunciamiento- Red Muqui Sur by prensamuqui on Scribd

/por

Diálogo virtual: Reactivación económica, minería, agro y COVID-19, este martes a las 5:30pm

,

A pesar que en nuestro país el brote del COVID-19 aún no se encuentra controlado y el sistema sanitario ya está colapsando; el 03 de mayo se emitió el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que establece la reanudación de las actividades económicas en 4 fases. Desde la FASE 1, se encuentra la actividad empresarial minera.

Desde que se dio inicio al estado de emergencia nacional y la medida sanitaria de cuarentena, la minería es una de las actividades no esenciales que no paró sus operaciones. Lo que hizo que varios de los trabajadores de diversas unidades mineras en el país se contagien de COVID-19. A la fecha se reportan más de 270 trabajadores contagiados y 1 de ellos falleció (Antamina), producto del contagio.

El sector agrario tampoco paró, pero tuvo y tiene aún muchas dificultades para poder desarrollarse, con la diferencia de que es una actividad esencial al proveernos de alimentos en nuestro país y en el mundo. A diferencia del sector empresarial minero que fue atendido desde el 1er día del estado de emergencia; el sector agrario sigue desatendido con las exigencias de los gremios agrarios y las comunidades campesinas.

Por estas razones, las comunidades, poblaciones y pueblos indígenas, a través de sus representantes, vienen señalando los riesgos a los que se encuentran expuestos por la continuidad de la actividad minera, sumando a ello los impactos acumulativos de las actividades extractivas en sus territorios y fuentes de agua; y el abandono del agro y las zonas rurales del país.

¿Qué significa la reactivación económica para las comunidades en estas circunstancias?

Desde Red Muqui organizamos la presente edición de “Diálogos Virtuales”: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MINERÍA, AGRO Y COVID-19 en el Perú.

La transmisión en vivo será vía FACEBOOK/RED MUQUI este martes 12 desde las 5.30pm.

PROGRAMA:

PANEL 1: Reactivación económica en contexto del COVID-19: Minería y Agricultura.

-José De Échave – Economista Cooperacción
– Clímaco Cárdenas- Presidente de CONVEAGRO
– Rocío Silva Santisteban – Congresista de la República

Modera: Jaime Borda – Secretario Ejecutivo de Red Muqui

PANEL 2: Afectaciones a la salud y vida de los PPII, comunidades y trabajadores a causa de la reactivación económica minera.

– Melania Canales – Presidenta de ONAMIAP
– Oscar Mollohuanca – Ex alcalde de Espinar

– Jorge Juárez – Sec. General de la Federación de Trabajadores Mineros ( Por confirmar)

Modera: Beatriz Cortez – Área político-legal de Red Muqui

/por