El gobierno central es uno de los principales promotores de las Mesas de Diálogo como una estrategia para la solución de conflictos; sin embargo, de los cuatro casos analizados por la Red Muqui: Espinar (Cusco), Río Blanco (Piura), Conga (Cajamarca), y Morococha (Junín), en ninguno se ha llegado a acuerdos vinculantes o han sido incumplidos o amañados, y en todos ellos se cuestiona el comportamiento ético de las empresas mineras. En tres de los casos (Espinar, Conga y Río Blanco) el problema central está vinculado al tema ambiental.
Uno de los mecanismos de diálogo son las mesas de diálogo y desarrollo, los procesos de consulta previa y los espacios de negociación o acuerdo previo con comunidades, según menciona el documento de “Balance y Propuestas para el Funcionamiento de los Procesos de Diálogo en el Perú”, elaborado por Red Muqui. Uno de los principales problemas que presentan dichos mecanismos en común es que ninguno contempla una lógica preventiva; es decir, no existen desde el Estado acciones para determinar con tiempo, elementos que podrían conducir a una situación de crisis y de ese modo poder evitar el estallido de conflictos.
Según menciona Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, al Estado le hace falta entender el contexto que se vive al interior de las comunidades. “En los casos evaluados, tenemos procesos que buscan desconflictivizar o negociar, pero no solucionar las problemáticas de las organizaciones locales y, facilitar con ello, relaciones adecuadas de Estado. La voluntad de las comunidades no es considerada al momento de decidir sobre la realización de proyectos o la aprobación de normas; por ello, muchas veces, terminan afectando comunidades campesinas o nativas, y población en general”, sostiene.
La organización analizó en dicho documento los casos de Espinar (Cusco), Río Blanco (Piura), Celendín (Cajamarca), y Morococha (Junín) e identificó algunas limitaciones presentes durante las mesas de diálogo. Estas son zonas en las cuales la minería y los conflictos entorno a ella están presentes, pero lamentablemente, en ninguno de los casos los mecanismos de diálogo han podido dar solución a las problemáticas de fondo de la conflictividad, porque no las abordan y falta de voluntad política.
Los principales problemas observados por Muqui son la asimetría con el que se han venido desarrollando los procesos, “el Gobierno central y las empresas mineras participan con más profesionales y asesores que las comunidades, que incluso no los tienen mayormente”; lo discutido corresponde a una agenda impuesta por el Estado, “las agendas, organizadas por el Estado, recogen parte de las causas de un conflicto y muestran las bondades de los proyectos mineros, no las preocupaciones de las comunidades y poblaciones y sus intereses”; no se da un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan, ni se investigan las violaciones de derechos humanos, subraya el documento.
En Piura se encuentra la empresa minera Río Blanco. El conflicto en esta región inició en el 2002, año desde el cual se han registrado alrededor de 30 personas detenidas, 9 fallecidas y hasta 400 investigadas o procesadas. “En el año 2007, las zonas de Ayabaca y Huancabamba tuvieron una consulta popular y lo que querían las organizaciones sociales como condición, era que se reconocieran los resultados de la consulta, en donde más del 98% dijo que no quería esta la minera en la zona. El que dirigía esa mesa de diálogo desde el gobierno era el entonces premier Jorge del Castillo; dijo que no podía aceptar una imposición y dio por suspendida la reunión de la mesa. Hasta el momento no se ha vuelto nuevamente a reiniciar esos procesos”, declara Lupo Canterac Troya, Coordinador de la Red Regional Agua Desarrollo y Democracia de Piura (REDAD).
En Espinar, Cusco, se desató el conflicto en el 2001 a causa de las operaciones de la Minera Xstrata Tintaya con 3 fallecidos y 26 detenidos. En el año 2012 se volvió a desatar un conflicto, al cual el Estado respondió implementando una mesa de diálogo. Según Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, esta “no fue una mesa de diálogo equitativa, ha habido situaciones asimétricas en el tema de profesionales y hasta la difusión de acuerdos limitaba la participación de las comunidades; por otro lado, el Estado cuando dialoga viene con asesores técnicos. A pesar de esas asimetrías las comunidades han estado casi año y medio en la mesa de diálogo que finalmente se fue desgastando”, menciona.
El informe de la Red Muqui señala que de los cuatro casos analizados, hay un saldo de 12 muertes en conflictos, de las cuales cinco corresponden al caso minas Conga; tres al caso Espinar; y cuatro al caso Río Blanco. En ninguno de los casos se cuenta con información sobre las acciones que el Estado ha realizado para esclarecer los hechos, como identificar a los presuntos responsables e indemnizar a las víctimas. Si bien hubo y hay aún procesos e investigaciones penales en curso, o fueron archivados o no tienen resultados hasta la fecha. Estos hechos graves de vulneraciones a los derechos fundamentales no han sido considerados como temas centrales en ninguna de las agendas de las Mesas de Diálogo, salvo algunas respuestas puntuales como en el caso Espinar (la empresa Xstrata ofreció un apoyo económico a las familias de los heridos y fallecidos).
Así el informe recomienda que desde el Estado haya una política preventiva de los conflictos, el establecimiento de un sistema nacional de prevención y atención de conflictos sociales con la Municipalidad Distrital como primer nivel, la participación plena de la población y las comunidades campesinas en los procesos de diálogo; la representación equitativa, con asesores, observadores y profesionales especialmente al tratarse aspectos técnicos y legales; el seguimiento o monitoreo de los acuerdos y compromisos derivados de los procesos con garantes; las agendas de discusión compartidas, y el respeto de los derechos de las poblaciones, en especial de nuestras comunidades campesinas y nativas como prioridad.
