El GRUPO PERÚ COP considera necesario la existencia de un marco normativo que posibilite y obligue a las entidades del Estado a la realización de acciones para enfrentar el cambio climático. La aprobación en marzo del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático  constituye un paso importante en ese proceso. No obstante, el GRUPO PERÚ COP solicita a los Congresistas de la República que incorporen en el dictamen  artículos que establezcan un marco institucional claro que fortalezca al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema de Gestión Ambiental y establezca competencias a los demás sectores para realizar acciones en mitigación y adaptación. La ley de cambio climático debe mejorar la asignación de competencias y funciones en los diversos niveles de la administración pública y mejorar la articulación entre las entidades públicas a nivel nacional, regional y local,  asegurando la participación de la sociedad civil.

Asimismo, invoca la incorporación en el dictamen de temas que han sido excluidos. Uno de ellos es el ordenamiento territorial. A pesar de que existieron esfuerzos de la sociedad civil por lograr una política nacional vinculante de ordenamiento territorial, ésta no se concretó. Demandamos que la Ley de Cambio Climático incorpore este elemento, pues como señala el PNUD (2013) en su informe sobre desarrollo humano y cambio climático, “el ordenamiento territorial permitirá un uso más adecuado del suelo y sus capacidades en distintos ámbitos geográficos, y dará pautas para el diseño de respuestas a los efectos del cambio climáticos” . No puede existir adaptación sin ordenamiento territorial.

De otro lado, respecto a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), saludamos el anuncio realizado por el Director General de Cambio Climático del MINAM  que las INDC serán sometidas a consulta pública en el mes de junio. Instamos a que este proceso sea transparente y participativo,  y  que cuente con metas ambiciosas que busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquellos rubros que más emiten en Perú como energía y bosques . Tal Como señala Plan CC, es necesario establecer las “condiciones habilitantes” para que las acciones a largo plazo logren cumplirse, las cuales implican en el rubro forestal mejorar las condiciones de gobernanza e institucionalidad así como los mecanismo financieros que puedan dar soporte a la conservación de bosques. Consideramos como una condición habilitante la titulación de 20 millones de hectáreas para pueblos indígenas de la Amazonía como lo exige AIDESEP. En cuanto al rubro energía, es primordial que se aumente la inversión en infraestructura, interconexiones y principalmente en cambio de tecnologías. Las INDC peruanas deben contemplar como prioridad acciones para la transferencia tecnológica.

Habiendo señalado estas condiciones, el GRUPO PERÚ COP 20 demanda que al año 2030 la matriz energética esté compuesta con por lo menos 25% de energías renovables no convencionales. Nuestro país tiene potencial para estas energías, solo depende de la voluntad política del gobierno para llevarlo a cabo. Asimismo, el rubro transporte al ser uno de los más contaminantes debe ser prioridad en las INDC, para lo cual planteamos el cambio gradual del transporte privado a un transporte público sostenible y promover el transporte no motorizado. En cuanto a bosques, exigimos compromisos reales  contra la deforestación, esto implica lucha contra actividades ilegales como tala, minería ilegal/informal y cultivos de coca; pero también para reducir práctias agrícolas en la Amazonía como palma aceitera. La meta planteada en el año 2010 ante la CMNUCC de cero por ciento de deforestación es viable. Las emisiones netas pueden reducirse con esfuerzo al proteger las áreas de bosques y recuperar los bosques degradados. El GRUPO PERÚ COP exige la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques.

Saludamos el anuncio del MINAM de incluir la adaptación dentro de las INDC. Existen diferentes iniciativas desde la sociedad civil que pueden ser tomados en cuenta el diseño de las contribuciones en adaptación, tal como el Programa Nacional de Adaptación Climática  Comunitaria (PRONACC) propuesta por las organizaciones indígenas y campesinas del Pacto de Unidad. Asimismo, consideramos que las contribuciones en adaptación deben buscar proteger a la pequeña agricultura planteando metas cuantificables de reducción de las hectáreas de cultivo afectadas por desastres meteorológicos en los distritos más vulnerables, para lo cual deben realizarse planes de adaptación con participación de la sociedad civil, se debe garantizar el financiamiento y establecer plazos para el avance progresivo .

Las medidas contempladas en las INDC también deben ser evaluadas por sus cobeneficios, por sus efectos positivos, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de responder a los efectos del cambio climático. El GRUPO PERÚ COP exhorta que las acciones con efectos colaterales dañinos no sean consideradas en las INDC, tal es el caso de las grandes hidroeléctricas que tienen más efectos negativos que positivos.

Finalmente, el Grupo Perú COP expresa su disposición de colaborar en el proceso de discusión de la Ley de Cambio Climático y en la elaboración de las INDC, llamamos a las instituciones del Estado, a las empresas, la prensa y demás organizaciones de la sociedad civil a involucrarse en estos procesos a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad – una coalición de más de 190 movimientos y organizaciones sociales – organizó el 23 de junio de 2014 una Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Ginebra. Dicha audiencia inauguró la Semana de Movilización para Detener los Crímenes y la Impunidad Corporativa (23 al 27 de junio), organizada conjuntamente por movimientos sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Alianza por un Tratado. Se organizaron diferentes actividades en la última semana de la Sesión 26 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), cuando tomaba lugar la discusión y votación para decidir si se lanzaba un proceso para crear un tratado vinculante para las empresas transnacionales (ETNs) sobre sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. La Semana de Movilización implicó un momento de convergencia importante para los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avanzar hacia un sistema más efectivo y consolidado que permita defender los derechos humanos y el medioambiente ante los crímenes y violaciones por parte de las transnacionales.

Durante la Audiencia del TPP, representantes de comunidades afectadas testificaron sobre los impactos desastrosos de las actividades de ETNs en distintos sectores. El Tribunal escuchó testimonios sobre la devastación medioambiental causada por empresas petroleras, tales como las décadas de contaminación por parte de Chevron  en la Amazonía ecuatoriana, y de Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo los Derechos Humanos son sistemáticamente violados cuando el control del agua pasa de la esfera pública o de los comunes a las manos de las ETNs, como por Coca-Cola Company en Colombia; de la empresa de aguas israelí Mekorot en Palestina; y de la española Hidralia en Guatemala. La industria minera también mostró no solo sus daños ambientales, sino también las violaciones de derechos humanos directas. Casos como el de la canadiense Pacific Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la británica Lonmin en Sudáfrica señalaron cómo la militarización y la violencia perpetradas sobre las poblaciones afectadas son al menos tan problemáticas como los daños ambientales. En este sentido, el caso de la anglo-suiza Glencore Xstrata fue emblemático por la extensión global de una sola empresa, y mediante los testimonios de comunidades afectadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia, República Democrática del Congo y Filipinas se mostró un claro ejemplo de cómo las ETNs operan en todo el planeta con total impunidad. En todos los casos presentados, se evidenció de forma transversal el bloqueo sistemático del acceso a la justicia y obtención de remedio por parte de las víctimas de intimidaciones, persecución, asesinato y destrucción ambiental. Como resultado, el TPP reafirmó lo que ya había sido apreciado en sesiones anteriores, basado en las evidencias presentadas en Ginebra. Esto es, que las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos y de los pueblos cometidas por las ETNs demandan una acción radical y urgente. Al final de la semana de movilización, el 26 de junio, las reivindicaciones de los testimonios presentados en la Audiencia del TPP resonaron en la adopción de una resolución histórica por los gobiernos en el CDH (A/HRC/26/L.22/Rev.1). Esta estableció un grupo de trabajo intergubernamental cuyo mandato consiste en la elaboración del borrador de un instrumento legalmente vinculante que estipule las obligaciones en materia de Derechos Humanos de las ETNs. Los/as defensores/as de los derechos humanos, y las comunidades afectadas por las transnacionales, en colaboración con diferentes movimientos sociales y redes de campaña, tuvieron un papel clave en este importante paso para parar la impunidad. En el aniversario de la resolución, cuando los Estados se preparan para la primera reunión del grupo de trabajo (6-10 de julio 2015, en Ginebra), este Mapa Temático actualiza los casos presentados en la Audiencia del TPP de Ginebra y recuerda la continuidad de la impunidad que justificó aquel tribunal.

La Audiencia del TPP en Ginebra se situó en continuidad con tres sesiones anteriores organizadas por la Red Bi regional Enlazando Alternativas, que han juzgado hasta 46 casos de violación de derechos humanos en América Latina, cometidos por transnacionales europeas. Tal y como las audiencias que le precedieron, la audiencia de Ginebra puso en evidencia las acciones de las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las violaciones, así como la existencia de un régimen hegemónico global legal, económico y político  que constituye los elementos sistémicos de una Arquitectura de la Impunidad, tales como los Acuerdos de Libre Comercio e Inversiones. La Audiencia de Ginebra se vinculó también con otros procesos como las sesiones del TPP en México y Canadá, la preparación de un próximo TPP en el Sur de África, así como de uno vinculado con las maquiladoras en Asia. Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales, demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo se articula dentro de un proceso mucho más amplio y fundamental en la lucha por la abolición del régimen corporativo; en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la reivindicación de los Bienes Comunes, así como del rescate de lo público, capturado por los intereses corporativos.

Este Mapa Temático ha sido preparado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Parar su Impunidad, a través de la colaboración de algunos de sus miembros: el Transnational Institute (TNI), el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y, más importante, los movimientos de comunidades afectadas y organizaciones aliadas, directamente responsables por la presentación de cada uno de los casos emblemáticos referenciados en el Mapa.

 

Derechos Humanos sin Fronteras

La polarización social y política de la discusión en torno al Proyecto Tía María en Arequipa, como antes ocurrió en torno a Conga en Cajamarca, vienen expresando un serio cuestionamiento de las regiones al modelo de crecimiento que lleva adelante el gobierno y a la forma como se decide la implementación de los proyectos extractivos en el país, pero además impide una discusión seria tanto sobre el rol de estos últimos en el desarrollo local, regional y nacional, como de la necesidad de implementar un sistema nacional descentralizado de planificación territorial.

El ordenamiento territorial (OT) es una política, un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios, en las zonas rurales y urbanas, resolver de manera democrática e informada los conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades posibles entre las actividades económico productivas, así como prevenir riesgos de desastres, conseguir un desarrollo más equilibrado de las ciudades, proteger el patrimonio natural y cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y establecer medidas necesarias para el desarrollo territorial.

Sin embargo, esta polarización está siendo interesadamente aprovechada por quienes desde el gobierno y ciertos sectores empresariales y políticos ven el OT como un obstáculo para realizar actividades como la minería y el petróleo para luego, en nombre de la sensatez y la gradualidad, mantener el statu quo en el que impera el desorden sobre los usos y formas de ocupación del territorio, la imposibilidad de emprender iniciativas de desarrollo con una perspectiva integral de sus efectos, el atropello de derechos, y la imposibilidad de conseguir condiciones para un diálogo genuino y acuerdos entre los diversos actores. Desde la Plataforma creemos que toda actividad, incluidas las extractivas deben darse en el marco de la planificación del desarrollo y el OT como bases de una asignación racional y consensuada con poblaciones, comunidades y diversos actores sobre los usos en el territorio, constituyendo su ausencia una fuente permanente de conflictos.

Debemos agregar que el actual gobierno ha dado marchas y contramarchas en la tarea de ordenar el territorio. Tras haber anunciado al inicio de su mandato la urgencia de una ley de OT, el ejecutivo nunca concretó iniciativa alguna para su discusión en el Parlamento, donde diversos sectores, incluido el oficialismo han bloqueado otras iniciativas. Ante la supuesta ausencia de consensos al respecto, se instaló en el Acuerdo Nacional la discusión de una política de Estado, que finalmente fue aprobada entre actores políticos, sociales y gremiales, incluidos los empresarios, como la Política número 34, “Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”. A más de un año de su aprobación no existe ninguna iniciativa para su implementación.

En medio de esta falta de iniciativa, el gobierno aprobó recientemente la ley 30230 y otras para dinamizar las inversiones. Esta ley define que la Política de OT, se aprueba a través de un Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, y no ya a través del Ministerio del Ambiente. Pero además, declara que ni la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) ni el OT definen usos del territorio. Cabe preguntarse entonces sobre su utilidad, ya que no se definen más que como instrumentos orientadores, lo que significaría que no tienen ningún efecto político, ni regulatorio para ordenar y gestionar de manera efectiva el territorio, sumándose a otros instrumentos de planificación que duermen en las gavetas de las instituciones.

Queda además sin claridad alguna la manera en que esta norma afecta la rectoría y los procesos impulsados por el Ministerio del Ambiente y los gobiernos descentralizados como las ZEE, así como las implicancias que tiene para que estos último puedan cumplir sus funciones en materia de OT, obstaculizadas y postergadas ya varios años.

Estamos ad portas de una visita de una misión de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) para el lanzamiento oficial del estudio denominado Territorial Review – Perú, que tiene como objetivo principal brindar recomendaciones de políticas públicas para el desarrollo territorial del país. Es sumamente grave que el gobierno se quiera adherir a una organización que agrupa a los países desarrollados, cuando resultan pobres los avances en materia de OT y la ausencia de un debate alturado sobre el tema en nuestro país. Habiendo sido el gobierno de Humala incapaz de aprobar reformas mínimas y básicas para sentar las bases de una política de OT, consideramos necesario insistir en la realización de un debate amplio y descentralizado sobre este tema para ubicar a nuestra diversidad territorial en el centro de la política nacional de cara a las elecciones de 2016.

Marlene Luz Castillo Fernández, Master en Extensión Agrícola y Desarrollo Regional de los Andes, miembro de la Red Agua, Desarrollo y Democracia de Piura, recientemente ha sido consultora de instituciones como CEPES y CooperAcción, todas ellas instituciones miembro de la RED MUQUI.
Conformó el equipo técnico que apoyó a la Municipalidad de Dean Valdivia, de la provincia de Islay, en coordinación con CooperAcción y la RED MUQUI, en la preparación del documento «Valle de Tambo-Islay: Teritorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto», que contenía una rigurosa revisión del primer EIA que presentó la empresa minera Southern Peru para el proyecto minero Tía María.
Ésta vez Marlene Castillo se ha dedicado, de manera rigurosa a revisar el EIA aprobado por  en su documento: “Proyecto Minero Tía María – 2014: Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social”, donde presenta argumentos críticos frente al proyecto Minero Tía María.
Su hipótesis central es que la ejecución del proyecto minero se configuraría un escenario de alto riesgo para la zona agraria vulnerable. Ella presenta tres escenarios de riesgo y cada uno lo describe ampliamente con datos actuales:

1.       El escenario de riesgo 1 que se configuraría con la contaminación del aire y la sedimentación de las partículas menores (menores a 2.5 micras) en el agro vulnerable.

2.       El escenario de riesgo 2 que se configuraría con la contaminación del acuífero aluvial – río Tambo vía el drenaje de agua ácida y la liberación de metales.

3.       El escenario de riesgo 3: incertidumbre alta sobre afectación del ecosistema marino salobre con la instalación y funcionamiento de la planta desalinizadora sin estudio de factibilidad

Finalmente ella presenta en su documento «Escenarios de alto riesgo y dudas razonables que sustentan la negación de la licencia social -Proyecto Tía María 2014» la importancia del Valle de Tambo y las familias productoras.

La Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami) denunció ante el Ministerio Público a un grupo de funcionarios del Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) por ocultar información referida a la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros que viven en las zonas aledañas al proyecto minero Tintaya – Antapacay.

La denuncia de Adepami está referida a los exámenes realizados a inicios del año 2013, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo instalada en a fin de atender las demandas de la población afectada por las operaciones mineras de la empresa Glencore – Xstrata.

En dicho espacio de diálogo se acordó realizar los estudios necesarios para determinar la presencia de metales pesados en el organismo de los pobladores. Las muestras fueron examinadas por el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, institución que hizo una medición para determinar la presencia de hasta 17 metales pesados, sin embargo, a la población solo se le informó de los resultados sobre la base de seis obviándose los datos acerca de los otros 11 parámetros medidos.

“Nuestra Asociación considera que los presuntos hechos delictivos lindan con la comisión de los presuntos delitos contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, Falsedad Ideológica, Supresión, Destrucción u Ocultamiento de Documentos y Falsedad Genérica; así mismo por el presunto delito contra la administración Pública, en su modalidad de Malversación y por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Exposición a peligro o abandono de personas en peligro, sub tipo exposición a peligro de persona dependiente”, señala Adepami.

La denuncia alcanza a Juan Cossio Brazzan, Director Ejecutivo de Medicina y Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Carlos Huamaní Pacsi, Director Ejecutivo de Identificación, Prevención y Control del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud; Estela Encarnación Ospina Salinas. Directora General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.

También a Cesar Cabezas Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud,  investigador principal encargado de la ejecución del Estudio de Exposición a Metales Pesados, realizados en Espinar en  Enero del año 2013.

Adepami ha solicitado a la Fiscalía que se recoja las declaraciones de los denunciados y de aquellas personas cuyos testimonios ayuden a esclarecer los hechos denunciados. Asimismo que se recabe toda la documentación que permitiría establecer responsabilidades de quienes resulten implicados, entre ellos la Resolución Directoral que aprueba la investigación por el Instituto Nacional de Salud, conforme se tiene del numeral 5.2.15 de las Disposiciones Generales, de la Directiva N°003-INS/OGITT-V.01; los Informes de avances y el Informe Final presentados por Carlos Sánchez, a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Además que se solicite al Centers for Disease Control and Prevention que dé a conocer la fecha en que remitió los resultados practicados de los 17 metales en las muestras de orina recolectada, al Instituto Nacional de Salud del Perú; y si conocían que CENSOPAS había solicitado el consentimiento a los participantes para que se les practique exámenes solamente de 6 metales pesados.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que ha llevado a cabo acciones de fiscalización continuas a la unidad minera Arasi operada por Aruntani S.A., en el departamento de Puno. Así, entre los años 2010 y 2014, el OEFA ha realizado ocho (8) acciones de supervisión directa, dos (2) monitoreos de calidad de agua y sedimentos en el ámbito de influencia de la unidad minera y ha impuesto seis (6) sanciones firmes.

En efecto, en los últimos cinco años, el OEFA realizó cinco (5) supervisiones regulares y tres (3) especiales a la unidad minera; y en atención a los hallazgos detectados, impuso tres (3) sanciones, en el primer caso resolvió una multa por un monto de 46.53 UIT y en los dos últimos casos dictó medidas correctivas, en aplicación de la Ley Nº 30230. Asimismo, en virtud a tres (3) supervisiones realizadas en el 2009 por Osinergmin, el OEFA impuso tres (3) sanciones que suman 390 UIT.

En relación a los monitoreos ambientales realizados en el ámbito de influencia de la unidad minera, en el mes de febrero del 2013 se realizó un monitoreo de calidad de agua en el río Chacapalca y sus afluentes, y en el mes de julio del mismo año se realizó un monitoreo de calidad de agua y sedimentos en los ríos Chacapalca y Ocuviri. En seguimiento a dichas acciones, se ha programado un monitoreo de calidad de agua, aire y sedimento para el tercer trimestre del año 2015.

Adicionalmente, el 18 de enero del 2015 el OEFA participó, a solicitud de laFiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una diligencia fiscal para identificar la mortandad de peces (truchas) en el río Jatun Ayllu, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, atendiendo el requerimiento de los ciudadanos de Ocuviri.

En dicha diligencia, el OEFA tomó muestras de calidad de agua de los ríos Jatun Ayllu, Chacamayo y Chacapalca, programándose una nueva diligencia fiscal para el martes 9 de junio del 2015, donde participarán autoridades locales y la población de Ocuviri.

La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que se requiere reforzar los mecanismos que buscan una solución al conflicto social derivado del proyecto minero “Tía María”, región Arequipa, ya que la situación en la provincia de Islay tiende a agravarse.

“Han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro indefinido y en ese tiempo las clases escolares se han suspendido, hay señales de desabastecimiento en los mercados, las transacciones económicas y los trámites administrativos se han visto interrumpidos y el clima de intranquilidad se extiende, principalmente, a lo largo de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía”, sostuvo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Para la Defensoría del Pueblo, la reunión de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, llevada a cabo en Arequipa el viernes último, es una actividad útil para brindar explicaciones a la opinión pública sobre los alcances de este instrumento ambiental. Sin embargo, es necesario pasar de un esquema de divulgación abierta a un esquema de diálogo técnico entre los representantes de los ministerios comprendidos en este asunto y los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, los municipios distritales y sus respectivos equipos técnicos quienes son los que han planteado directamente cuestionamientos al EIA.

También se considera que la reunión de diálogo técnico debe ser adecuadamente preparada, correspondiendo al gobierno nacional remitir las invitaciones formales a los actores concernidos en el conflicto, acreditar a los participantes, elaborar una agenda de temas materia principal de la discusión, establecer reglas de respeto mutuo y que todas las partes garanticen que dicha reunión se realice en condiciones de seguridad para todos.

“Una reunión de esta naturaleza implica una actitud de escucha y de disposición a recoger los planteamientos que sean pertinentes y estén debidamente sustentados. La voluntad de dialogar viene aparejada de la voluntad de corregir, en caso de que hubiere necesidad de hacerlo. No cabe descartar de plano ninguna vía de solución. Al diálogo técnico debe sucederle un espacio de negociación en el que creativamente las partes construyan una salida al problema”, dijo por su parte el Adjunto para los Conflictos Sociales, Rolando Luque Mogrovejo.

El funcionario señaló que, simultáneamente a la apertura al diálogo, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los dirigentes y alcaldes que promueven o respaldan el paro a prescindir de los actos de fuerza que perjudican a terceras personas, en particular a niños y adolescentes, cuya formación educativa se viene resintiendo seriamente al haberse interrumpido la asistencia a clases. En ese sentido, la Defensoría pide la reanudación de las clases escolares y normalización de las actividades en Islay, diálogo técnico y respeto al derecho a protestar siempre que sea de manera pacífica.

La Defensoría del Pueblo espera una atención pronta a este conflicto y mantiene su disposición a colaborar en el marco de sus competencias legales.

Lima, 13 de abril del 2015.

Defensoria del Pueblo

Un pronunciamiento suscrito por los alcaldes, provincial de Islay, Richard Ale, distrital de Cocachacra, Helard Valencia, distrital de la Punta de Bombón, José Ramos y distrital de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz,

así como por el presidente de la Junta de Usuarios y secretario del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Jesús Cornejo y Pepe Julio Gutiérrez reitera que no asistirán a la Mesa de Desarrollo y alertan de una posible conmoción social.

El documento señala que ante las expresiones de las más altas autoridades gubernamentales denegando la posibilidad de una consulta a la población sobre el proyecto minero, se desprende que el gobierno ha asumido la representación de la empresa Southern Perú lo que implica una ruptura profunda con la sociedad civil de El Valle.

Asimismo mencionan que la negativa del gobierno a la revisión del Estudio de Impacto Ambiental por parte de un ente técnico internacional e imparcial, demuestra que su posición no era caprichosa sino que estuvo basada en la falta de credibilidad de los técnicos del Ministerio de Energía y Minas que lo aprobaron.

En otro punto califican la Mesa de Desarrollo prevista para mañana como un show mediático a la que no asistirán porque no se puede llamar diálogo a la intransigencia del gobierno.

También alertan sobre una represión policial que se prepara contra los huelguistas atribuyéndoles falsamente el uso de explosivos y atacando autoridades como jueces, gobernadores y alcaldes.

Y por último responsabilizan al gobierno de un posible desborde social, por la actitud represiva en la que se habría politizado al Ministerio Público, por lo que resulta contradictorio que se hable de diálogo y al mismo tiempo se amenace a los dirigentes con enviarlos a la cárcel.

Aquí el documento completo

 

 

Fuente: El Buho

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó hoy que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, acoja las recomendaciones que formuló con el propósito de contribuir con la mejora del proceso de evaluación ambiental.

No obstante, lamentó que no sucediera lo mismo respecto de las recomendaciones formuladas para proteger los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

Estas precisiones fueron formuladas en el marco de un oficio alcanzado a la Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, en relación a la necesidad de realizar precisiones ante el inicio del debate del Proyecto de Ley Nº 3941/2014-PE, para evitar interpretaciones o aplicaciones que pudieran vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, en especial de sus derechos sobre la tierra y el territorio. En atención a ello, se ha recomendado excluir, expresamente, las tierras indígenas del ámbito de aplicación de la referida iniciativa legislativa.

Vega recordó que en el mes de noviembre del año 2014, recomendó incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas, ni a la propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas. Pese a ello, no se incorporó dicha disposición, contemplándose únicamente una exclusión de la aplicación de normas de servidumbre a las zonas de selva, pese a que existen pueblos indígenas en otras zonas del país.

Advirtió que, en dichos términos “la norma podría aplicarse respecto de las tierras y territorios de las comunidades campesinas, así como respecto de las tierras forestales que se encuentran en cesión en uso a favor de los pueblos indígenas, afectando su acceso al aprovechamiento de recursos naturales”.

Añadió que otro tema de especial preocupación es la gran dificultad de las comunidades para la probar la posesión de sus tierras y territorios, por lo que se requiere un procedimiento y plazos razonables. Por tanto, observó que la mencionada situación se agravaría en un procedimiento de otorgamiento de servidumbre, debido a que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre la referida solicitud en el plazo de 10 días previsto para la formulación de la opinión técnica y 15 días previstos para la entrega provisional de servidumbre, que además se encuentra sujeta a silencio administrativo positivo.

A continuación destacó los esfuerzos desplegados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología destinados a la participación de diversos actores en la formulación de aportes. “Es necesario incorporar las recomendaciones destinadas a brindar especial protección a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, a fin de apuntalar dicho esfuerzo”, señalo Eduardo Vega.

Fuente: Defensoria del Pueblo

 

Defensoria del Pueblo sobre PL Nº 3941/2014-PE by prensamuqui

10 mil ciudadanos presentan petición de inconstitucionalidad de la Ley 30230, contra los pueblos indígenas y el ambiente

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, el Pacto de Unidad y AIDESEP, que agrupan al as organizaciones indígenas y campesinas del Perú, presentan 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra  la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú.

La Ley 30230 es inconstitucional porque viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

Esta ley,  además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.

FECHA: Viernes 10 de abril
HORA: 11:30 am
LUGAR: Calle Pezet y Monel 2467 (Lince) – Local de la CNDDHH

 


Email: prensa@muqui.org
Teléfono: 332-6525