La virtualización por encima de la interculturalidad en la consulta previa en proyecto minero de Espinar

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Por Helio Cruz – Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, miembro de la Red Muqui –

La Ministra de Económica y Finanzas el pasado 30 de junio ha manifestado en conferencia de prensa del gobierno peruano “ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura pueda ser con mecanismo virtuales (la consulta previa)”, “… estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración Coroccohuayco”.

En la provincia de Espinar, durante los últimos 30 años de convivencia con el proyecto minero que extrae principalmente minerales de oro y plata, las mismas comunidades que habitan al entorno minero denunciaron despojos de tierras, contratos/convenio suscritos que no se cumplen, afectación a la salud con metales tóxicos en el cuerpo, contaminación de aguas superficiales/subterráneos, muerte de animales acuáticos y terrestres, amenaza y maltrato físico y psicológico, criminalización de la protesta social, demandas de víctimas de conflictos socio ambientales entre otros.

El actual proyecto de la Compañía Minera Antapaccay que tiene componentes denominados como Zona de Beneficio Tintaya, Zona de Explotación Antapaccay y la “futura” Zona de Explotación Coroccohuayco.

Antapaccay ha contratado y presentado la Modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco, esta última ampliación ha generado una serie de preocupaciones, desde que se conoció las comunidades exigieron que este proyecto se someta a consulta previa, libre e informada. El gobierno decide implementar años después del pedido producto de la presión social con reiterados documentos exigiendo este derecho, plantones y movilizaciones desarrolladas por las comunidades afectadas.

Aquí se abre el debate bajo la pregunta ¿qué se debe consultar?, las respuestas abrieron dos caminos; por un lado desde las comunidades sostienen que la Consulta Previa debe realizarse al MEIA[1], que en ese entonces se encontraba en SENACE en trámite de aprobación, y por otro lado la postura del gobierno y de la empresa minera para que se realice la Consulta Previa a la Resolución del MINEM que establece “Autorizar el inicio de actividades mineras de explotación a favor de la Compañía Minera Antapaccay”[2].

Es decir, al Estado y a la empresa minera no le conviene poner a debate el contenido de la MEIA donde se encuentra las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas, incluso territoriales porque serán desplazados sin consentimiento principalmente 3 comunidades en la zona Coroccohuayco.

En el pasado no hubo interés en socializar por parte del Estado y la empresa minera el contenido de la MEIA a las comunidades afectadas por la ampliación del proyecto minero, en este proceso de Consulta Previa no ha cambiado esa realidad, la MEIA sigue siendo solo un requisito que la empresa minera debe cumplir y SENACE no asume una responsabilidad el rol de protección al medio ambiente y sus habitantes que conforman los pueblos originarios.

Y ¿cómo llegamos a la Consulta Previa Virtual?

Ahora, en medio de la Pandemia y la reactivación económica para la empresa privada; la ministra del MEF ha anunciado el reinicio de la Consulta Previa pero esta vez por mecanismos virtuales ha dicho que solo “la última etapa del proceso el diálogo sí sería presencial” debemos aclarar que no solo es el proceso de diálogo de un día sino de un tema complejo por las afectaciones que representara en el futuro y los acumulados hasta hoy, debe haber transparencia del Estado frente a estas preocupaciones.

La virtualidad es una amenaza a ese dialogo y quiebra el principio de la buena fe, por tanto, las consultas previas pueden ser nulas si las comunidades en el futuro observan que los acuerdos no los representa o que los funcionarios no estaban debidamente acreditados, hay demasiadas dudas sobre este mecanismo “virtual”.

Este mecanismo virtual no forma parte de los usos y costumbres en las comunidades, y el Misterio de Cultura es cómplice de ello porque no advierte que la tradición oral – presencial es un mecanismo histórico, la reactivación económica no puede estar encima de este derecho colectivo intercultural, incluido el idioma.

La ministra del MEF ha manifestado que va a transferir fondos para la Consulta Previa Virtual, no se trata de dinero, no es sufriente tener internet en las comunidades, no comprender esa dinámica nuevamente pone en situación de desventaja a las Comunidades frente al Estado.

El Tribunal Constitucional (Exp. 00022-2009-PI/TC) ha precisado que “Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma…”.

La mera apariencia responde a la reactivación económica en favor empresa privada, mejorar mecanismos de transparencia que el pasado se ha ocultado, respetar estándares de consulta previa a pueblos originarios, así como el Estado debe “abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de distanciamiento social) de conformidad con los estándares internacionales aplicables”[3].

 

[1] Demanda de Amparo de Omisión de Consulta Previa a la MEIA presentada por las Comunidades de la Zona de Explotación Coroccohuayco. Ver noticia: https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-se-preparan-para-la-consulta-previa-del-nuevo-proyecto-minero-coroccohuayco/

[2] Plan de Consulta Proyecto Minero “Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Disponible en la web de MINEM: https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Consulta%20previa%20-%20mineria/En%20Proceso/4%20Coroccohuayco/Plan%20de%20Consulta.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Punto 57 de Pueblos Originarios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

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Organizaciones de Chimbote rechazan decretos del gobierno para la explotación petrolera en el mar. «Pesca SÍ, petróleo NO»

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Durante la mañana del día de hoy, martes 7 de julio, gremios de pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, juntas y frentes vecinales de Chimbote -región Ancash-, protestaron contra la entrega ilegal de millones de hectáreas del mar de la costa norte a la empresa petrolera Tullow Oil para explorar y explotar hidrocarburos, aprobado recientemente el 2 de julio a través de los decretos supremos 016 2020 EM y 017 2020 EM. Estos decretos fueron aprobados inicialmente por el gobierno de PPK, pero frente a la protesta masiva de los pescadores artesanales de la costa norte, tuvo que derogar estos decretos antes de renunciar a la presidencia.

Las organizaciones agrupadas en el FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SÍ PETRÓLEO NO – desde Ancash hasta Tumbes – , señalan a través de un comunicado que este es un atentado contra nuestra fuente alimentaria peruana sin previsión de los impactos imprevisibles de esta crisis, y que es incompatible con la pesca y la cultura marino-costera al atentar contra la vocación productiva, y la cultura y cosmovisión de la costa peruana. Las organizaciones señalaron a Red Muqui que convocarán a otra jornada de protesta para el 16 de julio con el objetivo de que el gobierno del presidente Vizcarra derogue los decretos supremos en mención.

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamiento:

  1.  DEROGATORIA EN PLAZO INMEDIATO de los D.S. 016-2020-EM (Lote Z 67 – ANCASH), 017-2020-EM (Lote Z 68 – ANCASH) (Julio 2020) y los DS. 006-2019-EM (Lote Z 38 – TUMBES) 012-2019-EM (Lote Z 64 – TUMBES), URGENTE INTERPELACION A LOS SECTORES DE ENERGIA Y AMBIENTE Y DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL GERENTE DE PERUPETRO.
  2. Revocar contratos y cualquier otro convenio o similar suscrito por PERUPETRO -en representación del Estado Peruano – que afecte la vida natural y en particular la zona marino costera en el país.
  3.  Políticas de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, conservación de áreas marinas (Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras) recuperación de ecosistemas afectados y sitios impactados, protección de actividades preexistentes en las zonas costeras y políticas de impulso y dinamización de las economías ligadas al desarrollo marino costero, promovidas desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
  4.  Movilización general de la ciudadanía a fin de salvaguardar los intereses de nuestras actuales y futuras generaciones.

Perú, Julio 2020

¡¡PESCA SI PETROLEO NO!! ¡¡PARO MACRO REGIONAL AHORA!!
¡¡DEROGATORIA IMMEDIATA DE LOS DS 016 2020 EM Y 017 2020 EM!!

FRENTE MACROREGIÓN NORTE PESCA SI PETRÓLEO NO: Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras – Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos / Manuel Hector Galán Llontop – FEPUN Lambayeque / Guillermo Panta Jacinto – Gremio de Pescadores de Tumbes / Aristides Chulle Purizaca – Coordinadora Provincial de Paita
Oswaldo Cruz Villegas – Sindicato Único de Pescadores de Pescadores de Paita / Fidel Periche – Comite Multisectorial de Defensa de las Pesquerías y Bahía de Sechura / COPROPESCA / Frente de Maricultores de Sechura

Elmer Peña Rodríguez – Sec. Gen. Junta Directiva PPJJ 15 de Abril – Chimbote; Maria Lissetti Avila Aguilar – Teniente Gobernadora PPJJ 15 de Abril – Chimbote, Raúl Vásquez Ojeda – Sec. Gen. Junta Directiva – Urb La Libertad – Chimbote; Frente Cívico de Nuevo Chimbote; Sindicato Glorioso de Trabajadores en Construcción Civil de Ancash; Instituto NATURA; Comisión de Justicia Social de Chimbote; Delegación de Pastoral Social de la Diócesis de Chimbote; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (REDAD) – Piura; Colectivo Chimbote de Pie – Chimbote; Jorge Chumpitaz – Asesor de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural Domiciliario del Perú; Instituto Pachamana – Chimbote; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Lima; CooperAcción; Proyecto Amigo – La Libertad; Foro Ciudades para la Vida (FCPV) – Lima; Guillermo Naco Rosas (DNI 20982468) Alto Comisionado Ashaninka Ante El Covid 19/Embajador del Pueblo Ashanninka; David Roca Basadre (DNI 09490813) – Radar Verde; Maritza Barrow (DNI 46699488) – Radar Verde; Milagros Peña Callirgos (DNI 41925695) – Radar Verde; Marleni Canales Rubio (DNI 04824982) – Radar Verde; Guillermo Bettocchi Ibarra (DNI 06530307) S.O.S. ABEJAS; María Ysabel Vicente Cuzcano (DNI 15437549) S.O.S. ABEJAS; Milka Jacqueline Silva Mendoza (DNI 17436059) – Ciudadanos por el Cambio; Hernando Cevallos Flores (DNI 02792297) Ex – Congresista de la República; María E. Foronda Farro (DNI 32985633) Ex – Congresista de la República. FORO DE SOBERANIA ENERGETICA, Manuel Dammert Ex – Congresista de la República; Hugo Cabieses Cubas (DNI 10585951) Ex Vice Ministro del Ambiente.

Nota realizada en coordinación con el Instituto Natura de Chimbote – miembro de la Red Muqui-. Fotos del Instituto Natura.

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Plataforma de Afectados por Metales logra que gobierno cree comisión multisectorial para atenderlos

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Mediante la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se ha creado la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es un logro de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por  Metales Tóxicos y la Mesa Técnica en Salud Ambiental y Humana que desde hace más de 2 años vienen luchando por que las autoridades conformen esta comisión y se comprometan a una atención integral de esta problemática.

La mencionada resolución publicada hoy en el Diario El peruano señala que “en tal contexto existe la necesidad de crear una Comisión Multisectorial Temporal encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar su implementación.”

La comisión estará conformada por representantes de diversos sectores del estado, como del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción. Se incluye a 2 representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales y 2 representantes de la Plataforma Nacional de Afectados. La comisión se instalará a los 15 días de emitida esta resolución suprema y tendrá una vigencia de 6 meses.

Recordemos que la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos está conformada por representantes y organizaciones de diversas regiones del Perú que se han denunciado la afectación a la salud ambiental y humana por parte de empresas mineras, petroleras y de industrias: Amazonas (comunidades: Nazareth, Pakun, Wachapea, Umukay); Loreto (Cuencas del Pastazza, corrientes, tigre, Marañón y Cuninico); Junín (La Oroya, Tarma, Valle del Mantaro y Selva Central); Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc y Chugur); Ancash (Juprog, San Marcos); Lima (San Mateo); Moquegua (Torata); Puno (Lllallimayo); La Libertad (Cerro del Toro); Lambayeque (Cañaris); Cerro de Pasco; Cusco (Espinar) y Callao.

Lea la Resolución suprema aquí:

Resolución suprema que crea Comisión Multisectorial temporal para el abordaje integral e integrado a favor… by prensamuqui on Scribd

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Red Muqui elabora documento pedagógico sobre Empresas Mineras y Derechos Humanos

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Desde Red Muqui venimos impulsando un debate interno y externo sobre la  implementación de los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: marco para proteger, respetar y reparar”, aprobado en el 2011 por la ONU. En el Perú planteamos la necesidad de aprobar un “Tratado internacional y vinculante” sobre Empresas y Derechos Humanos.

Las empresas son agentes económicos importantes en toda sociedad, pero dependiendo de la forma como desarrollen sus actividades, estas pueden causar impactos y vulneraciones en los derechos humanos individuales y colectivos; por ello se evidencia cada vez más que los Estados implementen instrumentos jurídicos para que las empresas se encuentren vinculadas al respeto de los estándares internacionales de DDHH. En el Perú se viene desarrollando la construcción del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual venimos participando como red y a través de otras plataformas, estando a la espera de su aprobación e implementación.

 

Para que se pueda entender este proceso en el que estamos participando y que es de suma importancia para la sociedad civil, hemos realizado un documento institucional en formato edu-comunicativo sobre los principales puntos de discusión del debate actual de “Empresas y Derechos Humanos” y de forma específica para el sector minero. Recogemos también algunos cuestionamientos a la “Responsabilidad Social Empresarial” que sigue apelando a la “autorregulación” del sector privado, y la necesidad de avanzar a un marco jurídico nacional e internacional donde existan reglas claras y vinculantes dadas por los Estados para garantizar los derechos humanos en contexto de actividades económicas y garantizar el desarrollo sostenible.

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La contraofensiva a los Pueblos Indígenas en medio de la pandemia

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de La Red Muqui.

 

Desde el 01 de julio hemos ingresado a una nueva modalidad de convivencia en nuestro país, y es que el gobierno peruano a decretado el levantamiento de la cuarentena en varias regiones – manteniendo algunas restricciones-, y en la practica la gente ya se ha volcado a las calles masivamente en busca de comida y trabajo. Ni los bonos focalizados ni los programas de reactivación económica han llegado a los sectores más pobres del país. En medio de este escenario varios especialistas señalan que la situación de la pandemia no está controlada ni remotamente, y que los meses de julio y agosto van a seguir siendo críticos. Por su parte, el gobierno y las empresas mineras vienen anunciando una agresiva reactivación económica en el sector minero.

 

A la par de esta situación, la contraofensiva de los gremios empresariales mineros y del mismo gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- a los pueblos indigenas es más que evidente, cuando se habla de reactivación economica no se menciona absolutamente nada de las comunidades indígenas impactadas por las actividades extractivas en los ultimos años, mucho menos del debilitamiento de la institucionalidad ambiental, así como el derecho a la participación y consulta previa de los pueblos indígenas. Sobre este último punto la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señalo que el MEF va financiar al Ministerio de Cultura “para que identifique todos los pueblos originarios del país, para acelerar los proyectos mineros” y que en algunos casos se va hace la “consulta previa virtual”. Si ya el mecanismo presencial tenía varios cuestionamientos, ahora se dice que el proceso será virtual y rápido, es decir no solo es un retroceso, si no que va en contra de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas (PPII).

 

Los cambios no irán solamente en afectación a los PPII, la ministra, además, ha mencionado que: “En el marco de la mesa ejecutiva con el sector privado, se está trabajando en la mejora del reglamento de procedimientos mineros, del reglamento de exploración minera y los lineamientos para colecta de muestras”; es decir se vienen cambios y reformas en todos los sectores para facilitar la inversión minera. Estas medidas no incluyen opinión ni participación de organizaciones de la sociedad civil, se están aprobando solo en reuniones del sector privado y el ejecutivo en nombre de la reactivación economica. La CIDH ya ha señalado claramente que los gobiernos nacionales “deben abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada”.

 

Finalmente, en medio de toda esta situación tan difícil que vivimos en nuestro país, recibimos la triste noticia de la partida del Apu Santiago Manuin, quien fuera un reconocido líder y dirigente social amazónico. Quienes lo conocimos sabemos de la calidad y sencillez de persona que fue. Se lo llevó el virus, pero también la desidia de un Estado que en vez de defenderlo lo acusó y criminalizó en los trágicos sucesos de Bagua (2009). ¡¡Descansa en Paz Santiago!!

 

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Trabajador de 60 años fallece y aumentan los trabajadores contagiados por COVID-19 de la minera Shougang

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 El trabajador fallecido pertenecía a grupo de riesgo. Federación Minera del Perú alerta que más de 100 personas habrían tenido contacto con trabajador fallecido, tal como informó programa radial Marcona en vivo.

 

Desde comienzos de mayo de este año la PCM dio inicio a la primera fase de reactivación económica en el país, mediante Decreto Supremo 080-2020-PCM. En los días siguientes el Ministerio de Energía y Minas emitió con bastante rapidez las Resoluciones Ministeriales N° 128 y 129 -2020, que son el marco normativo para que las empresas mineras elaboren sus Planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de las unidades mineras que es un requisito para reiniciar sus labores. Al respecto, desde Red Muqui presentamos observaciones sobre las deficiencias del marco normativo emitido para el retorno y/o continuación de actividades mineras.

Una de nuestras principales preocupaciones fue la flexibilización de los estándares de protección del derecho a la salud y de la clasificación del riesgo de los trabajadores mineros, así como la falta de capacidad del Estado para poder fiscalizar y sancionar el comportamiento de las empresas mineras en contextos de distanciamiento social al que nos obliga la pandemia por el COVID-19.

Trabajador de contratista de minera Shougang fallece

El 25 de junio, el ingeniero Javier Jesús Yanayaco de 60 años falleció con síntomas de COVID-19. Él era contratado por la empresa contratista “General San Martín” y se encontraba en las habitaciones del campamento minero de  Shougang; y, 48 horas antes de su deceso ya había mostrado síntomas de ser portador del virus. En el VIDEO que circula en redes se puede apreciar que el trabajador es retirado de la habitación en la que se encontraba por algunos trabajadores de la empresa sin seguir un protocolo adecuado y sin contar con elementos de protección personal. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros denunció a través de una nota de prensa lo que el programa de radio Marcona en vivo había señalado,: más de 100 personas tuvieron contacto con trabajador fallecido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa minera no implementa normas de prevención de la salud

Como la norma de vigilancia, prevención y control lo establece, las empresas mineras se encuentran obligadas a realizar monitoreos permanentes de la salud de sus trabajadores y en el caso de reportarse personas con síntomas de COVID-19, debía ser informado a la autoridad de salud regional y garantizar que el trabajador acceda a atención médica. Sin embargo, la empresa minera Shougang ha venido incurriendo en irregularidades y abusos con sus trabajadores desconociendo su deber de prevención de la salud y seguridad ocupacional.

Uno de los requisitos del Ministerio de Energía y Minas para que las empresas mineras puedan reanudar sus actividades era que puedan presentar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, aprobados por los Comités de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa minera. Sin embargo, se conoce que los trabajadores que participan en la instancia de este comité no estaban adecuadamente informados sobre la naturaleza y el contenido de este Plan, por lo que mostraron su rechazo a la aprobación de este documento sin que se transparente su contenido. Solo mediante mandato de la autoridad administrativa regional, la empresa minera Shougang ha empezado a entregar copias de este documento a sus trabajadores.

Empresa coacciona a trabajadores y busca eximirse de responsabilidades

El sindicato de trabajadores de Shougang también denuncia que la empresa ha estado obligando a los trabajadores a empezar sus labores sin antes haberles realizado las pruebas rápidas, así como tampoco les han brindado las condiciones adecuadas para garantizar el distanciamiento entre trabajadores en las instalaciones laborales comunes de la empresa, infringiendo los criterios establecidos por el propio Ministerio de Energía y Minas en su Resolución Ministeriales N° 128-2020-MINEM.

Ante la renuencia de varios trabajadores de planilla y de contratas de ir a trabajar por los riesgos que corrían, la empresa empezó a amenazarlos con aplicarles la “suspensión perfecta” y el 02 de junio solicita la aplicación de esta medida ante el Ministerio de Trabajo de Ica. Sin embargo, el sindicato denuncio estas irregularidades y el gobierno regional de Ica resolvió desaprobando la aplicación de estas medidas mediante Resolución Directoral 336-2020-GORE-ICA-DRTPE/DPSC.

Es en este contexto que la empresa exigía a los trabajadores de los grupos de riesgo (enfermedades preexistentes, obesidad, mayores de 60 años) que firmen documento de medidas excepcionales para cómputo de días de trabajo que no laboraran, para inducirlos a error sobre los derechos que les corresponden. Como se sabe, los trabajadores de riesgo se encuentran amparados por la normativa sanitaria para tener licencia con goce de haber, sin embargo, la empresa quería que ellos firmen una declaración jurada para que por su cuenta y riesgo accedan a ir a trabajar. Este anexo podía ser usado para que luego la empresa lo presente como documentos de negociación con trabajadores para efectos de aplicar finalmente la medida de suspensión perfecta. Estas denuncias fueron hechas por los mismos sindicatos de trabajadores de la empresa minera .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta número de trabajadores contagiados

En los últimos días a través de medios locales como “Marcona en Vivo” se han venido reportando el aumento de casos de trabajadores contagiados, quienes en un principio dieron negativo en las pruebas rápidas, pero en las pruebas moleculares vienen saliendo positivo. Luego del fallecimiento del ingeniero Yanayaco, la empresa contratista San Martin empezó a realizar pruebas rápidas en un hotel alquilado de la ciudad de Marcona. Los trabajadores vienen denunciando la falta de la precaria ejecución de los protocolos de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Además, la ausencia de información transparente y oportuna sobre el resultado de sus exámenes, por los que muchos se encuentran en la incertidumbre de contagiar o ser contagiados entre ellos mismos mientras realizan pruebas y exigen aislamiento. Algunos trabajadores denuncian que, ante confirmación de contagio, ellos mismos tienen que ir a buscar atención a ESSALUD.

Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Salud deben asumir rol garante de derechos

Esta serie de irregularidades evidencia el comportamiento arbitrario e ilegal de la empresa Shougang para con sus trabajadores. Como lo informa el sindicato de trabajadores, muchas veces la empresa prefiere recurrir a empresas contratistas para acceder a mano de obra contratada en precarias condiciones y de esta forma debilitar la organización sindical y la protección de derechos laborales. Se evidencia también la ausencia de capacidad fiscalizadora de la autoridad laboral, ya que estas vulneraciones han venido ocurriendo permanentemente. Ahora tenemos como saldo el fallecimiento de un primer trabajador del grupo de riesgo cuyo traslado a un centro hospitalario tuvo demoras y fue hecho por otros trabajadores mineros no calificados, poniendo en riesgo a más personas.

Exhortamos al ministerio de Energía y Minas y al ministerio de Salud que precisen y modifiquen las normas que regulan los protocolos de salud en el sector minero con la finalidad de prevenir otras muertes de trabajadores mineros; y al organismo de fiscalización laboral, SUNAFIL, llevar adelante una exhaustiva investigación por la muerte de este trabajador minero y las condiciones laborales de los otros trabajadores, quienes deben de tener condiciones idóneas en las unidades mineras en este contexto de pandemia a causa del Covid-19.

 

 

 

 

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Dirigente rondero de Puno: “Reactivación económica debe reorientarse para el sector agropecuario en crisis, porque solo ha llegado a los grandes”

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Entrevista al dirigente rondero Wilber Palomino, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Melgar, región Puno. La organización agrupa a 8 mil ronderos de todas las comunidades de la provincia y actualmente se encuentra en cuarentena porque uno de los ronderos con los que controlaba las tranqueras para el ingreso de las personas retornantes en la frontera de su provincia, contrajo Covid-19.

¿Cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19 en su territorio?

Desde el inicio de la cuarentena, muchas bases empezaron a tomar la decisión de poner a salvo nuestro territorio frente a la pandemia que se estaba extendiendo, en pleno derecho de nuestras funciones de acuerdo al convenio internacional 169 de la OIT y la Constitución. Nadie nos dijo: háganlo. Tomamos la decisión de acuerdo a nuestros principios como organización autónoma rondera. La PNP nos señaló que no podíamos ejercer control territorial porque ellos eran los encargados de acuerdo a los decretos supremos emitidos por el gobierno. Luego de una tensión con ellos porque no querían reconocernos como autoridades comunales de nuestros pueblos indígenas, llegamos a un acuerdo con ellos, el serenazgo y el ejército.

¿Han tenido contagiados en la organización rondera?

Muchos ronderos han sido infectados lamentablemente. Hemos tomado el control día y noche de las tranqueras que hemos puesto en las fronteras de la provincia y, por ejemplo, un compañero que hacía la ronda conmigo se contagió, y ahora estoy haciendo la cuarentena preventiva.
Somos la primera línea de choque, por eso nos hemos contagiado, porque hemos estado controlando y ayudando a nuestros hermanos que retornaban de otras regiones a la provincia de Melgar. Ahora se genera otra necesidad grande: muchos de ellos llegaban con su mochila nomás y su pasaje. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como rondas participamos en los comandos covid de los distritos de la provincia y estamos planteando varias medidas para que los gobiernos locales y el gobierno regional lo implementen.

¿Qué medidas están planteando?

Planteamos desde la ronda que las políticas locales y de reactivación económica tienen que orientarse al sector agrario para que los retornantes a la provincia pueden trabajar las tierras y de esa manera garantizar su alimentación, que es clave para la sobrevivencia. Que se garantice la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, es propuesta de las rondas a nivel de la región y a nivel nacional. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales no puede seguir importando alimentos para sus programas sociales, cuando es necesario comprar a nuestros campesinos que han trabajado durante toda la pandemia para garantizar el abastecimiento a todas las ciudades.

Hemos planteado al sector salud que trabaje con nosotros para mapear y saber quiénes son las personas vulnerables para controlar que no se contagien y mueran más personas.
También hemos planteado al gobierno regional que hagan investigación sobre nuestras medicinas naturales. Yo vengo de más de 5 mil metros sobre nivel del mar, conocemos el sasawi, huamanlipa, yarita, pupusa, que son plantas medicinales. Cuando era niño, nunca conocimos una pastilla. Siempre nos agarraban enfermedades, bronquitis, etc, y lo superábamos con esas plantas.

¿La reactivación económica del gobierno ha llegado a sus territorios?

La reactivación económica solo es para los grandes y parece que a los que vivimos en los rincones nunca va a llegar. Seguimos con la larga noche neoliberal. Piensan que esa política de depredar nuestros recursos y entregarlos al extranjero va a reactivar nuestra economía. Nosotros creemos que no es así. Debemos tener una política económica nacional propia. Reactivación económica debe ir al sector agropecuario. Antes se hablaba de cierre de brechas, con esta pandemia se han abierto mucho más.

Por ejemplo: los alpaqueros venden su ganado a precios ínfimos y la fibra de alpaca es revendida a mucho mayor precio. Quienes se llevan la mejor parte son los intermediarios. Igual ocurre con el ganado vacuno. En esta zona en campo compran a mil soles, lo engordan luego y venden a 5mil soles. Proponemos que esos centros de engorde se hagan en las mismas comunidades para que vendan sus animales en los precios reales.

¿Cómo ha funcionado la minería en sus territorios?

La minería ha seguido funcionando en la pandemia. En este distrito, Antauta, ha habido 9 casos de contagiados, 7 eran de la minera Minsur que provocó los otros dos contagios. Su personal que llegaba de afuera, Cusco, Arequipa, entraba con el ejército y rompían nuestras tranqueras. El gobierno piensa que reactivar la economía es regalar nuestros recursos en desmedro de nuestra salud.

¿Cómo están viendo el escenario que se está abriendo con la crisis desde las rondas campesinas?

Ya se está avizorando desde el campo una crisis económica grave. Ha habido un asalto a mano armada de un grifo en el distrito de Umachiri en la provincia, que nunca había ocurrido por aquí. La otra ves también se dio un robo en una casa en otro distrito Los robos habían casi desaparecido por la acción de las rondas. Es un botón de muestra de lo que puede ocurrir en adelante. Eso no existía en nuestra zona.

Estamos coordinando con las autoridades para que haya voluntad política para que den a las rondas sus herramientas correspondientes. Todas las autoridades tienen movilidad, etc. Las rondas no tenemos lo básico para desarrollar nuestro trabajo en este contexto de pandemia.

¿Cómo está la problemática ambiental en la zona?

La contaminación continúa y no hay ningún cambio. El 11 de mayo, en plena pandemia, el río antauta se ha contaminado: 250 truchas aparecieron muertas. El gerente de la minera dijo en la radio: esto nos han sembrado. Por dios, quien puede sembrarle. Los campesinos están encerrados en sus casas. Quien va a ir a regar truchas muertas en los ríos que está lejos. 4 días después llego la ANA, OEFA, el fiscal ambiental para levantar muestras del río. En ese margen de tiempo la contaminación ya debió haber llegado al Titicaca. Es muy tardía la reacción del Estado.

En la provincia de Melgar el año pasado hubo un gran conflicto, la minera Aruntani contaminó la cabecera de cuenca del Llallimayo. En este momento la comunidad de Ayaviri está tomando agua contaminada. En ese territorio las familias tenían plantas queseras, y ahora el río está lodo contaminado al cien. ¿Qué crees que pasa con ellos? Ya no van a tener la producción que tenían. Sus crías están naciendo con malformaciones.

Una madre dijo a los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Agricultura, que llegaron, mi hijo está contaminado con leucemia por la contaminación del río. Si ellos siguen pensando que la reactivación económica va a ser mediante la gran minería, la cosa se pondrá peor en el campo. En nuestra provincia quieren impulsar un proyecto minero llamado Santo Domingo. Esos tres ministros se comprometieron a resolver el problema de contaminación y hasta ahora no hay NADA. La población está planeando hacer una huelga. Si las palabras, firmas de ministros no sirven, de quién más va a valer en el Estado

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Crisis ambiental y privilegio minero en desmedro de las comunidades en plena pandemia del Covid-19

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Por Edwin Alejandro Berrospi / Área socio ambiental de Red Muqui

24 de Junio – Día del Campesino

La creciente crisis ambiental y sanitaria que viene afectado a todo el planeta no solo por la pandemia del Covid-19, sino por el mismo modelo económico extractivista que viene degradando a gran velocidad nuestro planeta ya es insostenible. Como bien sabemos en plena crisis, en lugar de pensar en proteger nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades, seguimos aferrados al modelo extractivista de explotación de nuestros recursos naturales (minería, hidrocarburos, pesquería, bosques, hidroeléctricas, agroindustria entre otros).

Poco importa que los ríos están contaminados, que los pueblos vienen siendo desplazados para dar paso a la minería, que los territorios ya no pueden producir como antes, que los bosques se estén talando y los suelos están erosionando a gran velocidad. Ahora bajo el lema de Reactivación económica, arranca Perú y por presión de la Confiep se vienen dando más privilegios a las empresas mineras para que puedan operar no solo sin la debida fiscalización ambiental, sino ahora con los recursos públicos del Estado para financiar su capital de trabajo; mientras tanto las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas seguirán excluidos a pesar de trabajar incasablemente para garantizar nuestra alimentación, los niños afectados con metales tóxicos seguirán luchando para ser atendidos y nuestra naturaleza seguirá pidiendo auxilio ante la contaminación ambiental.

Ayer, 24 de junio, fue el día del campesino donde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas celebran el año nuevo andino, celebran la posesión del territorio ancestral, el trabajo en el campo para producir nuestros alimentos, celebran el cuidado el agua, el cuidado de nuestra biodiversidad, celebran la vida de los pueblos indígenas y gracias a ellos podemos decir que el Perú es uno de los países megadiversos del mundo que sostienen nuestras vidas.

Es hora de reconocer ese gran esfuerzo de los campesinos y campesinas, de los vigilantes ambientales, de los pueblos indígenas y las poblaciones del todo el territorio nacional que trabajan desde que amanece hasta altas horas de la noche para conservar y cuidar nuestra riqueza y garantizar para que disfruten las futuras generaciones. Nuestra riqueza natural ahora se encuentra en peligro por la contaminación de sus hábitats naturales, los ríos, los suelos y es un deber de todos cuidar a:

  • 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
  • 28 de los 32 tipos de clima del mundo.
  • Es el noveno país del mundo en superficie de bosque.
  • Alberga 25,000 especies de flora (el 10 % del total mundial)
  • 7,500 plantas endémicas (5º en el mundo)
  • 462 especies de mamíferos (3º en el mundo)
  • Más de 1,806 especies de aves (2º en el mundo).
  • 333 especies de anfibios (3º en el mundo)
  • 3,532 especies de mariposas (1º en el mundo)

Es necesario que el Estado peruano a través del Congreso de la República reconozca a las comunidades y pueblos y en especial a los vigilantes ambientales que con su trabajo cuidan nuestra gran riqueza natural.

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El Agro y el día del campesino(a): nada que festejar, mucho por enmendar

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de la Red Muqui.

A más de 100 días de la cuarentena por el Covid-19 que vivimos en nuestro país, corresponde hacer una evaluación breve sobre la situación del agro y mucho más en el marco del día del campesino que conmemoramos este reciente 24 de junio. Las comunidades campesinas y los gremios agrarios esperaban con cierta esperanza en el mensaje del presidente Vizcarra algún anuncio de reivindicación para este sector; sin embargo, solo recibieron un breve saludo por su día. Aparte el presidente señaló que otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo con el gobierno en los precios de atención de las camas UCI que deriva el Estado a las clínicas cuando no tiene capacidad de atención, o de lo contrario el gobierno aplicaría el articulo 70 de la Constitución; es decir expropiación. Aquí estuvo centrada las noticias de las últimas horas. Al final se anunció que ya se había llegado a un acuerdo con las clínicas.

 

Volviendo al sector agrario, diversos especialistas señalan que el tema no es solo garantizar la producción agrícola para los próximos meses, si no también la alimentación, ya que corremos el riesgo de tener una crisis alimentaria sin precedentes. Sobre los pedidos de un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles por CONVEAGRO en las últimas semanas, la respuesta del gobierno ha sido solo de palabra. Se han sostenido varias reuniones y no hay hasta el momento acciones concretas; en términos de Laureano del Castillo[1]: “no hay claridad ni siquiera en las cifras” anunciadas por el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura  y Riego – MINAGRI.

 

Sobre el tema presupuestal, en abril se hablaba de 600 millones de soles para la reactivación del agro, en junio de 1500 millones de soles; luego el ministro de Agricultura, Luis Montenegro, dijo en el Congreso que habría una inversión estatal de 2,511 millones de soles para potenciar la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Después la PCM, a través del premier Zevallos, señaló que en realidad son 5 mil millones de soles y, finalmente, con el anuncio del programa Arranca Perú se volvió a hablar del tema y ahora sería solo de 377 millones. Lo único que esto evidencia es la poca seriedad, por no decir mecida, con la que actúa el gobierno con el sector agrario.

 

Durante este tiempo de la pandemia del Covid-19 los que han venido sosteniendo la vida y la alimentación de los peruanos y peruanas han sido las comunidades y la agricultura, actividades esenciales y vitales para enfrentar esta crisis; sin embargo, no han recibido el apoyo necesario hasta el momento. Por el contrario, actividades como la minería, que han seguido operando desde el inicio de la cuarentena, han recibido una serie de beneficios económicos y normativos. Quizá lo más indignante ha sido saber que algunas de estas empresas aplicaron al programa reactiva Perú, tal como fuera evidenciado la semana pasada. Desde Red Muqui creemos que el gobierno debe atender y priorizar las demandas de los gremios agrarios y las comunidades. En en este momento la reactivación económica debe empezar por reivindicar el agro y de modo particular la agricultura familiar en los territorios.

 

 

PD: La Red Muqui ha iniciado una campaña de información y sensibilización hace algunas semanas, por eso los invitamos a sumarse a la campaña el #ElAgroParaLaOlla.

 

[1] https://cepes.org.pe/2020/06/24/lluvia-de-millones-tambien-para-la-agricultura-familiar/

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El agro, la salud y el trabajo de los peruanos y peruanas debe ser la prioridad para superar la crisis económica y alimentaria

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Durante las últimas semanas la situación sanitaria, social y económica producto de la pandemia en nuestro país se ha agravado aún más. Las iniciales medidas positivas del gobierno ya no son efectivas, y las decisiones de reactivación económica buscan priorizar solo al sector de la gran empresa, entre ellas la gran minería. Mientras tanto, lamentablemente las cifras del virus no son alentadoras a más de 90 días de cuarentena. Según el reporte del MINSA a la fecha: hay más de 240.000 casos confirmados de COVID-19; por otro lado, el virus ya ha causado la muerte de más de 7.000 personas, según datos oficiales.

Desde el inicio de la cuarentena el sector minero ha sido uno de los que más privilegios normativos y políticos ha recibido por parte del gobierno: fue considerado una actividad esencial, cuando no lo era, y han trabajado hasta el 50 % de sus operaciones en pleno estado de emergencia. Ello es aún más cuestionable considerando los casos de los contagios en los trabajadores mineros, llegando a registrarse más de 800 casos, inclusive se habla de un sub registro de casos que las propias empresas mineras no contabilizan y, por ende, el Estado.

Al mismo tiempo, se han incrementado las denuncias de contaminación ambiental en cuencas y territorios cercanos a proyectos mineros, son los casos de Cajamarca, Pasco, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. Además, durante las últimas semanas se han emitido varias normas como el Decreto Legislativo N°1500 que flexibiliza las normas ambientales y de fiscalización en el país, y que facilitan el aplazamiento de pagos de multas que varias empresas tienen pendientes de pago con el Estado, postergándolas inclusive hasta al 2022.

De otro lado, tanto la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, así como el señor Roque Benavides y el mismo presidente de la empresa Southern Perú, Óscar González Rocha, han señalado que los proyectos mineros como Tía María en el valle de Tambo, Arequipa, y Conga en Cajamarca deberían ser retomados para reactivar la economía, sabiendo que ambos proyectos han tenido serios cuestionamientos técnicos y ambientales que no fueron absueltos en su momento, y sobre todo que no cuentan con la licencia social de la población local.

Ante esta situación, desde la Red Muqui, reconociendo la difícil situación por la que están pasando millones de peruanos, queremos plantear los siguientes puntos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y la sociedad civil en general:

  • Se debe revisar y actualizar los protocolos sanitarios para el sector minero con la participación de los trabajadores mineros, así como de las poblaciones y comunidades locales afectadas por estos proyectos, para superar las graves deficiencias en su implementación en la primera y segunda fase de la reactivación económica.
  • No se puede debilitar aún más la institucionalidad ambiental en el país, mucho menos modificar normas que flexibilizan la fiscalización ambiental, o la participación ciudadana de la población local para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. Se debe revisar con urgencia las últimas normas aprobadas como el D.L. 1500 y la normativa del sector ambiental emitida en ese marco: Resolución del Consejo Directivo N° 00007-2020-OEFA/CD, Resolución del Consejo Directivo Nº 00008-2020-OEFA/CD y Resolución Ministerial N° 108-2020-MINAM.
  • Se debe priorizar la actividad agrícola sobre proyectos mineros cuestionados como Tía María y Conga. El caso del valle de Tambo en Arequipa es un ejemplo de como hoy en día su producción agrícola viene sosteniendo la alimentación y la vida de miles de peruanos y peruanas. Insistir en estos proyectos, en medio de esta crisis sanitaria y económica, podría reactivar la conflictividad social en estas regiones debido a que la población ya decidió sobre el tipo de desarrollo que quieren.
  • Los derechos a una vida digna y a la salud deben ser prioritarias en las medidas de reactivación económica que viene implementando el gobierno como Reactiva Perú y Arranca Perú. Por ello, los fondos de estos programas deben ser re-direccionados a las medianas y pequeñas empresas que dan trabajo y seguridad a millones de ciudadanos peruanos, y no a las grandes empresas que tienen cuestionamientos y sanciones ambientales como por ejemplo las mineras Volcan y Chinalco. Cualquier préstamo debe considerar el estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, al medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
  • La reactivación económica se debe impulsar desde los territorios garantizando el derecho al trabajo de todos las y los peruanos, y apoyando de modo particular al sector agrario. Desde hace meses los gremios agrarios y campesinos vienen exigiendo un fondo de salvataje de 5 mil millones de soles al gobierno para enfrentar la crisis alimentaria en ciernes, para de esta manera asegurar la producción de la campaña agrícola 2020-2021.
  • Es urgente responder con medidas integrales desde el Gobierno y el Congreso de la Republica a estas demandas, ya que los bonos focalizados y rurales no están llegando. Por ello, exigimos que el gobierno implemente una renta básica universal para que todos y todas tengan una economía mínima que les permita sobrevivir. Desde Red Muqui estamos impulsando la campaña #ElAgroParaLaOlla para visibilizar la problemática de la agricultura familiar y del campo.

Finalmente, queremos señalar que comprendemos la grave crisis en la que nos encontramos y nos solidarizamos con el dolor de miles de familias que han perdido a sus seres queridos; por ello, hacemos un llamado al gobierno nacional, a las autoridades regionales y locales y a la ciudadanía en general que no bajemos la guardia, ya que la vida y la salud de millones de peruanos todavía está expuesta al virus. Desde Red Muqui creemos que las medidas del gobierno deberían estar orientadas a atender esta situación y no solo a un determinado sector empresarial.

Lima, 19 de junio del 2020.

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