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Pronunciamiento: A 90 días del gobierno de castillo: por un bicentenario de los pueblos

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Las instituciones miembros de la Red Muqui reunidas los días 14 y 15 de octubre en Asamblea Ordinaria, reconocemos que la instalación y primeras medidas del gobierno de Pedro Castillo se enfrentan a un gran desafío: la expectativa y esperanza de cambios profundos para los pueblos en nuestro país.

Más aún cuando la pandemia por la Covid-19 ha puesto en evidencia las grandes brechas por demandas insatisfechas de comunidades y poblaciones cuya situación de vulnerabilidad se ha incrementado. Indicadores negativos y alarmantes de pobreza en relación a salud, alimentación y educación resaltan en las zonas rurales y del interior del país.

A la vez, en medio de estas graves dificultades, el país se enfrenta a intentos antidemocráticos y excluyentes de sectores conservadores y de extrema derecha, que rechazan con toda su maquinaria mediática cualquier posibilidad de que los espacios ganados por sectores del pueblo y la sociedad civil progresista se expresen en el gobierno con una mirada y acciones propias.

A pesar de estas dificultades, existe una gran expectativa en los pueblos sobre lo que pueda realizar el gobierno del Presidente Pedro Castillo, para encarar la urgente necesidad de transformar un modelo neoliberal y minero extractivo. El mismo que desde hace varias décadas viene excluyendo y marginando a millones de peruanos y peruanas, entre ellas a las comunidades y pueblos indígenas. Las que han sido afectadas por el desarrollo de grandes proyectos mineros, que han vulnerado sus derechos colectivos, siendo en muchos casos criminalizados y judicializados por defender sus territorios, su ambiente, su salud y su vida misma.

Por eso, desde la Red Muqui nos reafirmamos en que, uno de los grandes procesos que se debe impulsar y acompañar desde abajo y junto a los pueblos es, la demanda de una nueva constitución, que nazca en democracia y que sea elaborada con la mayor participación de los pueblos indígenas, las comunidades originarias y las organizaciones sociales de nuestro país.

Este proceso constituyente debe incluir reformas fundamentales como: la segunda reforma agraria para reivindicar a los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de la costa, sierra y selva y colocar en el lugar que le corresponde a la agricultura familiar. De tal manera asegurar la soberanía alimentaria y respetar las decisiones de los pueblos sobre sus proyectos comunitarios de vida alternativos al desarrollo extractivista. Es necesario también regular la expansión minera, revisando el marco normativo minero vigente, implementar una reforma tributaria del sector, que logre que las empresas mineras paguen lo justo, con procedimientos de fiscalización y sanción efectiva cuando corresponda.

En medio de este contexto, es importante resaltar que se han reactivado los conflictos socioambientales y vemos con preocupación la poca capacidad del gobierno para gestionar y resolver los conflictos. Este apela a mesas de diálogo sin una voluntad política para solucionar los problemas y entrega respuestas economicistas cuando se sabe que los conflictos socioambientales en los territorios son multicausales y multidimensionales.

En vista de que el proceso popular por una nueva constitución, que está en marcha, es de mediano plazo, planteamos algunas urgencias que este gobierno debe atender. Temas que en su oportunidad hemos planteado desde la Red Muqui, como:

Al Ejecutivo:

  • Aprobación del Plan Especial Multisectorial de atención de los afectados y afectadas por metales tóxicos.
  • Iniciar la discusión sobre la reforma tributaria en el sector minero y un impuesto especial a la sobre ganancia minera.
  • La gestión social del agua, la que incluye la revisión de ley de recursos hídricos y reforma de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  • Que se garantice las políticas de equidad de género y de modo prioritario la atención a la situación de las mujeres.
  • Implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
  • Garantizar una plena participación de los pueblos indígenas y originarios y su derecho a la consulta previa en el desarrollo de proyectos extractivos.

Al Congreso de la República:

  • Discusión de la ley de ordenamiento territorial (OT) nacional a partir un proceso participativo, tomando en cuentas las experiencias de ordenamiento territorial comunales, locales y regionales. Enmarcado en la política de Estado Nro. 34 sobre el Ordenamiento y Gestión Territorial del Acuerdo Nacional.
  • Revisión de un nuevo marco normativo para la minería, así como la política sobre concesiones mineras en el país.
  • Retomar la discusión y aprobación de la ley de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria.
  • Derogatoria de normas y leyes que permiten el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en casos de conflictividad social; y reforzar el sistema normativo que permita proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Para finalizar, no hay posibilidad de cambio sin la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias y organizaciones sociales del país. Por eso debemos seguir vigilantes en torno a las decisiones que toma el gobierno y contribuir con críticas y propuestas hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad que necesitan los pueblos para vivir con dignidad en el Perú.

Lima, 26 de octubre del 2021.

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“No es el clima; es el sistema”. Es tiempo de actuar frente a la crisis climática

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Recientemente el presidente Pedro Castillo ha participado en la 76a sesión de la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas desarrollado en Nueva York – EEUU y en su discurso ha hecho una serie de anuncios. Entre los que queremos destacar está el tema de la crisis climática global. Señaló que declarará la emergencia climática en el Perú. «El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050, reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. El gobierno declarará la emergencia climática nacional» afirmó en su discurso. Desde la Red Muqui saludamos este anuncio del presidente, ya que, durante su campaña, su mensaje a la nación, así como en su plan del bicentenario para los primeros meses de su gobierno no se habían planteado acciones concretas sobre la crisis climática global.

Respecto a este tema, diversas organizaciones ambientalistas y de los derechos humanos de la sociedad civil han convocado a una movilización por el clima en la ciudad de Lima y a nivel nacional este viernes 24 de setiembre. La consigna de la movilización es: “No es el clima, es el sistema” #DesenraizaElSistema, entre otros mensajes alusivos a la crisis climática que vivimos a nivel global. Desde Red Muqui también nos sumamos a este llamado a la movilización para proteger nuestra pachamama, al respecto es importante señalar que la creciente actividad minera a tajo abierto (84% de la minería en el Perú), está generando gases de efecto invernadero, como los gases nitrosos que provienen del uso de ANFO (mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo) en las voladuras para abrir dichos tajos. La cantidad de explosivo que se utiliza, la dispersión del aire, entre otros factores, determinan los impactos ambientales y su repercusión en el cambio climático local.

Finalmente, mencionar que el presidente Pedro Castillo, durante su visita en Estados Unidos ha sostenido varias reuniones con diferentes actores estatales y privados de otros países, entre ellos con la empresa American Lithium y sus directivos. En esta reunión el presidente ha mencionado que: “como he comentado en los últimos tiempos, seguimos comprometidos con la economía del Perú en general y, en particular, el sector minero sin planes de nacionalización o expropiación”. Llama la atención este anuncio debido a que se había generado expectativa en la población, sobre todo afectada por la minería, porque durante la campaña si se dijo que se iban a plantear cambios en el sector minero, aunque nunca se aclaro lo que significaba la “nacionalización” para el sector extractivo. Desde la Red Muqui si consideramos que se deben discutir varios cambios normativos en el sector minero, entre ellos la política de concesiones mineras en el país, una nueva ley general de minería, una nueva política para la atención de la conflictividad social en el sector minero, así como un nuevo régimen tributario para este sector, aunque sobre este último punto sí se ha anunciado desde el MEF que se va a aperturar esta discusión. En todo caso desde Red Muqui estaremos atentos a esta discusión.

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Entre el enfoque territorial para las actividades mineras y la necesidad del ordenamiento territorial

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En su mensaje a la nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo señaló que los proyectos extractivos como la minería deberán tener un criterio de rentabilidad social: que dinamicen la economía local, regional y nacional, que logren mayores ingresos de recaudación para el Estado, y que generen salarios y condiciones de trabajo justos; con transferencia tecnológica y que promuevan y preserven la cultura y el medio ambiente. “Si un proyecto no tiene rentabilidad social, no va”, afirmó.

Agregó, además, que se concretará una Ley de Ordenamiento Territorial y la zonificación económica y ecológica.

Sin embargo, durante la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, el presidente de la PCM no mencionó la necesidad de una política de ordenamiento territorial a nivel nacional, y solo se refirió que respecto “a las actividades extractivas, se implementará el enfoque territorial”, precisando luego que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”.

El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, otro actor clave del ejecutivo también ha señalado que su gestión implementará el enfoque territorial, “tomando en cuenta las características étnicas, climáticas y sociales existentes en las zonas donde se realizan operaciones, con el fin de armonizar los proyectos de inversión y ajustarlos a los intereses de la población”.

Sin embargo; ¿a dónde va la política minera en relación a los territorios en el país?

Para Ana Leyva, especialista de Cooperacción en ordenamiento territorial, primero hay que precisar los términos que está empleando el gobierno. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra cosa es el enfoque territorial.

Lo que quiere decir el enfoque territorial es que “la política se tiene que territorializar, no puede ser pensada desde Lima, sino pensada desde los territorios, porque luego hay un desencuentro entre la realidad y la política”. Agrega que por ello el enfoque territorial es importante, “partiendo de un diagnostico territorial que involucre a los actores que están allí porque si no la política no va a funcionar”.

“Otra cosa es el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión. Quiere decir que vas a planificar el uso y transformación del territorio con una visión de futuro. Tú te imaginas como quieres q sea el territorio de aquí a 10 años o más. Pasa por transformar el uso del territorio para hacerlo sostenible, como va a cambiar para satisfacer las necesidades de desarrollo la gente y sea sostenible”, precisa.

En conclusión, no solamente es el enfoque de las políticas, sino el proceso de transformación del territorio.

Entonces, ¿Cuál sería la apuesta del gobierno?

Ana Leyva: Aún el gobierno tiene un mes, esperamos que se vaya clarificando su apuesta.

Sobre la consulta previa, el presidente de la República, el premier, y el ministro de Energía y Minas tampoco se han manifestado con claridad. El presidente solamente ha señalado que en aquellos lugares donde no haya rentabilidad social para el desarrollo de la actividad minera, esos proyectos no irán. Sin embargo, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, recientemente acaba de señalar que “la ejecución de todos los proyectos que afecten territorios de comunidades originarias deben pasar por consulta previa”.

Ana Leyva señala que las decisiones que afecten al territorio, que van a afectar la vida de los pueblos indígenas tienen que ser consultadas. Y allí las consultas implementadas han sido más sobre las políticas culturales. “Ha habido pocas consultas relacionadas a las actividades extractivas y no han sido para poner condiciones a los proyectos extractivos. Esto debe ser consultado y previo a las decisiones. La consulta tiene q ser encaminada a esas decisiones para que sean eficaces, sean efectivas, porque si consultas otras cosas que no valen la pena, que no son determinantes, no va a cambiar nada y van a seguir habiendo afectaciones al territorio y a los pueblos indígenas.”

¿Cree que el gobierno va a impulsar la consulta previa y hacer estos cambios?

Ana Leyva: Tengo entendido que le preocupa los pueblos indígenas, que tiene una preocupación real.

Ellos necesitan definir, necesitan hacer un balance para ver cómo está funcionando, corregir y ver cómo implementarlo. En políticas culturales ha funcionado, pero para las políticas extractivas no está funcionado. No se están defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

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La política minera del gobierno durante el voto de confianza

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui.

La noticia del día es sin duda el otorgamiento de la cuestión de confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso de la Republica con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. El gobierno de Castillo obtiene de esta forma el visto bueno del Congreso para implementar su plan de gobierno presentado a través del presidente de la PCM. Esperamos que por algunas semanas tengamos algo de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo para empezar a atender las demandas de la población en materia de la pandemia y la salud, la reactivación económica, la educación, el agro, entre otros. Aunque la gran ausencia en la presentación del premier Bellido fue la propuesta de cambio de Constitución, para muchos esto fue parte de la estrategia de no confrontación que se buscaba evitar en el Congreso.

Un tema a parte que hemos presenciado el día de ayer, y de modo vergonzoso, es la actitud clasista y racista de algunos congresistas ante la intervención del premier Guido Bellido en nuestro idioma oficial del quechua y cuando chacchaba su coca.

Además, un tema que nos genera preocupación en medio de los anuncios del gabinete Bellido ante el Congreso, es lo manifestado días atrás por el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, quien ha señalado que el enfoque y la política de trabajo en el sector energético y minero va a tener cambios durante el gobierno, entre ellos, la revisión del actual marco normativo minero en el país, y que todos los proyectos encaminados como mina Justa, Quellaveco, ampliación Toromocho, entre otros irán, salvo los proyectos cuestionados de Conga y Tía María. Así mismo sobre el caso del corredor minero del sur ha afirmado que se cambiará de termino, que ahora se hablará de “Nodo Minero”, que para el 2028 se construirá una vía férrea en el corredor minero que no solo servirá para trasladar el mineral, si no en el futuro a pasajeros a nivel interregional. Anuncios que han sido ratificados por el Premier Guido Bellido en su presentación en el Congreso de la Republica.

Si esta va ser la línea general del gobierno de Castillo respecto al tema minero, creemos que va en la línea de continuidad, ya que por un lado se menciona que se va discutir un nuevo marco normativo minero, pero por el otro se dice que casi todos los proyectos mineros van, y que se van agilizar a través de una ventanilla única los proyectos mineros demorados. Si estas decisiones que se viene planteando desde el gobierno no toman en cuenta la participación de la gente, o no son mínimamente consultados con los mismos afectados, principalmente en zonas mineras, lamentablemente se cometerán los mismos errores que los anteriores gobiernos. Como ya lo dijimos desde Red Muqui, la gestión de los conflictos en el sector minero no se puede improvisar, se tiene que conformar un equipo técnico y político que maneje estos temas y hacer una seria revisión al marco normativo minero en el país. Por los anuncios hechos por Iván Merino y Guido Bellido, de continuidad en el sector minero, los conflictos seguirán a la orden del día.

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¿Qué dijo Bellido sobre las actividades mineras en su presentación congresal?

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El día de hoy, a partir de las 9 y 30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expuso las medidas que implementará su gabinete durante su gestión para el desarrollo del país. Asimismo, hizo énfasis en como desde el gobierno se impulsará la actividad minera.
La primera parte del discurso del premier estuvo abocada a explicar cuáles serían las medidas del gobierno para la reactivación económica. Dentro de ello, Guido Bellido señaló que implementarán el impuesto a las sobre-ganancias mineras para así lograr mayor recaudación económica para el Estado y puedan promover el gasto público orientado a las obras públicas para la generación de empleo. Precisó: “nuestro gobierno apoyará e incentivará la inversión pública y privada con criterio de rentabilidad social”.
Respecto a la actividad minera señaló que “se pondrá en funcionamiento una ventanilla única para eliminar procesos improductivos, y facilitar la instalación de nuevos proyectos a corto plazo”, confirmando de esta forma la política de continuidad en el sector minero por parte de este gobierno, sin plantear grandes reformas.
Asimismo, señaló que “se establecerá un nuevo pacto entre el gobierno y las empresas y demás actores, para que exista una relación armoniosa y productiva en función del desarrollo sostenible de cada territorio”. Sin embargo, no mencionó como se desarrollaría este pacto.

Enfoque territorial

Respecto al enfoque para desarrollar la actividad minera, señaló que su gestión impulsará el enfoque territorial. Como hemos visto a lo largo de estos años, los sucesivos gobiernos solo han visto el territorio como un espacio para extraer recursos naturales sin mínimamente, por ejemplo, implementar la consulta previa, libre e informada. Tampoco se precisó en el discurso si el enfoque territorial para el desarrollo de la actividad minera incluirá la discusión de un marco normativo sobre el ordenamiento territorial en el país.
Del mismo modo no se mencionó si se reconocerá el ordenamiento territorial que vienen implementando las comunidades y los gobiernos locales, quienes vienen determinando dónde sí puede haber minería y dónde no, teniendo en cuenta la zonificación ecológica y económica de los territorios, así como la protección de las cabeceras de cuenca.
Asimismo, precisó que se establecerán plazos estrictos para el desarrollo de los proyectos. “Los proyectos deben brindar un aporte sostenible que brinde apoyo a la población local”, señaló.

Diálogo y corredor minero del sur-andino

Respecto a la prevención de la conflictividad social, precisó: “Se considerarán procesos de diálogo para evitar conflictos sociales. No hay necesidad de conflictos en el país, a nadie se le va a excluir. Ese será nuestro secreto y fortaleza”. Actualmente el gobierno está en un proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera MMG Las Bambas.
Uno de los factores claves en el conflicto del corredor minero sur que involucra a las comunidades de Chumbivilcas, es que actualmente pasan más de 400 camiones diarios con minerales, generando impactos ambientales y sociales en los territorios comunales, además de que el gobierno en el pasado aprobó una carretera sin consultar a nadie, transformándolo en una vía nacional para el paso exclusivo de los camiones mineros.
Frente a esta problemática, el premier lanzó una propuesta que años atrás había sido prometida por la empresa: se construirá un tren para trasladar los minerales por todo el corredor minero sur que llegue a Marcona. “El nodo minero del sur andino y el puerto de Marcona serán conectados por un tren, para los minerales y pasajeros, donde la alianza privada y pública se manifestará”, precisó el presidente de la PCM.

Ambiente

Sobre los impactos ambientales de la minería, solo precisó que para los pasivos ambientales se exigirá garantías reales para el cierre de minas, y así “se evitará así trasladar éstos problemas a futuras generaciones”.

El presidente de la PCM finalizó su discurso sobre el desarrollo de la actividad minera, señalando que el Perú es un país minero y agrícola, y que volverán a instaurar la armonía entre éstas actividades con la Pachamama, en la costa, sierra y selva. “La Pachamama que nos sostiene a todos” manifestó. Con estos planteamientos va quedando claro que el gobierno de Pedro Castillo mantendrá una línea de continuidad en la política minera del país.

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El reto de Castillo para gestionar los conflictos sociales en el sector minero

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

Como ya es habitual, esta semana nuevamente hemos tenido tensión y crisis política en el país, lamentablemente “la inestabilidad política” es la nueva normalidad con la que tendremos que aprender a convivir aparte de la pandemia. Luego de una campaña de demolición montada por la derecha, el fujimorismo y sus medios aliados, incluido la Marina; el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, finalmente ha renunciado a su cargo, y a la actualidad todavía el presidente Castillo no ha designado quién lo reemplazará. Esta situación no ayuda en nada al gobierno en sus primeros 20 días de gestión, no hemos tenido tal situación en las últimas décadas en el país: tener un gabinete ministerial que ya empieza a descomponerse y hasta pedidos de vacancia al presidente. A la par de esta nueva crisis, la situación de la pandemia preocupa, ya que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha señalado que estamos ingresando al escenario de una tercera ola de la Covid-19 y debemos empezar a prepararnos para tal situación.

Otro de los temas que ha resaltado en la semana, es el caso de las comunidades afectadas por el corredor vial minero en Chumbivilcas – Cusco, como se recuerda este es uno de los primeros casos de conflictividad social que ha tenido que encarar el gobierno de Castillo y el gabinete de Guido Bellido. Luego de una visita rápida del premier a la misma zona, las comunidades acordaron dar una tregua de sesenta días para que se atienda sus demandas; sin embargo, a más de dos semanas de ese compromiso, las comunidades y organizaciones sociales de Chumbivilcas han denunciado la inacción del gobierno y de la empresa minera Las Bambas por intentar canalizar sus reclamos. Frente al anuncio de un nuevo paro, el gobierno recién ha logrado establecer un espacio de diálogo para este fin de semana. El caso del corredor minero no es un asunto sencillo, los reclamos vienen de muchos años atrás, y hay que decir que lamentablemente los últimos gobiernos y la misma empresa minera, no han sabido gestionar adecuadamente las salidas técnicas y legales a este caso.

Sobre la política de gestión de los conflictos sociales y los espacios de diálogo, es de lo que debería a empezar a hablar el gobierno de Castillo, y para ello requiere de los mejores especialistas, no se pueden dar el lujo de improvisar en este sector, ya que los conflictos sociales vinculados al tema minero son los más complejos y delicados en el país y lamentablemente no han sido bien encarados por la mayoría de los gobiernos pasados. Por el contrario, la respuesta del Estado siempre ha estado vinculada a la violencia y represión contras las poblaciones y comunidades locales. Una mala señal es, por ejemplo, el nombramiento de Braulio Grajeda Bellido en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, quien no conoce este sector y parece que por ser de Perú Libre le dieron el cargo. No es especialista en gestión de conflictos sociales. Desde la Red Muqui creemos que el gobierno de Pedro Castillo, si de verdad quiere atender las demandas de la población, tiene que conformar un equipo que conozca el sector y que empiece a plantear una serie de reformas para gestionar de otra forma la conflictividad social en el país.

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Irma Zafra: “Votamos por Castillo para que no haya más expansión minera en Cajamarca”

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Irma Zafra es miembro de las rondas campesinas femeninas de Bambamarca en Cajamarca, tiene 35 años y desde los 13 años es rondera. También participa en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, que es la articulación nacional de personas afectadas en su salud por metales pesados a causa de la actividad extractiva. Irma se encuentra muy preocupada por la continua expansión de la actividad minera en su región, Cajamarca, especialmente en Hualgayoc, que tiene más de 30 años de impactos ambientales y a la salud humana, debido a la explotación minera y la falta de remediación de los pasivos ambientales mineros.

En el año 2017 se realizaron monitoreos del agua de consumo humano en las localidades de Coimolache Alto, Reservorio El Mirador, Pilancones, Tahona Alta, La Jalquilla, Bambamarca, Chugur, El Chencho, Ramírez y Pampa Grande, pertenecientes a la provincia Hualgayoc, cuyos resultados superan los ECAS para metales pesados: Aluminio, Plomo y Cadmio. (Fuente: DIRESA/DESA)

Cajamarca es la segunda región con el mayor número de pasivos ambientales mineros (PAM). La población de la provincia de Hualgayoc viene atravesando desde hace varios años un grave problema de contaminación por metales pesados. En el año 2012 se realizó un tamizaje a cargo del Ministerio de Salud, confirmándose en los resultados la presencia de arsénico, cobre, plomo, etc. Pero estos resultados fueron ocultados hasta marzo del 2015, que según CENSOPAS (Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Salud): la información no se dio a conocer debido al conflicto por el proyecto minero Conga.[1]

Según el reporte de inversiones en proyectos de exploración minera del Ministerio de Energía y Minas, Cajamarca es la región de la Macro Norte del país que concentra los proyectos de exploración más grandes. Tenemos el proyecto Michiquillay de Southern Perú, el Galeno de Lumina Copper y La Granja de Río Tinto Minera[2], aparte de los proyectos que ya se encuentran en fase de construcción de mina y en explotación . Así mismo, el Observatorio de Conflictos Mineros señala que en Cajamarca continúa el proceso de expansión minera debido a que ocupa el primer lugar a nivel nacional en la cartera de inversión minera, lo que trae consigo también la activación de diversos conflictos.[3] Es bastante preocupante que a pesar de los impactos que ha causado la minería en la zona, la actividad minera siga avanzando sin que los daños previos se hayan reparado integralmente. La expansión minera ineludiblemente seguirá impactando con mayor contaminación y afectación a la salud humana y ambiental.

Irma, junto a varias compañeras de las rondas campesinas, están estos días en Lima en el Encuentro de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) planteando su agenda de demandas ante el Ejecutivo. Irma señala que ella ha votado por Pedro Castillo para que no haya más expansión minera en Cajamarca y que se atiendan sus principales derechos, como el derecho al agua y el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencias. Sobre el tema de contaminación ambiental, desde Red Muqui creemos que es primordial que el Ejecutivo priorice dentro de sus acciones lograr de forma efectiva la remediación de los Pasivos Ambientales Minero en Cajamarca y a nivel Nacional. Por otro lado, a la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Plan Especial Multisectorial de Atención a Personas Afectadas por Metales Tóxicos; este Plan es un instrumento de política pública que el Estado debe priorizar. Esperamos que el Ejecutivo pueda canalizar adecuadamente las demandas de las organizaciones sociales y que las promesas electorales puedan traducirse en cambios concretos que necesitan las mayorías sociales para lograr un bicentenario de los pueblos, tras 200 años de supuesta independencia del Perú.

 

[1] Agenda de Afectados por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas en Bambamarca- Hualgayoc. Red Muqui. Noviembre 2019. Elaborado por: Nancy Fuentes.

[2] MINEM, Cartera de Proyectos de Exploración Minera. Febrero 2021

[3] 28° Observatorio de Conflictos Mineros en Perú. Reporte Semestral julio 2021. Pág. 32.

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La política minera y la gestión de los conflictos en el gobierno de Castillo

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Por: Jaime Borda / Secretario Ejecutivo de Red Muqui

A poco más de una semana de asumir la presidencia de la República, el profesor Pedro Castillo ha tenido que pasar por varios embates políticos, los ataques no solo han venido desde fuera, si no por las propias decisiones que ha ido tomando el presidente en el nombramiento de su gabinete ministerial, entre ellos el cusqueño Guido Bellido y algunos ministros más, así como la demora en la juramentación de Pedro Francke y Aníbal Torres en las carteras de Economía y Justicia. Luego de escuchar un mensaje a la nación muy potente que reivindicó a los pueblos y comunidades más olvidadas del interior del país, el presidente intentó trazar la ruta de su gobierno en temas como la atención a la salud y la pandemia, la reactivación económica, la atención al agro, así como la relación que se va tener con la actividad minera, entre otros.

Sobre los anuncios en relación a la política minera que piensa implementar el presidente Castillo, esta el tema de la “rentabilidad social”, término poco conocido por las comunidades afectadas por la minería, y que por el contrario tienen un contenido más empresarial. Habría que decir que este mensaje no queda claro, porque bajo esta premisa se podría decir que si todo proyecto minero cumple con este criterio podría aprobarse, por lo tanto, proyectos cuestionados como Tía María en Arequipa o Conga en Cajamarca, que no tienen licencia social, eventualmente: ¿podrían implementarse? Desde Red Muqui creemos que esto sería un error en la gestión de Castillo, ya que durante la campaña el presidente ha señalado que estos proyectos no irían. Por ello en estas provincias la gente a votado mayoritariamente por Pedro Castillo.

Siguiendo esta línea de la “rentabilidad social”, el nuevo ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ya ha tenido algunas reuniones con los gremios mineros como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), así como con algunas empresas mineras chinas. El nuevo ministro también ha señalado en un diario de circulación nacional que el proyecto Tía María podría retomarse, algo que ha causado sorpresa en los pobladores del valle de Tambo en Arequipa. Al punto que uno de los congresistas de Perú Libre de Arequipa ha pedido una aclaración al premier y al presidente sobre estas declaraciones. Pareciera que en el tema extractivo minero no habrá grandes cambios o reformas por parte del gobierno de Castillo, por los menos es lo que se evidencia en estas primeras acciones y declaraciones del ministro de Energía y Minas. Esperamos que no sea así y sí haya grandes cambios.

Finalmente, un tema que queremos remarcar en la semana es la atención del gabinete de Guido Bellido al conflicto del corredor minero en Chumbivilcas. Nos parece positivo la tregua momentánea de 60 días que se ha conseguido con las comunidades, sin embargo, este conflicto está lejos de resolverse, ya que las demandas son múltiples y resolver el saneamiento de esta carretera “que nadie aprobó” en las comunidades, va a suponer atender las demandas de todas las poblaciones y comunidades por donde pasa esta vía y no solo en la provincia de Chumbivilcas. Así mismo, la instancia encargada de ver los conflictos sociales en el país como es el viceministerio de gobernanza territorial debe ser repotenciada política y económicamente, lamentablemente el nombramiento de una persona que no conoce este sector no va ayudar a mejorar esto, tal como ha sucedido esta semana. Por el bien del país, esperamos que el gobierno del presidente Castillo haga los correctivos necesarios en este viceministerio y la soluciones a la problemática minera sean integrales y no solo parches como ha venido ocurriendo con los gobiernos anteriores.

 

 

 

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