Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio

Mediante Resolución N° 007-TE/2016 de fecha 25 de mayo del 2016, publicada el día de ayer miércoles 8 de junio en el Diario El Comercio, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana,  declaró fundada la queja presentada por la RED MUQUI en contra de la periodista Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia y del diario El Comercio por la publicación el miércoles 14 de octubre del 2015, de la columna “La filiación política de la mafia de las lentejas”.

En dicha columna la periodista, con expresa mal intención en el tratamiento de la información, que finalmente fue pública en su columna, “utiliza interesadamente” la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa (Caso N° 15060156000-2015-03-0), para indicar, como si fuese verdad, que la citada Fiscalía “…  acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

Acto seguido se señala respecto de Red Muqui que “… finge ser una genuina ONG ambientalista …”.

Asimismo, se sostiene que con los fondos que RED MUQUI recibe para financiar sus actividades:

“…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse.  Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…”.

“… se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.

Es decir, se hacen falsas afirmaciones, sin ningún fundamento, que son acogidas y aceptadas como verdaderas en la página de “opinión” de dicho diario, por las cuales se acusó a RED MUQUI de ser  cómplice del delito de extorsión y que habría pagado un jornal diario a subversivos o violentistas.

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, luego de evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la ya citada Disposición Fiscal, con claridad concluye que “en dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”.

Y el Tribunal añade, ante la afirmación del apoderado del diario El Comercio, de que “de no respetar el contenido de la columna se estaría atentando contra la libertad de expresión y opinión de la periodista”, que ”esto no es equivalente a una “opinión”, materia a ser contradicha por otra opinión, con lo que sí se está en éste caso ante una circunstancia sobre la que el Tribunal si tiene competencia por tratarse de un caso de difusión de información inexacta”.

Es decir EN NINGÚN MOMENTO la citada Fiscalía ha concluido que la RED MUQUI haya entregado montos de dinero a las personas imputadas, como tampoco sostiene que sea cómplice de algún delito.

Es importante resaltar que RED MUQUI, nunca ha entregado dinero con la finalidad de que se realicen acciones ilícitas o violentas, ni jamás ha sido ni será cómplice de delito alguno. Ello, porque uno de los principios rectores de nuestra actividad institucional y de todos quienes integran este colectivo (29 instituciones que promueven y defienden los derechos de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras), es el rechazo y condena de todo tipo de violencia. Por el contrario, otro de los principios de la acción institucional de RED MUQUI es la promoción del diálogo y todas las demás formas democráticas de solución de los conflictos, y por ello apoyamos a las organizaciones sociales a buscar canales de diálogo para que puedan hacer escuchar sus demandas, preocupaciones y propuestas a fin de prevenir los conflictos sociales, contrariamente de lo que se nos denuncia.

Ahora bien, respecto del Diario El Comercio, el Tribunal ha observado que frente a la carta de rectificación que enviamos como RED MUQUI en octubre del 2015, “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC que ha establecido como precedente vinculante que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Nos extraña que 12 años después el diario El Comercio desconozca dicho precedente legal, y además vaya en contra del principio rector 18 del propio Grupo El Comercio, como indica el Tribunal, el que señala que “en caso que se reciba un pedido de corregir un dato inexactamente consignado, los medios del Grupo tienen como política rectificarse”, lo que el diario El Comercio no ha cumplido con realizar.

Nuestra tarea de acompañar a comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras confronta con muchos intereses económicos. Nuestro afán es apoyar a nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional, y acompañar a las comunidades y poblaciones afectadas por proyectos mineros, en tanto nos lo soliciten, en la generación de información y asesoramiento para entenderla,  buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, incidir en la propuesta y modificación de normas y políticas públicas que requieren para que sus derechos sean protegidos, todas ellas acciones que priorizamos para prevenir los conflictos, que justamente son aquellas acciones que el Estado no ejecuta o no prioriza.

En esa lógica, nuestra denuncia como RED MUQUI a la citada periodista y medio de prensa, no busca ni mucho menos “atentar contra la libertad de expresión y opinión”, buscamos que se informe con la verdad, para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, sino buscar las verdaderas causas que están detrás de ellos, como la marginación y olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la escucha de sus agendas, demandas, preocupaciones y propuestas, con una perspectiva intercultural, considerando sus puntos de vista sobre el “desarrollo” o la mejora de su calidad de vida antes de tomar decisiones.

El periodismo tiene una gran responsabilidad en no apañar intereses económicos o políticos, sino en priorizar los intereses de todas y todos los peruanos, y por ello exigimos responsabilidad en la información y veracidad, escuchando las voces de todas y todos.

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EN ENCUENTRO INTERNACIONAL

La RED MUQUI y sus miembros, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), Suma Marka, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF Cusco) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), representaron al Perú en el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur”, que se llevó a cabo el pasado 22, 23 y 24 de abril en la ciudad de Chucuito (Puno).

Este encuentro congregó a diferentes organizaciones de derechos humanos y cuidado del medio ambiental de Perú, Bolivia y Colombia, teniendo como resultado un espacio de reflexión y aprendizaje, en donde los límites territoriales se disiparon para mostrarnos y fortalecernos en base a nuestros puntos en común, pues los tres países comparten la misma historia como pueblos originarios, la cosmovisión, las costumbres y saberes ancestrales que priorizan el respeto a hacia la naturaleza.

Como organizador de este encuentro, IDECA señaló que en la reivindicación de los pueblos originarios se continúa hablando de colonialidad, descolonización e interculturalidad ante las nuevas propuestas políticas en diferentes países de América Latina, las mismas que ponen en peligro el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas y su modo de vida vinculado a los recursos naturales y el medio ambiente.

En este contexto, surgió este encuentro internacional andino que tiene por objetivo, profundizar el diálogo intercultural junto con la comprensión del agua y género, desde la visión de las culturas andinas-amazónicas, a fin de promover la reflexión crítica y la apertura hacia la descolonización de conocimientos, además de plantear nuevas alternativas de vida que se centren en una convivencia armónica con la naturaleza. En este punto se plantea la filosofía originaria del “buen vivir”.

“En pleno siglo XXI, aun no se han superado los discursos de colonización y se viven escenarios de conflictos culturales, donde las cargas ideológicas de discriminación hacia el otro es pan de cada día”, indicó INDECA.

Para ello, el ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Identidades, descolonización y diálogo intercultural. “Pensar, sentir y hablar el sur desde el Sur” presentó tres ejes temáticos: Cosmovisión e identidades Andinos-Amazónicos, descolonización desde el sur y diálogo intercultural.

Los participantes realizaron conferencias magistrales, ponencias y grupos de trabajo, como resultado de estas actividades, las organizaciones expusieron los resultados de sus reflexiones, así como del intercambio de sus experiencias y conocimientos, todos basados en: Monitoreo de agua, defensa del territorio, y género, agua y territorio. De este trabajo también resultó la conformación de redes y fortalecimiento de vínculos entre las 12 organizaciones participantes.

De manera paralela al evento, las organizaciones tuvieron la oportunidad de presentar un stand informativo para dar a conocer el trabajo de cada una de sus instituciones, materiales y publicaciones del mismo. Asimismo, en la municipalidad de Challacollo se llevó a cabo una tarde cultural de presentaciones artísticas como danzas, música y poesía propia de cada lugar.

DATO:

Por parte de Perú participaron IDECA, CEAS, DHSF, Suma Marka, todos miembros de la RED MUQUI; por Bolivia ACLO Chuquisaca, ACLO Potosí, la Fundación Nuna, CENDA, CIPCA Norte Amazónico y CIPCA Altiplano; de Colombia participó el CODACOP.

VIDEOS:

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Dialogo Intercultural – Fidel Tubino

Un análisis sobre la dimensión intercultural de los conflictos socio ambientales, la internalización de estereotipos,  los estigmas como patología social que no nos permite tener un proyecto conjunto de país y la necesidad de tener un estado multicultural y pluricultural.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Porfirio Musaja (Puno)

Musaja nos brinda un emotivo testimonio sobre el respeto hacia la madre tierra, entendida como un ser vivo y por lo tanto debemos percibir las señales sutiles que presenta a través de todos los elementos que la conforman. Haciendo un llamado a la defensa de la naturaleza ante la ambición del ser humano.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Saberes ancestrales – Rolando Pilco (Puno)

Pilco nos cuenta sobre las costumbres y rituales en torno al cuidado del agua que han pasado de generación en generación y la importancia de preservarlos e incorporarlos a la gestión y vigilancia del agua en la actualidad.

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ANDINO: Lucha y resistencia en Espinar – Elsa Merma (Cusco)

El testimonio de Elsa Merma trata sobre lo que significa vivir con las repercusiones de la actividad extractiva, haciendo un llamado a la resistencia y la lucha como único camino para hacerle frente a los abusos de las empresas transnacionales que parecen ser avalados por un estado ausente.

 

Fotos y videos: Comunicaciones RED MUQUI

EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. «Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un ‘mero requisito administrativo’ para dar luz verde a la concesión del proyecto», remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas.

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

DEL 9 AL 20 DE MAYO

  • Presidente de este espacio, Álvaro Pop, señala como principal problema la consulta tras aprobación de proyectos extractivos

Desde este martes 9 de mayo, más de mil indígenas de distintos lugares del mundo se encuentran en la sede de Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para participar en la 15ª edición del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La agenda a desarrollarse hasta el 20 mayo, propone analizar los escenarios de paz y de conflicto en el contexto de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, así como de sus derechos e identidades.

Precisamente, en una reciente visita a Perú, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, declaró que “existe una gran brecha entre la legislación peruana y la protección del territorio indígena”. Asimismo, se sorprendió más cuando se enteró del conjunto de leyes conocidas como el “paquetazo ambiental”, el cual debilitó a instituciones ambientales y flexibilizó la fiscalización ambiental a empresas extractivas.

“Nuestro propósito es que el Foro promueva el diálogo intercultural y el respetuoso encuentro de las culturas. Porque es algo que no tenemos”, remarcó Álvaro Pop, el líder activista maya que es el nuevo presidente de este Foro ONU indígena.

En ese sentido, Pop indicó la importancia de analizar y actuar sobre las condiciones de enfrentamiento y descalificación que viven los pueblos indígenas, las cuales son fuente primaria de los grandes y pequeños conflictos.

De igual modo, el guatemalteco resaltó que la avaricia del sistema económico internacional es uno de los factores que llevan al incumplimiento de compromisos como el llamado consentimiento libre, previo e informado. Es decir, que los pueblos indígenas sean informados y consultados «antes» de tomar medidas administrativas que les puedan afectar.

«Uno de los temas que tendrá mayor resonancia en los próximos tiempos será el aumento de la incomodidad de las comunidades ante el abusivo incremento y despliegue de obras, de instalaciones hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones de recursos en territorios indígenas», aseveró Pop en entrevista con El País de España.

Como una de los temas más recurrente en el estallido de conflictos a nivel mundial, Pop subraya la consulta posterior a la instalación de infraestructuras o la explotación de las tierras, lo cual conlleva a la violencia, problemas y abusos por parte de las empresas y los Estados.

«Los pueblos indígenas tienen mecanismos propios para su toma de decisiones. La legitimidad es lo importante, y en ocasiones surge de la forma ancestral en que la autoridad ha sido delegada. Por eso es recomendable hacer una consulta de la consulta: preguntar a las comunidades sobre cómo quieren ser preguntadas”, agregó a El País.

El Foro Permanente también tratará temas relacionados con los jóvenes indígenas, salud, educación, lenguas, derechos humanos, desarrollo económico y social, medio ambiente y cultura. El presidente entrante de dicho evento, Álvaro Pop, manifestó que se buscará concientizar sobre los problemas particulares que enfrentan las comunidades indígenas en los conflictos, y sobre la importante contribución que sus tradiciones y prácticas pueden hacer a la prevención de enfrentamientos y a la paz. Además, dará seguimiento a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los pueblos indígenas. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su relación con los pueblos indígenas, será otro tema destacado en el evento.

Entre las funciones de este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que posee el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Entre sus funciones se encuentran:

– Prestar asesoramiento especializado y formulará recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo.

– Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas.

– Preparar y difundir información sobre las cuestiones indígenas.

DATOS:

  • Se estima que en la actualidad hay cerca de 370 millones de indígenas distribuidos en unos 90 países y, aunque representan menos del 5% de la población mundial, se encuentran entre el 15% de los más pobres.
  • El Foro Permanente se reúne una vez al año durante 10 días hábiles. El primer período de sesiones se realizó en Mayo del 2002 y anualmente las sesiones se las realiza en Nueva York.

 

Fuente: El País / Cooperacción / ONU

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE TIERRAS COMUNALES

A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023, así lo indican los últimos datos del informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas: “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, documento que fue elaborado por el colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, del cual forma parte la RED MUQUI.

Durante la presentación del documento, se señaló que en la última década, apenas se ha formalizado menos del 1% de estas comunidades, lentitud que resulta preocupante y se agudiza, cuando el Estado no tiene cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales, así como de las poblaciones que habitan en ellas. Esto afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.

“A ese ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”, indicó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común – IBC Péru, encargado de presentar este tercer reporte bianual (desde el año 2012).

Entre las novedades que el informe trae en su edición 2016, está la incorporación de un mapa de Tierras comunales y áreas protegidas en el Perú, en cual incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas. Des estas dos últimas no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad.

De igual modo, el documento da cuenta –por primera vez- de las nuevas oportunidades de proyectos inversión para llevar a cabo la titulación de tierras, que casi suman unos US$ 80 millones. Recursos con los que contará el nuevo gobierno para esta finalidad.

Entre las entidades que han asegurado estos proyectos está el BID-Perú (US$15 millones), Banco Mundial y BID (US$14.2 mil), Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de Deforestación y Degradación de Bosques (Hasta US$50 millones), Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ), MINAGRI-GORE Loreto (S/.3.87 mil) y el Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (US$0.88 mil).

El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. Ello tomando en cuenta que aproximadamente unas 3.5 mil millones de personas habitan en tierras comunales a nivel mundial.

El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.

Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.

El informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, fue presentado ante organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Asháninka del Río Ene. 

 

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DATOS:

  • El total de la superficie del Perú suma 128.5 millones de hectáreas (has), de esta cifra el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de has) es propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 % carece de un título de propiedad.
  • En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.

 

Fuente: IBC Perú

Fotos: Carlos Díaz Huertas para el IBC Perú / Comunicaciones RED MUQUI