Dos detenidos durante conflicto de Las Bambas fueron liberados este lunes

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EN CUSCO

Tras cumplir un periodo de seis meses de prisión preventiva, se demostró la inocencia de Javier Mamani Coaquira (48) y Edward Brandon Quispe Ccuno (18), quienes fueron detenidos durante el conflicto socioambiental que estalló con un enfrentamiento entre pobladores y policías el 28 de setiembre del año pasado.

Mamani y Quispe fueron liberados el lunes 28 de marzo en horas de la noche, casi una semana después de que el Juzgado declarara fundado el pedido de cesación de prisión preventiva a favor de ambos. No obstante, ese mismo día de la audiencia (martes, 22 de marzo), el magistrado a cargo de llevar el caso dictaminó que los dos pobladores deberán pagar una caución de 8 mil soles.

Cabe reconocer que la resolución elaborada por la jueza de investigación preparatoria de Tambobamba (Cotabambas, Apurímac), Idania Oroz, se reconoce que la residencia domiciliaria de ambas personas, así como el descarte de peligro de fuga, ni de obstaculizar la justicia.

La defensa de los dos detenidos fue asumida por las abogadas, Ruth Luque de Derechos Humanos sin Fronteras y Lisbeth Valenzuela de Aprodeh – Apurimac, en coordinación con organizaciones de derechos humanos a nivel nacional como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), CooperAcción, entre otros. Pese a los agravios que recibieron por parte de la defensa de la empresa minera, ambas defensoras pudieron demostrar la inocencia de Javier Mamani y Edward Quispe.

Cabe recordar que el 28 de setiembre del 2015 fue el inicio del estallido del conflicto contra la empresa minera MMG Limited que tiene la concesión del proyecto minero Las Bambas.

Luego de 5 días de movilización en los que dirigentes del Comité de Lucha Interprovincial y tanto organizaciones populares, como las comunales, rechazaban la instalación de una planta de molibdeno, así como de filtros y concentrados; estas modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicialmente no formaban parte del proyecto y se hicieron sin participación de la población local afectada.

Luego del enfrentamiento entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional en la zona cercana al proyecto Las Bambas, 21 pobladores fueron detenidos dentro del campamento minero. Entre ellos se encontraban Edward Brandon y Javier Mamani, a quienes les “sembraron municiones” y fueron obligados a suscribir un documento reconociendo que dichos materiales estaban en su poder.

De este grupo, siete fueron trasladados a Abancay el 29 de setiembre. En horas de la madrugada, cuatro fueron liberados, y los últimos tres –que fueron Edward Brandon Quispe Ccuno (18), Javier Mamani Coaquira (48) y Asunto Huamaní Huamaní (46) quedaron en calidad de detenidos en el Penal de Qenqoro del Cusco. Huamaní fue liberado a las pocas horas, pero Quispe y Mamani quedaron recluidos. Fue así que la Fiscalía de Challhuahuacho (Cotabambas) solicitó que se les aplique prisión preventiva, luego de haber sido acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Finalmente el conflicto de Las Bambas provocó la muerte de 3 personas: Exaltación Huamaní Mío (32), Beto Chahuallo Huillca (36) y Alberto Cárdenas Challco (24); en los tres casos, los certificados de defunción indican que la causa de muerte se debió a herida por proyectil de arma de fuego.

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco – DHSF

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Candidatos al Congreso coinciden en propuestas para evitar conflictos sociales y dialogar con pueblos indígenas

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EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de «adelanto social», permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa «propietario firme» para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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Normar la Consulta Previa restringe la manera de entender este derecho

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AFIRMA OXFAM EN PERÚ

El representante de OXFAM en el Perú, Vladimir Pinto, indicó que una reglamentación del derecho a la Consulta Previa no permite que el Estado pueda comprender, de manera más amplia, este derecho propio de los pueblos indígenas.

“Resulta un asunto complejo, porque entrar en detalles restringe el entendimiento de este derecho. Creo que el camino de la reglamentación no es recomendable para otros países, que lamentablemente están pensando en ello como Colombia, Brasil y México, donde se discute como reglamentar el derecho a la consulta”, aseguró Pinto.

Si bien, resaltó que el Perú es un ejemplo en Latinoamérica por ser el país que tiene una ley reglamentada, así como protocolos y modificaciones en los textos de procedimientos de algunos sectores, ello no asegura el éxito de un proceso de consulta.

“Se ha hecho mucho trabajo normativo. Se ha creado una institucionalidad ADHOC, y ello es una forma homogénea de hacer las cosas, sin embargo, tenemos una entidad rectora en el Estado, pero al final cada ente tiene su propio mecanismo específico de implementar las consultas”, consideró.

Para el representante de OXFAM en nuestro país, el éxito de un proceso de consulta previa radica el plan de consulta para cada proceso específico.

“En el Perú, durante los distintos procesos de consulta que se han desarrollado, lo que determina el éxito de las consultas es el plan de consulta porque eso es lo que realmente se negocia. En la mayoría de los casos, estos planes van más allá del reglamento, y con ellos se ha llegado a modificar cosas que, incluso, están específicamente normadas”, señaló.

Durante su intervención en el evento de OXFAM “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Vladimir Pinto, resaltó el buen resultado que ha traído la consulta previa en aprobación o modificación de leyes de alcance general.

“Los casos de Consulta Previa sobre temas generales que son los que mejor funcionan, más que los casos específicos de afectación. En el Perú tenemos la reglamentación de la ley forestal, el plan nacional de salud intercultural, en donde hubo un dialogo real entre el Estado y las organizaciones y con cambios significativos entre la norma originalmente planteada”, comentó.

De igual modo, Pinto sugirió que el manejo de la cultura de la consulta previa no puede estar solo en un sector del Estado, sino que cada una de las partes involucradas en el proceso debe tener un especialista en la materia, así como un entendimiento básico de los derechos de los pueblos indígenas.

En respuesta, la Directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, puntualizó que el reglamento ayuda a determinar que se consulta todo aquello que tiene afectación directa sobre los pueblos indígenas, es decir un cambio en la situación jurídica y el ejercicio de un derecho.

“Es un gran reto explicarle a un funcionario como es que la afectación directa de los derechos colectivos y cómo eso ayuda a identificar qué es lo que se consulta”, explicó.

En cuanto a la identificación de pueblos indígenas, Acevedo dijo que el Perú cuenta con una base de datos referencial y que se va a actualizando de acuerdo a los trabajos de campo que el Estado realiza en las comunidades indígenas. Esto se debe a que en los censos poblaciones no se ha recogido información sobre ello.

La representante del Ministerio de Cultura, también aseguró que cuando se implementa el derecho a la consulta, surgen agendas que no están relacionadas al proceso o a lo que se está discutiendo en un caso particular.

“En consulta previa se discute sobre una medida que afecta el derecho colectivo. Hay una agenda indígena y otros temas pendientes que no necesariamente se van a debatir en un proceso de consulta previa. La consulta no es el remedio para los temas históricos, de titulación, acceso a la educación, salud, entre otros”, aclaró Acevedo.

DATO:

Vladimir Pinto (OXFAM Perú) y Ángela Acevedo (Ministerio de Cultura) participaron y comentaron el contenido de dos informes: «Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina», y «Índice de consentimiento de las comunidades 2015». Ambos documentos fueron presentados en el evento “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, realizado en el marco del EITI y organizado por OXFAM y el Ministerio de Cultura.

 

FOTO: Captura YouTube RED MUQUI

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Sociedad Civil peruana pide al presidente de Honduras que se haga justicia para Berta Cáceres

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TRAS ASESINATO DE LÍDER INDÍGENA

Diversas organizaciones civiles comprometidas con la lucha por el pleno respeto, igualdad y vigencia de los Derechos Humanos en Latinoamérica y en el mundo, se dirigieron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para pedir que se haga justicia y resuelva el caso el asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, quien fue acribillada en su casa, el último 3 de marzo.

Asimismo, la Sociedad Civil peruana recomendó al Estado de Honduras a brindar oportuna y efectiva protección a la familia de la fallecida lideresa y Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH. De igual modo, se le pidió al mandatario Hernández a extender dicha protección a la comunidad que Berta pertenecía, así como a sus demás colegas defensores de derechos humanos; ello apelando al cumplimiento de la propia Constitución hondureña.

“Solicitamos por vuestro intermedio al Gobierno de la República de Honduras, para que se adopten las disposiciones necesarias para iniciar una inmediata investigación, de manera exhaustiva, independiente e imparcial a fin de determinar la responsabilidad de los hechos y se sancione a los culpables, a efectos de que no prevalezca la impunidad por tan execrable delito”, indicó la Sociedad Civil peruana.

De igual modo, se le recordó al presidente Hernández y a su consejo de ministros –al que también se le remitió una carta- que Berta Cáceres contaba con Medidas Cautelares a su favor, las mismas que le fueron otorgadas desde el 29 de junio de 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Lamentablemente estas disposiciones no fueron acatadas por el Estado de Honduras, desconociendo el Estado de Derecho y debilitando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Expresamos enfáticamente nuestra preocupación, total reprobación y condena por este cobarde asesinato, así como inacción por parte del Estado hondureño para protegerla a ella y su familia; esta lamentable situación es contraria a los derechos que protege la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de consecuencia muy grave para la institucionalidad de la República de Honduras”, expresa la carta de las instituciones peruanas.

La carta al jefe de Estado hondureño, también hace hincapié en el las informe país de la CIDH, “Situación de Derechos Humanos en Honduras” (18 de febrero de 2015), en donde se llama la atención sobre la grave situación del pueblo Tolupán y pone de manifiesto numerosos hechos de amenazas y persecuciones en su contra, por parte de grupos armados vinculados al crimen organizado y a empresas mineras.

Dicho informe se le recuerda y recomienda al gobierno de Honduras que “los pueblos indígenas tienen derecho a ser protegidos de ataques por terceros, especialmente cuando éstos ocurren en el marco de conflictos por el territorio ancestral”. Ante esta vulnerabilidad y riesgo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la organización MADJ que protege los derechos de la comunidad Tolupán, en diciembre de 2013.

Quién fue Berta Cáceres

Berta Cáceres, fue madre de cuatro hijos y dirigente que organizó al pueblo Lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) en su lucha contra la represa de Agua Zarca de la empresa FICHOSA. La construcción de la misma estaba prevista en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para esta comunidad indígena y vital para su supervivencia.

Cáceres de 43 años fue cobardemente asesinada el día jueves 3 de marzo a las 11:45 de la noche por dos personas desconocidas, quienes irrumpieron en su vivienda ubicada en la Colonia “El Líbano” en La Esperanza, Intibucá, su ciudad natal. Según fuentes locales, los asesinos esperaron a que ella se durmiera para forzar las puertas de su vivienda y matarla, resultando herida otra persona como producto de dicha agresión.

Como reconocimiento de su incansable lucha ganó un máximo reconocimiento: el Premio Medioambiental Goldman por ser una activista y defensora del medio ambiente. Berta Cáceres participó hace dos semana en una conferencia de prensa en la que se denunció el asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad, ataques que siguen en total impunidad.

Las organizaciones firmantes de la misiva son:

  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
  • RED MUQUI
  • Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
  • Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA
  • Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR
  • Earth Rights International – ERI PERU
  • Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura
  • CEPIS – Proyecto Amigo, Paz y Esperanza
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
  • Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH
  • Perú Equidad
  • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA
  • Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
  • GRUFIDES
  • Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
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DPLF: Entidades encargadas de consulta previa carecen de poder político y sus decisiones no alcanzan a todo el Estado

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EN LATINOAMÉRICA

  • Indica último de estudio de OXFAM y DPLF en seis países
  • Poder Judicial cumple con darle más contenido legal al derecho a la consulta

En Latinoamérica, el vacío político es el común denominador entre las entidades encargadas del proceso de consulta, lo cual dificulta imponer ciertas decisiones en otras instituciones públicas, fue una de las grandes conclusiones del informe «Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina», elaborado por OXFAM y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Durante el evento internacional de Oxfam en el marco del EITI, “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Daniel Cerqueira, Oficial de Programas Senior de DPLF fue el encargado de presentar los hallazgos de este reciente estudio.

El informe cubre a los países de Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y Chile, y está dirigido a los gobiernos ya que se orienta a cómo se puede perfeccionar los procesos de consulta. A nivel de Latinoamérica, Cerqueira ofreció un diagnóstico sobre se cumple el derecho a la consulta previa y acerca de las entidades encargadas de la misma.

Cómo estamos en Latinoamérica

Es así que solo Bolivia reconoce constitucionalmente, el derecho a la consulta. En el caso de Chile y Costa Rica, no se le reconoce ningún derecho a los pueblos indígenas, ni hace mención en sus constituciones. Por su parte, los países restantes (del estudio) tienen una serie de disposiciones que reconocen una serie de derechos conexos que de alguna forma han sido regulados por sus poderes.

Una de las conclusiones, es que lo común entre los 6 países del informe, es el rol que cumple el  Poder Judicial para llenar de contenido a este derecho. Ello está más presente en Colombia, donde toda decisión en torno a la consulta previa, tiene fundamentos en la Corte Institucional, mientras que en el caso peruano, destaca el Tribunal Constitucional.

Ámbito de aplicación y sujetos de la consulta

El informe da cuenta de que en Bolivia por ejemplo, excluye a la consulta en los procesos de exploración de la minería. De igual forma, se evidencia que muchas medidas legislativas tienen afectación directa en los pueblos indígenas, y no se toma en cuenta que según la legislación internacional, estas medidas también deberían ser sometidas a consulta si se considera que van a vulnerar los derechos.

Problemática de entidades encargadas

Según el estudio OXFAM-DPLF una de las entidades que más pasa por falta de apoyo y fuerza política son los ministerios de Cultura, encargados de tutelar los derechos indígenas. Un caso a resaltar es el de Brasil y la Fundación Nacional del Indio cuyos presidentes tienen cargos temporales y en su mayoría son técnicos, no ejercen política.

A esto se suma la falta de de articulación y descentralización de las entidades encargadas de la consulta, así como la falta de recursos para llevar a cabo los procesos, etc. Otra dificultad es que no cuenta con equipos multidisciplinarios, sino de más abogados.

“Lo más sencillo de resolverse con los temas legales. Lo complicado son los temas interculturales de por medio. No se encuentran funcionarios propiamente indígenas”

De igual forma, se recomienda que otros organismos que velan por los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, emitan mayores recomendaciones y de esta manera puedan denunciar incumplimiento de los estándares de consulta previa durante los procesos.

En el caso de las entidades encargadas del proceso de consulta, Colombia es el único país que tiene una dirección nacional de Consulta Previa. Sin embargo, pasa por centralizar muchas cosas, además de tener restricciones constitucionales y jurisdiccionales.

En el caso de Brasil, al ser una república federativa, el congreso no puede centralizar a una entidad especializada, ciertos procesos de consulta que son competencia de algunos municipios federales. En el caso de las consultas descentralizadas que se encuentran en la mayoría de países del estudio, se ve como estas se inclinan por las empresas públicas o privadas, esa es una tendencia. Se denomina que la consulta está descentralizada, a que son varias instituciones involucradas en el tema.

DATO

  • La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) está conformada por seis integrantes de la Comisión de la Verdad en El Salvador, cuyo aporte ha sido investigar el rol del Poder Judicial en los procesos de violencia en Centroamérica, así como el estudio de la impunidad.
  • Hace unos años esta organización decidió colocar el programa de industrias extractivas y derechos humanos ante los innumerables conflictos sociales en América Latina y que son la cusa de la fractura del estado de derechos y de la democracia.
  • La consulta y consentimiento previo se derivan del Convenio 169, en especial del artículo 6.1 y 6.2, incluso para países que no han ratificado este instrumento, pueden estar vinculados si pertenecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a consultar a pueblos indígenas.
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Sociedad Civil pide a Newmont interceder ante Yanacocha y cese hostigamiento a la familia Chaupe Acuña

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AL SER ACCIONISTA PRINCIPAL

Más de 60 organizaciones y redes –nacionales e internacionales– de la Sociedad Civil le pidieron a la trasnacional Newmont que, en su calidad de accionista principal, tome medidas urgentes e inmediatas para que la minera Yanacocha cese el hostigamiento que ejerce sobre Máxima Acuña y a su familia, desde el año 2011.

En una carta dirigida al presidente y CEO de Newmont, Gary Goldberg, las organizaciones civiles firmantes, cuestionaron que el funcionario acuda a la sétima conferencia internacional del EITI para promover la transparencia en minería y hablar sobre las comunidades afectadas por la actividad extractiva, mientras Yanacocha vulnera los derechos de una familia campesina que decidió no vender sus terrenos al proyecto Conga.

“Lamentamos (…) y rechazamos rotundamente que mientras usted inaugura un evento que promueve la transparencia en actividades extractivas, la trasnacional que dirige, junto con la empresa Buenaventura –su socia en Yanacocha– violen de manera sistemática, prepotente y abusiva, los derechos humanos de la Señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia”, aseveraron en la carta a Newmont.

En ese sentido, las Sociedad Civil nacional e internacional, le detalló Newmont los atentados que estos agricultores vienen soportando por proteger su terreno de Tragadero Grande (Celendín, Cajamarca); del mismo modo le informaron a Goldberg sobre la situación judicial de este caso, tal como el fallo final de la Sala Penal de Cajarmarca (17 de diciembre, 2014), y la medida cautelar a favor de los Chaupe (5 de mayo, 2014) dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“(…) Yanacocha actúa ignorando los protocolos internos de Newmont y los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, asumidos voluntariamente por las principales empresas mineras del mundo (…)”, se recalca en la misiva.

Tras resaltar que Newmont forme parte de la iniciativa EITI y que se oriente a generar transparencia desde la minería, la Sociedad civil peruana e internacional le recordó a Goldberg que solo sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se puede llevar un diálogo alturado y responsable sobre el rol de la minería en estrategias socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

VER CARTA EN ESPAÑOL

VER CARTA EN INGLÉS

Goldberg en el EITI

El 24 de febrero último, Gary Goldberg expuso en la sesión plenaria de la 7ª Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), y aseguró que junto a otros líderes del sector minero mundial, han participado en algunas reuniones con el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, organismo que ha venido recibiendo quejas y exhortos de comunidades y pueblos afectados por la minería en el mundo.

Según el presidente de la principal accionista de la minera Yanacocha, ahí pudo acercarse a la gente que afirmaba que la minería es la causa de todos los males. De igual modo, comentó que han invitado y llevado a diferentes organizaciones mundiales e instancias de la iglesia, a conocer los lugares donde realizan sus actividades extractivas. Ello para “desbaratar las mentiras que se crean en torno a la minería”.

Pese a ello, Gary Goldberg reconoció es muy importante lograr la licencia social, porque ello les permite desarrollar sus proyectos de oro, en el caso de Newmont.

“Es cierto que hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Estamos buscando el bien común. Nos estamos asegurando que los ingresos lleguen a las comunidades”, apuntó Goldberg.

Transparencia e imagen minera

En otro momento de la Conferencia Global del EITI en Lima, indicó que su trasnacional viene trabajando con otras 22 empresas en la mejora de la industria minera, a través del EITI.

Igualmente destacó que en sus 35 años de experiencia, ha ido cambiando su mirada hacia la búsqueda de nuevos compromisos y uno de ellos es la transparencia.

“Las empresas deben cambiar sus perspectivas respecto a la transparencia. Ello con el fin de que la percepción de la gente acerca de la minería cambie. La gran mayoría no confía en los informes que presentan las mineras”, afirmó.

Asimismo, Goldberg propuso que en minería debe haber mecanismos que permitan mayor transparencia, más allá del vaivén de los precios de los minerales y la naturaleza cíclica de los mismos.

Como una cuestión pendiente, el máximo representante de Newmont advirtió que el sector minero debe tomar en cuenta las recomendaciones del EITI. “Solo 10% de las recomendaciones se llevan a la práctica. De cumplir con la mayoría de estas, podríamos mejorar la aplicación del EITI y lograr la transparencia que todos deseamos alcanzar como meta”, remarcó.

Foto: PT Newmont / Colectivo Tajo abierto / Twitter MINEM

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Redes y Colectivos de la Sociedad Civil convocan al plantón de protesta «TODXS POR MÁXIMA»

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, RED MUQUI, DEMUS el Colectivo Alfombra Roja, el Colectivo Nadienospaga y el Bloque Hiphop, han convocado a un plantón de protesta en solidaridad con Máxima Acuña y su familia, quienes desde hace meses vienen sufriendo hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha.

La acción está programa para este martes 16 de febrero desde las 4 y 30 de la tarde. El objetivo como Sociedad Civil, es que desde el espacio ciudadano, se visibilice y denuncie la hostilidad que Yanacocha utiliza como medio para obtener los terrenos de los Chaupe Acuña para la actividad extractiva del proyecto minero Conga.

Para ello, la CNDDHH, ofrecerá una conferencia de prensa para hacer públicos estos hechos, informar los últimos pormenores del caso y también denunciar el hostigamiento a los defensores del medio ambiente en Cajamarca, además de invitar a la prensa a participar en el plantón.

Por la tarde, diferentes colectivos ciudadanos y ONG defensoras de derechos humanos, la mujer, y el ambiente, realizarán una vigilia a las afueras de las oficinas de Yanacocha en Lima. Como parte de las intervenciones, se realizará una Alfombra Roja humana y se tenderá una tela larga donde se le escribirán mensajes de solidaridad a la familia de Máxima, la misma que les será entregada por el Bloque Hiphop. Además la vigilia estará acompañada de música, pancartas y velas.

De forma paralela, este plantón se realizará en otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Cajamarca.

Para participar en esta intervención, ingrese a: on.fb.me/1Xisr8C

Desde hace 4 años, la familia Chaupe Acuña sufre una serie de atentados en su propiedad, sin embargo, la empresa Yanacocha ha intensificado los hostigamientos con invasiones, destrucción de cultivos, ataques a mascotas y hasta el acecho aéreo con una dron. Pese a esta situación, el Estado peruano permanece indiferente, pese a las denuncias que la defensa de Máxima Chaupe ha presentado ante la Fiscalía de Cajamarca.

Respaldo internacional

Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitaron una intervención URGENTE sobre este caso.

Algunas de las medidas que exhorta al Estado peruano es garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia; asimismo, recomiendan llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos acaecidos, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

“El Observatorio condena de forma contundente los ataques en contra de la Sra. Acuña y su familia y exhorta a las autoridades de Perú a investigar, a la mayor brevedad posible, los hechos denunciados, para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, algo que hasta este momento no ha sucedido con relación a ninguno de los ataques”, indicaron en un comunicado.

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en última instancia que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

Foto: Diseño RED MUQUI

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Ciudadanía dirige petición a ministro del Interior y Fiscalía de la Nación por caso Máxima Acuña

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Amnistía internacional viene recogiendo firmas para firmar una carta de petición dirigida al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; en la misiva cada ciudadano -con su nombre, D.N.I. y correo electrónico- podrá pedirle a dichas autoridades que se ocupen del caso de Máxima Chaupe e intervengan ante el hostigamiento, que ella y su familia sufren por parte de la minera Yanacocha, empresa que reclama como suyos los terrenos de esta familia campesina.

FIRMA AQUÍ

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia en el norte de Perú, han denunciado nuevos actos de intimidación y acoso perpetrados contra ellos, en esta ocasión por personal de seguridad de una empresa minera. Mantienen una disputa legal con la empresa minera por la propiedad de unas tierras en las que viven. Creen que los continuos actos de acoso e intimidación que sufren son un intento de obligarlos a marcharse.

Según organizaciones locales de derechos humanos, a las nueve y media de la mañana del 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de papas que mantenían para su propio consumo. La familia denunció el incidente ante el Ministerio Público.

Dos días antes, el perro de la familia había sido hallado vivo pero con una herida de arma blanca en el cuello.

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, llevan años manteniendo una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La empresa minera impugnó la decisión, y el 9 de marzo de 2015 la Corte Suprema confirmó la primera sentencia de absolución. Ahora la empresa minera rebate la propiedad de la tierra ante un tribunal civil.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía y de personal de seguridad privado de la empresa minera Yanacocha, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de sus tierras. El 3 de febrero de 2015, el abogado de Máxima Acuña dijo a la prensa que al menos 200 policías habían entrado en las tierras de la familia y habían demolido una ampliación que Máxima estaba construyendo en su casa. Máxima Acuña y su familia describieron que estaban construyendo la ampliación para apoyar la estructura de su casa actual contra la lluvia.

El 20 de enero de 2015, Máxima Acuña y su familia denunciaron estar sufriendo acoso e intimidación por parte de la policía en su casa. Unos días después, el abogado de Máxima Acuña dijo a Amnistía Internacional que más de 15 policías y guardias de seguridad privada habían entrado en las tierras de la familia y habían empezado a tomar fotografías de la casa. Cuando la familia preguntó a los policías por qué estaban en su propiedad, ninguno respondió, y tampoco mostraron documentos legales que respaldaran sus acciones. El 30 de enero de 2014, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armado, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero de 2014 para intimidarla de nuevo.

 

Carta de petición:

Sr. José Luis Pérez Guadalupe

Ministro del Interior

Sr. Pablo Sánchez Velarde

Fiscal de la Nación Señor Ministro,

Señor Fiscal, Señor Ministro.

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el caso de Máxima Acuña y su familia. Según organizaciones locales de derechos humanos, el día 2 de febrero, personal de seguridad armado de la empresa minera Yanacocha entró en la tierra en la que Máxima Acuña y su familia ha vivido durante más de 20 años y destruyó el cultivo de patatas que mantenían para su propio consumo.

Le recuerdo que: – Se debe proteger a Máxima Acuña y a su familia frente a cualquier acto de intimidación, conforme a los deseos de la propia familia, y deben respetar sus derechos humanos en todo momento, incluido su derecho a la parcela en la que viven. – Me preocupa que Máxima Acuña y su familia han sido objeto de una campaña de intimidación y acoso por miembros de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha y que, hasta ahora, ninguno ha comparecido ante la justicia – Además le pido ordenar un investigación exhaustiva e imparcial de sus denuncias de destrucción de cultivos y a llevar a los responsables ante la justicia.

Fuente: Amnistía Perú

Foto: Captura página web Amnistía Perú

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