Arequipa. Encuentro fue al no concretarse la reunión que supuestamente se iba a dar con el premier Cateriano. En la PCM indicaron que este viaje no estuvo en agenda y que se tomó como un hecho la invitación que hizo la gobernadora regional.
Elízabeth Prado

Un malentendido creó falsas expectativas entre los dirigentes y autoridades ediles del valle de Tambo, quienes esperaron el arribo del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y cuatro ministros de Estado a la ciudad de Arequipa.

Se trató de la invitación que había hecho la gobernadora regional, Yamila Osorio, para que Cateriano se traslade a la Ciudad Blanca tras su presentación en el Congreso de la República, a donde el jefe del Gabinete había acudido en busca del voto de confianza para el gabinete ministerial.

Los representantes del Valle de Tambo esperaban el anuncio de una solución definitiva al conflicto generado por el emprendimiento cuprífero Tía María-La Tapada.

«La gente está molesta. La cita ha sido cambiada para mañana, aunque está por confirmar. Nosotros vamos a asistir a la reunión, pero no a dialogar ni a negociar sino a escuchar la decisión del gobierno de retirar el proyecto minero. Ya hemos expresado nuestra posición, ahora la solución está en manos del gobierno», dijo el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez.

La expectativa de los pobladores por la reunión con Pedro Cateriano y cuatro ministros  era grande. En Cocachacra, los agricultores se congregaron en la Plaza San Francisco a la espera de resultados.

Al comprobar que este importante encuentro no se iba a dar, los alcaldes de Cocachacra, Helar Valencia, y de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, decidieron reunirse con la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado.

Al término del encuentro, el burgomaestre Jaime de la Cruz declaró que no hubo ningún acuerdo y que estaban a la espera de que les confirmen la fecha en que llegarán a Arequipa los altos funcionarios del gobierno.

En cuanto a la huelga indefinida en el Valle de Tambo que ya lleva 37 días, De la Cruz afirmó que las protestas terminarán siempre que el gobierno dé marcha atrás al proyecto que promueve la empresa minera Southern Perú.

TOMA DE VÍA

Aun cuando no tenían consigo a sus dirigentes y autoridades, la población continuó con las movilizaciones en Islay.

En el distrito de Punta de Bombón, los manifestantes intentaron cruzar nuevamente el puente Pampa Blanca, pero fueron repelidos por la policía con lanzamiento de gases lacrimógenos. Este lugar es considerado estratégico por los pobladores porque está cerca de la carretera Panamericana Sur.

Otro enfrentamiento entre la policía y los agricultores se produjo en el distrito de Mejía. Allí hubo tres detenidos y dos agentes heridos. Entre los detenidos hay un adolescente. Todos fueron conducidos a la comisaría de Mejía.

De otro lado, en el distrito de Deán Valdivia fue bloqueada  la carretera de penetración desde el cruce de Ventillaca, a la altura de la zona conocida como El Boquerón.

«ME SIENTO MAL»

Antonio Coasaca Mamani, el agricultor a quien un mal agente intentó «sembrarle» un objeto punzocortante, estuvo en Arequipa, a donde fue para atender su estado de salud.

«Yo ahorita estoy mal por todo lo que me han pateado, y más por lo que no voy a poder trabajar por un mes y medio, según me ha dicho el doctor», lamentó Coasaca.

Dio votos porque a nadie le pase lo que él vivió a manos de quienes, consideró, no tienen sentimientos. Agregó que denunciará al agente que intentó «sembrarle» el objeto punzocortante, así como a los policías que lo agredieron.

Explicó, además, que no lo hizo antes porque estuvo en cama debido a las lesiones de que fue víctima el 22 de abril durante la protesta en el puente Pampa Blanca.

«Pido justicia por el daño que me hicieron», expresó.

Abren dos carpetas para investigar asesinato y sembrado de pruebas

-La 20 Fiscalía Militar Policial del Sur decidió investigar por separado la muerte del agricultor Victoriano Huayna y el caso del sembrado de pruebas incriminatorias contra el agricultor Antonio Coasaca, hechos ocurridos en el marco de las protestas en Islay, contra el proyecto Tía María.

-Para tal fin, se abrió dos carpetas fiscales para investigar a los efectivos de la Policía Nacional que estuvieron en los enfrentamientos, por delito de desobediencia y otros que serán establecidos  durante la presente investigación preliminar.

-Según se conoció, durante la investigación iniciada, un considerable número de efectivos de la DIROES que participó en los enfrentamientos optó por ejercer el derecho a guardar silencio.

-En forma paralela, los hechos son investigados por la Fiscalía Provincial Penal de Islay y también por la Inspectoría del Ministerio del Interior.

-El director de la organización Cooperacción, José De Echave, expresó su preocupación respecto al sembrado de pruebas contra Antonio Coasaca, al señalar que no se tratarían de hechos aislados.

-En tal sentido, preguntó por qué la Policía permite el uso de seudónimos en los uniformes como «FILOSOFE XXX», en lugar de su nombre, como indica el reglamento.

Ante la creciente ola de protestas que se desarrolla en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, contra el proyecto minero Tía María. Manifestamos  nuestro apoyo a los hermanos de Arequipa por la lucha que realizan para proteger sus recursos naturales y el respeto de sus derechos como ciudadanos peruanos de aceptar o rechazar las actividades económicas impuestas por el Estado que destruyen su modo de vida

Una vez más, se ha demostrado la intolerancia de representantes del Estado, el abuso de autoridad ejercida por la policía nacional frente a los agricultores en el Valle del Tambo en complicidad con la prensa que demuestran que el gobierno junto con la empresa Southern están atropellando los derechos de los campesinos solamente para acumular más ganancias

Realidad  parecida a la ocurrida en el 2008 y 2009 donde los pueblos amazónicos luchamos para defender nuestros territorios y proteger la vida de nuestros  hijos ante el desprecio de un Estado que nos catalogaba de “Perros del Hortelano”. Hoy en el Valle del tambo se ha calumniado  de “Terroristas antimineros” a agricultores que solo luchan por su sobrevivencia.

Los Amazónicos  sentimos y entendemos la violencia  que sufren nuestros hermanos de Arequipa pues vivimos una realidad similar o peor en la Amazonía, pues los llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son cada vez superficiales e inútiles ante nuevas normas como el proyecto de ley 3941 y la ley 30230, que en vez de exigir que los controles  ambientales se cumplan, el Estado prefiere obviarlos o minimizarlos en cuanto que solo brinde mejores facilidades para los inversionistas.

La lucha de nuestros  hermanos del Tambo es para evitar que  les abran inmensos tajos abiertos; se contaminen las aguas subterráneas; circulen centenares de camiones y toneladas de polvo tóxico, y así salvar el empleo, la vida y la tranquilidad de un valle próspero produciendo cebollas, ajos, arroz, papas, pimiento, camarones.

 

Lee el pronunciamiento completo

 

Fuente: Aidesep

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita  retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos