Desde hace unos años, a pesar de los diversos intentos de que la minería informal en el Cerro el Toro pueda resolverse, no ha habido resultados suficientes.  La formalización de la minería artesanal enfrenta dificultades complejas, por lo que la propuesta no puede estar centrada en el uso de políticas represivas focalizada en los mineros operarios, sino que debe abordarse el fenómeno en su conjunto, desde las causas de su origen y reproducción.

Ahora además del Cerro el Toro, la actividad se expande a las zonas aledañas, por lo que hacemos una alerta a viva voz y convencidos de que es posible evitar tal avance. Para ello, pedimos la presencia del gobierno central y de las instancias correspondientes para que, de manera participativa, podamos acordar una estrategia de acción efectiva para paralizar la expansión de la minería informal en Huamachuco.

Para este proceso pedimos se tenga en cuenta aspectos como:

1) Avanzar con el plan de ordenamiento territorial, desde un enfoque de cuencas y de derechos humanos, que vaya de la mano con reales alternativas de producción económica que no dependan de la actividad extractiva minera

2) Establecer una estrategia que paralice y prevenga  la expansión de dicha actividad mientras no se den las condiciones para que se lleve de manera responsable;

3) Declarar el carácter de intangibilidad a las zonas de las lagunas altas;

4) Garantizar  el no trabajo de niños y niñas.

¡Por un ordenamiento territorial participativo

Por una política de prevención de la expansión minera informal

Con un enfoque de derechos humanos y de cuidado de la infancia y la adolescencia!

Huamachuco, 22 de Junio del 2015

Nury García Córdova                                                                                   Martin Otiniano
Tejiendo alternativas                                                                              Rondas Campesinas
Proyecto Amigo                                                                                Provincia Sánchez Carrión

Rocío Altamirano
Colectivo Tarpuymita

Los principales detonadores de la “actual fiebre de tierras” en América Latina y El Caribe se deben a la creciente demanda mundial de alimentos, forraje  y combustible. En segundo lugar, por el incremento de la demanda de minerales y productos madereros; y finalmente debido a la crisis financiera que ha vuelto más segura la inversión en tierras.

“La historia de la región nos cuenta que el proceso extractivista  ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta a la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente al medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimoniales”, sentencia Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, quien habla  de la “maldición de la abundancia”.

Conflictos sociales y concentración de tierras

En Perú, el 47,8% del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras. La Defensoría del Pueblo registró en mayo de este año  211 conflictos sociales, de éstos,  143 (67,8% del total) se debieron a causas socioambientales.

Raphael Hoetmer, investigador  integrante del Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) –Perú, sustenta que el proyecto neoliberal en el país, impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, implicó un proceso de “reterritorialización» en el país, con la expansión minera como una de sus lógicas principales.  El experto e integrante del grupo de ecología política de la universidad CLACSO,  afirma que la profundización del extractivismo y estas reformas han generado daños ambientales, sociales, culturales, política y de salud humano a lo largo del país como en La Oroya (Junín), Cerro de Pasco, El Callao y Choropampa (Cajamarca).

El extractivismo, considera el especialista, consiste también en la configuración de un sistema político, económico, jurídico e imaginario cultural e identitario que permita su desarrollo. Es por ello, que habla de Perú como  “gobierno minero” debido a que servicios, que son funciones propias del Estado, llegan a ser absorbidas por actores privados, como es el caso de la salud, educación  construcción de infraestructura, o la seguridad, pudiendo la policía trabajar tanto para la minera o para el Estado.

En el caso de Ecuador,  el ingeniero agrónomo Michel Laforge considera muy limitados los avances en materia de acceso del campesinado a la tierra. El país vecino presenta una elevada inequidad en la propiedad de la tierra heredado de la historia: el 5% de los propietarios concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, según los últimos datos disponibles. Una de las principales razones que explican los pocos avances en materia agraria es debido  a que “las exportaciones no petroleras principales siguen siendo agroexportaciones (como el banano y el camarón), con una estructura productiva basada en grandes propiedades o plantaciones, que no tiene ningún interés en ver procesos redistributivos ponerse en marcha”.

Perú, de la reforma agraria a la concentración de tierras
“Cuando, en el año 1980, se puso fin a la reforma agraria nadie imaginó que 30 años más tarde en el Perú volveríamos a los tiempos de la concentración de tierras en pocas manos, sostiene el estudio “El proceso de concentración de la tierra en el Perú” realizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). Sostienen que “las nuevas propiedades superan largamente las extensiones que tenían las grandes haciendas anteriores a la reforma agraria”.

Anna Cant, de la Universidad de Cambridge, señala que el acceso de la tierra, además de formar la base para la agricultura familiar, representa una pieza clave en la distribución del poder político. Es por eso que la reforma era acompañada por iniciativas de política local, educación y difusión a través de los medios de comunicación. Además manifiesta que “hay que entender que la reforma agraria es un precedente de los alcances de la lucha social en el Perú y de lo que se puede lograr con la movilización social”.
La economía solidaria y agricultura familiar
Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, una de las promotoras de este evento, señala que solo el 7% de las tierras a nivel nacional está dedicada a sostener la canasta familiar en el Perú, éstas dependen de la agricultura familiar, y no son protegidas por el Estado: “El Ejecutivo ha legalizado lo ilegal con los paquetazos ambientales, que promueve la inversión mediante la concertación de tierras, como es el caso del Título III de la Ley Nº 30230, se propicia un procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios, para proyectos de inversión pública y privada”.

Asimismo, en la conferencia se hablarán sobre la llamada economía solidaria. “No solamente hay economía de mercado, también hay otras economías, donde por ejemplo las comunidades juegan un rol estratégico, en el caso de Perú las comunidades campesinas, las familias, las mujeres, los jóvenes, las cooperativas, los bancos comunales; es decir, hay una infinidad  de expresiones de esto que llamamos las otras economías”, explica Luis Montoya, docente de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM. Añade que “en América Latina hay políticas de fomento y promoción de la economía solidaria.  Y uno de los casos que destaca es que la “economía solidaria” en nuestro país se encuentra en la provincia de Jaén, en Cajamarca, donde la producción de café orgánico a través de las redes de comercio justo, ha permitido que los campesinos de la zona se articulen a redes globales de economía. Asimismo, el especialista resalta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil.

El hecho de que haya demorado dos años en oficializarse la creación del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa –que forma parte de los acuerdos tomados en varios procesos de consulta– evidencia que el sistema todavía no termina de madurar. Y es que el proceso de consulta previa aún es nuevo.

Si bien fue aprobado en agosto del 2011, hasta el momento solo se ha circunscrito a 54 pueblos indígenas u originarios de  más de 1.786 (considerados en el censo del 2007 por el INEI). Estos 54 son los contemplados en la lista elaborada por el viceministerio de Interculturalidad. La mayoría de ellos se encuentra en la selva.

Iván La Negra, ex viceministro de esta cartera, indica que en la lista existe mucha ambigüedad, porque hay pueblos aimaras que están incluidos y no ve las razones por las que otras comunidades quechuas también lo estén, considerando que tienen patrones culturales definidos .

Mayu Velasco Anderson, asesor del viceministerio de Interculturalidad, indica que la lista se ha trabajado siguiendo los criterios del Convenio 169 de la OIT, que da origen al mecanismo de la consulta previa y que define un criterio subjetivo de autoidentificación de los pobladores y criterios objetivos referidos a la ancestralidad y la existencia de instituciones como la lengua o formas de organización, definidos desde antes del virreinato.

Identificar a los pueblos indígenas u originarios no es sencillo, si bien hay 3,5 millones de peruanos que aprendieron a hablar una lengua indígena, lo que da pie a que pudieron haber recibido una transmisión cultural ancestral, no hay una autoidentificación expresa de pertenecer a un grupo originario. Velasco señala que desde el censo de 1940 no se pregunta a la población si se reconoce como parte de una comunidad indígena.

Son muchas las comunidades que llegan al Ministerio de Cultura con la expectativa de que se les permita tener un proceso de consulta previa, sobre todo por la posibilidad abierta tras la promulgación de la ley. Esto es reconocido por Velasco, quien indica que  se les niega esta posibilidad por no estar contemplados en la lista.

¿Por qué no darles esa oportunidad? “Porque la consulta previa es un derecho colectivo que parte del Convenio 169, que es un convenio expresamente para población indígena. Para el resto de la población existen otros procedimientos de participación”, señala Velasco.

El director de Noticias de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), el antropólogo Javier Torres menciona que las comunidades campesinas,  más allá de que se autodenominen o no indígenas, reclaman el derecho a la consulta previa. Negarles esta posibilidad, en su opinión, no sería lo más práctico,  porque genera una desconfianza inmediata.

“Pasado el tiempo empiezan a decir: ‘me lo quieres imponer y no me quieres escuchar’.  Entonces, esto, que es para el MEM [Ministerio de Energía y Minas] un triunfo, se convierte en un búmeran, y se deben crear mecanismos ‘ad hoc’ como la  mesas de diálogo, donde el Estado y la empresa van a ofrecer recursos para que la gente acepte el proyecto”, señala.

Consulta previa: un balance a cuatro años de su creación

El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Augusto Baertl, refleja el recelo que tienen los empresarios  a la consulta previa. Indica que la consulta es un proceso que siempre se ha dado  en el sector minero, pero no como una obligación legal, sino como una herramienta para construir confianza, que es el principal reto al momento de que las empresas tengan que intervenir.

“Con la consulta previa se ha dado por institucionalizar la consulta y se la ha convertido en un proceso burocrático que nos pone una camisa de fuerza a todos los agentes:  a la empresa, a la misma comunidad y al Estado y, obviamente, al ser una especie de requisito, intervienen personas o instituciones con intereses ajenos a los de la comunidad, lo que genera tropiezos. Para mí la consulta siempre se  ha hecho”, señala.

La Negra indica que hay un desconocimiento de este instrumento de la OIT. No es la primera vez que hay temor a algo nuevo en el sector minero, señala, pues lo  mismo ocurrió  en los 90 con la exigencia inicial de los estudios de impacto ambiental, donde las empresas le pusieron ‘peros’ y se derogaron, pero después nuevamente se tuvieron que implementar hasta que se consolidaron.

“En este caso no es un instrumento, es un derecho. En tal sentido es legítimo que las comunidades lo exijan”, señala.

PROCESOS EXITOSOS

Para La Negra, el temor respecto a este instrumento es infundado, más aun porque hasta el momento no se ha dado una oposición ‘per sé’ de las comunidades consultadas por los proyectos de inversión, citando los casos llevados adelante por Perú-Petro.

En efecto, la agencia de promoción de las inversiones en el sector hidrocarburos ya ha desarrollado con éxito cinco procesos de consulta previa y tiene dos en camino. El presidente de esta organismo, Luis Ortigas, explica que en estos procesos las comunidades buscan informarse bien y exponer sus necesidades para que estas sean resueltas por el Estado.  Ortigas indica que para las poblaciones que no pueden acceder a la consulta previa, se desarrollan talleres y audiencias públicas para informarles acerca de las inversiones que se desarrollarán en la zona.

El consultor en temas sociales mineros, Ricardo Labó, refiere que la consulta previa no se ha aplicado en su sector, porque el Estado no tiene los recursos adecuados y este no se puede implementar de la noche a la mañana.

El especialista menciona que cuando las mineras tienen una relación exitosa con sus comunidades es porque tienen mecanismos de consulta permanente, tal y como indica Baertl. ¿Entonces a qué se debe  el temor de ampliar el proceso de consulta previa, si las empresas ya hacen consulta y es casi lo mismo?

Para Torres se trata de un mecanismo sencillo, porque finalmente no hay derecho a veto. Pero sí lleva a resultados. “Para explicarlo sencillamente: si la consulta es A, el resultado no puede ser lo mismo, sino A+1, A+2, o A-1”, indica.

Asimismo, el asesor del viceministerio de Interculturalidad, Mayu Velasco, explica que los acuerdos en los procesos de consulta son vinculantes, porque el objetivo de la consulta previa es llegar a acuerdos  que el Estado debe cumplir. Sin embargo, la mayor variante frente a otros procesos es que en la consulta previa los pueblos pueden solicitar el inicio de este proceso, en los otros no.

 

Fuente: El Comercio