Red Muqui remite observaciones a proyecto de ley impulsado por Dina Boluarte
Nuevamente el régimen de Boluarte ha solicitado delegación de facultades legislativas por 90 días, en materia de inversión pública, privada y público-privada, así como de gestión de servicios públicos, bajo el pretexto de fortalecer y reactivar la economía.
Así, a través del Oficio N° 094-2024-PR del 3 de mayo, Dina Boluarte y Walter Astudillo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, sometieron a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 07752/2023-PE. Esta iniciativa, retenida aún en la Comisión de Constitución y Reglamento, pretende delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, solicitando el trámite con carácter «urgente».
Frente a ello, desde la Red Muqui alertamos sobre los múltiples riesgos que conllevaría concederle esta delegación, entre ellos, la modificación a la Ley N° 27446 (Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental), marco normativo fundamental sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión. Los antecedentes desde el MINAM evidencian una intención de «destrabar la tramitología ambiental» y debilitar al Senace. Asimismo, se podría empeorar el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal, debido al antecedente del Decreto Legislativo 1585 que perjudicó la labor de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) al flexibilizar el sentido punitivo y eventualmente archivó casos de ilegalidad, dejando en impunidad la minería ilegal.
Por otro lado, se modificará el Decreto Legislativo N° 1095 para regular la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno, lo cual sería alarmante tras las masacres ocurridas en la zona sur del país por el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y civiles.
Finalmente, busca privatizar servicios de agua y saneamiento, debilitar aún más el rol regulador de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y trasladar los costos del servicio de agua a los usuarios. Al mismo tiempo fomentaría una mayor desigualdad de derechos de acceso al agua potable, estipulada como derecho fundamental en la misma Constitución Política.
En ese sentido, la Red Muqui remitió una opinión técnica-legal que recomienda la inmediata desestimación y archivamiento de este proyecto de ley debido a la amenaza inminente que representa para la democracia, los derechos humanos y los estándares ambientales.
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